Después de casi 19 años, el Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional a indemnizar a 20 familiares de Edilberto Vásquez Cardona, un integrante de la Comunidad de Paz de Apartadó, asesinado por militares adscritos al Batallón de Infantería No. 46 del Ejército Nacional, según lo determinó la justicia.El campesino fue sacado de su casa, asesinado y presentado como integrante del frente 58 de las Farc muerto en combate el 12 de enero 2006, en el sitio conocido como “Guineo Alto” del corregimiento de San José de Apartadó.El 26 de marzo de 2009, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó, había condenado como coautores del homicidio en persona protegida a los militares Fredy Torres Botero, Regino Ceren Paz, César Duván Ciro Martínez, Germán Manuel Martínez Gómez, Adelso Padilla Ramos, Nelson Viloria Avendaño y Fernando Hinestroza, sentencia que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia. Aunque estuvieron en la cárcel un par de meses, fueron cobijados por someterse a la JEP. "La ejecución de Edilberto Vásquez hizo parte de una falla sistemática y estructural de la Fuerza Pública que en ese entonces trató de mostrar resultados operacionales y obtener beneficios profesionales y económicos a través de simular combates para dar de baja a guerrilleros que a la postre eran agricultores", aseguró al respecto el abogado Javier Villegas Posada.En su sentencia, el Consejo de Estado ordenó al Ejército a indemnizar a ocho hermanos, nueve hijos y tres nietos de la víctima, considerada una persona protegida en virtud de las medidas especiales de protección decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todos los habitantes de la comunidad de paz de Apartadó.Cabe recordar que San José de Apartadó se declaró comunidad de paz en 1997 y que en 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la adopción de medidas provisionales de protección para sus miembros. Pese a ello, desde entonces más de 300 integrantes de la comunidad han sido asesinados.
Hay temor en integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de otras zonas de esta región del Urabá antioqueño por los riesgos a los que aseguran están expuestos ante recientes amenazas de grupos armados, especialmente el Clan del Golfo, que hacen presencia en el territorio.La más reciente situación, indicó Arley Tuberquia, integrante del Consejo de la Comunidad de Paz, ocurrió este fin de semana durante una sesión de la Universidad Campesina, donde hombres se acercaron a otro líder de la región y le manifestaron su intención de llevar asesinatos selectivos haciéndolos pasar como hechos aislados en casos de intento de hurto o de situaciones de menor impacto delictivo."Se dirigieron a alguien muy cercano a la comunidad, le dijeron, tenemos planeado una incursión, vamos a matar dos o tres, podemos los tres, tumbamos, le dijeron así, vamos a tumbarles dos o tres. La idea es que esto quede como que fuera unas muertes, casos aislados, como mostrarlo sin mayor importancia", denunció el líder.La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que, según Tuberquia, ya son varias las denuncias que indican la presencia de hombres armados en predios de la Comunidad conocidos como La Roncona y La Holandecita, precisamente, esta última donde se encuentra el principal centro poblado de la Comunidad de Paz.Este tipo de realidades ya ha obligado al desplazamiento de 22 familias en lo corrido del año por temor a que se repitan hechos como los de marzo pasado, cuando se registró un doble asesinato en una finca conocida como Las Delicias en jurisdicción de la vereda La Esperanza.Del total de familias desplazadas 14 son integrantes de la comunidad y cuatro de ellas han abandonado la región de manera definitiva. Por esto, piden a los diferentes actores armados que se respete el derecho a la vida y se reconozca la postura histórica de neutralidad que como organización han tenido desde su establecimiento hace más de 27 años.
Tras haber admitido Chiquita Brands la financiación de grupos como las AUC, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó compartió algunas reflexiones sobre la situación que empieza esclarecer algunos puntos que han marcado el conflicto armado en el país.El sacerdote jesuita Javier Giraldo, que por estos días acompaña a esta población afectada por el accionar de grupos paramilitares, destacó la impunidad histórica en casos que han denunciado desde diferentes instancias en la subregión de Urabá."La justicia de todos esos crímenes, que son más de 1.500 contra miembros de la comunidad, están en absoluta impunidad", destacó el religioso.Por su parte, Arley Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad, destacó la decisión de la justicia estadounidense como un fuerte precedente para la justicia colombiana, donde el proceso contra empresarios bananeros, políticos y militares está por prescribir."Este es un mensaje de reafirmación de lo que hemos vivido y lo que hemos dicho. Es un reconocimiento a que en Urabá han ocurrido cosas tan complejas que las autoridades judiciales no nunca han querido hacer nada. Queda en total vergüenza ese aparato judicial en Colombia", expresó Tuberquia.Reiteró el líder comunitario que existen los suficientes elementos para que estos procesos avancen a nivel nacional teniendo a las víctimas como centro.
