“No tengo ninguna multa vigente ni inhabilidad”, respondió Alberto Merlano Alcocer, exgerente del Acueducto de Bogotá y tío de la primera dama Verónica Alcocer, sobre una vieja sanción del 2015 en su contra que asciende a los 249 millones de pesos. En diálogo con Mañanas Blu explicó de qué se trata este caso.Además, habló sobre si su nombre, como se ha dicho, hace parte de la baraja de candidatos a la presidencia de Ecopetrol de llegar a confirmarse la salida de Ricardo Roa como la cabeza de la compañía.Merlano presentó una nueva solicitud de nulidad respaldándose en supuestos agravios injustificados. Esto tiene que ver con presuntas ilegalidades al violar el régimen de libre competencia en el sector de la recolección de basuras en ese entonces.“Mi primera solicitud se hace a la Superintendencia en el mes de septiembre y mi argumento principal es el principio de igualdad. Yo pido: suspéndanme la multa y el embargo y suministro toda la documentación requerida en los casos mencionados’”, indicó.Sobre si el apuro por anular dicha sanción tiene que relación con su posible nombramiento en Ecopetrol, aseveró que no ha sido nominado y nadie le ha ofrecido la presidencia. Incluso, mencionó que la renuncia de Roa es “especulación” y a él no le han pedido la renuncia.“Todas esas son especulaciones periodísticas. O sea, está bien, podría llegar a ser, pero eso no es, es simplemente una especulación. Ni yo estoy siendo nominado para ser candidato a presidente de Ecopetrol, ni nadie me ha ofrecido a mí la presidencia. Ricardo Roa no está enterado de que lo vayan a mandar para ningún Ministerio de Minas y Energía”, recalcó.Sin embargo, Merlano aseguró que la sanción actual no lo inhabilita para ocupar un cargo dentro Ecopetrol, argumentando que su caso no ha sido cerrado adecuadamente y que es parte de una estrategia política más amplia.También respondió sobre si llegaría a ocupar un asiento en la junta directiva de esta compañía petrolera, insistiendo en que, en un momento, sí se planteó esa posibilidad, pero luego se descartó y, hasta ahora, dijo que no lo ha hablado con el presidente Gustavo Petro. "No hemos hablado de eso. Ese es un tema que yo le dejo al presidente. O sea, en un momento dado fui candidato para ser miembro de la junta directiva de Ecopetrol y después se retiró mi nombre y se se planchó otra plancha. El tema de la multa es una multa suspendida y en gracia de discusión, si se fallara y la multa quedara en pie, se paga la multa o se llega a un acuerdo de pago y se sigue. O sea, no crea una inhabilidad", detalló.
Una nueva movida estaría haciendo el Gobierno de cara a lo que sería el próximo nombramiento en cabeza de Ecopetrol.De acuerdo con el diario El Espectador, una antigua sanción contra Alberto Merlano Alcocer, tío de la primera dama, Verónica Alcocer tiene a toda marcha trabajando a funcionarios del Gobierno y las SIC, para poderla resolver y pueda, en dado caso estar disponible para un eventual nombramiento como presidente de la petrolera.“Se trata de una medida que tiene su origen en una solicitud de nulidad de sanción iniciada por el propio Merlano, durante los últimos días de noviembre pasado, y que fue incluida para discusión el 4 de diciembre por el Comité de Conciliación de la SIC. Al tratarse de un asunto delicado, dos miembros de ese Comité pidieron suspender la sesión para poder estudiar mejor la petición de Merlano”, señala la información del mencionado diario.Merlano argumentó que la sanción iba en contra de la Constitución por lo cual pedía revocarla. Sin embargo, para que ello se pueda dar, es importante que el caso sea estudiado en un Comité de Conciliación y así pedir tumbar la sanción. De acuerdo con El Espectador: “La movida era la siguiente: sin sanción de la SIC, al presidente Petro le queda el camino libre para nombrar a su familiar en la presidencia de Ecopetrol, en reemplazo de Ricardo Roa, justamente en momentos en que está rodeado por el cerco de las investigaciones judiciales, no solo de la Fiscalía, sino también del Consejo Nacional Electoral por violación de topes en la campaña del presidente. Además, la llegada de Merlano a la empresa petrolera y la salida de Roa también tendría en la mira otro movimiento de filigrana política: llevarlo al Ministerio de Minas, en reemplazo de Andrés Camacho, quien saldría entre finales de 2024 o primeros días de 2025”.Ricardo Roa respondió a la denuncia por injerencia junto a Nicolás Alcocer en proyecto UrráEl pasado 28 de octubre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó una ampliación de las denuncias radicadas previamente sobre presuntas irregularidades en la empresa estatal URRÁ S.A. E.S.P., responsable de administrar la energía producida por la hidroeléctrica URRÁ 1, ubicada en el departamento de Córdoba.Las acusaciones involucran a altos directivos, contratistas y socios externos en posibles actos de corrupción, conflictos de interés y colusión.Durante una reciente declaración, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa negó cualquier vínculo personal con Nicolás Alcocer, hijo del presidente Gustavo Petro."Como presidente de Ecopetrol ni como particular, tengo ni he tenido vinculación, ni ningún relacionamiento con el director de la empresa Urrá", dijo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se han visto envueltos en una nueva controversia por las polémicas que atraviesa Interconexión Eléctrica por el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente. Mientras la Junta Directiva de ISA se reúne este 20 de diciembre, el presidente Petro pidió no politizar la decisión de la compañía con la elección del exgerente de Empresas Públicas de Medellín.Hay que recordar que también hay polémica alrededor de la influencia que tuvo Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en la elección de Carrillo. No obstante, ISA explicó que todo se hizo respetando el Código de Buen Gobierno, situación por la que EPM anunció acciones judiciales en defensa de su inversión.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le respondió al presidente Petro asegurando que el mandatario debe respetar las críticas y la oposición."Ahora sale con el chiste de que la posición que tiene EPM frente a ISA, siendo accionista, dice entonces que eso es una pelea política entre el alcalde de Medellín y el exalcalde y los que se robaron a Medellín. Más bien, yo le diría deje de taparle la corrupción a los que robaron a Medellín, que son sus peores aliados", afirmó el mandatario.Por ahora el Consejo de Estado sigue con la solicitud de información a la Cámara de Comercio de Medellín sobre la suspensión de la inscripción de Jorge Andrés Carrillo como representante legal de Interconexión Eléctrica a pesar de que la compañía ha señalado que tiene varios representantes.
Las polémicas alrededor del nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica no paran y ahora hay nuevos detalles de cómo fue la elección del exgerente de Empresas Públicas de Medellín, esta vez de la manos de los señalamientos del delegado postulado por EPM en la Junta Directiva de ISA, Carlos Raúl Yepes. Hay que recordar que hace algunos días se conoció el acta de elección en donde se evidenciaba la injerencia de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.Precisamente la información entregada por El Tiempo confirmó que Yepes estuvo ante un juez de Medellín en donde bajo juramento indicó que fue Roa quien dio la instrucción de que Carrillo fuera incluido entre los candidatos para llegar a la presidencia de ISA. Además, el expresidente de Bancolombia recalcó que una cazatalentos multinacional contratada para emitir un concepto había dicho en su momento que el nombramiento de Carrillo podía ser un riesgo.Por su parte, Yepes indicó que la elección del presidente de ISA estaba transitando con normalidad hasta que pareciese que los requisitos para elegir a la cabeza de Interconexión Eléctrica cambiaron para, según el miembro de la Junta Directiva, "para ajustarlos (los requisitos) a alguien que ellos querían poner". Asimismo, recalcó Yepes que ya el cazatalentos les había advertido a los integrantes de la Junta Directiva que Carrillo no había tenido la valoración suficiente.En este sentido y según habría manifestado Yepes ante el juez, desde enero de este año existió una alerta de Ricardo Roa, quien manifestó que Carrillo debía estar en el proceso a pesar de que no había tenido los puntajes adecuados para aspirar al puesto. Adicionalmente, la misma empresa de cazatalentos manifestó que de los candidatos el único que representaba una alerta era el exgerente de Empresas Públicas de Medellín.Por otro lado y en las actas de elección que se han conocido recientemente, se pudo constatar que el mismo Yepes registró algunas irregularidades como el testimonio de una exfuncionaria de EPM quien explicó que Carrillo le pidió una carta de renuncia sin fecha por si no cumplía con sus funciones. Estas evidencias que trató de mostrar el expresidente de Bancolombia fueron desestimadas en su momento y por ello la elección de Carrillo como presidente de ISA.
