A propósito de las declaraciones del comisionado de paz Otty Patiño sobre un cierre de la Justicia Especial para la Paz, por ser una justicia transicional y transitoria y de las advertencias de la JEP, hechas por su presidente Roberto Vidal, sobre falta de recursos, la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta sobre los riesgos de limitar los recursos para este sistema.Para el Ministerio Público reducir el alcance y presupuesto de la JEP, “Comprometería su capacidad para cumplir su objetivo de ofrecer justicia a las víctimas del conflicto armado, pero además limitaría sus funciones y afectaría gravemente la implementación de sanciones y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de derechos humanos”.Por eso, el órgano de control hizo un llamado a la autoridades recordando su responsabilidad como garantes de los recursos necesarios para la implementación de las sanciones propias de la JEP.“Esto incluye la adecuada asignación presupuestaria y la coordinación logística para llevar a cabo las medidas de reparación a las víctimas”, mencionó en un comunicado.Cabe mencionar que las tensiones entre JEP y Gobierno nacional comenzaron luego de una declaración del comisionado de paz, Otty Patiño, en la que sugirió el cierre de esta justicia argumentando que es transicional y transitoria.Para apagar el incendio generado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el Gobierno nacional no quiere tocar de ninguna manera a la JEP. Sin embargo, sí pidió más celeridad y eficacia en las sanciones a excombatientes y exmiembros de la fuerza pública.
El presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, denunció que el Gobierno nacional no estaría cumpliendo con sus funciones de entregar a esta jurisdicción el presupuesto necesario para que los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto puedan cumplir con las sanciones restaurativas.“La JEP también manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno nacional en sus obligaciones en materia de presupuesto con el componente restaurativo del acuerdo final de paz. La JEP llama la atención sobre el hecho de que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Este dinero estaba destinado a la implementación de las sanciones, a través de las cuales los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades”, señaló Vidal.Desde el Gobierno Nacional, la Unidad de Víctimas emitió un comunicado en el que explican que el Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz aprobó en diciembre de 2023 la creación de la Subcuenta Justicia Restaurativa JEP. Sin embargo, la jurisdicción habría pedido el cambio de la titularidad de la subcuenta. Finalmente, y después de un proceso en el que participó el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), se concluyó que la Unidad para las Víctimas sería la entidad idónea para ejecutar la subcuenta."En sesión del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz No. 54, la JEP solicitó la eliminación de la subcuenta, pues procedimentalmente no es posible el cambio de titularidad, sino la creación de una nueva. En la sesión No. 55, la Unidad para las Víctimas solicitó el retiro del punto de la creación de la subcuenta, con el fin de revisar técnica y jurídicamente los fundamentos que sustentaban su creación. De modo que, contrario a lo que se ha afirmado, dicha subcuenta aún no ha sido creada y la Unidad para las Víctimas no ha recibido tales recursos", señala la entidad.Además, según el comunicado de la Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Hacienda informó que los recursos de la Bolsa Paz del 2024 no se encuentran disponibles en su totalidad, y el desembolso fue aplazado por la coyuntura fiscal del país. En ese sentido, el Gobierno explica que aún no se ha tomado una decisión frente a la destinación de esos recursos, los cuales tampoco han sido desembolsados."Desde la Unidad para las Víctimas hacemos un llamado para que no se hagan afirmaciones sobre procesos que hasta este momento aún no se han consolidado; esto con el fin de no desinformar a la ciudadanía, al país y, sobre todo, a la población víctima. Invitamos a la JEP a un diálogo efectivo que permita la construcción de planes y programas de contenido restaurativo y reparador en aras de la construcción de una paz estable y duradera para Colombia", señala el Gobierno nacional.
