Este martes 26 de septiembre el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, arremetió contra Jaime Andrés Beltrán, Horacio José Serpa y Fabián Oviedo, candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga, y los tildó de “políticos hipócritas”.Según el mandatario, los candidatos se han ensañado contra la familia Aguilar, pero han buscado el apoyo de Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, y Richard Aguilar, procesado por presunta corrupción.“Hay unos candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga que hay que invitarlos para que vayan al polígrafo a ver si no han buscado a mi padre y mi hermano para que los apoyen. Vienen a ser supuestamente sinceros y honestos cuando ahí sí quieren ocultar estos respaldos que ellos han buscado, no a mí, pero sí a los miembros de mi familia porque yo no puedo participar en estas contiendas, solo generar garantías”, dijo.“Se han venido ensañando con la familia Aguilar y por eso el llamado al doctor Jaime Andrés, al doctor Horacio José y al doctor Fabián Oviedo que se sometan al polígrafo si no es verdad lo que estoy diciendo, han buscado a mi padre y mi hermano para que reciban ese apoyo político. Hay que ser honestos, transparentes, pero la invitación es que dejen ese discurso populista que lo único que generan es más odio y rencor en la ciudadanía”, agregó.En el debate del pasado domingo, transmitido en vivo por Noticias Caracol, los candidatos mencionados por el gobernador negaron que han buscado apoyo de la familia Aguilar.“Estos señores que están a mi lado sí han negado los apoyos de clanes, de personas non santas en cada una de sus campañas. Yo fui al polígrafo, el pastor Beltrán tiene el apoyo de Aguilar, el señor Fabián tiene el apoyo de Cárdenas. Yo no tengo nada que esconder”, dijo Horacio José Serpa, candidato por el Partido Liberal.Por su parte, el candidato Jaime Andrés Beltrán, avalado por el partido Colombia Justa y Libres, también negó que ha buscado el apoyo de Hugo Aguilar y Richard Aguilar.“Llevo 12 años batallando la independencia, nunca recibí apoyo por parte de ellos (familia Aguilar) cuando era concejal y hace cuatro años, cuando me lancé a la Alcaldía, los derroté. Aquí voy solo y ahora que voy liderando las encuestas todos me atacan diciendo que ellos están acá”, dijo el candidato Jaime Andrés Beltrán.El candidato Fabián Oviedo también negó el apoyo que, según el gobernador, buscó en la familia Aguilar.“Mi independencia no es negociable, yo no negocio mi independencia con nadie (…) No soy megacontratista, no tengo nadie que me esté dando dineros en mi campaña”, señaló el candidato.Desde el minuto 41, en el siguiente video, puede encontrar las respuestas de los candidatos:
Por un año fue prolongado por la Fiscalía General de la Nación el acuerdo judicial con los esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo, por ser los principales testigos contra el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, investigado por presuntos hechos de corrupción.EL fiscal general Francisco Barbosa, firmó la resolución 0384 de 2023, con la cual prolongó por un año más el principio de oportunidad pactado con la exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander, Claudia Toledo y su esposo, Lenin Pardo, como testigos claves en el proceso penal que se adelanta en contra del exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, por presuntos hechos de corrupción en varios contratos millonarios.Por esta decisión de la Fiscalía de prolongar el acuerdo, el juicio penal por hechos de corrupción, celebración indebida de contratos, falsedad en documentos públicos y concierto para delinquir, contra los esposos Toledo y Pardo, queda suspendido y supeditado a la eficacia del material probatorio y testimonial que aporten en contra del exsenador Richard Aguilar Villa.Tanto Toledo como Pardo habían sido condenados a 50 y 38 meses de prisión, penas que fueron cumplidas en su propio domicilio, por lo cual, al terminar la condena, quedaron en libertad, confirmó su abogado, Jaime Lombana.“Ya ellos tienen su pena cumplida y ya se encuentran en libertad, fueron leales y transparentes con la administración de justicia. Con la verdad se demostró claramente que había un contubernio para ocultar unos hechos de corrupción que se habían dado en la contratación del departamento de Santander, y por eso hoy se les reconoce los beneficios y una pena cumplida”, aseguró Lombana.La pareja de esposos que, además de pagar la pena, tuvo que pagar una multa de aproximadamente 60 millones de pesos por su complicidad en los hechos de corrupción en la contratación de varias obras públicas.
