Fueron citados a la Corte Suprema de Justicia como testigos en el escándalo de corrupción en la UNGRD la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y el ministro de Hacienda, Diego Guevara.Además, la sala instrucción también citó a dar testimonio como testigos dentro del caso de los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del interior; y a Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).Los ministros de Salud, Trabajo y Hacienda tendrán oportunidad de responder un cuestionario que les enviara la Sala Instrucción de la Corte, caso contrario al de Velasco, Carlos Ramón González y Bonilla, quienes sí deberán comparecer ante el alto tribunal para que den su versión de lo que conocen sobre el cónclave que Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), imputado y considerado como uno de los principales testigos ha mencionado en la Fiscalía General de la Nación y la misma Corte.Todo esto en el marco de las investigaciones que adelanta la Corte contra Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera.
En la mañana de este domingo 22 de diciembre, se confirmó que Sandra Liliana Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, y judicializada por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, UNGRD, fue trasladada a un centro de seguridad elevado tras afirmar que su vida estaba en riesgo por las declaraciones entregadas a las autoridades. Ortiz estaba detenida en la estación policial de los Mártires. Sin embargo, autoridades confirman que fue trasladada a la Estación de Carabineros, donde deberá cumplir con la detención preventiva.Cabe resaltar que durante la semana anterior a su traslado, una juez aseguró que sí había razones suficientes para declarar a la exasesora presidencial para las regiones por autoría y participación en los delitos como tráfico de influencias y lavado de activos en el caso de corrupción de los carros tanques de la UNGRD. Entre tanto, en medio de la audiencia, la juez del caso la denominó como la mensajera y quien habría transportado y entregado las coimas sobre el caso.Aún avanza el proceso de investigación sobre el caso, pues Sandra Liliana Ortiz, aseguró que están implicados varios nombres del grupo legislativo, pero además, personas cercanas al presidente, Gustavo Petro. Versión que aún no confirma la Fiscalía.
La directora del Dapre, Laura Sarabia, denunció penalmente a Sandra Ortiz por el delito de injuria y calumnia tras sus declaraciones señalando un presunto “complot presidencial” en su contra.Jorge Mario Gómez Restrepo, abogado de Sarabia, presentó la denuncia alegando que las acusaciones de Ortiz carecen de fundamento y están diseñadas para dañar la reputación de su clienta. Según el abogado, Ortiz, al hacer señalamientos de una conspiración que involucraba a figuras de alto nivel en el Gobierno, entre ellas la fiscal y la procuradora, estaría difamando sin pruebas claras. Este comportamiento, según Gómez, tiene como fin obstruir la justicia y generar un clima de desconfianza en las instituciones del Estado. La denuncia se incorpora ahora como prueba en el expediente judicial de la exfuncionaria.¿Qué dijo Ortiz sobre Sarabia ante la juez?El origen de la disputa se remonta a las recientes declaraciones de Ortiz, quien denunció lo que considera un complot orquestado desde la Presidencia para desacreditarla. En un enfrentamiento mediático, la exfuncionaria relató que fue víctima de una campaña de desinformación, diseñada para hacerla pasar como chivo expiatorio de las irregularidades ocurridas en la UNGRD. Ortiz asegura que la supuesta pérdida de computadores que fue ampliamente divulgada en los medios nunca ocurrió, y que la información presentada por ella demuestra que no hubo tal pérdida.Ortiz también señaló que una mujer con gran poder dentro del Gobierno sería la responsable de haber liderado este supuesto complot, acusando incluso a la funcionaria de tener vínculos cercanos con la Fiscalía y la Procuraduría. “Tengo pruebas y certificados que demuestran que nada se perdió, pero el show mediático que armaron durante semanas dañó mi nombre”, manifestó Ortiz en su declaración. Además, advirtió sobre el temor por su seguridad y la de su familia, al considerar que la red de poder que la involucra en este conflicto es peligrosa.En cuanto a la acusación de corrupción dentro de la UNGRD, Ortiz insistió en que los responsables no han sido identificados y que ella fue utilizada como un chivo expiatorio para encubrir a los verdaderos implicados. Según su versión, el escándalo mediático desviado hacia su figura fue parte de una estrategia para ocultar un entramado de corrupción más amplio.
Sandra Ortiz no irá, por ahora, a la cárcel El Buen Pastor. La jueza a cargo del caso por corrupción en la UNGRD cambió su decisión y la ex alta consejera para las Regiones será enviada a una guarnición militar.La jueza cedió a la petición de la defensa de Ortiz, que insistió que la vida de la exfuncionaria del Gobierno podría peligrar si era enviada a una cárcel. Por eso, la togada decidió enviarla a una guarnición militar, aún sin establecer, pero es probable que sea el Cantón Norte en Bogotá, ya que, al parecer, allí hay cupos disponibles.“No queremos pasar por el riesgo de que atenten contra su vida. (…) El juzgado enviará a la señora Sandra (Ortiz) a una de las guarniciones militares, la que se logre establecer, mientras tanto seguirá bajo la custodia de la Policía Nacional”, señaló la jueza.>> Lea también: Sandra Ortiz señala a una mujer "poderosa" que desde la Presidencia le "armó un complot"Ortiz fue privada de su libertad por las pruebas que presentó la Fiscalía y que la vinculan con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y desastres en el país. Durante la audiencia, la jueza destacó que las evidencias aportadas por el ente acusador fueron suficientes para justificar la medida.“La medida es razonable, dado que la misma Constitución y la misma ley la prevén, así como el bloque de constitucionalidad. Frente a ello, los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, en discusión con los de la defensa, prevalecen y soportan esa medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario”, argumentó la jueza en su decisión.Sandra Ortiz denuncia complotEn medio de la audiencia, Sandra Ortiz denunció que fue víctima de un complot orquestado desde la Presidencia con el propósito de desacreditarla. Aseguró que todo es una estrategia mediática y política para convertirla en un “chivo expiatorio” y encubrir a los verdaderos responsables de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)."Quiero que el país sepa que esto es un complot armado desde la Presidencia. Inventaron historias, como la pérdida de los computadores, para desviar la atención. Eso nunca existió. Tenemos pruebas y certificados que demuestran que nada se perdió, pero el show mediático que armaron durante semanas dañó mi nombre", dijo Ortiz.Aunque no dio nombres, sí mencionó que se trata de una mujer con gran influencia dentro del Gobierno.
Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), se pronunció frente a las acusaciones realizadas por Sandra Ortiz, exfuncionaria del Gobierno, quien lanzó una serie de denuncias sobre las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).A través de la red social X (antes conocida como Twitter), Sarabia publicó un mensaje en el que defendió su actuación como funcionaria pública y respondió directamente a las declaraciones de Ortiz.Luego, en declaraciones a los medios de comunicación, Sarabia agregó que se trata de "una historia fantasiosa".>>> Lea también: Sandra Ortiz señala a una mujer "poderosa" que desde la Presidencia le "armó un complot""No tiene pruebas; es lo único que puedo manifestar. (…) El que las hace se las imagina y lo único que yo he hecho es cumplir mi labor como funcionaria. (...) Tal vez Sandra (Ortiz) no recuerda que yo no era la directora del Dapre, que el director era Carlos Ramón González, quien era su jefe, entonces yo respondo por la dirección desde el 28 de febrero y en esa época ya la opinión pública conocía las denuncias sobre la UNGRD”, añadió Sarabia.Declaraciones de Sandra OrtizDurante su declaración ante un juez, Ortiz afirmó que había advertido a Sarabia sobre presuntas irregularidades en la UNGRD, particularmente relacionadas con la contratación de carrotanques para llevar agua a La Guajira. Este caso generó amplio rechazo social y político debido a las denuncias de corrupción que implicaban recursos destinados a una de las regiones más vulnerables del país.“Yo misma denuncié la corrupción de los carrotanques. Cuando la periodista Paula Bolívar destapó lo de 30 carrotanques, a mí me avisaron de 10 más, y yo envié alertas mensuales donde informé a Laura Sarabia sobre esas irregularidades”, declaró Ortiz, quien también insistió en su compromiso con la transparencia. “Soy incapaz de quitarle un vaso de agua a los niños de La Guajira”, agregó.Además, Ortiz denunció un presunto complot desde la Presidencia que, según su versión, buscaba desacreditarla. Entre sus argumentos, Ortiz afirmó que la pérdida de computadores que se le imputó fue una fabricación mediática. “Eso nunca existió, y tenemos las pruebas y trazabilidad de los correos que lo demuestran”, aseguró.
