En videos de cámaras de seguridad, revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, quedaron registrados los movimientos de congresistas como Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y el hoy exrepresentante Juan Diego Muñoz en los pasillos del Ministerio de Hacienda. En esos mismos registros del mes de diciembre de 2023, también se evidencian los encuentros del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la exasesora de Bonilla, Alejandra Benavides.De acuerdo con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se investiga la presunta operación de compra de congresistas por parte del Gobierno a cambio de millonarios contratos públicos en departamentos como Córdoba, Arauca y Bolívar. Según esto, los congresistas que fueron a visitar a Bonilla integraban la entonces Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que dio el aval para que el gobierno se endeudara en créditos de alto monto de la banca internacional. Los investigadores sospechan que estos parlamentarios vendieron los votos a cambio de tres contratos que superan la cuantía de 92.000 millones de pesos, que se tramitarían por la UNGRD.En los videos se registra la entrada de la congresista Karen Manrique el 4 de diciembre de 2023, quien estaba vestida con un vestido negro y bolso color beige, y llega al despacho del exministro Ricardo Bonilla. A las 11:31 a.m., se encuentra con Alejandra Benavides y habla con ella hasta las 12:19 del mediodía.Un día después, el 5 de diciembre de 2023, llegaron al ministerio Wadith Manzur, Julián Peinado y Liliana Bitar a las 4:03 p.m. para cumplir con una cita con el entonces viceministro de Hacienda, Diego Guevara. La reunión duró 39 minutos. Ese mismo día, a otra dependencia, aparecieron Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz y Karen Manrique. Minutos después se encontraron con el resto de los parlamentarios y se encontraron en una oficina con Alejandra Benavides. Las reuniones coincidieron en que, para el día siguiente, estaba convocada la sesión del Comité Interparlamentario de Crédito, de la que hacían parte los seis congresistas, y en la que ese día se aprobaron tres créditos internacionales.Para el 12 de diciembre, las cámaras del Ministerio registraron el ingreso del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y una asesora de la oficina de Ricardo Bonilla. El mismo exministro de Hacienda, a las 2:58 p.m., los saluda y les da paso a su oficina. A las 3:01 p.m., en el video, se registra la entrada de Benavides a la reunión, y a las 3:12 p.m., llega al recinto para la reunión el asesor de presidencia, Jaime Ramírez Cobo.Esa reunión del 12 de diciembre coincide con la aprobación que hizo la Comisión Interparlamentaria de cinco créditos internacionales. Sin embargo, quedaría uno para lo que se convocó a sesión el 15 de diciembre.Entre tanto, para el caso de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, las cámaras registran una reunión de urgencia el 15 de diciembre. El día en que López llegó al Ministerio a las 8:28 a.m. con una agenda en la mano y su celular en la mano derecha. 10 minutos después, a las 8:38 a.m., Ricardo Bonilla recibe al exdirector de la UNGRD para una reunión que duraría 14 minutos. Sin embargo, María Alejandra Benavides, después de hablar con el viceministro Guevara, entra a la oficina donde estaban López y Bonilla. Finalmente, la reunión acaba a las 8:53 a.m. Por su parte, la justicia trata de confirmar el tema de la conversación, puesto que Olmedo López asegura que el exministro Bonilla dio la orden de direccionar los contratos a las tres regiones (Córdoba, Arauca y Bolívar).Tras la revelación de los videos de las cámaras de seguridad, el presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, afirma que las reuniones vistas en los videos pertenecen a encuentros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que se han hecho con todos los ministros de Hacienda.
