“General, ya lo tenemos”, fueron las palabras de victoria que anunciaron el golpe a uno de los grupos de narcotráfico más poderosos de los años 80, el Cartel de Cali. Así lo relató el general retirado Rosso José Serrano, exdirector de la Policía Nacional y quien fue reconocido por salvar en ese entonces la institucionalidad de la fuerza pública, justamente, por la captura del capo de ese grupo ilegal, Gilberto Rodríguez Orejuela, alias el 'Ajedrecista'. Gilberto Orejuela, junto con su hermano Miguel, consolidaron el Cartel de Cali y libraron una batalla con Pablo Escobar por varios años. Luego de seguimientos, infiltraciones e investigación de inteligencia, se logró la captura de los Rodríguez y su posterior extradición a Estados Unidos, país que presionaba a Colombia y los reclamaba por los delitos de narcotráfico; el exnarcotraficante murió este miércoles en una cárcel de EEUU.Jaque al 'Ajedrecista': así fue su captura“Me llamaron y me dijeron ‘mi general, ya lo tenemos’. Casi me desmayo, salí en un vehículo blindado y cuando llegué a la casa donde lo tenían (en Cali) vi que las cortinas se movían, dije ‘se voló’ y Gilberto respondió ‘no, aquí me tiene’. Fue muy impresionante, estábamos muy consternados, no pensamos que se lograra la captura”, narró en general (r) Serrano en Mañanas BLU.El general (r) le dio el reconocimiento a dos mujeres policías que, según contó, le hicieron el seguimiento al contador de Gilberto, quien era uno de sus hombres de mayor confianza: “Lo identificaron por el olor del perfume que usaba”.Sobre ese grupo detalló que, a diferencia del accionar de Pablo Escobar, “los Rodríguez no mataban, pero sí corrompían”. Asimismo, recalcó que su bloque de búsqueda estaba conformado por personas “inteligentes” que no se dejan ver.Además, señaló que esa captura “salvó la institucionalidad” porque en ese momento el Gobierno no pasaba por un buen momento y “EEUU presionaba mucho”. Calificó dicho golpe como un "jaque". Orejuela estaba pagando una pena en una prisión de Carolina del Norte desde finales de 2004, cuando fue extraditado después de que fuera capturado en Colombia en 1995. Estaba oculto en una casa de Cali y era, en esa época, uno de los hombres más buscados en Colombia y en el mundo por el poder que había creado en su entorno.
Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue denunciado el expresidente Andrés Pastrana porque pudo cometer “conductas indignas”. Esto, luego de conocerse la carta de los hermanos Rodríguez Orejuela y, además, piden que se investigue si las afirmaciones hechas por los capos del narcotráfico son ciertas.Esta denuncia la hizo el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino, quien argumentó que el exmandatario pudo incurrir en conductas indignas “al presionar a estos capos del narcotráfico para construir versiones que le permitieran usar como instrumento de chantaje, para cubrir posibles actos de corrupción”.Por otra parte, el congresista pidió que se investigue si hubo presiones por parte de Pastrana para conseguir una serie de acuerdos por encima de la ley.“Es indigno, si es cierto lo que han dicho los hermanos Rodríguez, que utilizara la extradición, uno de los más poderosos instrumentos en la lucha contra el narcotráfico, con esos perversos propósitos”, puntualizó.El senador Antonio Sanguino le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara que inicie formalmente las investigaciones correspondientes contra el expresidente Pastrana.“En las conductas narradas se evidencia la posible existencia de acuerdos que desconocieron el marco jurídico colombiano y constituyeron posibles violaciones al régimen penal y disciplinario imperante en nuestro ordenamiento jurídico, evidenciándose, presuntamente, la existencia de indignidad por mala conducta en el ejercicio del cargo de presidente de la República, por el modo irregular y abusivo como ejerció sus funciones durante su periodo comprendido entre 1998 al 2002”, menciona la denuncia.Le puede interesar: escuche y siga Noticias del día en Colombia, en Spotify