La Fiscalía General de la Nación acusó a tres exfuncionarios y a un contratista de la Gobernación de Santander por presuntas irregularidades y hechos de corrupción en proyecto para el reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga.El caso está relacionado con el escándalo por el cual también es investigado, por la Corte Suprema de Justicia, el exgobernador de Santander Richard Aguilar.Según la investigación de la Fiscalía, el contratista Octavio Reyes tuvo que entregar $4.374 millones en dádivas a varios funcionarios de la Gobernación de Santander para que la adjudicaran el contrato por $22.000 millones.Los acusados son la supervisora del contrato Ana Lucia Wandurraga Ballesteros, el abogado Edgar Fabián Baéz Ariza y el asesor jurídico Sergio Andrés Pitta, quienes deberán responder por los delitos de celebración indebida de contratos, prevaricato por omisión y concusión.Al contratista Octavio Reyes la Fiscalía lo acusaron por el delito de peculado por apropiación tras comprobar que se quedó irregularmente con $1.889 millones del contrato adjudicado en 2015 en el gobierno de Richard Aguilar.“El contratista, al parecer, obtuvo información privilegiada que le permitió mejorar su oferta y ajustarla al pliego de condiciones. Le habrían reconocido anticipos y adiciones por actividades que nunca se realizaron y por subcontratar empresas que no participaron en el proyecto”, señaló Eduardo Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción de la Fiscalía.Según el ente acusador, el dinero que recibió la contratista luego de adulterar los documentos ascendió a 4.312 millones de pesos, los cuales habrían sido utilizados por los integrantes de la unión temporal para el presunto pago de dádivas a funcionarios que direccionaron la contratación.El pasado 23 de enero un juez de Bucaramanga condenó a Paula Marcela Moreno Martínez, por ser la responsable del delito de falsedad ideológica en documento privado. “La mujer, entre 2015 y 2016, fungió como representante legal suplente de la unión temporal favorecida con el contrato suscrito en 2015, por un valor total de 22.000 millones de pesos. En la investigación se constató que emitió 19 órdenes de pago en favor de subcontratistas para compra de materiales y otras actividades que nunca se ejecutaron, pero que sirvieron para sustentar el desembolso de un millonario anticipo”, explicó Edward Calderón, director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía.Es importante recordar que el exgobernador de Santander Richard Aguilar fue salpicado en este caso de corrupción y enviado a la cárcel el 28 de julio del 2021. Sin embargo, en la noche del viernes 11 de noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó liberar al exmandatario por vencimiento de términos.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En un comunicado, la Gobernación de Santander confirmó que Luz Yolima Herrera Martínez, jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior, asume desde este viernes como gobernadora ad hoc de Santander para “garantizar transparencia” en el caso que se adelanta contra el exgobernador Richard Aguilar, hermano del actual mandatario, Mauricio Aguilar.“En aras de garantizar transparencia y objetividad de las investigaciones contra el exgobernador del período 2012 – 2015 (Richard Aguilar), el actual mandatario Mauricio Aguilar Hurtado declaró en junio de 201 su impedimento en el proceso penal, teniendo en cuenta su grado de parentesco”, dice el comunicado.El 30 de noviembre de 2021 fue nombrado el entonces secretario general del Ministerio del Interior, Luis Fernando Pinzón Gallo, quien se posesionó en la Asamblea departamental.“Dando continuidad a este proceso, esta cartera, en remplazo, designó a la jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior”, agrega el comunicado.El gobernador Mauricio Aguilar continuará con sus funciones normales “y únicamente se abstendrá de realizar actuaciones en el proceso judicial del investigado, Richard Aguilar Villa”.Proceso contra Richard AguilarRichard Aguilar, quien quedó en libertad por vencimiento de términos, enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.Además, Aguilar Villa está señalado de actos de corrupción en los contratos de la construcción del estadio de Bucaramanga y el Plan de Alimentación Escolar (PAE). Asimismo, la Fiscalía indicó en su momento que organizó una "empresa criminal" para favorecer a conocidos, amigos y familiares con contratos millonarios mientras estaba en la Gobernación.