La empresa Urrá S.A. E.S.P. se pronunció este miércoles 5 de diciembre frente a la denuncia presentada por el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ante la Fiscalía General de la Nación. La denuncia señala presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y vincula a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y a Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama, Verónica Alcocer, con supuestas presiones indebidas sobre la junta directiva de la hidroeléctrica.En su comunicado, Urrá aseguró que “no ha tenido ningún tipo de presión en la adjudicación de contratos ni en la venta de energía”, rechazando así las acusaciones de favorecimiento a terceros. Además, afirmó que las ventas de energía realizadas por la empresa se ajustan a los “mecanismos y precios del mercado”, según lo concluido por una investigación previa de la Contraloría General de la República.>>> Lea también: Urrá: Fiscalía abre indagación previa por denuncia de MinHacienda que involucra a Roa y AlcocerLa denuncia presentada por Bonilla incluye graves acusaciones sobre posibles conflictos de interés y colusión dentro de los procesos licitatorios de la compañía, destacando presiones relacionadas con el proyecto del Parque Solar Urrá 19.9, que presenta retrasos significativos. También señala presuntas irregularidades en contratos asignados a empresas como Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS, así como vínculos cercanos entre Nicolás Alcocer y empresarios influyentes del sector energético.En respuesta, Urrá manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y otros entes de control. “Estamos en completa disposición ante los diferentes entes investigadores para proporcionar toda la información necesaria que permita demostrar la transparencia y la rectitud en nuestras operaciones”, concluyó el comunicado.Por su parte, la Fiscalía informó que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción está analizando la denuncia y que se han iniciado labores de análisis de datos por parte de un equipo de Policía Judicial.
La Fiscalía General de la Nación inició una indagación tras recibir la denuncia que presentó el saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presunta injerencia de Ricardo Roa y Nicolás Alcocer en la hidroeléctrica de Urrá. Esto, sobre los presuntos actos de corrupción que vienen ocurriendo en la empresa Urrá S.A, que maneja y comercializa la energía producida por la central hidroeléctrica Urrá 1, ubicada cerca de los municipios de Tierralta y Valencia, Córdoba y cuya mayoría accionaria es de la Nación.Blu Radio pudo establecer que un fiscal de la dirección especializada contra la corrupción ya está analizando la denuncia que reveló este medio; las actuaciones del ente investigador iniciaron desde el pasado mes de octubre.Además, un equipo de Policía Judicial de ese despacho adelanta un análisis de datos en bases abiertas con el objetivo de establecer si el presidente de Ecopetrol y el hijo de la Primera Dama, Verónica Alcocer y otras figuras políticas del departamento de Córdoba, habrían cometido delitos contra la administración pública.Cabe mencionar que Bonilla amplió la denuncia del 27 de septiembre, hecha por una ciudadano que pide mantener la reserva de su identidad, quien dice que hay posible conflicto de intereses y colusión dentro de la contratación de Urrá S.A.De acuerdo con esa denuncia, funcionarios y contratistas externos como William Tadeo Amín Burgos y Juan David Diazgranados Garzón “habrían participado presuntamente en procesos licitatorios con pleno conocimiento interno y acceso privilegiado a la información técnica, lo que favoreció de manera indebida a las empresas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS”.Un punto crítico en la denuncia es la presunta presión ejercida por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la Junta Directiva de Urrá, en un aparente esfuerzo por tomar control de la empresa y favorecer a aliados cercanos en la adjudicación de contratos, específicamente con relación al Parque Solar Urrá 19.9, cuya construcción ha enfrentado un retraso de dos años y medio.Adicionalmente, refiere que la empresa Power China, socia de Luxim Ingeniería S.A.S en el consorcio Lux Power 2022, ha sido favorecida en diversos contratos estatales relacionados con el sector energético. Estas adjudicaciones, según el denunciante, deben ser objeto de revisión debido a los vínculos cercanos entre los principales actores mencionados y su influencia en la administración de Urrá S.A. E.S.P.En el documento también se relaciona a Nicolás Alcocer Petro con David Cerón, accionista principal de Luxim Ingeniería S.A.S., quien habría utilizado su cercanía con figuras de poder para ejercer presión sobre la administración de la compañía. “En la foto anterior podemos ver al señor Nicolás Alcocer Petro con Lucía Muñoz Petro y su esposo, David Cerón, de quien nos cuentan ha realizado distintas amenazas a los actuales directivos de Urrá por sus contactos en el alto Gobierno y su relación estrecha con el hijo del presidente, y exige beneficios a los directivos y a la junta directiva en procesos licitatorios”, señala el denunciante anónimo.La denuncia incluye acusaciones detalladas que involucran reuniones y contactos estrechos entre los señalados y empresarios del sector energético. “Todos sabemos en el departamento que la intervención es propuesta por el señor Ricardo Roa, quien quiere quedarse con toda la energía y las empresas rentables del sector, y por Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo del presidente, quien busca ejercer presiones indebidas sobre la junta directiva de la compañía para tomar control de la misma y favorecer a sus amigos más cercanos”, indica el texto recibido por Bonilla.
El pasado 28 de octubre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó una ampliación de las denuncias radicadas previamente sobre presuntas irregularidades en la empresa estatal URRÁ S.A. E.S.P., responsable de administrar la energía producida por la hidroeléctrica URRÁ 1, ubicada en el departamento de Córdoba.Las acusaciones involucran a altos directivos, contratistas y socios externos en posibles actos de corrupción, conflictos de interés y colusión.Durante una reciente declaración, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa negó cualquier vínculo personal con Nicolás Alcocer, hijo del presidente Gustavo Petro. También aclaró que en su rol, tanto en el sector público como privado, no ha tenido vínculos con los directivos o administradores de URRÁ S.A. E.S.P.En el marco de estas investigaciones, se han planteado análisis sobre el futuro de la empresa, incluyendo la evaluación de contratos y activos con miras a posibles adquisiciones. "Mi interacción ha sido a través de consultas técnicas y análisis sectoriales que corresponden a mi experiencia y a mi rol como funcionario", añadió Roa.El presidente de Ecopetrol reiteró su compromiso con la transparencia en el manejo de las denuncias, destacando que estas acciones buscan garantizar el correcto funcionamiento de las empresas estatales y la confianza en la gestión pública."He coincidido con Nicolás Alcocer en reuniones del Palacio de Gobierno y eventos sectoriales, pero más allá de eso no existe relación alguna", concluyó.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó el pasado 28 de octubre una ampliación de las denuncias que ya había radicado sobre presuntas irregularidades en URRÁ S.A. E.S.P., empresa estatal que administra la energía producida por la central hidroeléctrica URRÁ 1, localizada en el departamento de Córdoba. Estas denuncias involucran a altos directivos, contratistas y socios externos en posibles actos de corrupción, conflicto de intereses y colusión.Denuncia del 27 de septiembre: conflictos de intereses y colusión en URRÁ S.A.Una ciudadana, cuya identidad ha sido reservada por seguridad, denunció a través de un correo electrónico dirigido al Ministerio de Hacienda, posibles conflictos de intereses en los procesos de contratación de URRÁ S.A. Según el documento presentado, funcionarios como William Tadeo Amín Burgos y Juan David Diazgranados Garzón habrían tenido acceso privilegiado a información técnica interna, lo que habría favorecido indebidamente a empresas como Positive Energy S.A.S. y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería S.A.S.El 28 de septiembre, el ministro Ricardo Bonilla recibió información adicional vía WhatsApp sobre presuntas presiones ejercidas por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa hacia la Junta Directiva de URRÁ S.A. Estas presiones estarían encaminadas a beneficiar a aliados cercanos mediante la adjudicación de contratos, destacándose entre ellos el proyecto del Parque Solar URRÁ 19,9.Irregularidades en el Parque Solar URRÁ 19,9El Parque Solar URRÁ 19,9, cuya construcción está a cargo del consorcio Luz Power 2022, enfrenta un retraso de más de dos años. Este consorcio está conformado por Luxim Ingeniería S.A.S. y Power China. Según las denuncias, David Cerón, representante de Luxim Ingeniería, habría utilizado su relación cercana con Alcocer para ejercer presiones indebidas sobre la administración de URRÁ, con el fin de obtener beneficios contractuales indebidos. Entre los proyectos más destacados se encuentra la adjudicación del Parque Solar Inti II.El consorcio Luz Power 2022 también presentó una reclamación por 60.000 millones de pesos ante URRÁ, la cual fue rechazada por la administración de la empresa. Adicionalmente, se reportaron incidentes que incluyen la pérdida de materiales y un incendio cercano a la infraestructura del parque solar, lo que ha complicado aún más el avance del proyecto.Respuesta de URRÁ a los retrasosEl 23 de abril de 2024, la administración de URRÁ envió una carta al consorcio Luz Power 2022 exigiendo un plan de mitigación para la finalización de la primera fase del proyecto, cuyo plazo venció el 30 de abril del mismo año. En esta comunicación, URRÁ advirtió que el incumplimiento de los plazos podría acarrear la terminación del contrato y la aplicación de penalidades contractuales.Por su parte, el consorcio respondió el 24 de abril, argumentando que los retrasos no son imputables a ellos y que la energización de la celda de 34.5 kV, fundamental para las pruebas del parque solar, no ha sido completada por parte del contratante. Además, solicitaron la ampliación del contrato hasta el 31 de julio de 2024, junto con ajustes en los pagos, alegando costos adicionales que superan los 198 millones de pesos mensuales.Vínculos y presiones indebidasSegún las denuncias, la influencia de Power China y Luxim Ingeniería S.A.S. en las decisiones de URRÁ S.A. habría sido facilitada por una red de contactos que incluye a David Cerón, Nicolás Alcocer y Ricardo Roa. Estas personas habrían buscado evitar la liquidación del contrato del Parque Solar URRÁ 19,9 y favorecer la adjudicación de nuevos proyectos a sus aliados. A pesar de que la administración de URRÁ ha rechazado estas presiones, se alega que las mismas continúan desde el seno de la Junta Directiva.Esta es la denuncia que le llegó al ministro Bonilla: Estos documentos sustentan la denuncia:
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, denunció el pasado 28 de noviembre por presunta injerencia de Ricardo Roa y Nicolás Alcocer en hidroeléctrica de Urrá, así lo reveló en Mañanas Blu, el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina. Esto, sobre lo sobre los presuntos actos de corrupción que vienen ocurriendo en la empresa Urrá S.A, que maneja y comercializa la energía producida por la central hidroeléctrica Urrá 1, ubicada cerca de los municipios de Tierralta y Valencia, Córdoba y cuya mayoría accionaria es de la Nación.Inicialmente, el ministro amplía la denuncia del 27 de septiembre, hecha por una ciudadana que pide mantener la reserva de su identidad, quien dice que hay posible conflicto de intereses y colusión dentro de la contratación de Urrá S.A.De acuerdo con esa denuncia, funcionarios y contratistas externos como William Tadeo Amín Burgos y Juan David Diazgranados Garzón “habrían participado presuntamente en procesos licitatorios con pleno conocimiento interno y acceso privilegiado a la información técnica” lo que “favoreció de manera indebida a las empresas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS”.Un punto crítico en la denuncia es la presunta presión ejercida por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la Junta Directiva de Urra, en un aparente esfuerzo por tomar control de la empresa y favorecer a aliados cercanos en la adjudicación de contratos, específicamente en relación al Parque Solar Urra 19.9, cuya construcción ha enfrentado un retraso de dos años y medio. También le puede interesar: Sin preacuerdo entre Fiscalía y Nicolás Petro: se agota el tiempo para el juicioAdicionalmente, refiere que la empresa Power China, socia de Luxim Ingeniería S.A.S en el consorcio Lux Power 2022, ha sido favorecida en diversos contratos estatales relacionados con el sector energético. Estas adjudicaciones, según el denunciante, deben ser objeto de revisión debido a los vínculos cercanos entre los principales actores mencionados y su influencia en la administración de Urrá S.A. E.S.P.El denunciante indica que estas presiones han sido rechazadas por la administración de Urrá, sin embargo, continúan siendo ejercidas desde la junta directiva de la empresa. Además, se menciona una reclamación por parte del consorcio Lux Power 2022 por un monto de 60.000 millones de pesos, la cual ha sido resistida por la administración de Urrá.El contextoEl 16 de abril de este año, el consorcio LuxPower 2022 envió una carta a Eduardo Díaz, presidente encargado de Urrá S.A, en la que ponen de presente “numerosos incidentes delictivos que han tenido impacto significativo” en sus operaciones, así como en la seguridad y estabilidad del parque solar Urrá 19,9. En donde detallan la pérdida de materiales en varias oportunidades y un “incendio intencional en cercanías de la infraestructura del parque solar.En ese mismo documento, lamentan que no han recibido colaboración de Urrá, dicen que ponen en riesgo la integridad de sus operaciones y la seguridad de su personal y piden intervención del Ejército para garantizar la seguridad de las operacionesTres días después, Urrá les responde recordándoles que según el contrato, “el contratista es el único responsable de la seguridad y protección de su personal, terceros, el publico en general, y deberá con recursos propios, tomar todas las medidas de protección necesarias”.También le puede interesar: Ricardo Roa: “Si tiene pruebas de algún hecho de corrupción o condena, hágamela llegar”El 23 de abril, Urrá envía otra carta al Consorcio Lux Power 2022 en donde le advierte que la finalización de la fase 1 del proyecto está acordada para el 30 de abril de 2024 y le advierten que tras revisar informes e inspecciones recientes, “constatamos un significativo retraso en la fase I con solo 7 días restantes para la fecha límite”.Solicitan urgentemente un plan de mitigación que garantice la finalización de la fase 1 a tiempo o de lo contrario, de no cumplir el plazo, se considerará un incumplimiento grave que podría resultar en la terminación del contrato, penalidades contractuales por parte de Urrá, activación de garantías y reclamación de perjuicios.El 24 de abril, el consorcio Lux Power 2022 responde y dice que los retrasos no son imputables al consorcio y “sobre los cuales nos reservamos el derecho de defensa ante cualquier instancia judicial o extrajudicial”.Exponen seis puntos, entre ellos uno que señala que “sin la celda de 34.5 Kv energizada, resulta imposible llevar a cabo las pruebas necesarias en el parque solar. La energización de la celda de 34.5 Kv es un paso fundamental que precede a cualquier fase de prueba y comprobación en el parque solar”.Hay que decir que Ricardo Roa, se ha defendido frente a varias acusaciones realizadas sobre el proceso de contratación, supuesta injerencia de su pareja en toma de decisiones administrativas, también en Ecopetrol, entidad que dirige.Escuche aquí el informe: Siga nuestra señal en vivo:
Por divisar acusaciones realizadas en medios de comunicación, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, citó a rueda de prensa para defenderse frente a los argumentos. Por su parte, afirma que desde que llegó a la entidad, ha existido persecución y amenazas que han generado algún tipo de comentario en la opinión pública.Sin embargo, lo relevante de la reunión, fueron tres puntos importantes; una acusación sobre la injerencia de su pareja Julián Caicedo Cano sobre las decisiones en contratación en la empresa, la acusación de Jhonatan Giraldo sobre una remodelación del apartamento de Roa que fue paga con dineros del contratista William Vélez y la vinculación con el proceso de investigación en contra de la campaña Petro Presidente por violación de topes en la financiación de la campaña. Sobre los tres temas, Ricardo Roa, afirma ser inocente, ya que no existe ningún proceso o prueba alguna que evidencia las vinculaciones.Comenzado por la injerencia de su pareja, Julián Caicedo, Roa afirma que en ningún momento Caicedo ha tenido poder sobre las decisiones tomadas dentro de la empresa, afirmando que mientes el este como presidente, Julián Caicedo no tendrá vinculación alguna con Ecopetrol.Respecto a mi pareja y su poderío o su vinculación con Ecopetrol, no lo tiene, no lo ha tenido y no lo va a tener, y así se lo hice saber a la junta directiva. El no tiene ningún contrato y no lo va a tener, por lo menos mientras yo esté en el cargo”, afirmó el presidente.Por otro lado, son respecto a la remodelación del apartamento y el supuesto pago proveniente de William Vélez, contratista de Ecopetrol, Roa confirma que no ha tenido vinculaciones alguna y que la adquisición del inmueble fue previa a su llegada a Ecopetrol. Además, deja en claro que sí hizo algunas adecuaciones, pero los dineros estuvieron declarados ante la oficina de instrumentos públicos y la Dian bajo la declaración de renta del presidente. Cierra que por el momento se contrató un perito para avanzar y consultor con la indagatoria.Cerrando la reunión con medios, se le preguntó por la posible vinculación de investigación con la campaña Petro Presidente, ya que un fiscal obtuvo luz verde para ahondar en las cuentas y bases de datos para corroborar si hubo o no una extra limitación en los topes económicos de la campaña y si hubo dineros no reportados. El presidente afirma que no ha tenido notificación de la Fiscalía tras los derechos de petición, pero que se regirá ante las decisiones que se tomen en su nombre.Ante todas las acusaciones, Ricardo Roa, afirmó que no hay posibilidad para que deje el cargo como presidente de Ecopetrol, ya que todas las situaciones expuestas anteriormente, han sido conocidas por la junta directiva. Así mismo, dice que las acusaciones deben tener sustento y prueba alguna, cosa, que, según él, no ha sido comprobada.