El expresidente Andrés Pastrana, a través de un comunicado, les respondió a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del antiguo Cartel de Cali, quienes anoche en una misiva aseguraron que financiaron la campaña de Pastrana, que el exmandatario mintió ante la Comisión de la Verdad.En el comunicado, Pastrana asegura que “la comunicación no desmiente en ninguno de sus apartes, la carta firmada por los Rodríguez Orejuela sobre la financiación del Cartel de Cali y otros narcotraficantes a la Campaña de Ernesto Samper en 1994”, añade que “por el contrario, ratifica una vez más, que el narcotráfico compró la presidencia en ese entonces”.También los hermanos Rodríguez Orejuela aseguran que la carta revelada por Pastrana en la Comisión de le Verdad que comprometería a Samper con el proceso 8.000 fue para chantajearlos con no extraditarlos y poder hacer que Samper y Serpa desistieran de hacer declaraciones públicas sobre los escándalos en los contratos Dragacol y Chambacú.Sobre los contratos afirmó Pastrana que “se originaron en el gobierno Samper y fueron ampliamente investigados y juzgados por la justicia colombiana, sin que yo haya estado vinculado”.Hace referencia el expresidente Pastrana sobre las acusaciones de financiación con plata del narcotráfico a su campaña presidencial de 1994, “asegura fue manejada de la manera más pulcra por Luis Alberto Moreno, Hernán Beltz y Claudia de Francisco, sobre quienes no cabe una sola duda sobre su honestidad y quienes jamás han estado investigados por vínculos con el narcotráfico”“Toda mi vida he luchado contra el narcotráfico; fui secuestrado por Pablo Escobar; En 1994 tuve el valor de denunciar la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Samper revelando los llamados 'narcocassetes', prueba reina del proceso 8000”, por lo tanto, aseguró que “por eso fui perseguido por ese gobierno y muchos compatriotas me tildaron de apátrida, por haber hablado con la verdad”, aseguró el expresidente conservador. Concluye el comunicado señalando que “como dice el refrán popular, la verdad duele y quienes la hemos mantenido siempre como una línea de actuación enfrentamos con valentía los ataques de quienes se niegan a reconocerla.
Como era de esperarse, luego de las duras declaraciones realizadas por los hermanos Rodríguez Orejuela en una carta enviada al ex presidente Andrés Pastrana, el también ex mandatario de Colombia, Ernesto Samper solicitó explicaciones a su sucesor en la presidencia, denominando como un “entrampamiento criminal”, contra el líder político Horacio Serpa y contra él.“Estoy sorprendido por las explosivas declaraciones de los hermanos Rodríguez Orejuela sobre el comportamiento indigno del expresidente Andrés Pastrana al montar, como presidente de la República, un entrampamiento criminal contra Horacio Serpa y contra mí por denunciar los graves casos de corrupción de la época de Dragacol y Chambacú”, señala el expresidente Samper en su respuesta.Samper también solicitó explicaciones sobre “sobre la financiación, por parte del cartel de Cali, de sus campañas a la presidencia y la negociación de su extradición”, continúa el comunicado de Samper.Por otro lado, Ernesto Samper le solicitó a Andrés Pastrana que aclare la verdad de las acusaciones ante las autoridades judiciales, a las que a su vez, Samper les pidió asumir la investigación de los hechos contenidos en la carta de los hermanos Rodríguez Orejuela."El expresidente Pastrana tiene que explicarle al país su conducta en estas circunstancias y las autoridades judiciales, incluidas la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, deben asumir la investigación de los graves hechos denunciados. El país tiene derecho a saber la verdad que intento ocultar el expresidente Pastrana en su insólita presentación en la Comisión de la Verdad", señaló Samper en su respuesta.Este es el documento que el ex mandatario Ernesto Samper publicó en su cuenta de Twitter.Los entonces jefes del antiguo Cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, le piden al expresidente conservador no posar de “víctima” en clara referencia a la reciente participación de Andrés Pastrana ante la Comisión de la Verdad.“Señor expresidente, se le olvidó contarle a la Comisión de la Verdad su participación criminal en los tan sonados contratos de Dragacol y Chambacú donde usted fue el jefe de esa conspiración delincuencial para defraudar al Estado en varios millones de dólares”, indicaron los hermanos.“Hacemos este señalamiento porque de este se desprende la carta producto de su chantaje, origen de este escándalo que usted presentó en la Comisión de la Verdad”, agregan Miguel y Gilberto Rodríguez.A su vez, relevaron que a través del médico Santiago Rojas hubo presión para que desde la cárcel Picota de Bogotá firmaran la carta incriminatoria contra Ernesto Samper y Horacio Serpa a cambio de no ser extraditados hacia Estados Unidos.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
