Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en horas de la tarde de este 9 de agosto en el centro de Bogotá. De acuerdo con la Policía Nacional, dos personas en motocicleta, un hombre y una mujer, atentaron contra un comerciante del San Andresito de la 38, localidad de Puente Aranda."Es agredida una persona con arma de fuego, este último se defiende y desarma a quien lo estaba agrediendo", dijo el coronel William Lara, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá. Tras esto, y en un acto de defensa, el comerciante dispara contra uno de los presuntos delincuentes, quien termina muerto."Invitamos a todos los colombianos para que nos ayuden a suministrar información oportuna, antes de que se generen este tipo de eventos, para garantizar con ello la integridad y la vida de todos", concluyó el coronel Lara.Frente a los motivos de este hecho criminal, las autoridades afirmaron que aún están investigándolos. Por fortuna, la víctima resultó con dos heridas leves y se encuentra en un centro hospitalario.En imágenes que se viralizaron en redes sociales se puede ver cómo otros comerciantes y transeúntes agredieron a los presuntos delincuentes.Por su parte, la mujer, que es de nacionalidad extranjera, será judicializada por intento de homicidio y porte, tenencia y tráfico de arma de fuego.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a once integrantes de una poderosa red que, según la entidad, se encargaban de la extracción, transporte, almacenamiento, compra, venta y distribución de mercancías de contrabando en el país, específicamente cigarrillos. Las ganancias de estas acitividades delictivas llegan a los 200 millones de pesos, actividad que vienen desarrollando desde el mes de enero de 2020 a la fecha.Los once integrantes de esta banda son: Yesid Morales Reyes, Gonzalo Rodríguez Rodríguez, Rito Antonio Ariza, Javier Calderón Moreno alias ‘Pechi’, James Escobar, Anderson Morales, Luis Fernando Galeano, Edgar Giovanny Molina alias ‘Pirulo o Firulai’, Fredy Ignacio Quintana, José Arbey Ángel, José Alexander Moncada Malaver y Leinis Prada Moreno alias ‘Xiomara’.Según la Fiscalía, los miembros de esta supuesta organización criminal son trabajadores de la industria de transporte terrestre que han sido o son conductores de vehículos de carga e, incluso, cuentan con empresas transportadoras, lo que les facilita el desplazamiento de estas mercancías de contrabando a lo largo y ancho de las carreteras colombianas.Asimismo, según el escrito de acusación, la Fiscalía ha logrado verificar que la organización cuenta con depósitos en Santa Marta y Barranquilla para almacenar los cigarrillos que presuntamente han entrado irregularmente a Colombia, para luego distribuirlos desde Bogotá a diversos lugares del país. Incluso según la investigación, distribuían grandes cantidades de cigarrillos de contrabando a San Andresito en Bogotá.La Fiscalía, a su vez, ha podido identificar un sofisticado esquema de financiación, distribución y falsificación detrás de este presunto actuar delictivo, en donde supuestamente Yesid Morales Reyes, Gonzalo Rodríguez Rodríguez y Rito Antonio Ariza invierten grandes cantidades de dinero en cigarrillos de contrabando, mercancía que negocian directamente en Panamá, Aruba o Maicao en la Guajira.Estás personas, según la Fiscalía, se asocian entre ellos y otras personas con el fin de comprar permanentemente contenedores con capacidad para más de mil cajas de cigarrillos, luego las funciones de distribución son efectuadas supuestamente por Geovanny Escobar y Luis Fernando Galeano, quienes son las personas de confianza de los financiadores, encargándose de ocultar y transportar los cigarrillos de contrabando en los vehículos mezclándolos con otras mercancías u ocultándolos con “tapas” de otras mercancías.La Fiscalía logró establecer que supuestamente el señor José Arbey Ángel se dedica a alterar o a falsificar documentos como manifiestos de carga, sellos de contenedores y otros documentos necesarios para el tránsito del vehículo de carga a través de los distintos controles de las autoridades terrestres.La investigación de la Fiscalía logró concluir que las actividades de esta presunta organización criminal se servían también de la participación de Anderson de Jesús Morales Mora y Edgar Giovanny Molina alias ‘Pirulo o Firulai’.Por último, la Fiscalía logró identificar la supuesta participación de Leinis Prada Moreno alias “Xiomara”, persona que se supuestamente se dedicaba a la compra y distribución de cigarrillos de contrabando en la frontera entre Colombia y Ecuador, extrayendo las mercancías de contrabando de manera fraudulenta por trochas clandestinas a Ecuador y entregándolas en este país.Durante la audiencia, el Juez especializado de Bogotá no estuvo de acuerdo con la negociación realizada con los imputados, por lo que negó el preacuerdo y citó para audiencia de acusación que será el 5 de diciembre de 2023.Le puede interesar:
La Gobernación del Archipiélago de San Andrés y Providencia anunció la congelación en el costo de la tarjeta de turismo para atraer visitantes como una medida de choque ante el alza del precio de los tiquetes aéreos anunciados por el Gobierno Nacional. De 130.000 turistas al mes que estaba visitando en promedio el archipiélago de San Andrés y Providencia, han pasado a un promedio de 95.000 en los últimos tres meses. La reducción es de casi un 25% menos, lo que está golpeando la economía del departamento que vive en torno al turismo.Los motivos, según explica Juan Enrique Archbold, secretario de Turismo de San Andrés, son varios. El primero de ellos tiene que ver con la disponibilidad de sillas en las aerolíneas para llegar a la isla, pues según afirma, pasaron de tener casi 1.000 vuelos al mes a 700, es decir, 300 vuelos menos con personas llegando a la isla. Esto, aunado al aumento del precio del dólar y el incremento en el costo de los tiquetes aéreos.Archbold dice que por estas razones han propuesto que la tarifa de la tarjeta de turismo, impuesto que se cobra a quienes ingresan a la isla, el cual desde inicios del 2023 está tasado en 139.000 pesos, se reduzca al del año anterior y quede congelado en 124.000 pesos. Con esta medida buscan incentivar la llegada de aquellos turistas que están viendo más atractivo otros destinos como Cancún.La reducción será implementada una vez la asamblea departamental analice el proyecto de ordenanza y sea votado de manera favorable para emitir una nueva resolución con el precio del año 2022.Le puede interesar este contenido:
Con puños, patadas y palos, comerciantes y transeúntes del sector de San Andresito de San José, cerca del centro de Bogotá, le propinaron una brutal golpiza a un señalado ladrón y hasta quemaron la motocicleta en la que se transportaba.En varios videos quedó registrado el momento a momento de la “paloterapia”. En ellos, se evidencia cómo la comunidad, enfurecida, arremete contra la integridad de un delincuente. A su vez, agentes de la Policía intentan intervenir, pero no logran controlar a la turba que buscaba justicia por mano propia.Después de agreder brutalmente al señalado ladrón, la misma comunidad la emprendió contra la motocicleta en la que se transportaba.En la grabación se ve cómo varios hombres golpean la moto de color azul que ya estaba en el suelo, hasta que deciden prenderle fuego con lo que se presume es gasolina.Noticia en desarrollo...
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años a la exgobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Aury Socorro Guerrero Bowie (2012-2015), por no contar con la interventoría para garantizar la correcta ejecución de un contrato.De acuerdo con la investigación, entre agosto y octubre de 2012, todo el 2013 y gran parte de los años 2014 y 2015, no se contrató la interventoría de un convenio celebrado en 2012 con la IPS Universidad de Antioquia.Según el Ministerio Público, la exgobernadora no adelantó oportunamente los procesos de contratación o designación de la interventoría técnica, administrativa y financiera del Contrato 540 de 2012, celebrado con la IPS Universidad de Antioquia para la "operación asistencial y logística de la red pública hospitalaria del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina".El organismo de control disciplinario también sancionó a los exsecretarios de Salud Martínez Pérez y May Salcedo, quienes durante su permanencia en el cargo no adelantaron el proceso de contratación de la interventoría.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué el expresidente Uribe sigue sonando en esta campaña presidencial:
Este mediodía el centro de Bogotá se vio sacudido por fuertes enfrentamientos entre miembros del Esmad y un grupo de comerciantes del sector de San Andresito, en inmediaciones de la Plaza España. Los choques se desataron tras un intento de allanamiento de la Policía en operativos anticontrabando en el sector San José, comprendido entre las calles 8 y 10 con las carreras 19 y 24. Los desmanes en el centro de Bogotá generan fuertes trancones en el sector de la Sabana y el Ricaurte, de acuerdo con el sistema de información del tráfico de Waze.
