La Fiscalía pedirá imputación de cargos contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntas irregularidades en contratación en el departamento, en una investigación que también cobija a dos exgobernadores.De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, hay suficientes pruebas y evidencias físicas de malversaciones en contratos, entre 2013 y 2019, que superaron en valor los 457.000 millones de pesos. Según el ente acusador, la Fiscalía encontró que, en cinco contratos, se habrían perdido cerca de 74.789 millones de pesos.En el caso del gobernador Carlos Caicedo, contra quien la Fiscalía pide medida de aseguramiento con detención domiciliaria, el ente acusador reveló que será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.Esto por presuntas irregularidades que la Fiscalía describe así en un comunicado:Obras con retrasos, inconclusas o inutilizadas en Santa MartaFiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia encontraron mérito suficiente para presentar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al exalcalde de Santa Marta y actual gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar, para que responda a las solicitudes de audiencias de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, por tres eventos distintos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se acerca a los 1.680 millones de pesos.En ese sentido, la medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares, en el entendido de que el indiciado es gobernador actual y, por tanto, jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público. Los casos son:1. Posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra del 30 de diciembre de 2014, que contempló la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino. En la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años.La Fiscalía imputará al señor Caicedo Omar los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.2. El 1 de abril de 2015, fue suscrito un contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, representado en sobrecostos. Adicionalmente, el contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022. En este frente investigativo el exalcalde y actual gobernador de Magdalena será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.3. La Fiscalía identificó presuntas inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato suscrito el 28 de octubre de 2015, por valor de 2.682 millones de pesos, y cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. En la investigación fue detectado un posible peculado de 700 millones de pesos, materializado en sobrecostos.Asimismo, se constató que, trascurridos más de siete años, el escenario no ha sido entregado en condiciones adecuadas, se encontraría en deterioro e inutilización.Por estos hechos, el entonces alcalde, Carlos Caicedo Omar, será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.La investigación, que la Fiscalía denominó ‘Robo de Magdalena’, implica también al exgobernador Luis Miguel Cotes, la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga, por los siguientes hechos, según el comunicado de la Fiscalía.Millonario detrimento en la Vía de la ProsperidadEl 4 de octubre de 2013, Luis Miguel Cotes, en su condición de gobernador, suscribió un contrato para el mejoramiento de la vía Palermo - Sitionuevo - Remolino – Guáimaro(Magdalena), por un valor superior a 432.010 millones de pesos, en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento, y posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto.Posteriormente, la sucesora, Rosa Cotes de Zúñiga, celebró varias adiciones al contrato original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que representaron más recursos para el constructor.Las actuaciones de los dos exmandatarios habrían generado al departamento millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos. Finalmente, está acreditado que la denominada ‘Vía de la Prosperidad’ pasó de ser un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de apenas 18 kilómetros. Es decir, se ejecutó el 34% de lo planeado.Por lo anterior, los dos exmandatarios de Magdalena serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambas conductas agravadas.Contratos de contabilidad ‘amañados’ Rosa María Cotes de Zúñiga, gobernadora de Magdalena para el periodo 2016 – 2019, tramitó y celebró tres contratos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que el trámite contractual se hizo de manera directa y sin concurso de méritos. También se constató que la empresa contratada se habría apartado del objeto definido y se limitó a realizar una consultoría.La exmandataria será imputada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La sanción que profirió la Procuraduría el pasado 1 de octubre fue ratificada en segunda instancia y en ella quedaron firmes los argumentos que llevaron a suspender por un año a los exgobernadores del Magdalena Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga.Lo que el Ministerio Público encontró luego de formular pliego de cargos, es que los dos exmandatarios incurrieran en anomalías en los contratos 1266 de 2012, 649 de 2013 y el contrato de obra 617 de 2013.Se constató que los diseños para este tramo de la vía de la Prosperidad estaban desactualizados y presentaban serias fallas técnicas en la planeación del corredor vial.Por ejemplo, no tuvieron en cuenta la geografía del terreno por donde iba a pasar la carretera ni tampoco se previó la ola invernal en el año 2010 que afectaba esa región del departamento del Magdalena.El Ministerio Público encontró además que el presupuesto para la construcción estaba por encima de lo que realmente costaba la obra y que las especificaciones técnicas de los materiales para la intervención se modificaron.Por todas estas irregularidades a la hora de ejecutar el contrato, la Procuraduría sancionó por un año a los exmandatarios que finalmente se vio reflejado en una multa de carácter pecuniario.Los problemas en la ejecución de la obra generaron las afectaciones para la terminación en los 56 kilómetros de construcción de los tres tramos Palermo, Sitio Nuevo, Remolino y Guáimaro.Además, en el caso de la exgobernadora Rosa Cotes, la Procuraduría profirió la sanción por omitir hacer vigilancia al proyecto de obra el cual no cumplía con las características técnicas.