Según lo explicó la Fiscalía General de la Nación la primera condena por participar en el entramado de corrupción detectado en el proceso de contratación de las obras de remodelación de la Villa Olímpica de Bucaramanga, Santander, fue en contra de Paula Marcela Moreno Martínez, quien fue declarada responsable del delito de falsedad ideológica en documento privado. El caso que fue conocido mediáticamente por la fallida remodelación del estadio de fútbol Alfonso López.“La mujer, entre 2015 y 2016, fungió como representante legal suplente de la unión temporal favorecida con el contrato suscrito en 2015, por un valor total de 22.000 millones de pesos. En la investigación se constató que emitió 19 órdenes de pago en favor de subcontratistas para compra de materiales y otras actividades que nunca se ejecutaron, pero que sirvieron para sustentar el desembolso de un millonario anticipo”, explicó Edward Calderón, director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía.Según el ente acusador el dinero que recibió la contratista luego de adulterar los documentos ascendió a 4.312 millones de pesos, los cuales habrían sido utilizados por los integrantes de la unión temporal para el presunto pago de dádivas a funcionarios que direccionaron la contratación.“En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Bucaramanga condenó a Paula Marcela Moreno Martínez a 38 meses de prisión, pero con ocasión a su aceptación de cargos la pena es de 19 meses y le impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena. Adicionalmente, le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena”, agregó Calderón.Es importante recordar que el exgobernador de Santander Richard Aguilar fue salpicado en este caso de corrupción y enviado a la cárcel el 28 de julio del 2021. Sin embargo, en la noche del viernes 11 de noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó liberar al exmandatario por vencimiento de términos. Le puede interesar:
El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, terminó aprovechando políticamente la discrepancia entre partidos políticos que avalaron a Carlos Román, destituido como alcalde de Girón por doble militancia, y terminó dejando en el cargo a un hombre de su entera confianza en víspera de las elecciones de 2023.Javier Orlando Acevedo había sido nombrado alcalde designado de Girón el pasado 24 de octubre, pero ahora será el mandatario titular del municipio que en los últimos años ha estado salpicado en hechos de presunta corrupción y caos político.Mediante una resolución, Aguilar Hurtado extendió hasta el 31 de diciembre de 2023 la designación de su amigo Javier Acevedo como alcalde de Girón.Los partidos políticos que avalaron a Carlos Román pasaron los nombres de cinco personas para su reemplazo y no tres como dice la ley. En tal sentido, la administración departamental decide no aceptar la terna."Esto fue aprovechado por el gobernador para ratificar a Javier Acevedo", señaló el veedor ciudadano Mauricio Gómez."La terna se debe componer siempre de tres candidatos plenamente habilitados para ejercer el cargo al cual se postulan, ya que, si uno de ellos presenta alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento legal para ser nombrado en el cargo la terna se desintegra", señala la resolución firmada por el gobernador Mauricio Aguilar.Dice la resolución 27040 de la Gobernación de Santander que "una vez analizada la hoja de vida del ciudadano Javier Orlando Acevedo, este despacho concluye que cumple con las calidades y cualidades para ser designado como alcalde de Girón". Cabe recordar que Javier Acevedo sale "salpicado" en la investigación de la Corte de Suprema de Justicia contra el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, por presuntos hechos de corrupción.Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la Gobernación de Santander se "habrían falsificado" documentos cuando Javier Acevedo era el secretario de Planeación en 2020.Se trata del concepto favorable de Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, para la adición en dinero del contrato de obra No. 0766 de 2015 de reforzamiento del estadio de Bucaramanga. La solicitud de concepto favorable al Comité Consultivo del Departamento Nacional de Planeación y el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura de Santander.Estos documentos no fueron encontrados durante la diligencia de inspección realizada por miembros de la Unidad de Apoyo Investigativo del CTI adscritos a la Corte Suprema de Justicia el 14 de diciembre de 2020.Le puede interesar:
Según confirmó el Juzgado 4 penal del circuito de Bucaramanga, la exsecretaria de infraestructura de Santander Claudia Toledo y su esposo, Lenin Pardo, testigos claves contra el exgobernador de Santander Richard Aguilar en un proceso por posibles irregularidades en contratación pública, quedaron en libertad por pena cumplida.Tanto Toledo como Pardo habían sido condenados a 50 y 38 meses de prisión, penas que fueron cumplidas en su propio domicilio, por lo cual, al terminar la condena, quedaron en libertad, confirmó su abogado, Jaime Lombana.“Ya ellos tienen su pena cumplida y ya se encuentran en libertad, fueron leales y transparentes con la administración de justicia. Con la verdad se demostró claramente que había un contubernio para ocultar unos hechos de corrupción que se habían dado en la contratación del departamento de Santander, y por eso hoy se les reconoce los beneficios y una pena cumplida”, aseguró Lombana.La pareja de esposos que, además de pagar la pena, tuvo que pagar una multa de aproximadamente 60 millones de pesos por su complicidad en los hechos de corrupción en la contratación de varias obras públicas, se encontraba con detención domiciliaria y con permiso para poder trabajar en Bucaramanga de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.“Yo creo que es muy lamentable lo que ocurrió en el departamento de Santander, los que somos de esa tierra queremos que los recursos públicos sean invertidos de manera transparente y de manera objetiva para el bienestar de las familias de esa región del país”, agregó el abogado Lombana.El Juez 12 con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga fue el encargado de otorgar el principio de oportunidad presentado por la Fiscalía para que Toledo y Pardo continuaran colaborando con la justicia y entregando pruebas que a la postre terminaron con la captura del exgobernador de Santander Richard Aguilar.También es importante señalar que, hace poco, el exgobernador de Santander y exsenador Richard Aguilar quedó en libertad por vencimiento de términos en el proceso que se le sigue por presuntos hechos de corrupción en contratos de construcción del estadio de Bucaramanga y el Plan de Alimentación Escolar (PAE).Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Luego de conocerse que Richard Aguilar, exgobernador de Santander, quedará en libertad por vencimiento de términos, veedores como Ramiro Vásquez explicaron que la decisión los sorprendió, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos por los que está siendo acusado el exmandatario departamental.“Lamentablemente esa es la justicia colombiana, favorece a los corruptos y castiga a los ciudadanos de bien. Y lo digo así porque esto es un castigo, recursos que son de nosotros los santandereanos fueron dilapidados por este señor y ahora lo premian sacándolo de la cárcel”, aseguró Vásquez.El exgobernador Aguilar enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado.“Los abogados del exgobernador alargaron y alargaron y los jueces no tienen la verraquera para decir: 'no más dilaciones' y 'esto se va porque se va'. Pero vaya que uno se robe una pasta de caldo knorr y en media hora ya está pagando condena”, denunció Vásquez.Es importante señalar que el veedor fue el primero en denunciar al exgobernador por los presuntos actos de corrupción en la remodelación del estadio departamental Alfonso López, casa del Atlético Bucaramanga y la villa deportiva aledaña. Además, también lo denunció por las obras del tercer carril que no han sido entregadas formalmente y en las cuales hace falta construir un puesto de salud.La Fiscalía explicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que Aguilar y funcionarios de la Gobernación de Santander pactaron porcentajes para la adjudicación de contratos en el departamento.Según las investigaciones, las irregularidades se presentaron en seis contratos; el primero y más llamativo para el reforzamiento del estadio de fútbol, adecuación de piscinas y el Coliseo Vicente Díaz Romero, de los cuales se apropiarían de aproximadamente $9.886.000.000.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las posibles causas por las que se cayó el impuesto a las iglesias en la reforma tributaria:
En la noche de este viernes, 11 de noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó liberar al exgobernador de Santander Richard Aguilar, quien había sido capturado el 28 de julio del 2021, por vencimiento de términos.Vale recordar que Aguilar enfrentaba un proceso por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.Además, Richard Aguilar estuvo señalado de actos de corrupción en los contratos de la construcción del estadio de Bucaramanga y el Plan de Alimentación Escolar (PAE). Asimismo, la Fiscalía indicó en su momento que organizó una "empresa criminal" para favorecer a conocidos, amigos y familiares con contratos millonarios mientras estaba en la Gobernación.La boleta de libertad No. T-12 -2066 DMHH fue enviada al Centro de Reclusión Militar EJEPO, Batallón de Policía Militar N°. 13 General Tomás Cipriano Mosquera luego de la decisión que tomó la magistrada de la Sala Penal Alexandra Ossa.Le puede interesar:
En polémica terminó la decisión del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, tras designar como alcalde encargado del municipio de Girón, al ingeniero Javier Orlando Acevedo Beltrán, salpicado en la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción al exsenador Richard Aguilar, hermano del actual mandatario departamental. Mauricio Gómez, veedor ciudadano de Girón, cuestionó la decisión del gobernador Aguilar. "No entendemos como el gobernador nombró a Javier Acevedo, quien está salpicado y cuestionado por posible falsificación de documentos en la investigación contra Richard Aguilar. Me parece que es una designación desafortunada", aseguró el veedor. Cabe recordar que tres documentos que debían reposar en el proceso de aprobación y viabilización del contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga son, según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, los que habrían sido falsificados en la Gobernación de Santander, cuando Javier Acevedo, era el secretario de Planeación en 2020. Se trata del concepto favorable de Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, para la adición en dinero del contrato de obra No. 0766 de 2015 de reforzamiento del estadio de Bucaramanga; la solicitud de concepto favorable al Comité Consultivo del Departamento Nacional de Planeación; y el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura de Santander.Estos documentos no fueron encontrados durante la diligencia de inspección realizada por miembros de la Unidad de Apoyo Investigativo del CTI adscritos a la Corte Suprema de Justicia, el 14 de diciembre de 2020.Según la Corte Suprema de Justicia, posterior a la deligencia del CTI los documentos fueron remitidos vía correo electrónico el 15 de enero de 2021, por el secretario de Planeación de la época, Javier Orlando Acevedo Beltrán.“Aparecieron milagrosamente siendo remitidos en formato electrónico, lo que permitió a los investigadores develar, a través de la herramienta Microsoft Word 2016 denominada metadatos, que fueron creados exprofeso en 2020 y 2021”, confirma la Corte Suprema de Justicia.Y agrega, “a sencillo examen visual de características particulares, se aprecia que, a pesar de los esfuerzos para hacer idéntico la versión del documento de la actual administración departamental con aquella indubitada del Ministerio del Deporte, antes Coldeportes, no lo logran”.“Se trata de dos versiones del mismo documento contentivo del concepto favorable para la aprobación del adicional, uno proveniente del Ministerio del Deporte con fecha 2 de diciembre de 2014, y otro sin fecha, proveniente de la actual administración del gobernador Mauricio Aguilar”, sostiene la Corte.Respecto a los otros dos documentos enviados por el secretario de Planeación de la época, Javier Acevedo, la Corte señala que "el concepto favorable del Comité Consultivo y el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura, arrojaron según el examen de metadatos que la creación fue el día 15 de enero de 2021, la misma fecha de envío a la unidad investigativa".Para la Corte Suprema de Justicia los documentos son de “fraudulenta creación reciente”.Cabe recordar que la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por presuntamente manipular el material probatorio, falsedad en documentos y realizar acciones que estarían favoreciendo a su hermano Richard Aguilar Villa, quien está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, por presuntos hechos de corrupción.