Continúan las diligencias por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues en la mañana de ese miércoles 11 de diciembre se conoció que el alto tribunal realizó una inspección a una de las oficinas del Ministerio de Hacienda, que recordemos, hasta hace un par de semanas estaba bajo el mando del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien finalmente renunció a esta cartera para defenderse de las acusaciones que pesan en su contra tras ser salpicado en el entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).Además, fuentes del alto tribunal le confirmaron a Blu Radio que, la Corte Suprema de Justicia realizó un allanamiento a la oficina y casa de Andrea Ramírez, la también exasesora del saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.Esto, por instrucción del magistrado Misael Rodríguez, quien adelanta las investigaciones en la Corte contra los congresistas salpicados que hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).Además, mediante un comunicado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio a conocer detalles de una inspección realizada por la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia, y según el documento, la visita fue atendida por diversos equipos de trabajo del Ministerio, quienes colaboraron activamente con los delegados de la Corte.Durante la inspección, se entregaron todos los elementos requeridos por los representantes del alto tribunal, señaló Hacienda luego de la diligencia por parte de la Corte.Por último, con el representante a la Cámara Juan Diego Muñoz terminan dos intensas semanas en la Corte Suprema de Justicia luego de que este alto tribunal llamara a indagatoria a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público, diligencias determinantes en todo este proceso que adelanta el alto tribunal por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
En entrevista con Sala de Prensa de Blu Radio, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, analizó los retos de transparencia que enfrenta el país, subrayando el impacto de la reciente salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este evento, que acentúa la crisis de legitimidad del Gobierno, pone en evidencia los problemas estructurales que afectan las dinámicas políticas en Colombia.Hernández destacó la importancia de avances legislativos como la reforma del Sistema General de Participaciones, calificándola como una oportunidad clave para el Gobierno. "Es un tema que debería ser un triunfo significativo", afirmó. Sin embargo, enfatizó que las reformas que verdaderamente transformarían las dinámicas de poder enfrentan un obstáculo evidente: dependen de ser aprobadas por los mismos políticos que podrían verse perjudicados. Este círculo vicioso perpetúa prácticas cuestionables que minan la confianza ciudadana en las instituciones.El contexto electoral también agrava esta situación, señaló Hernández, ya que el Congreso prioriza leyes que ofrecen rentabilidad política inmediata, dejando en el limbo iniciativas cruciales como la protección a denunciantes. "Pocas cosas avanzarían de forma clara a menos que tengan un interés electoral", comentó, subrayando que esta dinámica limita el progreso en áreas fundamentales para el país.Finalmente, Hernández enfatizó que la raíz del problema no radica únicamente en comportamientos individuales dentro del Congreso, sino en un sistema político que necesita cambios estructurales profundos. Subrayó la importancia de mantener la presión ciudadana y mediática sobre los legisladores: "La ciudadanía tiene la responsabilidad de seguir demandando cuentas sobre la actuación del Congreso y los excesos de poder".
La Fiscalía General de la Nación inició una indagación tras recibir la denuncia que presentó el saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presunta injerencia de Ricardo Roa y Nicolás Alcocer en la hidroeléctrica de Urrá. Esto, sobre los presuntos actos de corrupción que vienen ocurriendo en la empresa Urrá S.A, que maneja y comercializa la energía producida por la central hidroeléctrica Urrá 1, ubicada cerca de los municipios de Tierralta y Valencia, Córdoba y cuya mayoría accionaria es de la Nación.Blu Radio pudo establecer que un fiscal de la dirección especializada contra la corrupción ya está analizando la denuncia que reveló este medio; las actuaciones del ente investigador iniciaron desde el pasado mes de octubre.Además, un equipo de Policía Judicial de ese despacho adelanta un análisis de datos en bases abiertas con el objetivo de establecer si el presidente de Ecopetrol y el hijo de la Primera Dama, Verónica Alcocer y otras figuras políticas del departamento de Córdoba, habrían cometido delitos contra la administración pública.Cabe mencionar