El juez 27 garantías de Bogotá envió a la cárcel al mayor Andrés Alberto Salazar Barrero, excomandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá y a los patrulleros Fabián Mauricio Castillo Bernal y Erwin Stid Quintero Acosta, como presuntos responsables del secuestro y robo a un comerciante de San Andresito de Bogotá. Sobre los hechos, los acusados se declararon inocentes.Según la fiscal del caso, el 19 de enero de este año, el comerciante de San Andresito habló con un amigo suyo para que recogiera 800 millones de pesos en un centro comercial del centro de Bogotá, con los cuales pagaría una hipoteca.En ese momento, al parecer, fue abordado por los patrulleros capturados, quienes le dijeron que el dinero eran producto del narcotráfico y que debían llevarlo a la Sijin. Sin embargo, después de un recorrido en automóvil, en el que estuvo, supuestamente, el mayor Salazar, lo hicieron bajar del auto y se llevaron el dinero.El juez creyó en la hipótesis de la Fiscalía y envió a la cárcel La Picota a los uniformados, quienes deberán demostrar su supuesta inocencia tras las rejas.
BLU Radio conoció en primicia que desde la mañana de este martes la Fiscalía adelanta un operativo contra por lo menos seis policías que estarían involucrados en un millonario robo a un comerciante de San Andresito, en Bogotá. Uno de los capturados es un mayor activo de la institución.Según fuentes de BLU Radio, la Fiscalía realiza el operativo con el fin de capturar y desmantelar una empresa criminal que estaría integrada por un mayor de la Policía en servicio activo y otros policías retirados.Los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2021, cuando los uniformados le habrían robado cerca de $800 millones de pesos a un comerciante de San Andresito. Según la denuncia, estos hombres vestían prendas de uso oficial, hicieron subir al comerciante a una camioneta Toyota particular, le quitaron el dinero, el celular y después de dos horas de tenerlo secuestrado lo abandonaron al occidente de la ciudad.En tiempo récord, la Fiscalía logró concluir la investigación y determinar la presunta responsabilidad de los uniformados que estarían involucrados en los hechos. Este miércoles iniciarán las audiencias de legalización de capturas, imputación de cargos y de medida de aseguramiento.
Albeiro Camacho, presidente de la Federación de San Andresitos, aseguró que adelantarán las protestas debido a la difícil situación que están afrontando por cuenta de las cuarentenas estrictas de Bogotá. Dijo que necesitan urgentemente que la alcaldesa los escuche para no quebrar definitivamente.“Estamos haciendo unas marchas donde el mensaje es a la alcaldesa mayor de que está tomando unas medidas que no están teniendo en cuenta a los pequeños comerciantes, las marchas se están haciendo con los elementos de bioseguridad”, señaló.Según Camacho, en el 42 por ciento de los centros comerciales donde hay San Andresitos, el 35% de los locales se encuentran vacíos. “Tenemos que reaccionar porque lo que están haciendo es quebrar a más de 1.500.000 pequeños empresarios”, dijo. Camacho recalcó que no entienden por qué hay una nueva restricción, teniendo en cuenta que han sido “muy responsables y han trabajado a menos del 30 por cientos de ocupación en los centros comerciales, manteniendo la distancia y todos los protocolos”. Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.
La fiscal que investiga el caso de la oficina de cobro que operaba en Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Pitalito, pero que se manejaba desde el San Andresito de La 38 en pleno centro de la capital del país, acaba de recibir la noticia de su traslado a Villavicencio “por necesidad del servicio”. En otras palabras, porque necesitan a una fiscal en esa ciudad.Sin embargo, sus superiores le informaron a la funcionaria judicial que desde Villavicencio podrá continuar con este proceso, para evitar que se venzan los términos y que los capturados queden en libertad en noviembre si no se ha iniciado el juicio, pues se cumple un año desde que los enviaron a la cárcel.Vea también: La oficina de sicariato de Bogotá al servicio de esmeralderos pedidos en extradiciónNo obstante, el miedo que tienen las víctimas del proceso es que la fiscal llegará a una nueva ciudad, con unos nuevos procesos que deberá asumir y, además, deberá trasladarse durante horas de una ciudad a la otra para cumplir con las audiencias del proceso contra los integrantes de esta temida oficina de cobro. Por ejemplo, cuando inicia el juicio los jueces generalmente programan las audiencias todos los días de la semana hasta que se acabe esa etapa probatoria, entonces, ¿cómo hará una fiscal con sede en Villavicencio para presentarse todos los días en Bogotá? ¿Tendría la fiscalía que prestarle transporte permanente y pagarle hotel para que pueda comparecer sin interrupciones? Y, ¿qué pasaría si en ese lapso le programan audiencias en Villavicencio? Esas son algunas de las preguntas que tienen las víctimas.“No se puede seguir utilizando técnicas y tácticas sucias, de vieja guardia, donde a los investigadores los trasladan, a los fiscales los trasladan, donde los cambian de cargo para poder ellos comprar tiempo y salirse con las suyas. Cabe anotar que el que está liderando ese grupo de abogados es Álvaro Escobar Gil, un exfiscal de alto nivel que tiene un hermano magistrado. Está utilizando esas técnicas sucias para poder sabotear el proceso. Cabe anotar que el que si algo me llega a pasar a mí o mi familia, responsabilizo al Estado colombiano”, dijo Miguel Ángel Ruiz, líder de las víctimas de esa organización criminal.Fuentes de la Fiscalía respondieron que el traslado se debe a que simplemente necesitan un fiscal en Villavicencio y que eso no afectará el proceso."El traslado se genera, en necesario, en virtud a que hay una fiscal en Villavicencio que debe ser cambiada de despacho, esto, con base en evaluación del programa de protección. La fiscal de Bogotá asumirá el despacho de la Fiscal amenazada, No existe posibilidad de vencimiento de términos ya que las audiencias del caso de San Andresito La 38 se han desarrollado normalmente", comunicó el ente investigador.Caso de alto impactoEste es un caso de alto impacto porque la organización tenía tentáculos en varias ciudades capitales del país. Algunos de sus cabecillas, parecer, eran esmeralderos y tenían alianzas con la temida Oficina de Envigado.De acuerdo con las investigaciones, los procesados ordenaban la ejecución de homicidios contra diferentes empresarios y comerciantes de esmeraldas, para consolidarse y mantener el control de las minas de Maripí y Coscuez, en Boyacá, pero también se les atribuyen hurtos, desplazamiento forzado y todo, coordinado desde la capital del país.El proceso y sus cabecillasen noviembre de 2018, la Fiscalía y la Dijin de la Policía capturaron a 21 personas que harían parte la oficina de cobro que se manejaba desde el San Andresito La 38.BLU Radio conoció el dossier de la estructura en donde deja claro cuál era el papel de los cuatro jefes más importantes de la organización.Conozca más: Los cuatro 'duros' de la oficina de cobro que delinquía desde San Andresito de la 38Aparece como cabecilla de la organización ‘Esmeralderos’ Yerson Esteban Triana Rincón, hijo del esmeraldero Horacio Triana pedido en extradición por narcotráfico Estados Unidos. Según el documento “heredó el imperio esmeraldero del Clan Rincón, ordenó la ejecución de homicidios a diferentes empresarios y comerciantes de esmeraldas, para consolidarse y mantener el control de las minas de Maripí y Cascués es del departamento de Boyacá”.Aparecen como cabecilla de la organización San Andresito alias ‘Juano’ quien, según el documento, “había coordinado la ejecución de actividades criminales de la oficina de cobro de San Andresito, ordenando la ejecución de homicidios, hurtos, desplazamiento forzado y demás delitos”.Como tercero en la línea de mando aparece alias ‘Zarco’, quién sería el financiero y el enlace con la Oficina de Envigado. Éste sería el responsable de la ejecución de ajustes de cuentas mediante la modalidad de secuestro en ciudades como Medellín, Barranquilla y Santa Marta.Finalmente, aparece como cabecilla, el jefe financiero de Los Esmeralderos, Álvaro Mujica, quien sería otro comerciante de gemas de Boyacá, aliado con Yerson Triana para el despojo de tierras en Bogotá y, además, la financiación de organizaciones criminales.Escuche el audio adjunto:
El Gobierno nacional anunció su intención de renegociar cláusulas específicas en algunos tratados internacionales que afectan las inversiones extranjeras en el país. Esta decisión, según lo explicado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, busca reafirmar la soberanía nacional y evitar que controversias entre empresas y el Estado sean dirimidas por tribunales internacionales de arbitraje, considerados por el Gobierno como desfavorables para los intereses nacionales.En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Reyes señaló que esta iniciativa no pretende desincentivar la inversión extranjera, sino establecer condiciones más equilibradas para todas las partes. “Lo que estamos haciendo es renegociar unos cuantos artículos en algunos tratados. Esto se puede lograr sin afectar las posibilidades de inversión en Colombia”, afirmó.El ministro destacó que muchos acuerdos bilaterales de inversión firmados por el país en el pasado otorgaron “prerrogativas muy importantes” a las empresas extranjeras, lo cual podría generar desventajas para Colombia. Retirar a Colombia del CIADIEl ministro Luis Carlos Reyes explicó que la decisión de retirar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está en evaluación, en línea con la directriz del presidente Petro de renegociar las cláusulas desfavorables en tratados internacionales.“Cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos no son retroactivos. […] Uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Si, eso es, y eso es lo que queremos hacer”, dijo.En cuanto a las alternativas para resolver disputas entre empresas extranjeras y el Estado colombiano, el ministro planteó que estas podrían dirimirse en tribunales nacionales, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos y la Unión Europea. “Entre EE.UU. y la Unión Europea, las disputas se resuelven en las cortes de cada país, respetando su soberanía. Aquí también podemos adoptar un modelo similar sin afectar la inversión extranjera”, aseguró.De acuerdo con Reyes, muchos países ya invierten en Colombia sin depender de mecanismos como el CIADI, lo que demuestra que es posible atraer capital bajo otras condiciones. “Queremos que las inversiones lleguen, pero en términos que respeten la justicia soberana y sean equitativos para todas las partes”, concluyó.Críticas a los tribunales de arbitraje internacionalesEl fallo reciente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra de Colombia por $380 millones a favor de la empresa española Telefónica fue uno de los detonantes de esta revisión. El presidente Petro calificó estos tribunales como “una justicia al servicio del socio”, en referencia a cómo algunas decisiones parecen favorecer sistemáticamente al capital extranjero.El ministro Reyes respaldó esta posición al subrayar que “la justicia debe estar en manos de los estados soberanos, no en las de tribunales privados. Una justicia que favorezca sistemáticamente al capital por encima de los intereses nacionales no puede ser considerada justa”.Sin embargo, el ministro también admitió que el problema no se limita al caso puntual de Telefónica ni al CIADI, sino a un análisis más amplio sobre la imparcialidad de estos mecanismos internacionales: “Es un balance general. No es por un fallo específico, sino porque creemos que estas instancias no siempre favorecen las condiciones óptimas para el país”.Impacto en la inversión extranjeraUno de los argumentos recurrentes contra la salida de Colombia de los tribunales de arbitraje internacionales es el posible desincentivo a la inversión extranjera. Ante esto, Reyes insistió en que no todos los países dependen de estos mecanismos para atraer capital. Citó como ejemplo la relación comercial con la Unión Europea, donde no existen cláusulas específicas de arbitraje en el tratado de libre comercio.“El hecho de que no contemos con estos tribunales no significa que la inversión extranjera desaparezca. Muchos países invierten en Colombia sin depender de ellos. Lo que queremos es establecer un modelo más justo y transparente”, argumentó.Además, el ministro adelantó que el gobierno ya está explorando opciones para sustituir estos mecanismos en caso de avanzar con la retirada. “Hay todo un rango de posibilidades. Las disputas podrían resolverse en los tribunales nacionales, como sucede en otras naciones”, señaló.¿Renegociar los TLC?Reyes reconoció que renegociar cláusulas en tratados internacionales no es un proceso sencillo y que requiere el consenso de las partes involucradas. Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de dialogar con socios comerciales clave, incluyendo a Estados Unidos.“Creo que incluso con gobiernos como el de Donald Trump se pueden encontrar puntos de coincidencia. Muchos tratados firmados en los años 90 no están en condiciones óptimas ni para nosotros ni para ellos. Podría ser una oportunidad para revisar estos acuerdos en beneficio mutuo”, indicó.El ministro concluyó reiterando el compromiso del gobierno con la justicia y la soberanía nacional. Según Reyes, esta revisión no se basa únicamente en un fallo adverso, sino en la necesidad de establecer relaciones más justas en un escenario global. “No es cierto que tengamos que aceptar cualquier condición para atraer inversión. Queremos inversión, pero bajo términos que sean justos para todos”, puntualizó.La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política económica y comercial de Colombia, donde la búsqueda de equilibrios entre inversión extranjera y soberanía nacional será el eje central.
Momentos de pánico vivieron habitantes del barrio Viento Libre, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, luego de que un voraz incendio arrasara con al menos 27 viviendas del sector.Ómar Fernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de esa población nariñense, dijo a Blu Radio que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la conflagración se habría originado luego de que una menor de edad encendiera una veladora.Fernández añadió que, al parecer, el descuido de la menor produjo que las llamas se propagaran por las viviendas, todas construidas en madera, lo que impidió que la comunidad y los bomberos lograran extinguirlas a tiempo.Según el reporte del funcionario, las 27 familias, entre las cuales hay niños y personas de la tercera edad, son desplazados de la violencia que habían llegado a esa población de la subregión del Sanquianga, en busca de una mejor calidad de vida.Durante la emergencia no se registraron personas heridas ni víctimas humanas que lamentar, aseguró Fernández, añadiendo que la oportuna reacción de la comunidad, que logró evacuar las viviendas, evitó una tragedia en la zona, aunque las familias quedaron en la calle con solo la muda de ropa que llevaban puesta."Estas familias necesitan ropa, alimentos, frazadas y utensilios de cocina porque quedaron sin nada", concluyó el comandante de bomberos de Iscuandé.Así fue el incendio en Iscuandé, Nariño
El nuevo misil balístico ruso Oréshnik (Avellano) con el que Rusia atacó el jueves territorio ucraniano es uno de los últimos ejemplos del armamento hipersónico de nueva generación desarrollado por la industria militar rusa.Ni las autoridades ni la prensa había informado nunca antes sobre la existencia del Oréshnik, capaz de burlar cualquier escudo antimisiles occidental, según el presidente ruso, Vladímir Putin.En su mensaje a la nación, Putin destacó que la velocidad que alcanza el nuevo misil es de "Mach 10" o "2,5-3 kilómetros por segundo", lo que le convierte en indetectable para las defensas antiaéreas enemigas.El Oréshnik forma parte de los sistemas de armamento "sin parangón en el mundo" presentados en sociedad por Putin en 2018, en lo que muchos llamaron la nueva Guerra de las Galaxias entre Rusia y la OTAN.Los expertos rusos, que recuerdan que el Oréshnik puede portar ojivas nucleares, apuntan que el misil tiene un mínimo de seis cabezas de guiado individual.El misil, de alcance medio, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.Putin justificó el lanzamiento "de prueba" -como lo definió-, aduciendo que Estados Unidos planea el despliegue de misiles de corto y medio alcance en territorio de Europa y la región de Asia Pacífico.Recordó que Estados Unidos cometió un error cuando decidió abandonar de manera unilateral en 2019 el tratado para la eliminación de misiles de corto y medio alcance.Además, advirtió que "en caso de escalada" Rusia responderá de manera "firme" y "simétrica", y acusó a EE.UU. de destruir el sistema internacional de seguridad y de conducir al mundo a un "conflicto global" al intentar por todos los medios mantener su hegemonía.
Durante el evento anual de la Noche de los Mejores, organizado por Fenalco en Santander, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, lanzó duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro. En su discurso, Cabal abordó varios temas clave que, según él, están afectando negativamente a los colombianos, entre ellos, el Icetex, la situación política en el Congreso, la seguridad y la economía del país.Cabal inició sus declaraciones haciendo énfasis en la difícil situación que enfrentan los jóvenes colombianos para acceder a la educación superior, al mencionar la falta de recursos para becas y préstamos estudiantiles del Icetex. "El año que viene, los jóvenes de Colombia no tendrán los recursos necesarios para seguir estudiando, y esta es solo una muestra de los problemas que estamos viviendo en diversos sectores", comentó el dirigente gremial.En cuanto a la política nacional, Cabal expresó su preocupación por la creciente influencia del gobierno en el Congreso, asegurando que "el Congreso se ajusta cada vez más a los intereses del Gobierno Nacional, donde priman los intereses personales de muchos congresistas, no de todos". Además, alertó sobre los continuos escándalos de corrupción que siguen sin ser resueltos.La seguridad fue otro de los puntos críticos de su discurso. Según Cabal, la violencia y el crimen han aumentado de manera alarmante, especialmente en delitos como la extorsión, que creció un 30% en el primer semestre de 2024 en comparación con el año anterior. También destacó el aumento del secuestro, con una cifra superior al 75%, y señaló la creciente presencia de grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que han expandido su control territorial en varias regiones del país. "Estamos perdiendo el control de nuestros territorios ante estos grupos, y el gobierno parece incapaz de detener esta expansión", manifestó Cabal.El líder de Fenalco igualmente se mostró crítico con la estrategia de paz del gobierno, calificando el proceso de "paz total" como un fracaso. A su juicio, la falta de control sobre el narcotráfico y la creciente siembra de cocaína en Colombia son pruebas claras de que la política de paz está fracasando.“El incremento de las hectáreas sembradas en cocaína que superaron más de 300.000 no puede ser de alguna manera derrotadas por la misma orden del presidente de la República que para él es más importante comprar la cosecha de coca que combatir el narcotráfico”, expresó.Y agregó: “ha habido un proceso direccionado del Gobierno Nacional de menguar a nuestra fuerza pública, menguar no solamente la moral sino la capacidad operativa como lo pueden certificar muchos de los representantes de ella a través de la falta de repuestos, de suministro, de equipos para combatir”.En el ámbito económico, Cabal advirtió que, aunque algunos sectores han mostrado signos de recuperación, la economía nacional sigue siendo frágil."Estamos perdiendo el año económico", dijo, destacando el débil crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023, que fue de apenas un 0,6%, muy por debajo de las expectativas de crecimiento previas. Si bien algunos sectores como el agropecuario han experimentado cierto dinamismo, otros como la industria, la construcción y el comercio siguen en números negativos. "La caída de la inversión extranjera es alarmante, mientras que los capitales colombianos están saliendo del país", señaló Cabal.Finalmente, el dirigente gremial hizo un llamado a la reflexión y a la acción, afirmando que, si bien las circunstancias actuales son difíciles, es crucial que todos los sectores trabajen unidos para construir un futuro mejor para el país. "No es momento de rendirse, pero sí de reconocer que debemos cambiar el rumbo y apostar por políticas que fomenten la confianza y la inversión en Colombia", concluyó el presidente de Fenalco.
El Gobierno español anunció una reforma en el reglamento de la ley de extranjería que facilitará la regularización de migrantes que residen en el país sin documentos, una medida que podría beneficiar a unas 300.000 personas anualmente durante los próximos tres años. Cuáles son los cambios en la nueva ley de migración de EspañaLa ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, detalló los cambios en la normativa tras la reunión del Consejo de Ministros. Uno de los ajustes más relevantes es la reducción del tiempo necesario de residencia en España para acceder a figuras de arraigo, pasando de tres años a solo dos. Estas figuras incluyen opciones como el arraigo social, sociolaboral, familiar, socioformativo y una nueva categoría denominada “de segunda oportunidad”.Además, la reforma establece que todos los visados tendrán una duración inicial de un año, mientras que las renovaciones tendrán un plazo extendido de cuatro años, lo que busca evitar que los migrantes entren en situaciones de irregularidad una vez obtengan su estatus legal.Facilidades para la reagrupación familiarEntre las novedades, se fortalecen los mecanismos para la reagrupación familiar. La edad límite para que los hijos puedan beneficiarse de este proceso se amplía de 21 a 26 años. También se incluyen a parejas no registradas oficialmente, siempre que puedan demostrar una relación análoga, y a los familiares de víctimas de trata, violencia sexual o de género.Por ejemplo, estas medidas son particularmente relevantes para colombianos que han adquirido la nacionalidad española y desean llevar a sus familiares a ese país.Cambios para estudiantes internacionalesOtro aspecto destacado de la reforma es la flexibilización de las autorizaciones para estudiantes extranjeros. Quienes lleguen a España para realizar estudios tendrán una autorización inicial de estancia que cubrirá todo el período de formación. Además, se establecerá un sistema ágil para que puedan vincularse al mercado laboral tras completar su formación académica.¿Cómo beneficiará esto a España?La reforma responde a necesidades del mercado laboral español, que según organismos internacionales como Naciones Unidas, requiere entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros al año para mantener el sistema de bienestar social."España es un país mejor (...) tenía dos opciones: elegir ser un país abierto y próspero o ser un país cerrado y pobre; España hoy es un mejor país", agregó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