En el salón comunal del corregimiento de San José de Apartadó se llevó a cabo el acto en el que el Ejército pidió perdón y reconoció su responsabilidad en la masacre de dos familias de la comunidad de paz, ocurrida el 21 de febrero de 2005. Allí fueron asesinados un campesino, su esposa, sus dos hijos de 2 y 5 años y el mayordomo de su finca, además de un líder social y su hijo de 13 años.Javier Villegas, apoderado de los familiares de las víctimas de la masacre, explicó que el Ejército participó como cómplice y facilitador de las autodefensas quienes fueron los responsables de este hecho.Y aunque pasó en muchas otras situaciones, en esta en particular se logró demostrar ante la sociedad esa participación”, precisó Villegas. Le puede interesar: Víctimas de masacre de La Chinita cumplen 25 años exigiendo verdadPor su parte, el coronel Carlos Padilla, comandante de la 17 Brigada del Ejército, encargado de promulgar las excusas públicas, aseguró que “si bien las palabras que digamos aquí en este corregimiento de San José de apartadó y cualquier otra medida que tomemos, no van a poder aliviar su aflicción, la tristeza y el dolor que los embarca por la muerte de sus seres queridos, quiero que sepan que este acto manifiesta el compromiso indeclinable de la Fuerza Pública por evitar que este tipo de hechos se repitan en el futuro”.El abogado agregó que en el corregimiento quedó instalado una plaza para conmemorar el nombre de cada uno de los fallecidos identificados como Alfonso Bolívar Tuberquia, Santiago Tuberquia Muñoz, Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, Sandra Milena Muñoz Pozo, Luis Eduardo Guerra, Diener Andrés Guerra y Alejandro Pérez.Los abogados de estas familias esperan que el Estado comience pronto también a entregarles las respectivas indemnizaciones.
Luego de que se conociera la orden de una jueza sobre el arresto contra Germán Graciano, líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la exalcaldesa del municipio e integrante del grupo Investigaciones para la paz, Gloria Cuartas, aseguró que no se puede acatar el fallo, pues en los últimos años han evidenciado que hay apoyo de las fuerzas militares con grupos paramilitares. Además, dice que el Ejército no ha cumplido las órdenes de protección de la Corte para los líderes de esa comunidad. Asimismo, expresó que no se puede ir en contra de las víctimas a favor de los victimarios. “Lo primero que tenía que haber hecho el sistema judicial fue investigar o pedir que se investigaran los enunciados de la comunidad de paz. Es evidente que hay una connivencia institucional con el paramilitarismo”, aseveró.Lea también: Ordenan 5 días de arresto para líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó Cuartas añadió que, en los últimos años, Germán Graciano ha sido víctima de ataques contra él y su familia, por los cuales fueron capturados dos paramilitares que fueron dejados en libertad por el mismo juzgado y no se ha dado garantías de seguridad del Estado. Según Cuartas, con esta decisión de arrestar al líder se le está revictimizando.
Según denuncias de habitantes de San José de Apartado, desde las 9:00 de la mañana de este viernes están reunidos en la vereda La Unión los líderes sociales que fueron citados por integrantes de grupos armados, al parecer, para tratar temas relacionados con las elecciones, sin embargo, hasta ahora no hay presencia de ninguno de los organizadores de este encuentro que tiene atemorizada a la población. Desde la Secretaría de Gobierno departamental aseguran que no recibieron denuncias oficiales sobre la supuesta reunión, pero adelantan las investigaciones debido a la compleja situación que afrontan varias subregiones del departamento.Vea también: Denuncian incursión paramilitar en Comunidad de Paz de San José de Apartadó En esa subregión delinque principalmente el Clan del Golfo y también hay presencia de un grupo de disidentes de las Farc.