Nuevos detalles se conocen del que sería el 'robo del siglo', cometido el pasado 1 de julio en Barranquilla, a una empresa de valores, de donde diez hombres armados habrían extraído cerca de $58.000 millones en efectivo, sin haber tenido que hacer un solo disparo. En la previa al inicio de la audiencia de imputación de cargos, programada para este viernes 22 de noviembre, Blu Radio conoció la identidad de uno de los capturados, quien, además, sería uno de los líderes de la banda que estuvo al frente de la ejecución de este hurto que deja, hasta el momento, a ocho personas capturadas. Nuevos detalles del 'robo del siglo' en BarranquillaSe trata de Royman Alvarado Pérez, quien ya había sido capturado por porte ilegal de armas de fuego en septiembre de 2021, luego de estar en un taxi junto a 'Álex la gorda', quien es un reconocido delincuente que ya suma siete anotaciones judiciales por hurto agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, entre otros. Alvarado Pérez, al parecer, empezó a realizar llamativos gastos en los últimos meses, con los que realizó costosas adquisiciones. Para el caso, se habría comprado un vehículo deportivo modelo 2025 de alta gama y, además, habría pagado por varias cirugías plásticas para su esposa. El hombre, quien era sospechoso para las autoridades, fue objeto de un allanamiento en días pasados en su residencia, donde fueron hallados más de $50 millones en efectivo. Esta información, junto a otros llamativos detalles, serán revelados durante la audiencia en la que además se revelará cómo fue planeado este hurto que habría contado con la participación de al menos una trabajadora de la compañía.
Antes incluso de convertirse en la primera mujer transgénero del Congreso de Estados Unidos, Sarah McBride, de 34 años, dijo que contaba con encontrarse con reacciones hostiles. No se equivocaba."Puede que intenten confundirme de género, puede que intenten decir el nombre equivocado, harán lo que prevemos que hagan", declaró el mes pasado al pódcast TransLash antes de su victoria electoral del 5 de noviembre."Lo harán para provocarme y mi trabajo consistirá en no darles la respuesta que quieren", explicó la demócrata de Delaware.Incluso antes de su llegada a la Cámara de Representantes el 3 de enero, McBride fue blanco esta semana de una resolución de una congresista republicana para prohibir el acceso de las mujeres transexuales a los aseos femeninos del Capitolio."Solo porque un congresista quiera llevar minifalda no significa que pueda entrar en un baño de mujeres", escribió en las redes sociales la incendiaria Nancy Mace, de Carolina del Sur.El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intentó ganar tiempo para debatir el tema y finalmente se mostró a favor de la prohibición, afirmando que los baños de un solo sexo estarían "reservados a individuos de ese sexo biológico".McBride, que lleva vestidos hasta la rodilla, no minifaldas, emitió un comunicado en el que afirma que respetará las normas "aunque no esté de acuerdo con ellas"."No estoy aquí para pelearme por los baños", dijo la política y activista, que hizo la transición con 21 años y se lo comunicó a sus padres el día de Navidad de 2011.- Guerra cultural -Donald Trump planteó el tema de la transexualidad en la recta final de su campaña presidencial para intentar cortejar a los votantes indecisos.Dos de los asuntos importantes sobre los que se libra una "guerra cultural" entre conservadores y progresistas son si se debe permitir a las mujeres transgénero ir a los baños de mujeres y competir en los deportes femeninos.Trump se ha burlado de las atletas transgénero y de la "ideología woke (despierto)", un término usado para referirse quienes defienden derechos de minorías frente al racismo o asuntos de género, entre otros.El magnate de 78 años prometió sacar "la locura transgénero" de los colegios y mantener "a los hombres fuera del deporte femenino".McBride ha sido durante mucho tiempo defensora de los derechos de las personas trans y ayudó a hacer campaña a favor de una ley que prohibiera la discriminación de género en su estado natal, Delaware, durante la cual la llamaron públicamente "bicho raro" y "encarnación del diablo"."Escuchar eso fue degradante y deshumanizante para mi hija", dijo su madre Sally a The Washington Post en 2018. "Todavía me cuesta asimilarlo".McBride no se inmutó. En 2020 fue elegida primera senadora estatal transgénero de Estados Unidos.- Pasantía en la Casa Blanca - Se ha referido abiertamente a sus luchas por la salud mental, su crianza como niño y su tragedia personal en una autobiografía publicada en 2018."Recuerdo que de niño rezaba por la noche en mi cama pidiendo despertarme al día siguiente y ser una niña", dijo en una charla TED en 2016.La primera vez que acaparó la atención de la opinión pública fue con una carta abierta cuando era líder estudiantil en la American University de Washington en la que anunciaba su transición.Posteriormente conoció al presidente Joe Biden y a su familia, también de Delaware, cuando se involucró en la política local.Tras hacer prácticas en la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, consiguió una invitación para hablar en la convención del Partido Demócrata de 2016.La Casa Blanca fue también donde conoció a su marido, Andrew Cray, transexual y activista LGTBQ+.Se casaron dos años después, poco antes de que Cray muriera de cáncer.Dice que su objetivo en el Congreso es ser eficaz en las prioridades cotidianas de los votantes, como la vivienda y la inflación.Pero sabe que se verá constantemente obligada a ser portavoz -y defensora- de la comunidad trans."No puedo hacer lo correcto para la comunidad trans si no soy el mejor miembro del Congreso que puedo ser para Delaware", dijo a TransLash."Es la única manera de que la gente vea que las personas trans pueden ser buenos médicos, buenos abogados, buenos educadores, buenos miembros del Congreso. No puedo estar ahí para sacar un comunicado de prensa y tuitear cada vez que alguien dice algo".