En una muy dura carta, los entonces jefes del antiguo Cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, le piden al expresidente conservador no posar de “víctima” en clara referencia a la reciente participación de Andrés Pastrana ante la Comisión de la Verdad.“Señor expresidente, se le olvidó contarle a la Comisión de la Verdad su participación criminal en los tan sonados contratos de Dragacol y Chambacú donde usted fue el jefe de esa conspiración delincuencial para defraudar al Estado en varios millones de dólares”, indicaron los hermanos.“Hacemos este señalamiento porque de este se desprende la carta producto de su chantaje, origen de este escándalo que usted presentó en la Comisión de la Verdad”, agregan Miguel y Gilberto Rodríguez.A su vez, relevaron que a través del médico Santiago Rojas hubo presión para que desde la cárcel Picota de Bogotá firmaran la carta incriminatoria contra Ernesto Samper y Horacio Serpa a cambio de no ser extraditados hacia Estados Unidos.Según la carta, el entonces presidente Pastrana señalaba a los jefes del Cartel de Cali de “conspirar” en su contra “para desacreditarlo ante la opinión pública por la corrupción que hubo en los contratos de Dragacol y Chambacú.En represalia por haber sido él, el que denunció el proceso 8000, y eso él (Pastrana) no se lo perdona a ustedes, que no duden por un segundo, que él antes de irse de la Presidencia los pondrá en Estados Unidos”, es lo que les habría dicho Rojas a los Rodríguez Orejuela en una celda de la cárcel Picota.De acuerdo con los Rodríguez Orejuela, el expresidente Pastrana les propuso, a través de su emisario, Santiago Rojas, escribir la famosa carta como solución para no ser extraditados.“El presidente dice que la única solución que él ve posible es que ustedes escriban una carta contando cómo fue el apoyo de ustedes a la campaña de Samper involucrando también a Serpa” y que “la carta es para llamar a Samper y Serpa y mostrársela para que ellos desistan de hacer declaraciones públicas sobre Dragacol y Chambacú y ahí termina todo, no saldrá a la luz pública”.Por último, los Rodríguez Orejuela afirman que financiaron la campaña conservadora de Pastrana, así como lo hicieron con la campaña liberal de Samper.“Como usted y las personas que nos conocen saben, somos liberales de hueso colorado, pero antes que todo somos demócratas. Por esta última razón ayudamos en los últimos 50 años del siglo pasado tanto a Liberales como a Conservadores. Su campaña no podría ser una excepción y de eso un testigo de excepción podría ser el doctor Álvaro Pava hijo", dice el documento. "La única manera en que usted podría decir que no lo sabe es que también haya sido a sus espaldas como en el caso hipotético del doctor Ernesto Samper. Doctor Pastrana, si usted cree que esto último es falso, y se siente agredido lo invitamos a que nos denuncie ante la autoridad que usted, en su conocimiento, crea que es la competente”, anotaron los dos hermanos.Vea el documento completo aquí:
Los antiguos Laboratorios Kresfor, que en su momento pertenecieron a los hermanos Rodríguez Orejuela y que actualmente están en manos del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) afrontan un grave problema.La compañía, que siempre fue rentable, producía medicamentos que se vendían en la cadena Drogas La Rebaja, también de los señalados narcotraficantes del cartel de Cali. Paralelamente existían otras compañías titulares de los registros y marcas de los medicamentos. Sin embargo, hacia 1995 la sociedad fue incluida en la lista Clinton y tiempo después surge esa idea, que vino de los hermanos Rodríguez, para que la compañía pasará a manos de los trabajadores a través de un esquema de cooperativas, que entre otras