En denuncias hechas por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el pasado viernes, se habría presentado una incursión paramilitar en esta zona donde habrían tratado de asesinar a dos integrantes de la comunidad. Al respecto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez afirmó que, según las investigaciones, el ataque no habría sido por parte de paramilitares sino de dos vecinos del sector, quienes tenían la intención de atracar una salsamentaria. Le puede interesar: Comunidad entregó a la Fiscalía a detenidos por ataque en Apartadó “No eran ningunos paramilitares, eran un par de muchachos, donde uno de ellos era el mismo peluquero de esa comunidad que se pusieron capucha para atracar una salsamentaría o granero; la comunidad los retuvo por un tiempo relativamente largo”, afirmó. Aunque las investigaciones continúan, el mandatario expresó su preocupación por las informaciones sobre la violencia en esta comunidad que no han podido ser comprobadas.
Se espera que en próximas horas la Fiscalía entregue a un juez de control de garantías a los presuntos paramilitares entregados por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a comisión de alto nivel en Urabá. Los dos hombres, según la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, pertenecientes al denominado Clan del Golfo, fueron entregados en la tarde de este sábado a una comisión de alto nivel en un acto, en el que aparecieron atados por las manos, y en el que fue requerida la presencia de ONU.Según la denuncia, los presuntos paramilitares pretendían atentar contra el líder social Germán Graciano Posso y fueron desarmados por la comunidad y reducidos para ser entregados a las autoridades.
Un ataque de supuestos paramilitares se registró este viernes en la Comunidad de San José de Apartado. Según las primeras versiones, al menos cuatro hombres habrían atentado contra Germán Graciano Posso, un líder de la comunidad, que se encuentra herido.El alcalde de la población, Eliécer Arteaga, confirmó los hechos, pero aseguró que no es claro cómo se realizó la incursión de estas personas, que posteriormente fueron detenidas por la comunidad.Lea también: Denuncian desplazamiento por incursión armada en San José de ApartadóSegún Arteaga, la comunidad no habría dejado entrar a la Policía y espera por la Defensoría del Pueblo para entregar los dos capturados. Por su parte, el padre Javier Giraldo denunció que entre los que participaron en el ataque hay un reconocido paramilitar de la zona. “Llegaron cuatro paramilitares, empujaron a varios de la comunidad. Se dirigieron hacia donde estaba Germán, sacaron un arma. Quienes estaban cerca forcejearon, les quitaron el arma. Ellos sacaron machetes y en ese forcejeo él quedó herido”, dijo. Este hecho ha sido ampliamente rechazado en Twitter por organizaciones de Derechos Humanos y políticos:
La visita del vicepresidente se produjo después que la Procuraduría generó una alerta roja al Gobierno para garantizar la seguridad de los habitantes del corregimiento. Por ello, Naranjo pidió celeridad a la Fiscalía en las investigaciones. “Se han emitido alertas tempranas que tienen como finalidad la de proteger a las comunidades y a los ciudadanos en esta región. Resultado de avisos, graffitis que organizaciones criminales han consignado en casas de vecinos muy humildes en este territorio”, enfatizó. La zozobra se ha apoderado de los lugareños este año, con la aparición de grafitis en por lo menos 26 casas con las iniciales de las autodefensas gaitanistas de Colombia (AGC), hecho por el cual el Ejército en la zona había desestimado antes la presencia de un grupo armado. “He pedido a la Fiscalía General de la Nación que depure responsabilidades individuales para que no haya especulaciones en este sentido. He pedido a los organismos policiales, de investigación criminal que sumen esfuerzos para que le cerremos el paso a cualquier especulación”, añadió Naranjo. En los últimos meses, 240 personas de San José de Apartadó recibieron atención de la Unidad Nacional de Protección. Tras el encuentro con líderes de la comunidad y las autoridades policiales y de justicia de Apartadó, el vicepresidente general retirado Óscar Naranjo, confirmó la presencia de grupos al margen de la ley al tiempo que reconoció la reducción de homicidios a cero muertes en tres años. Lea también: Denuncian aparición de nuevos grafitis de paramilitares en San José de Apartadó Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