La inseguridad en Bogotá no da tregua y los delincuentes siguen haciendo de las suyas en las vías públicas de la ciudad. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que dos ladrones que se movilizaban en moto le robaron el bolso a una mujer que se encontraba en plena vía pública del barrio Alcalá, de la localidad de Puente Aranda.Luego del violento atraco, los dos delincuentes emprendieron la huida en el vehículo; sin embargo, no se percataron que estaban en la mira de un grupo de vecinos del sector, quienes no dudaron en intervenir en el hecho para evitar que los ladrones escaparan del sitio.Fue allí donde uno de los hombres que presenció el hecho lanzó una carreta a la vía justo en el momento en el que pasaban los ladrones en la moto, lo que provocó que ambos cayeran del vehículo, algo que fue aprovechado por el grupo de vecinos del sector para empezar a golpear a los criminales.Tras un intercambio de golpes, en las imágenes se logra ver que uno de los delincuentes intenta sacar lo que parecer ser un arma, sin éxito teniendo en cuenta que fue atacado en repetidas oportunidades, por lo que tuvo que huir del lugar. Luego de esto, al parecer, la comunidad del barrio Alcalá quemó la moto de color azul a los ladrones.
El Gobierno nacional anunció su intención de renegociar cláusulas específicas en algunos tratados internacionales que afectan las inversiones extranjeras en el país. Esta decisión, según lo explicado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, busca reafirmar la soberanía nacional y evitar que controversias entre empresas y el Estado sean dirimidas por tribunales internacionales de arbitraje, considerados por el Gobierno como desfavorables para los intereses nacionales.En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Reyes señaló que esta iniciativa no pretende desincentivar la inversión extranjera, sino establecer condiciones más equilibradas para todas las partes. “Lo que estamos haciendo es renegociar unos cuantos artículos en algunos tratados. Esto se puede lograr sin afectar las posibilidades de inversión en Colombia”, afirmó.El ministro destacó que muchos acuerdos bilaterales de inversión firmados por el país en el pasado otorgaron “prerrogativas muy importantes” a las empresas extranjeras, lo cual podría generar desventajas para Colombia. Retirar a Colombia del CIADIEl ministro Luis Carlos Reyes explicó que la decisión de retirar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está en evaluación, en línea con la directriz del presidente Petro de renegociar las cláusulas desfavorables en tratados internacionales.“Cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos no son retroactivos. […] Uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Si, eso es, y eso es lo que queremos hacer”, dijo.En cuanto a las alternativas para resolver disputas entre empresas extranjeras y el Estado colombiano, el ministro planteó que estas podrían dirimirse en tribunales nacionales, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos y la Unión Europea. “Entre EE.UU. y la Unión Europea, las disputas se resuelven en las cortes de cada país, respetando su soberanía. Aquí también podemos adoptar un modelo similar sin afectar la inversión extranjera”, aseguró.De acuerdo con Reyes, muchos países ya invierten en Colombia sin depender de mecanismos como el CIADI, lo que demuestra que es posible atraer capital bajo otras condiciones. “Queremos que las inversiones lleguen, pero en términos que respeten la justicia soberana y sean equitativos para todas las partes”, concluyó.Críticas a los tribunales de arbitraje internacionalesEl fallo reciente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra de Colombia por $380 millones a favor de la empresa española Telefónica fue uno de los detonantes de esta revisión. El presidente Petro calificó estos tribunales como “una justicia al servicio del socio”, en referencia a cómo algunas decisiones parecen favorecer sistemáticamente al capital extranjero.El ministro Reyes respaldó esta posición al subrayar que “la justicia debe estar en manos de los estados soberanos, no en las de tribunales privados. Una justicia que favorezca sistemáticamente al capital por encima de los intereses nacionales no puede ser considerada justa”.Sin embargo, el ministro también admitió que el problema no se limita al caso puntual de Telefónica ni al CIADI, sino a un análisis más amplio sobre la imparcialidad de estos mecanismos internacionales: “Es un balance general. No es por un fallo específico, sino porque creemos que estas instancias no siempre favorecen las condiciones óptimas para el país”.Impacto en la inversión extranjeraUno de los argumentos recurrentes contra la salida de Colombia de los tribunales de arbitraje internacionales es el posible desincentivo a la inversión extranjera. Ante esto, Reyes insistió en que no todos los países dependen de estos mecanismos para atraer capital. Citó como ejemplo la relación comercial con la Unión Europea, donde no existen cláusulas específicas de arbitraje en el tratado de libre comercio.“El hecho de que no contemos con estos tribunales no significa que la inversión extranjera desaparezca. Muchos países invierten en Colombia sin depender de ellos. Lo que queremos es establecer un modelo más justo y transparente”, argumentó.Además, el ministro adelantó que el gobierno ya está explorando opciones para sustituir estos mecanismos en caso de avanzar con la retirada. “Hay todo un rango de posibilidades. Las disputas podrían resolverse en los tribunales nacionales, como sucede en otras naciones”, señaló.¿Renegociar los TLC?Reyes reconoció que renegociar cláusulas en tratados internacionales no es un proceso sencillo y que requiere el consenso de las partes involucradas. Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de dialogar con socios comerciales clave, incluyendo a Estados Unidos.“Creo que incluso con gobiernos como el de Donald Trump se pueden encontrar puntos de coincidencia. Muchos tratados firmados en los años 90 no están en condiciones óptimas ni para nosotros ni para ellos. Podría ser una oportunidad para revisar estos acuerdos en beneficio mutuo”, indicó.El ministro concluyó reiterando el compromiso del gobierno con la justicia y la soberanía nacional. Según Reyes, esta revisión no se basa únicamente en un fallo adverso, sino en la necesidad de establecer relaciones más justas en un escenario global. “No es cierto que tengamos que aceptar cualquier condición para atraer inversión. Queremos inversión, pero bajo términos que sean justos para todos”, puntualizó.La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política económica y comercial de Colombia, donde la búsqueda de equilibrios entre inversión extranjera y soberanía nacional será el eje central.
Momentos de pánico vivieron habitantes del barrio Viento Libre, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, luego de que un voraz incendio arrasara con al menos 27 viviendas del sector.Ómar Fernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de esa población nariñense, dijo a Blu Radio que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la conflagración se habría originado luego de que una menor de edad encendiera una veladora.Fernández añadió que, al parecer, el descuido de la menor produjo que las llamas se propagaran por las viviendas, todas construidas en madera, lo que impidió que la comunidad y los bomberos lograran extinguirlas a tiempo.Según el reporte del funcionario, las 27 familias, entre las cuales hay niños y personas de la tercera edad, son desplazados de la violencia que habían llegado a esa población de la subregión del Sanquianga, en busca de una mejor calidad de vida.Durante la emergencia no se registraron personas heridas ni víctimas humanas que lamentar, aseguró Fernández, añadiendo que la oportuna reacción de la comunidad, que logró evacuar las viviendas, evitó una tragedia en la zona, aunque las familias quedaron en la calle con solo la muda de ropa que llevaban puesta."Estas familias necesitan ropa, alimentos, frazadas y utensilios de cocina porque quedaron sin nada", concluyó el comandante de bomberos de Iscuandé.Así fue el incendio en Iscuandé, Nariño