Una nueva amenaza contra la Jurisdicción Especial de Paz - JEP, creada tras el acuerdo con las Farc, ha surgido luego de que el Comisionado Otty Patiño planteara la posibilidad de anticipar la culminación del periodo para el cual fue creada esa instancia de justicia transicional.Patiño dijo en entrevista con El Espectador que en su opinión, prolongar indefinidamente el funcionamiento de un sistema de justicia transicional como la JEP, afecta la administración de la justicia ordinaria y además lanzó críticas en contra de las decisiones de esa jurisdicción, por considerar que amplió su radio de acción y ahora está investigando a mandos medios, cuando según su opinión, solamente tendría que procesar a los máximos responsables de los crímenes más graves.A esta posición, al menos frente al tema de limitar las competencias de la JEP, se sumó el expresidente Juan Manuel Santos, quien desde Manizales pidió a la Corte Constitucional que ojalá prontamente falle una acción judicial que busca acotar de manera clara, las competencias de la Jurisdicción Especial de Paz, que también viene siendo atacada desde hace meses por parte de los antiguos cabecillas de las Farc, por la misma situación.El presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, Roberto Vidal, lamentó la posición del Gobierno en el sentido de plantear el recorte del periodo de la JEP y advirtió que si esa idea se cristaliza, podría abrir la puerta para que la Corte Penal Internacional entre a operar en Colombia, debido al alto riesgo de impunidad.Vidal también hizo una delicada denuncia: advirtió que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no le ha girado a la JEP, los recursos necesarios para la implementación de las sanciones propias que deben cumplir los excabecillas de las Farc y los generales y coroneles, todos ellos en proceso de ser condenados a una pena alternativa por crímenes de guerra y de lesa humanidad.Se necesita un acuerdo de Estado para garantizar que la JEP cumpla su tarea, a la JEP se le deben exigir resultados pronto y al Gobierno se le debe pedir claridad sobre qué tipo de tribunal de cierre está pensando para beneficiar al ELN y a las disidencias en caso de que avancen los procesos de paz con esos grupos delincuenciales.
El presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, manifestó su preocupación por las declaraciones del comisionado de Paz, Otty Patiño, quien se refirió a un posible cierre de dicha jurisdicción.Al mismo tiempo, Vidal pidió al Gobierno respeto por la autonomía de la JEP.“La JEP también manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno nacional en sus obligaciones en materia de presupuesto con el componente restaurativo del Acuerdo Final de Paz. La JEP llama la atención sobre el hecho de que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Este dinero estaba destinado a la implementación de las sanciones, a través de las cuales los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades”, señaló Vidal.En el mismo sentido, el presidente de la jurisdicción advirtió que el Estado debe cumplir con sus obligaciones de investigar y sancionar el conflicto armado; de lo contrario, la Corte Penal Internacional tendría que asumir estas competencias.Vidal dijo que las declaraciones de Patiño “nos hacen temer que el Estado colombiano pudiera incurrir en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, lo cual podría tener un efecto muy negativo y abrir mecanismos como el examen preliminar o, ojalá nunca suceda, que la CPI tuviera que asumir dichas obligaciones ante el incumplimiento del Estado colombiano”, advirtió.
Durante el Congreso Internacional de Justicia Transicional en Medellín, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Vidal, manifestó que ambas partes, tanto el Gobierno nacional como el ELN deben tener muestras o gestos de voluntad de paz, a propósito de la reciente suspensión de los diálogos con esta guerrilla.Vidal manifestó que en Colombia hay una “falsa contradicción”, pues considera que no es real que deba elegirse entre la “paz total y la guerra total”, sino que hay que hacerlo todo al tiempo: tener una fuerza pública que controle el territorio, unas negociaciones de paz y “conectar con un estado social de derecho que garantice los derechos de las personas”, porque así se salvan vidas."Nosotros tenemos, como país, que empeñarnos en la construcción de la paz ahora y en el futuro. Se presentan dificultades, esas dificultades deberán ser superadas porque cada vez que nosotros renunciamos a la posibilidad de la negociación, se pierden vidas, se pierden derechos y se pierden oportunidades", indicó Vidal.A su vez, desde el mismo evento en la capital antioqueña, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, manifestó que hay que tener mano dura y que acompaña la decisión del Gobierno nacional de suspender, por ahora, estos diálogos."Tiene que haber también algo de ejercicio de fuerza y de protección para la seguridad de nuestros ciudadanos. Siempre hemos dicho que esto tiene que ser un equilibrio que debe manejar el gobierno entre lo que es conversación, que siempre tiene que haberla, y un poco de fuerza. Se necesita mano dura, pero también se necesita conversaciones", manifestó Cabello.Finalmente, el presidente de la JEP manifestó que en Colombia se ha sido exitoso en el desarrollo de negociaciones de paz, pero como Estado y como sociedad se ha fracasado en la garantía de la no repetición, situación que tiene en estos momentos al país en una crisis de seguridad.
