El terrible caso del bebé Salvador Meza García, quien con solo un año de vida fue asesinado por su propio padre biológico, genera profunda conmoción en Colombia y nuevamente pone los reflectores sobre el fenómeno de la violencia contra la niñez. El detonante del caso fue el secuestro del bebé por parte de su padre biológico, Miguel Ángel Meza, quien arribó a una humilde vivienda en el barrio Marroquín, en el noroccidente de Cali, de donde se llevó el niño. La visita, de la cual no sospechó la mamá del menor, Jackeline García, se dio el 23 de octubre. Lo acordado era que el hombre departiera con su hijo una hora, pero transcurrido ese tiempo, la angustia y el presentimiento de Jackeline García empezó a crecer. Además, Jackeline García denunció que pese a acudir a varias entidades del Estado, sus ruegos para ser protegida no fueron escuchados."Estoy destrozada. Desde el primer momento que mi bebé se desapareció. Desde el primer momento que llamé al papá para decirle que dónde estaba mi hijo y que él me respondió de la manera en que lo hizo, busqué a la Policía. Yo sabía que mi bebé estaba en peligro. Ninguna de las entidades que busqué en ese momento me quisieron escuchar", declaró la mujer totalmente devastada. "Me decía que no era hijo de él, que se iba a vengar de mi traición", agregó la mujer en entrevista con Noticias Caracol. La víctima aseguró, además, que se separó del parricida por los constantes actos de violencia que protagonizaba. El detalle más aberrante del vil asesinato del bebé Salvador tiene que ver con la exigencia que hacía Miguel Ángel Meza a la mamá de Salvador para entregarle pruebas de vida del menor, a quien al parecer ya había asesinado a sangre fría: le pedía fotos íntimas. El pasado sábado 30 de octubre, una semana después de haberse llevado al niño del seno de la mamá, Miguel Ángel Meza fue capturado por la Policía en Llorente, jurisdicción del municipio nariñense de Tumaco. Tras ser interrogado, el criminal confesó el vil crimen y reveló que había enterrado al niño debajo de un puente en la vía Cali - Palmira (Valle del Cauca). Por el brutal asesinato de su hijo, Miguel Ángel Meza fue imputado por los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada. El confeso asesino podría pagar hasta 30 años de cárcel, según expertos penalistas. Le puede interesar: El Camerino, podcastVea esta información en Noticias Caracol:
No para la tristeza en el país por la muerte del niño Salvador Meza, cuyo padre confesó haber terminado con su vida y enterrado debajo de un puente.En un informe realizado por Noticias Caracol, Yakeline García, madre del pequeño, afirmó que pidió ayuda a las autoridades en repetidas ocasiones, pero nadie la escuchó.La mujer indicó también que eran constantes los maltratos y que el hombre le contó a ella misma lo que había hecho al niño de tan solo un año y dos meses de edad.El confeso asesino fue identificado como Miguel Ángel Meza y fue capturado en Tumaco, Nariño. Al parecer, esta persona cometió este acto como una venganza contra su expareja sentimental.“Ninguna de las entidades que yo busqué en ese momento me quisieron escuchar”, añadió.Salvador Meza era su segundo hijo, y la destrozada mujer afirma que no sale del asombro y no entiende cómo pudo existir tanta maldad por parte de este hombre.“Él me decía que no era hijo de él, que se iba vengar de mi traición. Que si quería ver al niño que le enviara fotos íntimas mías, me decía cantidad de groserías”, indicó.La señora explicó que hace un año se separó de él por los constantes maltratos y, a partir de ese momento, comenzó a amenazarla.Miguel Meza llegó el pasado 23 de octubre a visitar al niño en su vivienda, ubicada en el barrio Marroquín de Cali, pues por determinación de una comisaría de familia solo tenía una hora para verlo.A partir de ese momento, comenzó el drama para la madre del pequeño.“Se hizo la difusión a nivel nacional mediante una orden de poligrama para que nos ayudaran a ubicar. Así fue que el día sábado nos informaron desde Llorente que el sujeto se encontraba allí y ese mismo día salió una orden de captura para este sujeto por violencia intrafamiliar”, explicó el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.Una vez capturado, el hombre entregó los datos del lugar donde enterró el cuerpo del niño.Desde la Gobernación del Valle se pidió que la justicia acelere la investigación.Vea el informe completo de Noticias Caracol aquí:
La pena máxima y justicia para Salvador es lo que pide su familia, tras el atroz asesinato a manos de su padre, quien lo sacó en un descuido de su vivienda en el oriente de Cali el pasado 23 de octubre. El hombre fue capturado durante la tarde de este sábado en Tumaco, Nariño, y aceptó ante las autoridades haber acabado con la vida de su pequeño hijo de un año y dos meses de edad. Además, entregó las coordenadas para que las autoridades encontraran el cuerpo que había enterrado."Le pido a la justicia que lo condenen, la pena máxima, que trabajen para que no vuelva a salir nunca y que nos protejan a nosotros porque yo tengo otra hija con él y siento miedo de las represalias que pueda tomar", dijo Yakeline García, madre de Salvador. El hombre, al parecer se encontraba extorsionando a su expareja sentimental, con quien había terminado su relación un año atrás, a cambio de permitirle ver de nuevo a su hijo. "Me decía que no era el hijo de él, que se había dado cuenta de eso y que se iba a vengar de esa traición, que si quería ver al niño le enviara fotos mías íntimas, videos y me decía que lo sentía y se ponía a llorar, luego me insultaba y me decía que era mi culpa", agregó García. Igualmente denunció que aunque desde el primer momento trató de poner en conocimiento de las autoridades el caso, no le prestaron la atención suficiente para haber evitado el crimen. "Fui a la Policía, a la Fiscalía, a la comisaría de familia y ninguna entidad me decía sí nos compete a nosotros y le vamos a ayudar", contó entre lágrimas la mujer a BLU Radio.Por determinación de un juez, el hombre fue enviado a la cárcel por los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada. Sin embargo, continúa recluido en el departamento de Nariño, mientras el centro de servicios judiciales del Palacio de Justicia de Cali, dispone su traslado. Más en Noticias Caracol:
Son nueve oficiales de la Policía los que fueron llamados a calificar servicios a través de la resolución 5034 de 2024 firmada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Entre la lista se encuentra una coronel, seis tenientes coroneles y dos mayores de la institución.La lista la encabeza la coronel Lizeth Marina Casas, quien fue Jefe de la Oficina de Talento Humano de la Metropolitana de Bogotá y además ocupó el cargo de directora de la Escuela de Policía Rafael Reyes, la primera mujer en ocupar este cargo. También figura en el listado el teniente coronel Carlos Arley Salamanca, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, y el teniente coronel Marcelo Ricardo Villarte, comandante de la Policía en el departamento de Arauca.Sale también de la Policía el teniente coronel Jader Llerena, quien fue el primer comandante de la Policía del Sistema Masivo de Transporte TransMilenio en Bogotá y que salió de ese cargo por un escándalo relacionado con dos patrulleros en Soacha, por lo cual le abrieron una investigación por peculado por uso y abandono de cargo. Fue llamado también a calificar servicios el teniente coronel Juan de Jesús Cristancho y el teniente coronel Julián Manrique Quiroga, este último de la Policía en Bucaramanga.Los dos mayores que también saldrán de la Policía en los próximos días son el mayor Jhon Mario Ayala, quien formó parte de la Dirección de Tránsito y Transporte en el departamento de Antioquia y el mayor Omar Leonardo Durán.“Retirar del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios al personal de oficiales que se relaciona, a partir de la comunicación del presente acto administrativo”, indica el documento.
Billy Escobar, superintendente de Sociedades, entregó la mañana de este viernes un parte de tranquilidad frente a la estabilidad jurídica y financiera de la empresa colombo-venezolana Monómeros, luego de una visita realizada en las instalaciones de la compañía para constatar cómo se encuentra en materia societaria.Escobar, en medio del Congreso de Empresarios del Gran Caribe que sigue realizándose en Barranquilla, reveló que buscan hacer una indagación “más cercana” respecto a la intención de venta y privatización que hace casi dos semanas anunció el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dado a que existen acreedores y trabajadores que “hay que proteger”.Así las cosas, el funcionario aseguró que aunque Monómeros “es un paciente que está en observación”, por el momento se descarta que pueda entrar en liquidación.No obstante, advirtió que si el Gobierno Petro llega a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional como enviarlo a reorganización y/o liquidación, no les temblara la mano en hacerlo.“Con la misma amabilidad con la que estoy hablando, si nosotros llegamos a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional, no nos temblará la mano en hacerlo. Por el momento, todo está estable”, dijo Escobar.Aunque desconoce si el presidente Gustavo Petro ha tenido acercamientos con su homólogo Nicolás Maduro para hablar de intención de venta y privatización de Monómeros, insistió en que la postura del Gobierno sigue siendo “proteger a la empresa”, sobre todo, por su componente de seguridad alimentaria para el país.Inclusive, confirmó que antes de ayer se reunió con diez trabajadores del sindicato de Monómeros y les entregó ese mismo parte de tranquilidad, asegurándoles que cualquier actuación que se haga estará “dentro del marco de legalidad”.
Un millonario robo a un carro de valores se registró en el municipio de Convención, Norte de Santander, dejando además dos policías heridos.De acuerdo con el reporte conocido, el vehículo llevaba el dinero desde el casco urbano hacia la base militar para ser extraído vía aérea. Sin embargo, en medio del recorrido terrestre, fue interceptado junto a la escolta policial que lo acompañaba. En medio de esa interceptación al vehículo, los policías fueron atacados y dos de ellos resultaron heridos, por lo que los delincuentes lograron su cometido y robaron cerca de 2.760 millones de pesos del carro que los transportaba.Incluso, en videos aficionados de los habitantes donde se registró el millonario hurto, quedaron captadas las ráfagas de disparos generadas en medio del robo.
La Corte Constitucional volvió a hacer un pronunciamiento sobre la eutanasia, en esta oportunidad, cuestionó que se exijan signos terminales o de agonía para aplicar el procedimiento y ratificó que la eutanasia ya no se limita a las enfermedades terminales.Esto, tras fallar una tutela a favor de una mujer de 66 años que enfrentaba un intenso dolor debido a un adenocarcinoma con metástasis. Ella decidió ir a que le practicaran este procedimiento tras varios tratamientos que, según la misma paciente, fueron infructuosos para tener una vida digna.La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional falló a favor de la mujer al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad, la vida digna y el libre desarrollo de la personalidad.El Comité Técnico-Científico de la Fundación Valle del Lili había negado su solicitud basándose en criterios contrarios a la jurisprudencia vigente, como exigir signos terminales o priorizar cuidados paliativos antes de autorizar el procedimiento.De igual manera, el alto tribunal recordó que la Sentencia C-233 de 2021 amplió el derecho a morir dignamente a personas con enfermedades graves e incurables que generan sufrimientos intensos, eliminando el requisito de estar en fase terminal.El tribunal también enfatizó que los cuidados paliativos deben ser una opción, no una condición previa para acceder a la eutanasia.“La negativa de las instituciones de salud a cumplir con estos lineamientos desconoce los efectos generales de las sentencias de constitucionalidad y vulnera los derechos de los pacientes”, dice la Corte.Incluso le hacen un llamado reiterado al Congreso de la República para que puedan avanzar en la protección del derecho a una muerte digna con el único propósito, dice la Corte, para eliminar las barreras que aún existen para el libre ejercicio de la muerte.
El riesgo en el que se encuentran los personeros de Colombia, en materia de seguridad, es uno de los principales temas que se debatió este viernes en Barranquilla durante el Primer Encuentro de Oficinas de Derecho Disciplinarios.Allí, en su discurso de apertura, la procuradora General Margarita Cabello se mostró "preocupada y triste" por el reciente asesinato del personero Jimmy Rosero, de Cumbitara (Nariño), e instó al Gobierno la urgente necesidad de brindarles a los 1.104 personeros verdaderas garantías de seguridad.“Un chaleco, un botón de seguridad o un pito no son suficientes para garantizar la seguridad de las personeras y los personeros en el país. La labor que realizan es vital para el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos fundamentales, pero en muchas ocasiones termina enfrentándose a riesgos mortales”, afirmó Cabello Blanco.El pronunciamiento de la procuradora se dio minutos después del insistente llamado que hizo el personero distrital de Barranquilla, Miguel Alzate, en su calidad de presidente de la Asociación de Personería de Capitales.Alzate recordó que en estos momentos hay 110 personeros amenazados en el país y temen seguir siendo asesinados por ejercer sus funciones, como su colega de Nariño, a quien encontraron sin vida con un cartel que decía: "por sapo".Piden autonomía financieraLa procuradora Margarita Cabello fue insistente en que conviene sacar adelante "un proyecto de ley que legitime y vuelva a las personerías órganos autónomos e independientes", de modo que cada una "maneje su presupuesto y sus actuaciones no estén limitadas por el jefe de turno de cada uno de los municipios".Consideró que esto evitaría que una actuación en contra de los alcaldes de turno les implique a los personeros falta de pago o presiones en su contra.La propuesta de entrada fue respaldada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien escuchó la petición y compartió la posición de la procuradora."Sí, vamos a aceptar el reto de presentar un proyecto de ley en ese sentido, dándole autonomía financiera y esa creo que sería la base definitiva para las 1104 personerías municipales que existen en el país", dijo Cepeda.