Sandra Ortiz, exfuncionaria del gobierno, aseguró durante su declaración ante la Corte que alertó de irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a Laura Sarabia, quien en ese momento ocupaba un alto cargo en el Gobierno. Según Ortiz, su advertencia incluyó denuncias sobre la contratación irregular de carrotanques para La Guajira, un caso que generó amplio rechazo social y político.“Yo misma denuncié la corrupción de los carrotanques. Cuando la periodista Paula Bolívar destapó lo de 30 carrotanques, a mí me avisaron de 10 más, y yo envié alertas mensuales donde informé a Laura Sarabia sobre esas irregularidades”, afirmó Ortiz, quien defendió su inocencia y su compromiso con la transparencia. “Soy incapaz de quitarle un vaso de agua a los niños de La Guajira”, enfatizó.>> Lea también: A la cárcel Sandra Ortiz por escándalo de corrupción en la UNGRDOrtiz también se refirió a lo que calificó como un “complot” en su contra desde la Presidencia, señalando que se manipuló información para desacreditarla. Según su testimonio, la pérdida de computadores que se le imputó fue una fabricación mediática. “Eso nunca existió, y tenemos las pruebas y trazabilidad de los correos que lo demuestran”, sostuvo.Además, señaló que su papel como denunciante de corrupción la convirtió en un blanco político. “Sabían que yo era una piedra en el zapato para quienes están realmente implicados, y querían un chivo expiatorio. Esa mujer con poder en la Presidencia armó este complot contra mí”, afirmó, sin dar nombres específicos.Por último, Ortiz expresó preocupación por su seguridad y la de sus cercanos, aludiendo al alcance de las personas que, según ella, están detrás de estas acciones. “Lucharé por sacar la verdad a la luz. Este país merece saber quiénes están implicados realmente”, concluyó.
Sandra Ortiz, exfuncionaria del gobierno, denunció que fue víctima de un complot orquestado desde la Presidencia con el propósito de desacreditarla. En su declaración, Ortiz aseguró que esta estrategia mediática y política buscaba convertirla en un “chivo expiatorio” para encubrir a los verdaderos responsables de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Según Ortiz, una mujer con gran influencia dentro del gobierno habría liderado este complot. “Esa persona tiene mucho poder, está al lado del presidente, y fue quien orquestó todo esto para que yo terminara aquí. Yo sé cómo se mueven las cosas en Presidencia, y sé que ella tiene nexos con la fiscal, la procuradora y otros entes clave. Esto no fue casualidad, fue una estrategia planeada”, señaló Ortiz.La exfuncionaria manifestó preocupación por su seguridad y la de sus familiares. “He hablado en entrevistas y advertido que temo por mi vida, la de mis hijas, mis abogados y las personas cercanas a mí. Estoy enfrentándome a un sistema que protege a los verdaderos implicados”, agregó.Ortiz insistió en que la corrupción en la UNGRD sigue sin ser esclarecida porque los responsables están protegidos. “Las personas realmente implicadas no están aquí y nunca las van a mencionar. Esto era un negocio de terceros y otros funcionarios, pero yo me convertí en el blanco porque denuncié lo que estaba pasando”, afirmó.
Una jueza de control de garantías de Bogotá, ordenó la detención preventiva en centro carcelario de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, tras su presunta implicación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La Fiscalía presentó pruebas contundentes que vinculan a Ortiz con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y desastres en el país. Durante la audiencia, la jueza destacó que las evidencias aportadas por el ente acusador fueron suficientes para justificar la medida.“La medida es razonable, dado que la misma Constitución y la misma ley la prevén, así como el bloque de constitucionalidad. Frente a ello, los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, en discusión con los de la defensa, prevalecen y soportan esa medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario”, argumentó la jueza en su decisión.Audiencia de Sandra Ortiz en vivoEscándalo de corrupción en la UNGRD Implica a altos funcionarios del Gobierno y gongresistasEl escándalo de corrupción en la UNGRD, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, fue destapado por la prensa en febrero pasado y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno.Entre los señalados figura el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien según la Fiscalía fue determinante, en coordinación con el exdirector de la UNGRD Olmedo López para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos.Según la investigación, los dos funcionarios supuestamente buscaban beneficiar a cinco congresistas y a un exrepresentante a la Cámara, que también están siendo investigados en este caso, a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.También, están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.Este escándalo también salpica a Carlos Ramón González, que renunció en julio pasado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cercano al presidente Gustavo Petro.Los implicados en el entramado habrían malversado 46.800 millones de pesos en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