Al despacho del magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, llegó una carta firmada por Wilmer Andrey Pérez, en representación de la Asociación Casa Paz. En el documento, Pérez se refiere a algunas inconformidades que han tenido las víctimas de los falsos positivos en Casanare con el proceso ante la jurisdicción.Este grupo de víctimas asegura que ha llegado a la JEP esperando obtener verdad, justicia y reparación. De esta manera, asistieron a las versiones de los comparecientes, a las audiencias y a los talleres programados por la jurisdicción, pero han dicho que después de tantos esfuerzos se quedaron "con las manos vacías". También, cuestionaron fuertemente las audiencias públicas de reconocimiento, en las que un grupo de militares, entre los que se encuentra el general en retiro Henry William Torres Escalante, reconocieron su responsabilidad por falsos positivos en Casanare. Sin embargo, para las víctimas, estas diligencias no contribuyeron a la verdad plena."El recordar la barbarie, los engaños, mentiras, malos tratos de los militares, e incluso persecución, así como falta de acompañamiento integral y de seguridad, ha agudizado nuestro estrés, ha hecho recurrente el padecimiento de pesadillas, taquicardia, ansiedad por el miedo a nuevas violaciones de seguridad, pérdida del sueño. Asimismo, la falta de justicia y verdad nos ha generado episodios de depresión, agotamiento emocional y disminución de la realización personal, repercutiendo en nuestra salud física a través de fatiga aguda, cefaleas, dolores musculares y enfermedades crónicas como hipertensión arterial, enfermedades coronarias, asma y artritis reumatoide, por mencionar solo algunas. Si la JEP lo desea, podemos adjuntar los documentos clínicos que así soportan esta realidad", le dicen las víctimas a Vidal.Recientemente, la JEP también lanzó un proyecto restaurativo en Bogotá, pues aunque aún no se emiten las primeras sanciones contra exguerrilleros y militares, la jurisdicción, por medio de un proyecto de siembra de árboles, busca que los responsables puedan empezar a trabajar en trabajos y obras restaurativas. Esta situación también generó frustración en las víctimas, según narran en el documento, pues dicho proyecto no fue consultado o socializado con ellos."De usted, señor magistrado, solicitamos su atención. Acudimos al llamado de la JEP con mucha esperanza, con la claridad de que no era un tribunal punitivo y que la reparación, ese concepto tan abstracto, se manifestaría. Pero no. Ni siquiera hubo acompañamiento psicosocial para las víctimas después de una audiencia que nos dejó con más dudas que verdades y con más angustias físicas y mentales. Con una convicción casi firme de que las víctimas no somos la centralidad de este sistema de justicia transicional", señalan en la carta.Por último, reiteran que continúan comprometidos con el camino de la reconciliación, pero insisten en la necesidad de reconstruir el tejido social en el departamento de Casanare y en que los máximos responsables digan la verdad plena y cumplan sanciones que efectivamente se ajusten a los hechos cometidos.
El presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunieron el pasado jueves 23 de noviembre en La Haya, Países Bajos. En dicho encuentro reafirmaron la decisión de abrir una oficina de la Fiscalía de la CPI en Colombia, en desarrollo del acuerdo de complementariedad positiva firmado entre las dos entidades.El fiscal Khan ratificó la decisión de abrir dicha oficina en Colombia, pues esto permité desarrollar el plan de trabajo firmado entre las partes y profundizar la colaboración entre la JEP y la Fiscal de la CPI.Durante la reunión, sostenida en la sede de la CPI en La Haya, el presidente Vidal solicitó al fiscal Khan su ayuda para que la comunidad internacional siga apoyando “la protección y defensa de la autonomía de la JEP como un tribunal que, en un estado de derecho, su condición de ejercicio es la independencia”.Al finalizar la reunión, el presidente Vidal aseguró: “Hemos encontrado que a través del trabajo permanente y conjunto que venimos realizando (entre la CPI y la JEP) la relación se ha fortalecido, tiene una perspectiva muy importante de apoyo conjunto tanto a la autonomía, como al avance de nuestros casos y el trabajo en el futuro con otras experiencias de justicia transicional”.Vea también
Se presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el informe trimestral sobre los avances que ha tenido la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.Allí, Álvaro Leyva aseguró que la JEP se está "descarrilando", pues, según el canciller, se limitó el acceso a la verdad al no recibir paramilitares en esta jurisdicción."La institución modelo para el mundo entero, aquella diseñada para hacer justicia tras décadas de horrible conflicto interno, más concretamente la Jurisdicción Especial para la Paz, se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”, explicó Leyva.Este viernes, 20 de octubre, el presidente Gustavo Petro envió una carta al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, asegurando que el cumplimiento del acuerdo es una obligación del Estado colombiano y que el gobierno Petro tiene el deseo y la voluntad para implementarlo. Sin embargo, también se refirió a la JEP."La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá que tener en cuenta toda la Competencia Personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada. Deberá aplicar la JEP el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal", dijo el presidente Petro en la carta.Tras estos pronunciamientos el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, emitió un comunicado