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, y el exgobernador del mismo departamento, Luis Miguel Cotes, por presuntas irregularidades en la implementación y ejecución de la denominada Vía de la Prosperidad, que conecta a las poblaciones de Palermo, Sitionuevo, Remolino y Guáimaro, todas en el Magdalena.Según el organismo de control, los gobernadores habrían incurrido en la “posible transgresión de los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal y de eficacia de la función administrativa”, falta considerada por la Procuraduría como de culpa gravísima y que podría derivar en una medida de destitución o inhabilidad de 10 a 20 años.Lea también: “Sí somos como los indígenas del Cauca”: responden taironas a gobernadora de MagdalenaSe trata de una vía de 52 kilómetros que le ha terminado por costarle a la Nación 466.900 millones de pesos, que fue contratada en 2013 y debía ser entregada en julio de 2018, pero en amplios tramos todavía se encuentra en obra.De acuerdo con la Procuraduría, Luis Miguel Cotes celebró el contrato con posibles deficiencias técnicas en planeación del corredor vial, toda vez que se cumplió con estudios y diseños desactualizados elaborados en 2008 sin tener en cuenta la transformación del terreno por la ola invernal de 2010 y 2011.En cuanto a la gobernadora Rosa Cotes se le señala por la presunta demora en iniciar un proceso sancionatorio y de multas al contratista Consorcio Ribera Este, no obstante las múltiples solicitudes de la interventoría.Por todo lo anterior, la Procuraduría considera que esta obra, de interés vital para la conectividad de la región Caribe, tiene “alto riesgo” de no cumplir con su alcance y no servir al propósito para la cual fue aprobada.
La Ciénaga de San Antonio, principal fuente de abastecimiento de agua y de alimentos para centenares de pescadores, es hoy una manta donde yacen millares de peces moribundos, los cuales ante la falta de alimentos estarían siendo consumidos por la población. El secretario de Salud del Magdalena, Manuel Navarro, dijo que es grave la situación por lo cual todo el sistema de salud de la región se ha declarado en alerta las 24 horas porque se desconoce los efectos que el consumo de estos peces pueda ocasionar en la población. (Lea también: Campaña Apagar Paga logró superar meta propuesta) A su vez, la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes clamó ayuda urgente al gobierno nacional para poder atender la emergencia. Señaló que se necesitan alimentos y agua potable: “Estamos haciendo un llamado al ministro de salud porque esto lo que va a generar es una epidemia. El problema es de hambre por eso todos nos dirigimos allá para llevarles alimentos, es un problema de salud pública el que se está presentando en estos momentos en Concordia”. (Lea también: Generación de energía de Termovalle ha costado $200 mil millones) Hace más de 45 días en Concordia murió una niña debido al alto estado de desnutrición y de acuerdo al reporte entregado por las mismas autoridades de salud un alto porcentaje de la población infantil presenta los mismos síntomas ya que no tienen el peso adecuado para la edad. La ciénaga de San Antonio se alimenta del río Magdalena a través de un caño que lleva su mismo nombre pero los niveles del río son más bajos que los del caño. En la cabecera municipal de Concordia y en varios corregimientos también hay problemas con el agua para el consumo humano, a muchos les ha tocado hacer pozos al lado de lo que queda de la ciénaga para poder obtener un poco del líquido.