que Bonilla amplió la denuncia del 27 de septiembre, hecha por una ciudadano que pide mantener la reserva de su identidad, quien dice que hay posible conflicto de intereses y colusión dentro de la contratación de Urrá S.A.De acuerdo con esa denuncia, funcionarios y contratistas externos como William Tadeo Amín Burgos y Juan David Diazgranados Garzón “habrían participado presuntamente en procesos licitatorios con pleno conocimiento interno y acceso privilegiado a la información técnica, lo que favoreció de manera indebida a las empresas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS”.Un punto crítico en la denuncia es la presunta presión ejercida por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la Junta Directiva de Urrá, en un aparente esfuerzo por tomar control de la empresa y favorecer a aliados cercanos en la adjudicación de contratos, específicamente con relación al Parque Solar Urrá 19.9, cuya construcción ha enfrentado un retraso de dos años y medio.Adicionalmente, refiere que la empresa Power China, socia de Luxim Ingeniería S.A.S en el consorcio Lux Power 2022, ha sido favorecida en diversos contratos estatales relacionados con el sector energético. Estas adjudicaciones, según el denunciante, deben ser objeto de revisión debido a los vínculos cercanos entre los principales actores mencionados y su influencia en la administración de Urrá S.A. E.S.P.En el documento también se relaciona a Nicolás Alcocer Petro con David Cerón, accionista principal de Luxim Ingeniería S.A.S., quien habría utilizado su cercanía con figuras de poder para ejercer presión sobre la administración de la compañía. “En la foto anterior podemos ver al señor Nicolás Alcocer Petro con Lucía Muñoz Petro y su esposo, David Cerón, de quien nos cuentan ha realizado distintas amenazas a los actuales directivos de Urrá por sus contactos en el alto Gobierno y su relación estrecha con el hijo del presidente, y exige beneficios a los directivos y a la junta directiva en procesos licitatorios”, señala el denunciante anónimo.La denuncia incluye acusaciones detalladas que involucran reuniones y contactos estrechos entre los señalados y empresarios del sector energético. “Todos sabemos en el departamento que la intervención es propuesta por el señor Ricardo Roa, quien quiere quedarse con toda la energía y las empresas rentables del sector, y por Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo del presidente, quien busca ejercer presiones indebidas sobre la junta directiva de la compañía para tomar control de la misma y favorecer a sus amigos más cercanos”, indica el texto recibido por Bonilla.
La renuncia de Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda impactó en diversas áreas de la economía colombiana. En un diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el economista y jefe de Credicorp Capital, Daniel Velandia, habló sobre las implicaciones que esto tiene y las perspectivas en materia fiscal con una reforma tributaria incierta.Y es que la salida de Bonilla del cargo fue recibida con incertidumbre por los mercados, quienes habían comenzado a mostrar cierto grado de confianza. En ese sentido, Velandia señaló que el nombramiento de Diego Guevara como sucesor en esta cartera podría representar algo positivo, dado su historial dentro del Ministerio de Hacienda y su compromiso con la estabilidad fiscal.“Cuando llega Ricardo Bonilla, evidentemente tomó un tiempo para que los mercados tuvieran confianza en él, simplemente porque era una persona relativa, desconocida, sobre todo para los inversionistas extranjeros que invierten en la deuda pública colombiana, en nuestro país, en general. Así que uno de los grandes temores de este año había sido que el ministro Bonilla tuviera que dar un paso al costado. Dicho eso, creo que el Gobierno actuó bien ayer, nominando muy rápidamente al nuevo ministro y dentro de la baraja de posibles candidatos”, comentó.Implicaciones para la inversión extranjeraLa economía colombiana se encuentra en un proceso de recuperación tras los efectos adversos del año pasado, donde el crecimiento fue de solo 0.6 %. Este año, la expectativa de crecimiento es moderada, rondando el 1.8 %, según detalló.A pesar de esto, Velandia advirtió que el país tiene la capacidad de crecer más, si no fuera por la incertidumbre generada por cambios regulatorios en el entorno económico.“Llevamos ya dos años largos donde no hay claridad en muchos de estos frentes. Por lo tanto, Colombia está rebotando, pero no está creciendo a lo que debería y no lo va a hacer seguramente el próximo año a las tasas que podría, de tal manera que se cierren brechas sociales. Entonces, de nuevo todo es relativo, el año pasado crecimos 0.6, este año 1.8”, precisó.