derivó en una serie de investigaciones e imputaciones después de que se conociera que a los laboratorios, y después a las cooperativas, habría entrado dinero de los Rodríguez. Esa primera cooperativa se llamaba Farmacoop.Después de que se decantara el tema vinieron cambios en el manejo. Ya hacía 2004, la Fiscalía había entregado el laboratorio en custodia a la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y esta a su vez a un depositario.Pero atrás existía un problema porque había empleados de por medio, más de 500, y una operación que rescatar. Por eso los empleados decidieron tomar la operación y nació una figura para entregarles en arrendamiento dicha operación por 10 años. Y lo hicieron a través de una firma que llamaron Laboratorios Coaspharma. Pero esa vez, ese acompañamiento fue hecho por la Supersolidaria, la antigua DNE, el Ministerio de Trabajo y la embajada de Estados Unidos. Inclusive la empresa fue retirada de la lista Clinton.El problema, que es una “bomba” de tiempo, consiste en que a Coaspharma la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le otorgó el contrato de arrendamiento por 10 años con una serie de compromisos: pagar un canon de arrendamiento, que anda por los 3.000 millones de pesos al año, un plan de inversiones de 32.000 millones de pesos, duplicar los 40.000 millones de valoración de la compañía y mantener las marcas y registros.Coaspharma cumplió: pagó 33.000 millones de pesos en pago de arriendos de los activos productivos; 27.000 millones de pesos en impuestos que antes del contrato no se pagaban porque pasó de cooperativa a S.A.S; 40.000 millones de pesos en inversiones que quedan en las empresas arrendadas y 10.000 millones en arriendos a inmuebles de la SAE adicionales al contrato de los activos.Adicionalmente, la valoración de la compañía sobrepasó el doble y llegó a los 116.000 millones calculados por una banca de inversión que la SAE contrató y sobre la que gastó recursos importantes para que concluyera que tan acertada había sido la administración de Coaspharma.Asimismo, el número de registros y marcas paso de 300 a 500, mientras que los empleados aumentaron de 670 a 850. Actualmente, la facturación está por el orden de los 150.000 millones, pero ya pasaron los 10 años del contrato y en 2018 se sentaron la SAE, el depositario, los arrendatarios y pactar nuevas condiciones.Coaspharma aceptó esas nuevas condiciones y a último momento la SAE y el depositario, Humberto Martínez, decidieron no renovarlo. El contrato venció en mayo de 2019, ya va para el año, y no ha habido renovación, pero tampoco otra medida. Para Coaspharma el contrato siguió, para el depositario, no; y de no llegar a un acuerdo en 15 días el tema va a ir a un tribunal de arbitramento.Quien estaba sacando ese tema adelante era la vicepresidenta de sociedades de la SAE, Jenny Sandoval, quien se fue de la entidad. Camila Gutiérrez es la nueva encargada, pero no ha dado resultados en el tema de Coaspharma.Vea aquí: Hubo presiones a cambio de no procesar a mis familiares, dice Rodriguez OrejuelaEl asunto es más de fondo, la SAE, al mando de María Victoria Torres, parece no tomar decisiones y no avanza en todos esos activos que tiene y el de Coaspharma puede ser ejemplo de ello.Coaspharma está valorada en 116 mil millones de pesos y sin decisiones de fondo el laboratorio puede perder su valor rápidamente. El resultado podría ser daño patrimonial al Estado.
En libertad quedará en la mañana de este lunes, el hijo mayor de Gilberto Rodríguez Orejuela, Jaime Rodríguez Mondragón. Por considerar que ya cumplió la mayor parte de la posible condena en su contra un juez ordenó su salida de la cárcel. Aunque en contra de Jaime Rodríguez Mondragón, aún cursa un proceso penal por receptación de bienes producto de actividades ilícitas, un juez de Bogotá le otorgó el beneficio de libertad condicional. Rodríguez Mondragón está en prisión desde hace 7 años por la adquisición de acciones de Drogas La Rebaja y otras sociedades en las que según la fiscalía su padre Gilberto y su tío Miguel Rodríguez Orejuela invirtieron dineros del narcotráfico. El abogado defensor Jaime Gil explicó la decisión que favorece a Rodríguez Mondragón y que le permite salir de la cárcel de Palmira.
Las fuertes y más recientes lluvias han dejado graves emergencias en el Cesar, donde más de un kilómetro de la vía que comunica a los municipios de La Gloria y La Mata se encuentra totalmente inundado producto del desbordamiento del río San Alberto.En videos aficionados compartidos a través de redes sociales, quedó registrado el momento en el que la fuerza del agua rompió una especie de muralla que, tiempo atrás, había sido instalada para evitar emergencias por desbordamientos.“Nos encontramos en el río San Alberto y Caño Oscuro, mire como rompió la muralla, toda esa agua se nos metió”, se escucha en el video.Por otra parte, un fuerte aguacero que se extendió por más de cuatro horas generó graves inundaciones en diferentes zonas de Valledupar, entre las que se encuentran la Terminal de Transportes, la carrera cuarta con el barrio Los Mayales y el sector conocido como Cola de Caballo.Y es que, dada la crisis invernal que se registra desde hace varias semanas en en este departamento, las autoridades mantienen las alertas encendidas por riesgo de avalanchas en por lo menos 11 municipios, seis de ellos bajo alerta roja. Petrona Romero, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cesar, confirmó que en el departamento sigue activa la Sala de Crisis (PMU) y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo por emergencias.“Desde el pasado viernes se activó la Sala de Crisis, que es como un PMU, contando con la participación de las autoridades locales, departamentales y militares. Desde ese día mantenemos también los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo activos bajo coordinación permanente por las emergencias”, manifestó Romero.Además, en el río Cesar tuvo que ser declarada la alerta roja ante el riesgo por posibles desbordamientos, lo que también mantiene bajo especial atención al río Guatapurí que, a su vez, ha generado alertas en los asentamientos Nueve de Marzo, San Juan, Pescaito, Zapato en Mano, entre otros.
Un juzgado especializado condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, tras comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora, sur de Bogotá, durante el estallido social, la noche del 4 de mayo de 2021. En el lugar se encontraban refugiados 15 policías y los agresores emplearon piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el ataque.La sentencia se basó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio. Los videos de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y los testimonios de las víctimas señalaron a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los responsables del ataque. Además, se encontró que los artefactos explosivos incautados en la vivienda de Murcia Rodríguez coincidían con las sustancias empleadas contra las instalaciones policiales.El juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa y las calificó de inconsistentes y, contradictorias. En su fallo, afirmó que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con dolo y que las conductas punibles fueron ejecutadas con premeditación y violencia.El Ministerio Público también respaldó la condena. El procurador enfatizó que no se trató de una protesta social, como argumentaba la defensa, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor. “Se comprobó la materialidad de las conductas y la responsabilidad penal de los procesados”, afirmó, añadiendo que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales.
La Superintendencia Nacional de Salud encabezada por Giovanni Rubiano, ha decidido adelantar la toma de posesión de la EPS Coosalud en Cartagena tras ordenar su intervención forzosa para la administración. Esta medida se fundamenta en una serie de hallazgos que según la entidad evidencian serias falencias, esta EPS tiene a más de 3.3 millones de afiliados.La intervención llega en el momento en el que Coosalud se encuentra dentro de las cuatro EPS que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, a raíz de las denuncias presentadas por Luis Carlos Leal, el anterior superintendente por presunta corrupción.En un contexto de grandes reformas al sistema de salud, el presidente Gustavo Petro había declarado con firmeza durante la posesión de Giovanni Rubiano como nuevo superintendente, que la vigilancia de las EPS es una de las tareas cruciales en el marco de la reforma al sector. "Antes de la aprobación del proyecto de reforma a la salud, la Superintendencia debe vigilar las EPS" había dicho el mandatarioY es que recordemos que durante esta posesión el mandatario solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo nuevas denuncias sobre corrupción en EPS. Al respecto, se refirió a la EPS Coosalud "Esta EPS no responde a las intervenidas, hoy por hoy es privada, aunque en mi opinión debería ser intervenida", señaló PetroLa intervención de Coosalud es la octava de este tipo y es la primera intervención ordenada por Rubiano desde su nombramiento. Durante la intervención el superintendente posiciono como agente interventor a Mauricio Camaro Fuentes. Coosalud es una de las EPS más grandes del país, ocupando la quinta posición en número de afiliados, con un total de 3.369.583 personas cubiertas bajo su servicio.
Un accidente de tránsito dejó tres personas lesionadas, dos de ellas de consideración grave, en un choque múltiple que involucró tres motocicletas y un bus. El incidente ocurrió en el kilómetro 14+180 de la vía Medellín-Bogotá, en el sector conocido como Peñolsito.De acuerdo con las primeras versiones y un video difundido en redes sociales, el accidente se presentó en condiciones de baja visibilidad debido a la niebla. En el siguiente video se observa cómo un bus se detiene en la vía, momento en el que uno de los motociclistas no logra frenar a tiempo y choca contra la parte trasera del vehículo. Tras el impacto, el motociclista cae sobre la calzada, provocando que las otras dos motocicletas que venían detrás también se estrellaran y terminaran en el suelo.Las autoridades de tránsito acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia y coordinar el traslado de los heridos a centros asistenciales cercanos. Se informó que dos de los lesionados presentan heridas de consideración y están bajo observación médica, mientras que el tercero sufrió lesiones menores.El tráfico en el sector se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las labores de atención y limpieza de la vía. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar las precauciones, especialmente en condiciones de baja visibilidad, y recordaron la importancia de mantener distancias seguras y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de accidentes.
La Sección de Apelación de la JEP decidió declarar improcedente la solicitud de nulidad que presentó el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, quien fue imputado por su responsabilidad en casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia mientras él comandó la Brigada Cuarta.“La Subsala consideró que tenía bases suficientes para señalar, entre otros, al compareciente MONTOYA URIBE como máximo responsable en calidad de autor por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, en su calidad de comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, dada su posición de garante por competencia institucional y en atención al ejercicio de tal calidad en la configuración de los patrones macrocriminales analizados por la SRVR en el ADHC”, explicó la JEP.Montoya pidió anular dicha imputación y en una primera medida esa solicitud fue negada, por lo que su abogado volvió a apelar.“Mediante escritos del 17 y 24 de mayo de 2024, el representante judicial del compareciente interpuso de forma oportuna el recurso de apelación contra el auto 024 del 6 de mayo de 202445. Fundamentó su inconformidad en cuatro ejes temáticos: (i) Sobre la imputación como autor por instigación a título de dolo, cuestionó la decisión de la SRVR pues en su criterio los títulos de “autor” e “Instigador” usados por la Sala de justicia implican una mixtura de figuras legales, en tanto el primer vocablo alude al dominio del hecho y el segundo no. Situación que resulta confusa, incoherente e incomprensible para el compareciente y deviene en un vicio del consentimiento de cara a una posible aceptación46. (ii) La falta de enunciación de los hechos” explica la JEP.La defensa aseguraba que algunos hechos imputados se encuentran fuera del rango temporal en el que Montoya ejerció la comandancia en dicha Brigada y que habría violaciones a los derechos en el proceso.“ninguno de los disensos que elevó el representante judicial del señor MONTOYA URIBE configura una violación a sus garantías y derechos fundamentales, pues de lo conocido por la SA en el trámite, no es posible acreditar los principios, reglas y subreglas que regulan las nulidades ante la JEP. Por un lado, esta Sección referirá que lo alegado respecto al ADHC son aspectos sustanciales que no pueden ser objeto de nulidad pues hacen parte de la esfera valorativa de la SRVR, lo que deviene inevitablemente en una improcedencia de la solicitud de nulidad respecto a la controversia tanto en la imputación realizada por la Sala de Justicia como por la forma en que relacionó los hechos jurídicamente relevantes en el ADHC. Luego de analizar los argumentos de disenso, el a quo consideró que el procedimiento dialógico adelantado cumplió con las garantías procesales que le asisten al compareciente y que, contrario a lo sostenido por el recurrente, no hubo afectación de los derechos fundamentales al debido proceso. Como quedó reseñado, en la solicitud de nulidad se realizó una amplia serie de reproches, por lo que cabe aclarar que la SA sólo se ocupará de verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedibilidad de los cargos de nulidad, en los que se insiste en la vulneración de garantías procesales por la indebida valoración de ciertos elementos materiales probatorios y por otra parte, debido a la ausencia de traslado de algunas versiones voluntarias que lo incriminan”, resolvió la JEP.Ante esta situación la Sección de Apelación declaró desierta la solicitud de Montoya.“REVOCAR el numeral CUARTO del auto SUB-D SUBCASO ANTIOQUIA- 024 del 6 de mayo de 2024 y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por el representante judicial del compareciente señor Mario MONTOYA URIBE, frente a los cargos de formulación de imputación, determinación de los hechos y conductas y valoración probatoria, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.Segundo.- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el abogado del compareciente MONTOYA URIBE en relación con la vulneración del debido proceso por la ausencia de traslado probatorio deprecado, al no cumplirse por parte del apelante la carga argumentativa conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.Tercero.- En firme esta providencia, DEVOLVER las diligencias a la Subsala D de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, para lo de su competencia”, dice el auto.De esta manera el general en retiro Mario Montoya deberá enfrentar un juicio adversarial, de ser vencido podría pagar 20 años de prisión.