asegurando que esta jurisdicción ha tomado decisiones con independencia de todos los poderes públicos y que por eso respetar la paz es también respetar las decisiones de la JEP."El hecho de que la JEP haya sido creada en virtud del Acuerdo Final de Paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-Ep no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP", explicó Vidal.En el mismo sentido, explicó que los ciudadanos, las instituciones y los comparecientes ante la JEP, tienen el derecho de responder a cualquier decisión que tome esta jurisdicción y por esto ninguna persona debe hacer "tutorías" sobre las decisiones tomadas."Esas opciones siempre han estado abiertas. Esto es muy distinto a que una persona o institución ejerza tutoría sobre las decisiones y el funcionamiento de la Jurisdicción. Respetar el Acuerdo Final de Paz es también respetar la autonomía de la JEP", explicó Vidal.Vea también
El viernes pasado terminaron las audiencias de los antiguos miembros del Bloque Oriental de las extintas Farc en la JEP, ante las víctimas y sus representantes entregaron detalles sobre las tomas guerrilleras y algunos casos de secuestro.Sin embargo, en algunos testimonios los exguerrilleros aseguraban que, aunque se presentaron casos, los malos tratos no eran una política del grupo e, incluso, se hicieron comentarios que para las víctimas son revictimizantes.La Corporación Mil Víctimas, representante de militares y policías en el caso de secuestro, hizo un pronunciamiento frente a las versiones de los exguerrilleros y allí pidieron no minimizar la gravedad de los hechos que se registraron durante el secuestro.“Pese al avance en el proceso y los reconocimientos aportados, como organización, instamos a los comparecientes a proporcionar una verdad completa y sin matices. En particular, hacemos un llamado a no minimizar la gravedad de los hechos, ni a presentar campos de concentración de secuestrados como campamentos de disfrute con instalaciones como canchas de fútbol y salones de lectura. Estos hechos distorsionan la realidad y minimizan el sufrimiento de las víctimas y sus familias”, explican en un comunicado.En el mismo sentido, aseguran que seguirán buscando justicia para las víctimas y que se repare el daño causado con el secuestro, también reconocieron los testimonios de algunos comparecientes y sus aportes a la verdad.“Las audiencias abordaron cuestiones vitales, incluyendo las tomas guerrilleras y los ataques dirigidos a los militares en cautiverio. Estos testimonios han arrojado luz sobre las experiencias dolorosas y traumáticas que enfrentaron las víctimas durante su tiempo de privación de la libertad. A pesar de la trascendencia de estas confesiones y la admisión de crímenes de gran importancia, las víctimas continúan teniendo inquietudes sobre la manera en que los comparecientes contribuirán a la reparación de los daños causados”, finaliza el comunicado.Le puede interesar:
La JEP empezará a investigar posibles responsabilidades a nivel nacional en las ejecuciones extrajudiciales, pues hasta el momento, en el caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz la investigación de los falsos positivos se ha hecho priorizando algunas zonas del país, como Dabeiba, el Catatumbo, Meta, la costa Caribe y Huila, entre otros.En estas zonas del país, la JEP ha encontrado algunos patrones en las ejecuciones extrajudiciales; es decir que, por ejemplo, los casos de falsos positivos registrados en una zona del país contaron con los mismos incentivos de los comandantes en otra región del país y por eso ahora la justicia transicional quiere investigar hasta qué punto hubo información y responsabilidad en estos casos.Después de que los magistrados revelaran esta nueva fase de investigación un grupo de víctimas entregó algunas observaciones a la JEP, primero piden que se identifiquen las acciones y omisiones que estimularon, fomentaron y/o permitieron los falsos positivos. Explican además que, aunque se busca hallar responsabilidades en altos mando no se debe dejar de lado la investigación de los mandos medios.Por otro lado, piden una participación más activa de las víctimas, por ejemplo, en el diseño de la metodología de investigación, e incluso plantean la idea de que, en la medida que sea posible, las audiencias se puedan realizar públicamente para que se conozca la verdad de lo sucedido con las ejecuciones extrajudiciales."Aunque para estas Representaciones es de muy buen recibo la implementación de la fase de instrucción nacional, y se es consciente de sus fundamentos, se ha de tener en cuenta que las acciones de justicia restaurativa deben estar guiadas en pro del deber de materializar y garantizar en integridad los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, entre otros" dice el documento.En este documento también le hacen una solicitud a los magistrados que investigan el caso para que llame al expresidente Juan Manuel Santos, como testigo, y entregue la información que pueda tener sobre estos casos, teniendo en cuenta que fue ministro de Defensa, desde el 2006 hasta el 2009.Por último, los representantes de las víctimas también solicitaron que sean llamados el exministro de Defensa, durante los años 2005 y 2006, Camilo Ospina. Ospina expidió la directiva 29 de 2005, la cual contenía recompensas al interior de las Fuerzas Militares por el abatimiento o captura de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley.La solicitud también es para que el general en retiro Freddy Padilla de León, excomandante de las Fuerzas Militares, y al general en retiro Carlos Ospina, también excomandante de las Fuerzas Militares.Le puede interesar:
