El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró por medio de sus redes sociales que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le había notificado el pasado sábado que le retirarían su esquema de seguridad. En el mismo sentido, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que interviniera ante esta situación.Ante ese mensaje, la Unidad Nacional de Protección (UNP) emitió un comunicado en el que asegura que en ningún momento la protección de Mancuso ha sido debilitada o anulada y que, por el contrario, cuenta con un esquema robusto.“Todo lo que ha ocurrido tiene que ver con el cambio de población. Mancuso Gómez estaba sujeto, hasta hace poco, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ahora ha pasado como gestor de la Oficina del Comisionado Consejero de Paz. Por ello, el esquema de protección ha sido unificado, consolidado y, además, extendido a su familia”, aseguran desde la UNP.En el mismo sentido, desde la entidad explicaron que tuvieron que hacerle un llamado de atención a Mancuso por el uso de su esquema de seguridad.“La UNP le hizo un llamado de atención a Mancuso Gómez, porque el protocolo de protección no permite la modificación de los vehículos ni de ningún implemento del esquema, como tampoco el acceso de personas armadas no autorizadas", agregó la UNP.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, condenó al entonces máximo cabecilla del extinto Bloque Catatumbo de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso y a 45 exintegrantes de esa organización ilegal por 1.323 hechos criminales ocurridos entre mayo de 1999 y diciembre de 2004, en Norte de Santander.La decisión da cuenta 568 hechos de homicidios, entre ellos los perpetrados durante las masacres de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú; 55 casos de desaparición forzada, la mayoría relacionados con población civil y representantes de las comunidades que fueron retenidos en zona rural y sobre los cuales se desconoce su paradero; y 700 eventos asociados con desplazamientos forzados.Para la Fiscalía, las diferentes estructuras armadas del Bloque Catatumbo, por directriz de los máximos cabecillas, adoptaron patrones de macrocriminalidad constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos. Las víctimas de estas conductas fueron personas protegidas, entre población civil y representantes de las comunidades, quienes fueron instrumentalizados para ejecutar actos delictivos en la región o señalados equivocadamente de colaborar con otros grupos armados al margen de la ley.Los condenados deberán pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sobre todos aplica la pena alternativa de 8 años de prisión, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz. El fallo conocido ordena a los exintegrantes de las AUC reparar patrimonialmente los daños morales y materiales causados a las víctimas acreditadas en el proceso.
La jueza 44 de conocimiento, Sandra Liliana Heredia, confirmó este miércoles, 20 de noviembre, que el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso será citado como testigo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El proceso, que involucra acusaciones por manipulación de testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal, también contará con la participación de otros testigos clave como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y el senador Iván Cepeda.Durante la audiencia preparatoria, la jueza aprobó que las interceptaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia a Álvaro Uribe y a su exabogado Diego Javier Cadena sean utilizadas como pruebas por la Fiscalía. Además, avaló las interceptaciones a los testigos Fabián Rojas, Juan José Salazar Cruz y Erudice Cortés Velasco, considerándolas legales. Estas pruebas serán presentadas en audiencia pública para esclarecer los hechos señalados en el escrito de acusación.La jueza también dio luz verde a los testimonios de los investigadores Óscar Álvarez Muñoz, Lina María Solano Cuéllar y Carolina Vargas Villamil, quienes participaron en la recolección de pruebas clave. Sin embargo, negó la inclusión del testimonio de Carlos Fernando Vélez Mejía, hijo del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, al considerar que su solicitud fue presentada de forma tardía.Con Mancuso como testigo, el caso cobra mayor relevancia en un proceso judicial que prescribirá el 8 de octubre de 2025.
Luego de conocerse que la Sala de Justicia y Paz de Tribunal de Barranquilla autorizó la participación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en actividades destinadas a la localización de bienes para la reparación de víctimas del conflicto armado en el Caribe, desde la Mesa de Víctimas en el Atlántico aplaudieron la decisión y esperan que, de esta manera, se fortalezca el proceso de restablecimiento de derechos para miles de familias en la región. Dicho permiso, que se extenderá hasta el próximo 31 de enero de 2025, se dio en cumplimiento a una solicitud de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que busca rastrear y recuperar activos entregados por las entonces AUC, siendo que muchos de estos predios han perdido registro desde su entrega al Estado colombiano.Misael Delgado, una de las cientos de víctimas de Mancuso en el Caribe, dijo sentirse conforme con el proceso que viene liderando el exjefe paramilitar y que la entrega de bienes a familias campesinas que lo perdieron todo (en su momento), "construye un verdadero camino hacia la paz"."Entonces vemos con buenos ojos que este señor tenga este permiso de la sala de Justicia y Paz para estar en las regiones de la costa norte colombiana, para que así pueda reunirse con los exparamilitares que él comandó hace más de 20 años y que pueda liderar este trabajo a favor de las víctimas", dijo. El auto judicial, firmado por el magistrado José Haxel de la Pava Marulanda y remitido al despacho del magistrado Carlos Andrés Pérez, permite entonces que Salvatore Mancuso esté presente en jornadas de localización que se desarrollarán en durante los próximos dos meses en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira.No obstante, la participación de Mancuso estará regulada dado el régimen de libertad condicionada con el que cuenta actualmente. Entre otras restricciones, además, se encuentra no acercarse a las víctimas o de concurrir en zonas donde tuvo una mayor participación criminal.
La Corte Suprema de Justicia en una decisión reciente cuestionó algunas designaciones de gestores de paz que ha hecho el Gobierno nacional, argumentando que no está primando el derecho de las víctimas a conocer la verdad.En esa misma decisión, la Corte dice no estar de acuerdo con la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, aunque esta posición no afecta la situación de Mancuso pues Justicia y Paz le otorgó anteriormente la libertad.En las últimas horas Mancuso se refirió a este tema, asegurando que se vulneran los compromisos y propósitos de paz.“La reciente decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al intentar impedir que actores del conflicto actúen como gestores de paz vulnera flagrantemente el compromiso y los propósitos de paz”, aseguró el exjefe paramilitar.En el mismo sentido dijo que en la sociedad colombiana la redención de los desmovilizados se da a cambio de que asuman su responsabilidad, reparen a las víctimas y cuenten la verdad.Por otro lado, cuestionó el sistema de justicia transicional en Colombia.“El sistema de justicia transicional nacido de las negociaciones con las autodefensas enfrenta hoy una profunda crisis de inseguridad jurídica que ha provocado el asesinato de más de 5.000 desmovilizados y muchos de los que han sobrevivido han sido forzados a volver a las trincheras. Hoy el sistema de justicia transicional en Colombia, lejos de ser garantía, se ha vuelto un factor de persistencia de la guerra, generando más víctimas, pobreza y desigualdad”, agregó Mancuso.Finalmente, dice que sin justicia no hay redención y que sin redención no habrá paz.“Una de las razones de ser de la justicia transicional es cerrar esos ciclos de violencia y para eso es fundamental garantizar los derechos de aquellos que han cumplido con las penas y sanciones a una segunda oportunidad para empezar de nuevo”, mencionó el exjefe de las Autodefensas.
La Corte Suprema de Justicia expresó sus reparos y preocupaciones a las formas en que el Gobierno Nacional ha hecho varias designaciones de gestores de paz y nombramientos similares pues asegura que no está primando el derecho a las víctimas a conocer la verdad y ser reparados.Las alertas las hizo al resolver un recurso en el proceso del exjefe paramilitar Salvatore Macuso, quien está en libertad desde el pasado 10 de julio, libertad con la que el alto tribunal no está de acuerdo y por eso ratificó su posición de que debe permanecer en un centro carcelario.Sobre ese punto, la Sala de Casación señaló que no hay balance entre los beneficios recibidos frente a lo que ha aportado en su proceso de verdad, es decir, incuple el principio de proporcionalidad y más en cuanto al o establecido por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos."Lo anterior, pues debe salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de DDHH, lo que impide que actualmente se puedan otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas", informó la Sala en un comunicado.>>> Lea también: Procuraduría pide remitir casos de Mancuso a Justicia y Paz tras fallo de la CorteEn otras palabras, para la Corte le dio el beneficio de la libertad pero no hay suficiente contraprestación alguna por parte de Mancuso y en especial cuando a lo largo de los diferentes procesos en Colombia y Estados Unidos es ausente el aporte a la verdad y reparación.“Consiste en que su agresor, antes que asumir los compromisos que le impone Justicia y Paz derivados de sus múltiples conductas, y de que pesa en su contra una medida de aseguramiento de detención preventiva que debe cumplir para anticipar el cumplimiento de la pena, obtiene una desmedida contraprestación", insiste la Corte.En su publicación, la Sala advierte además que en la resolución con la que el Gobierno Nacional lo nombra gestor de paz no está establecida la duración en el tiempo de este rol, abriendo las puertas a posibles irregularidades y, en esa línea, desestima que ese límite sea el de cuando acabe el conflicto armado o haya una desmovilización total, como lo dijo en su momento Mancuso.“Porque es una meta vaga y no hay clara fundamentación sobre cómo la eventual intervención del postulado pueda llegar a ser determinante para contribuir con ese objetivo. Sobre todo, porque ni siquiera cuenta con el respaldo de todos los grupos al margen con los que el Gobierno busca hacer la paz, ni se sabe cuál es la injerencia o ascendencia que podría tener con esas organizaciones, como así se adujo en las audiencias", puntualizó la Corte.Cabe aclarar que esta providencia de la Sala de Casación no implica que Mancuso regrese a una cárcel pues su libertad fue otorgada por un tribunal de Justicia y Paz, cuya competencia sobre los casos del exjefe paramilitar incluso fue ratificada en los últimos meses.Este pronunciamiento llega en medio de la polémica generada por la resolución 453 de 2024 con la que el Gobierno nacional nombró como gestores de paz a 18 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia para que contribuyan a las diferentes estrategias del proyecto de Paz Total.En la lista están Carlos Mario Jiménez, Macaco, excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, Hernán Giraldo, alias Taladro y quien fue expulsado de Justicia y Paz por abusar de varias menores de edad cuando estaba sometido a esa instancia. Ambos están en la cárcel en Colombia.También aparecen Ramón María Isaza Arango, uno de los fundadores de las AUC y Ramiro ‘Cuco’ Vanoy Murillo, ex comandante del Bloque Mineros.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que remita los procesos relacionados con el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso al sistema de Justicia y Paz, en cumplimiento de un reciente auto de la Corte Constitucional.El procurador delegado ante la JEP, Christian Wolffhügel, envío una comunicación dirigida a la presidencia de la sala que el alto tribunal rechazó la posibilidad de que exparamilitares accedan a la JEP bajo la tesis de actuar como “bisagras”, entre los paramilitares y agentes del Estado.Según la Corte Constitucional, dicha tesis es improcedente, ya que los paramilitares no son destinatarios del Acuerdo Final de Paz, por lo que su jurisdicción natural debe ser Justicia y Paz.El procurador delegado también señaló que, de acuerdo con el fallo, los exparamilitares no pueden ser admitidos en la JEP como terceros, dado que esta categoría está reservada exclusivamente para aquellos que no pertenecieron a grupos armados involucrados en el conflicto.Finalmente, la Procuraduría es enfática en asegurar que la JEP no podrá aplicar la tesis de la “bisagra” en casos presentes ni futuros, ya que perdió la competencia para continuar con los procesos iniciados bajo dicho argumento.
Son 15 casos de 1.115 hectáreas las que están en estudio por parte de la Unidad de Restitución de Tierras para que los predios despojados por Salvatore Mancuso en el contexto del conflicto armado en Colombia puedan llegar a manos de las víctimas.Se trata de 13 fincas ubicadas en los municipios de Mutatá y San Pedro de Urabá en Antioquia y otros bienes que están en Valencia y Tierralta, en el departamento de Córdoba. En esos predios avanzan las etapas administrativas y judiciales de los procesos para priorizar estos casos y que los predios sean entregados prontamente a cada una de las víctimas reclamantes de las tierras de donde los sacó la violencia.José Alberto Kunzell, director territorial de restitución de tierras en Apartadó, detalló que de los predios despojados por Salvatore Mancuso hay 218 hectáreas en Mutatá y 614 en San Pedro de Urabá."Hemos venido haciendo enormes esfuerzos para que efectivamente las víctimas de abandono y despojo puedan ser restituidas en esos predios, que efectivamente se logre la restitución jurídica y material. Pretendemos con el proceso de restitución de tierra que estas hectáreas contribuyan a la reparación integral de las víctimas del conflicto", señaló Kunzell.Además, hay 31 predios que también fueron despojados por el exjefe paramilitar y que ya se encuentran en esa entidad, lo que significan unas 3.469 hectáreas que ya están en proceso para reparar a algunas víctimas en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba, entre los años 1998 y 2003.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia instó al Gobierno de Gustavo Petro a adoptar estándares internacionales de DD.HH. en los actos de reconocimiento de verdad con víctimas del conflicto armado, pues considera que deben ser ellas "las protagonistas" y "no los perpetradores"."Instamos al Gobierno e instituciones del Estado a asegurarse que la participación de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos en espacios públicos institucionales, no genera riesgos de revictimización", señaló el organismo en un hilo en la red social X.Allí agregó que "los actos de reconocimiento de la verdad y las demandas de perdón deben tomar en cuenta la situación y el sentir de las víctimas de estas violaciones y su vivir, siendo ellas las protagonistas centrales de dichos actos y no los perpetradores".Este mensaje de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llega apenas una semana después de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), participara en el Encuentro Nacional de Reparación Colectiva.En este evento, algunas personas aseguraron que lo que estaba ocurriendo era una "revictimización" y criticaron a la Unidad para las Víctimas, organizadora del evento, porque consideraron que no eran escuchadas.Incluso cuando el exjefe paramilitar -que pidió perdón por sus crímenes- estaba hablando, se escucharon abucheos y solicitaron a los organizadores que una mujer, que estaba alterada, pudiera hablarle directamente a Mancuso, algo que ocurrió pero en privado y no en público como lo estaban requiriendo.Para la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, que no mencionó este caso específico, es importante ajustar este tipo de procesos "a normas y estándares internacionales de derechos humanos"."Invitamos al Estado a adoptar normas y estándares internacionales que protejan los derechos de las víctimas, garantizando su dignidad y respeto en cualquier escenario público. La reparación integral supone dignificar y garantizar la centralidad de las voces de las víctimas", añadió el organismo.Las AUC se desmovilizaron en 2006 y se creó el tribunal especial de Justicia y Paz para juzgar a este grupo armado y su actuar en el conflicto armado.
La Unidad de Restitución de Tierras emitió un comunicado en el que explica que al menos 31 predios que fueron despojados por Salvatore Mancuso durante el conflicto se encuentran en esa entidad. Son al menos 3.469 hectáreas que ya están en proceso para reparar a algunas víctimas que dejó el paramilitarismo en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba, entre los años 1998 y 2003."Las tierras hacen parte de la lista de 124 predios que fueron entregados por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de las investigaciones asociadas a los procesos de la Ley de Justicia y Paz, al Fondo para la Reparación (FRV) de la Unidad para las Víctimas", aseguran desde la Unidad de Restitución de Tierras.En este momento, 4 predios ya han sido restituidos a las víctimas; sin embargo, hay 10 fincas que están en procesos judiciales y 15 casos que están en estudio por parte de la Unidad de Restitución de Tierras."Respecto a los predios con procesos que están en manos de los jueces y magistrados de Restitución de Tierras, son 10 fincas ubicadas en la zona rural de El Guamo, en el departamento de Bolívar; Tierralta y Valencia, en Córdoba; y Mutatá, en Antioquia, con una extensión total de 1.484 hectáreas. Asimismo, 15 casos están en estudio por parte de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y corresponden a 1.115 hectáreas distribuidas en 13 fincas, ubicadas en los municipios de Mutatá y San Pedro de Urabá, en Antioquia, así como en Valencia y Tierralta, en el departamento de Córdoba", señalan desde la Unidad.