Este miércoles, 18 de diciembre de 2024, fue un día clave dentro del caso por corrupción en la UNGRD, ya que un juez decidió enviar a la cárcel a la exconsejera Sandra Ortiz.Siga aquí EN VIVO la audiencia contra Sandra Ortiz:Procuraduría pide que Sandra Ortiz vaya a la cárcelLa Procuraduría solicitó que Sandra Ortiz , exalta consejera para las Regiones, sea enviada a la cárcel por su presunta participación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Según el organismo, Ortiz habría jugado un papel clave en la malversación de fondos públicos destinados a la población indígena Wayuu en el departamento de La Guajira, una de las comunidades más vulnerables del país.El procurador delegado, encargado del caso, enfatizó la gravedad de las acciones de Ortiz, subrayando que su implicación no solo afectó los recursos destinados a la población históricamente excluida, sino que también comprometió la idoneidad e independencia del poder legislativo. En sus palabras, “acciones como estas no solo comprometen a las personas involucradas en los hechos, sino que comprometen la legitimidad de las más altas instituciones del Estado, generando zozobra y desconfianza en la comunidad”.El funcionario agregó que los delitos cometidos no se limitan a los daños inmediatos o visibles, sino que también tienen un impacto profundo y duradero en la confianza social y en la estabilidad del país. "Los delitos más graves no son solo aquellos que causan horror por la violencia, sino también aquellos que generan desconfianza, desarraigo, pobreza y perpetúan los esquemas de violencia a los que nos hemos visto sometidos durante décadas", señaló el procurador delegado.La preocupación de la Procuraduría es que estos hechos de corrupción no solo dañan la imagen del Gobierno y sus instituciones, sino que, más preocupante aún, afectan la vida de quienes más necesitan del apoyo estatal.
El abogado Pablo Bustos, defensor de las comunidades en La Guajira, aseguró que los juguetes tendrán personajes que representaran a quienes se han visto salpicados en este escándalo de corrupción en la UNGRD.En el marco de la próxima audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exfuncionaria de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las víctimas de la crisis humanitaria en La Guajira, representadas por el abogado Pablo Bustos, realizarán un acto simbólico para denunciar la corrupción que ha afectado a miles de colombianos en esta región.La iniciativa consiste en regalar 40 carrotanques de juguete, un acto que busca llamar la atención de la justicia sobre la gravedad del escándalo que salpica al Gobierno nacional. El abogado Pablo Bustos, defensor de las víctimas, explicó que esta acción tiene como objetivo visibilizar el sufrimiento de las comunidades afectadas y demandar justicia. "La manera de desagravio y de llamada de atención a la justicia es a través de este recurso simbólico".Pedimos de manera respetuosa que se adopten medidas condignas, comenzando con la detención preventiva de Sandra Ortiz, quien es la funcionaria de más alto nivel procesada hasta ahora por este escándalo", afirmó Bustos. El caso involucra el desfalco de recursos destinados a la atención de la emergencia humanitaria en La Guajira, afectando particularmente a niños y niñas de las comunidades más vulnerables.Bustos enfatizó que, a pesar del paso del tiempo y la falta de respuestas contundentes, las víctimas siguen luchando por la reparación integral. "Se trata de un regalo navideño que no es otra cosa que un desagravio contra la corrupción. A través de los carrotanques, estamos exigiendo el resarcimiento integral, empezando por la adopción de medidas de protección para la comunidad y el fortalecimiento de la justicia", añadió el abogado.El acto, que tendrá lugar a la entrada de los juzgados de Paloquemao, se desarrollará con la entrega de los carrotanques de juguete, que estarán decorados con los colores de la UNGRD y un mensaje que resalta la importancia de poner la vida por encima de la corrupción. Los vehículos de juguete serán entregados en señal de protesta por la falta de respuestas y por la impunidad que ha rodeado el caso hasta el momento.En cuanto a la simbología de los carrotanques, Bustos detalló que el número exacto de 40 vehículos hace referencia a los sobrecostos de los contratos gestionados por funcionarios involucrados en el escándalo, como Olmedo López y Sneyder Pinilla. Estos recursos fueron destinados, supuestamente, a la compra de carrotanques para la distribución de agua potable en La Guajira, pero terminaron siendo mal administrados, dejando a las comunidades en una situación aún más precaria. "Los carrotanques representan la corrupción, el saqueo de recursos públicos y el sufrimiento de las comunidades", afirmó el abogado.El acto contará con la presencia de miembros de las comunidades indígenas afectadas, aunque, debido a las dificultades económicas, su participación será limitada. "Esperamos que, a pesar de las dificultades, las comunidades puedan sentirse representadas en este acto de protesta. El mensaje es claro: la justicia debe cumplir su rol y no seguir permitiendo que la impunidad prevalezca", concluyó Bustos.Le puede interesar: