Un fuerte cruce de mensajes a través de redes sociales protagonizaron este sábado 1 de junio el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria, en un conflicto que tendría como origen el tema de las intervenciones de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).El enfrentamiento entre el primer mandatario y el exministro se dio por cuenta de una publicación de Petro, en la que acusó a Gaviria de protagonizar "hipocresías", pues habría estado detrás de la liquidación de Saludcoop en 2015, cuando era titular de la cartera de Salud, y ordenó el traslado de 4,6 millones de usuarios a Cafesalud.Este tema causó molestia en el exministro, que salió en defensa de la decisión en ese entonces tomada por el gobierno de Juan Manuel Santos y explicó, en primer lugar, que Saludcoop tenía un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría por 1,4 billones que obligaba a este proceder."La liquidación era inevitable. Lo que hizo el gobierno del Presidente Petro fue distinto: acabar las mejores EPS, las que tenían altos indices de satisfacción. Ahora tratan de confundir para justificar la destrucción del sistema y la afectación a los pacientes. No les ha importado la gente. Lo que viene es una crisis de atención en salud", afirmó el exministro en su perfil de X.Al respecto, Petro utilizó la respuesta de Gaviria para argumentar la intervención que la Superintendencia de Salud hizo a la Nueva EPS, que según él atraviesa por una profunda crisis que obligó a su Gobierno a tomar acciones."Señor Gaviria. La Nueva EPS tiene un ocultamiento de 5.5 billones en deudas. Y la contraloría informa de más de 9 billones perdidos en la época del COVID", indicó el jefe de Estado, con lo que encendió la polémica, pues Gaviria salió con duros señalamientos con respecto a esta determinación, la cuál calificó de irresponsable.Según el extitular de la cartera, "Un presidente debería tener responsabilidad, opinar con base en certezas e información oficial". Y afirmó que el informe de la Contraloría es de índole preliminar y fue desmentido. "No hay ninguna investigación abierta en el caso de la Nueva EPS. ¡Responsabilidad por favor!", precisó Gaviria, jefe de la cartera entre 2012 y 2018.
Una juez decidió condenar a 15 años de cárcel al expresidente de Saludcoop Carlos Palacino por los delitos de falsedad material en documento privado, fraude procesal y estafa.“Condenar a Carlos Palacino a pagar la pena principal de 190 meses de prisión, más multa por 1.010 salarios mínimos, además de la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 88 meses”, sentenció la juez del caso.La condena contra Palacino que, también cobija al exvicepresidente financiero de la desaparecida Saludcoop, Javier Mauricio Sabogal, se dio por el caso de corrupción entre 2010 y 2011 con la expedición de casi tres mil cheques por parte de la EPS, y los cuales no llegaron a su destino porque terminaron guardados o anulados.“Los títulos se emplearon para dar apariencia de legalidad a pagos a prestadores de servicios de salud y proveedores, que en realidad nunca se entregaron a sus destinatarios. Con esta maniobra, el entonces Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) desembolsó a favor de Saludcoop 14.000 millones de pesos por concepto de recobros”, explicó la Fiscalía.El exvicepresidente Jaramillo fue señalado de utilizar su posición para autorizar la expedición de 913 cheques que no fueron entregados a las IPS y los cuales sí provocaron la radicación de recobros al Fosyga por más de 9 mil millones de pesos.Hay que recordar que esta es la segunda condena en contra de Carlos Gustavo Palacino Antía por actos de corrupción de la desaparecida Saludcoop. Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá lo sentenció a 9 años de prisión por irregularidades detectadas entre 2000 y 2004.
La Personería de Medellín formuló pliego de cargos a la exsecretaria de Salud de Medellín Andree Uribe, por haber firmado un contrato de comodato con la EPS en liquidación SaludCoop durante la pandemia del COVID-19.A pesar de que SaludCoop estaba reportada fiscalmente en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, lo que se configura como una causal de inhabilidad para contratar con el Estado, la ex secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe, firmó un contrato con la EPS en liquidación en el año 2020, omitiendo dicha incompatibilidad.Se trata de un contrato de comodato con la clínica de la 80, que le pertenecía a Saludcoop, y que fue adecuada para la atención de pacientes con COVID-19, lo que para la Personería, que le formuló cargos a la exfuncionaria de Quintero, es una falta gravísima si se tiene en cuenta que se violó la Ley 734 de 2002 en el Artículo 48 Numeral 30.Luego de formulado el pliego de cargos, se acudirá a otra instancia en la que se tomará una decisión disciplinaria y se resolverá con un fallo sancionatorio o absolutorio.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El Ministerio Público llamó a juicio al interventor de la EPS Saludcoop, Guillermo Grosso (2013-2015), por su posible participación en la autorización indebida de pagos a la IPS, Sin validar la prestación del servicio a sus afiliados.“Para la vigencia 2015 en el ejercicio de funciones públicas el servidor omitió el cumplimiento de la Resolución expedida por el Ministerio de Salud y su obligación de reportar al Fondo de Solidaridad y Garantías, con lo que se pusieron en riesgo los recursos del Sistema de Salud”, explicó la Procuraduría.Para el ente de control, Grosso posiblemente pasó por alto su obligación de verificar los montos autorizados para pagar, entregar información a la cartera de Salud y usar de forma correcta los dineros parafiscales.Para la Procuraduría, el exinterventor de Saludcoop vulneró los principios de responsabilidad, eficacia, moralidad y economía.Contraloría sancionó a Guillermo GrossoFue en el mes de julio, de 2023, cuando a través de un fallo, la Contraloría anunció que sancionaba a Guillermo Grosso por los hallazgos encontrados durante el proceso de intervención y liquidación de la EPS Saludcoop.“La Contraloría General de la República, a través de esta misma unidad, adelantó la investigación fiscal en el año 2021 dentro del mencionado proceso mediante Auto No. 1095 del 12 de julio por irregularidades en el proceso intervención y de liquidación de SaludCoop, por un valor total de $219.734.473.262,78”, indicó el ente de control.Y es que, según la Contraloría, Guillermo Grosso habría realizado anticipos y girado recursos sin un adecuado seguimiento y control sobre los giros directos; además, se detectó una provisión indebida y castigo de cartera a cuentas de sociedades vinculadas al grupo SaludCoop.Le puede interesar
La Contraloría emitió un fallo con responsabilidad fiscal contra Guillermo Grosso, exagente interventor de SaludCoop. La investigación adelantada por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción se centró en los hallazgos encontrados durante el proceso de intervención y liquidación de la EPS Saludcoop.El fallo por responsabilidad fiscal se da por diversas irregularidades, entre ellas realizar anticipos y girar recursos sin un adecuado seguimiento y control sobre los giros directos; se detectó una provisión indebida y castigo de cartera a cuentas de sociedades vinculadas al grupo SaludCoop y de terceros no vinculados a la entidad; se encontró que se excedió el porcentaje permitido de los gastos de administración para el año 2015.Esta no es la primera vez que la Contraloría investiga el caso, ya que a través de la misma unidad se adelantó una investigación fiscal en el año 2021, por irregularidades en el proceso de intervención y liquidación de la EPS.“La Contraloría General de la República, a través de esta misma unidad, adelantó la investigación fiscal en el año 2021 dentro del mencionado proceso mediante Auto No. 1095 del 12 de julio por irregularidades en el proceso intervención y de liquidación de SaludCoop, por un valor total de $219.734.473.262,78”, indicó el ente de control.Le puede interesar
El paciente Alcides de Jesús Gallego Toro se sometió a una vasectomía en 2012 y, tras un espermograma (examen de esperma), los médicos determinaron que el procedimiento había sido exitoso. Confiados en el dictamen médico, la pareja dejó de planificar y, unos meses después, su esposa quedó embarazada y, en 2013, dio a luz a Luciana. Alcides, con cierta desconfianza, se practicó una prueba de paternidad y la prueba demostró que él sí es el padre de la bebé.La pareja demandó al médico y a la EPS Saludcoop por no informarles que el procedimiento no había sido efectivo y por considerar que la llegada de Luciana empeoraría su ya difícil situación económica. Alcides, por las enfermedades que padece, no puede trabajar, vive del salario de su esposa.“Obsérvese, al interior de este proceso se acreditó que el señor Alcides de Jesús Gallego Toro padece de hipoacusia bilateral severa que le ha generado cuadros de vértigo, vómito y la necesidad de portar un audífono izquierdo, enfermedad que, según expresó en su interrogatorio y lo corroboraron la codemandante y los testigos Erika Tatiana García Urrego y Nicolás Zamora Buriticá, estos padecimientos han propiciado dificultades para encontrar una ocupación estable, debiendo dedicarse a labores de plomería, enchape y pintura como trabajador independiente”, se lee en la sentencia en la que un juez le dio la razón a la pareja.En una decisión histórica y sin precedentes en Colombia, el juez Diego Naranjo concluyó que sí hubo una afectación a los proyectos de vida de la pareja y, señala la sentencia, que el médico que le practicó la vasectomía al señor Alcides gallego y la EPS deben hacerse cargo de una parte de la manutención de Luciana, quien hoy tiene 10 años, hasta que cumpla los 18 años.Según la sentencia, los padres de Luciana recibirán el equivalente a 20 salarios mínimos mensuales por perjuicio moral, más otros 20 SMLMV cada uno por daño a la vida y un valor de $143.531.067 por daño emergente.Le puede interesar:
La decisión del juez séptimo del circuito de Medellín Diego Naranjo Úsuga abre una discusión ética y legal sobre la responsabilidad de los médicos cuando sus decisiones cusan perjuicios morales e inmateriales a sus pacientes.El caso puntual corresponde a un paciente de la liquidada EPS Saludcoop que se sometió a una vasectomía como método de planificación, pero el médico tratante dio por exitoso el procedimiento cuando en realidad el examen de esperma indicaba todo lo contrario.“Fruto de esa conclusión inopinada no recomendó al paciente seguir utilizando métodos anticonceptivos para evitar el riesgo de embarazo”, indicó el juez al demostrar que el médico actuó de manera culposa.“Al quedar probado que los padres no querían procrear más hijos, se concluyó que hubo una afectación a sus proyectos de vida que repercutió en el campo inmaterial”, continua el fallo.Además, el juez analizó perjuicios tales como el daño moral y el desasosiego respecto a la obligación alimentaria, “más aún cuando existía una situación económica precaria por las patologías del padre que le impedían actualmente trabajar”.El juez también sumó el daño a la vida de relación de pareja, porque con la concepción no planeada los afectados no pueden desarrollar actividades diarias de la misma manera en que las ejecutaban antes, al tener que emplear ahora su tiempo en la crianza y cuidado del menor.Asimismo, el juez agregó que hubo “un daño en el ejercicio de su sexualidad y libertad reproductiva”, pues la lectura errada del espermograma y la materialización del riesgo que produjo un daño en el ejercicio de su sexualidad y libertad reproductiva.Por esas razones, el juez séptimo del circuito de Medellín condenó al médico Pablo Fernando Salgado y a la EPS Saludcoop, que está en liquidación, a pagar la manutención de la recién nacida hasta que cumpla 18 años de edad.En consecuencia, las partes demandadas deberán pagar 80 salarios mínimos legales ($92.800.000) por perjuicios morales y daños a la vida, más 143 millones de pesos por daños emergentes (manutención) y casi 60 millones de pesos más para cubrir los costos de la demanda.Le puede interesar:
La Fiscalía General de la Nación ocupó, con fines de extinción de dominio, 184 bienes en diligencias que se realizaron en 30 Municipios y 15 Departamentos. Estas propiedades pertenecerían a los señalados involucrados en casos como el 'carrusel de las pensiones’, irregularidades de contratación en el Plan de Alimentación Escolar y desviación de recursos del sector salud.La Fiscalía realizó esta ofensiva nacional para afectar el patrimonio de los presuntos responsables en hechos de corrupción, pues ocho fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, con el apoyo de personal del CTI y unidades del Ejército Nacional, ocuparon 184 bienes avaluados en algo más de 69.000 millones de pesos.Son 137 inmuebles, una sociedad, tres establecimientos de comercio, 38 vehículos y cinco cuentas bancarias. Las propiedades fueron afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.Todos los bienes fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio, porque habrían sido adquiridos con dineros producto de actos de corrupción o pertenecería a los principales implicados en casos de desviación de recursos de la salud, pensiones, educación y Plan de Alimentación Escolar (PAE), entre otros sectores."Las acciones estuvieron dirigidas con el único fin de afectar directamente el patrimonio de servidores públicos, contratistas, particulares; que estuvieron involucrados en irregularidades de todo tipo, afectando el derecho a la salud de los colombianos, el derecho a la educación de los colombianos”, señaló el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.La Fiscalía intervino las propiedades que pertenecerían a los presuntos involucrados en estos seis escándalos de corrupción:SaludCoop. Fueron afectados varios predios que habrían sido adquiridos con dineros, presuntamente, desviados del sistema general de seguridad social en salud.‘Carrusel de pensiones’. Durante la ofensiva fueron afectados bienes que estarían vinculados a eventos de corrupción identificados en Cajanal y Colpensiones, en los que varias personas fueron beneficiadas con el pago jubilaciones y ajustes en las mesadas pensionales sin cumplir los requisitos de ley.Plan de Alimentación Escolar (PAE). Varios de los inmuebles que recibieron medidas cautelares, al parecer, fueron adquiridos con recursos producto de las diversas irregularidades de contratación y ejecución de los PAE en distintos lugares del país.Universidad Tecnológica del Chocó. La Fiscalía afectó los bienes de un contratista y un interventor, quienes son procesados por posibles anomalías en la celebración de contratos para la construcción de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó.Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Un inmueble que pertenecería a uno de los contratistas que estaría involucrado en las demoras y actos ilícitos detectados en la construcción del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.‘Quirófano’. La Fiscalía impuso medidas cautelares sobre varios bienes asociados a una red delincuencial que se concertó para manipular decisiones administrativas y favorecer a varias entidades e institutos prestadores de salud. Los señalados responsables fueron capturados y judicializados como parte de una operación denominada como ‘Quirófano’.Todos los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para su administración y según La Fiscalía, el objetivo es que con estas acciones se incremente el número de bienes para que puedan ser monetizados y puedan ser utilizados rápidamente por parte del Gobierno Nacional.Escuche el podcast El Camerino:
El sonado caso Saludcoop ha revivido en las últimas horas, por cuenta de un operativo de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía a propiedades que aparecen a nombre de Carlos Gustavo Palacino.Saludcoop llegó a ser la EPS más grande del país y fue liquidada por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, tras afrontar dificultades económicas y luego de comprobarse que un porcentaje de los recursos girados por el Fosyga, fueron utilizados para compra de clubes sociales y otros bienes que no tienen que ver con la salud.Por las irregularidades que se cometieron con los recursos de la salud desde Saludcoop, Palacino fue condenado hace menos de seis meses a 10 años de cárcel por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros.Aunque todavía no se conocen detalles del operativo de extinción de dominio, en principio las propiedades ocupadas tendrían un valor comercial de cerca de 20 mil millones de pesos, que tendrían que ser recuperados por la Sociedad de Activos Especiales.Este operativo se conoce mientras la ministra de Salud Carolina Corcho ha venido insistiendo en su idea de eliminar las EPS para retomar un modelo público de prestación del servicio, entre otras cosas, criticando la tarea de esas entidades, a las que califica de simples intermediarias.Como si fuera poca la complejidad del tema y la evidente corrupción que se sigue presentando con dineros de la salud, en las últimas horas Blu Radio reveló que en los últimos seis años se robaron 1,2 billones de pesos destinado a la atención de los más pobres, cifra que se triplicó durante la pandemia.Todos los relacionados con el tema coinciden en señalar que el sistema de salud debe mejorar varios asuntos, entre otras cosas se debe cauterizar la vena rota de la corrupción y mejorar los tiempos de atención de medicina especializada, pero la mayoría de los actores del sistema coinciden en alertar sobre el riesgo que implica una reforma total que implique derribar lo que actualmente funciona y que tiene muchos puntos destacables.
El superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, informó que este año se liquidó a las EPS Coomeva, Comparta y Medimás. Además, se hizo la intervención forzosa de la EPS Emssanar.“Con estas medidas, totalizan 14 las EPS que se encuentran en proceso de liquidación por poner en riesgo tanto la vida de sus afiliados como la estabilidad financiera de sus redes de prestación”, explicó el superintendente de Salud.Las 14 entidades son: Saludcoop, Medimás, Coomeva, Comfacundi, Emdisalud, Comfacartagena, Ambuq, Comparta, Saludvida, Cafesalud, Cruzblanca, Confacor, Manexka, Comfanariñ. Dejando así, 9.5 millones de usuarios en el país que fueron trasladados a otras entidades prestadoras de salud.Por otro lado, quedan en vigilancia especial: Asmet Salud, Capresoca, Comfachocó,Comfaguajira, Comfahuila, Convida, Ecoopsos y Savia Salud. Y en programa de recuperación continúan Capital Salud y Comfaoriente.Una cifra preocupante es el número de peticiones, quejas, reclamos y denuncias registradas en el último año, las cuales llegaron a 1.128.122; es decir, en promedio cada día la SuperSalud recibió 3.000 quejas por el servicio de salud de los colombianos. Y en los últimos 4 años se atendieron más de 7 millones de PQRD.El delegado para las entidades de aseguramiento en salud, Henry Philippe Capmartin afirmó que luego de estas intervenciones los usuarios ahora están satisfechos con el servicio que reciben: “Dejamos un sistema de salud depurado y fortalecido”, aseguró.Le puede interesar: Al pelo con Tata
Una fuerte crítica al cese al fuego y a la apuesta de paz total hizo el gobernador Andrés Julián Rendón, por lo sucedido en la vereda La Plancha, en zona rural de este municipio del nordeste de Antioquia, donde miembros del los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN habrían atacado una unidad militar en el antiguo espacio territorial.El mandatario calificó como desalmado este ataque y señaló que el ELN delinque en esa zona del departamento en connivencia con el Estado Mayor Central de las Farc “la paradoja, quienes pretenden estar negociando con el gobierno, atacando a firmantes de paz que han negociado y han honrado la palabra con el gobierno nacional en otros contextos”, dijo.Aunque ya son cinco los muertos en medio de esta ofensiva con explosivos, el Ejército confirmó las identidades de cuatro de ellos, que son el suboficial Freddys Robles y los tres soldados identificados como Fabián Rengifo, Iván Reina y Carlos Ramos. Además, cuatro soldados y un civil también resultaron heridos en esta acción criminal y fueron trasladados a Medellín.Para el gobernador Rendón, una vez más se demuestra que “no tienen voluntad de paz”.“Yo no sé cuántas cosas más tienen que acontecer en Antioquia, en el resto del país para que el gobierno comprenda que la mal llamada paz total es un fracaso y que lo único que se necesita para imponer la paz es soltarle las manos a la fuerza pública, dotarla, equiparla bien, liderarla para que produzcan resultados contundentes en contra del crimen cualquier bandido de cualquier pelambre y en favor de la protección de los antioqueños y de los colombianos”, agregó.Los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN en zona rural de Anorí ya completa dos semanas, dejando una grave crisis humanitaria, pues al menos 150 familias han salido desplazadas de veredas como Tenche y Los Trozos y 78 niños están desescolarizados.
Un gigantesco cráter se abrió este mediodía en la calzada Bogotá-Girardot, a la altura del sector San Raimundo. El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde del jueves, en una zona donde actualmente se desarrollan obras de manejo de aguas y ampliación a un tercer carril.La falla en la estructura del pavimento se produjo debido a una caída en la banca, posiblemente relacionada con las intervenciones en curso. Entregarán en diciembre 21 kilómetros del tercer carril en la vía Bogotá El presidente de la ANI, Francisco Ospina Ramírez, informó que a lo largo del 2024 se han logrado avances importante, pasando de un 44,4 % de ejecución al inicio del año a un 65,1 % en la actualidad. Antes de que finalice el año, se entregará un tramo clave: 21 kilómetros de tercer carril, que comprenden importantes obras como:El puente vehicular del Boquerón.13 kilómetros de tercer carril en el sector de Chinauta.La conexión desde la salida del túnel Sumapaz hasta la intersección Jaibaná en Fusagasugá.Estructura del proyectoEl proyecto está dividido en ocho unidades funcionales, con intervenciones estratégicas a lo largo del corredor Bogotá-Girardot. Hasta la fecha, se han entregado cuatro tramos que benefician directamente a los usuarios de los municipios de:Soacha y Sibaté: Ampliación de calzadas para reducir congestión.Silvania y Fusagasugá: Mejora de accesos y fluidez en tramos críticos.Melgar, Ricaurte y Girardot: Incremento en la capacidad vial, facilitando el acceso turístico y comercial.
La reciente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha despertado inquietudes en América Latina, especialmente en los contextos políticos de Colombia y Venezuela. Las preguntas giran en torno a cómo el nuevo Gobierno estadounidense, liderado por Trump y con figuras como Marco Rubio en posiciones clave, podría afectar las dinámicas políticas en la región.Por ejemplo, emergen interrogantes sobre una posible negociación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la administración Trump, tras la revelación de que delegados del régimen venezolano se han reunido con personas cercanas al presidente.¿Qué puede esperar Latinoamérica ahora?En diálogo con Mañana Blu con Camila Zuluaga, el director para la veeduría de defensa de WOLA, Adam Isacson, apuntó a que dentro de la Casa Blanca existirán divisiones notables. Por un lado, algunos miembros del gabinete priorizan la migración y la deportación de venezolanos, mientras que, por otro, Rubio se sienta a la mesa con una agenda que busca seguir presionando al régimen de Maduro."Es imposible saber todavía, pero hay una fuerte probabilidad de que entre este Gobierno en frente de Trump va a haber una división interna bastante aguda. Es que, digamos, en la Casa Blanca los oficiales que ya han nombrado son quienes priorizan mucho el tema de la migración, que quieren excluir a los migrantes. Y hay como 600.000 migrantes venezolanos que han entrado a Estados Unidos durante los últimos tres o cuatro años y quieren devolverlos también. Esos mismos de la Casa Blanca son obsesionados con la inmigración y también obsesionados con acceso al petróleo", indicó.Esto, añadió, podría generar una brecha significativa en las estrategias adoptadas. En ese sentido, habló también de Colombia, pues la administración de Gustavo Petro podría enfrentar “retos” con el nuevo Gobierno de EEUU.Un enfoque más duro en las sanciones hacia Venezuela podría implicar mayores flujos migratorios hacia Colombia, poniendo presión al Gobierno Petro, según dijo Isacson."Para Colombia van a haber, especialmente para el Gobierno de Petro, varios retos; más retos que ventajas. Sobre el tema de Venezuela no sé exactamente cómo entrar, porque lo que están pensando la gente como Rubio es endurecer sanciones a cosas que tal vez resultarían en más sufrimiento dentro de Venezuela y más migrantes saliendo de Venezuela entrando a Colombia. Eso sí es un reto, pero veo retos más grandes en el tema de inmigración y drogas", sostuvo.En este sentido, mencionó que la estabilidad de la política colombiana está en jaque, ya que el péndulo político podría inclinarse hacia la derecha en respuesta al ascenso de Trump, afectando la popularidad del actual Gobierno de izquierda.Explicó que la tendencia de construir un bloque de derecha en América Latina puede intensificarse con la influencia de Trump y sus aliados.
Blu Radio tuvo acceso a nuevos detalles de un encuentro en la Casa de Nariño el 6 de noviembre de este año, que contó con la participación del presidente Gustavo Petro y sería determinante en la intervención de los Estados Unidos dentro de la polémica por la compra del software Pegasus.Un día después, 7 de noviembre, el diario El Tiempo publicó la declaración de altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden, quienes afirmaron que ese país fue el responsable de la compra del software espía Pegasus con el objetivo de implementarlo en la lucha contra el narcotráfico. Además, señalaron que el Gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022) no tuvo conocimiento del negocio pactado con la firma NSO Group por 11 millones de dólares.Además, los funcionarios norteamericanos expresaron que la compra se efectuó por dos montos de 5.5 millones de dólares. La fiscal Luz Adriana Camargo, quien abrió una investigación, afirmó que el sistema financiero de Israel registró el ingreso de dinero y declaró que “la operación por 11 millones de dólares existió”.¿Quién tuvo acceso a Pegasus?Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, que miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países( Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir la herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial(Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.La reunión en PalacioEl 6 de noviembre de este año se llevó a cabo, en la Casa de Nariño, un encuentro crucial entre el presidente Gustavo Petro y un alto dignatario del gobierno de Estados Unidos, tan solo unas horas después de la elección presidencial en ese país, donde fue electo Donald Trump.La fuente anónima argumentó a Blu Radio que las recientes publicaciones en medios, que salpicaba aún más a la línea de mando de la Policía y al gobierno Duque, incluyendo ministros y funcionarios, así como la actuación penal contra importantes aliados en la lucha contra las drogas, como el exministro de Defensa Diego Molano y el general Jorge Luis Vargas, motivaron la intervención y la llegada de esta figura importante de la política norteamericana. Este dignatario estuvo acompañado en todo momento por un esquema de seguridad extranjero durante las pocas horas que permaneció en territorio colombiano.Lo llamativo de la reunión es que en ella se habría informado al Primer mandatario sobre una versión desconocida en ese momento por la opinión pública sobre la participación de Estados Unidos en la compra de Pegasus. No obstante, no fue sino hasta la revelación de El Tiempo y la reunión sostenida entre el embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca con funcionarios del gobierno Biden que el presidente Petro emitió un pronunciamiento en su cuenta de X: “Si esto es cierto, sí que serían peor las cosas”.Otro de los puntos que pudo conocer este medio fue que la persona encargada de responder las preguntas del embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca en Washington fue Todd Robinson, político estadounidense con una larga experiencia en la lucha contra el narcotráfico y la persona que designó Estados Unidos para permitir un mayor entendimiento, teniendo en cuenta la estrecha relación de Robinson en asuntos de América Latina.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el Jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, tambien por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
Emilio Tapia, principal involucrado en el escándalo de corrupción relacionado con el caso Centros Poblados, alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación este martes, en el que admite su responsabilidad en los hechos que resultaron en la pérdida de más de $70.000 millones destinados a conectar con internet a escuelas rurales en Colombia. Este caso, que estalló durante el gobierno del expresidente Iván Duque, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.Detalles del preacuerdoEl preacuerdo entre Emilio Tapia y la Fiscalía contempla cuatro puntos clave que definen las condiciones de su colaboración y su castigo:Condena de seis años de cárcel: Tapia aceptó cumplir una pena privativa de la libertad que, aunque reducida, refleja la gravedad de los delitos cometidos.Devolución de $5000 millones: el empresario deberá reintegrar parte de los fondos desviados. De este monto, ya entregó $2500 millones en efectivo. Los otros $2500 millones serán restituidos mediante bienes que se encuentran en Girardot y zonas rurales de Medellín, según lo confirmó su defensa.Testigo clave para la Fiscalía: Tapia se comprometió a colaborar como testigo en las investigaciones, lo que podría revelar información crucial sobre otros implicados en la red de corrupción.Aceptación de tres delitos: el empresario admitió su responsabilidad en los cargos imputados, consolidando su disposición para cooperar con la justicia.El escándalo de Centros PobladosEl caso Centros Poblados estalló cuando se descubrió que los recursos destinados a llevar conectividad a zonas apartadas del país, mediante un contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), fueron desviados mediante documentación falsa y una red de corrupción liderada por Tapia.El contrato, valuado en $1,07 billones, fue cancelado después de que se conociera que las empresas contratistas no tenían la capacidad técnica ni financiera para ejecutar el proyecto. Este hecho salpicó a funcionarios del gobierno de la época y desató una crisis de credibilidad en las instituciones.