“No hay razones para declarar emergencia económica en estos momentos”, sentenció el director de la Andi, Bruce Mac Master, haciendo referencia a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación económica y fiscal del país.Esto, en medio de la salida de Ricardo Bonilla como cabeza del Ministerio de Hacienda que, ahora, será liderado por Diego Guevara, quien se venía desempeñando como viceministro de esta cartera. Elección que, cabe decir, ha despertado varias reacciones por la importancia que este cargo tiene.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el presidente de la Andi señaló que lo que el Gobierno tiene que hacer es “trabajar” y no generar miedo en los mercados. Según dijo, el jefe de Estado no puede seguir “alimentando” la tormenta y, por el contrario, debería emitir confianza.“Él (Petro) no puede alimentar la tormenta. Si la tormenta tiene un tamaño, el que sea, él no puede volverla en huracán. Cuando él hace esas referencias, inclusive sugiriendo que puede usar la Constitución, resulta verdaderamente creciendo la tormenta. Él tiene que concentrarse en decir: aquí estamos, somos consistentes”, recalcó.Sobre este revolcón ministerial, Mac Master aseveró que "era necesario que se diera el cambio” por toda la incertidumbre que se estaba generando alrededor de su situación personal y jurídica. En ese sentido, precisó que la llegada de un nuevo ministro, como lo es Guevara, representa una oportunidad, pero también un reto.“Había la duda también sobre la gobernabilidad y la capacidad de conversación con el Congreso. De manera que, yo diría frente a esa situación, ya es bueno que se haya presentado ese cambio. Perdimos, en todo caso, a un economista que era juicioso en el tema fiscal porque de alguna forma él tenía muy asumido el tema de que había que cumplir con la regla fiscal y de que había que cumplir con el pago de la deuda”, agregó. Estabilidad económicaEl presidente de la Andi destacó la importancia de la estabilidad económica, institucional y social en medio de estos cambios. Argumentó que esto “es vital” para acometer todos los proyectos sociales y de desarrollo en el país.Y es que la llegada de un ministro que es considerado "heterodoxo" genera tanto inquietud como expectativas. Por eso, Mac Master hizo un llamado para poner como prioridad esa estabilidad y a ser consciente de la disciplina fiscal. Recalcó que no se puede permitir que la economía se convierta “en un barco a la deriva”.
En entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo desmintió las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre supuestos chantajes y extorsiones a ministros de Hacienda por parte de congresistas.“Jamás me pidieron un contrato durante el periodo que fui ministro, durante el gobierno actual”, declaró Ocampo.El contexto de la declaraciónEl presidente Petro, a través de un extenso trino, defendió al saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, argumentando que “todo ministro de Hacienda ha sido chantajeado y extorsionado” por congresistas. Según Petro, esta dinámica forma parte de una larga tradición en la política colombiana, ligada a los denominados “cupos indicativos” o auxilios parlamentarios, una práctica que el presidente denunció desde el año 2001.En su trino, Petro también señaló que la corrupción en el Congreso ha sido históricamente un obstáculo para la democracia colombiana, lo que ha llevado a alianzas entre algunos parlamentarios y sectores ilegales como el narcotráfico y el paramilitarismo.Ocampo dijo no haber recibido presionesCuando se le preguntó si durante la discusión de la reforma tributaria de 2022 algún congresista le solicitó contratos o sugirió actos de corrupción, Ocampo fue contundente: “No, es decir, uno tiene que negociar con el Congreso, pero no que sea chantajeado”.Añadió que es normal discutir no solo el presupuesto total, sino también la asignación de recursos, una función propia del Congreso, pero subrayó que nunca enfrentó situaciones irregulares.Las declaraciones de Ocampo llegan en un momento crítico para Ricardo Bonilla, quien ha sido objeto de críticas por la supuesta entrega de cupos indicativos. Petro afirmó en su trino que la negativa de Bonilla a ceder ante presiones parlamentarias ha sido utilizada como una estrategia para desestabilizar su gobierno.El presidente también sugirió que estas dinámicas están relacionadas con la lucha por el control del presupuesto público y los intereses de sectores políticos que buscan mantener el statu quo. En su mensaje, Petro hizo un llamado a reflexionar sobre la corrupción estructural que afecta la democracia colombiana y destacó la importancia de defender el cambio que promueve su gobierno.
El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo analizó la situación económica del país y destacó la importancia de mantener la responsabilidad fiscal y desestimó la posibilidad de una emergencia económica.Diego Guevara asume el Ministerio de HaciendaCon la designación de Diego Guevara como nuevo ministro de Hacienda, el presidente Gustavo Petro apuesta por la continuidad en medio de un panorama económico desafiante. Guevara, quien se desempeñaba como viceministro general desde el inicio del gobierno de Petro, fue seleccionado inicialmente por el exministro Ocampo. "Es un excelente economista, profesor de la Universidad Nacional, y con él trabajé en temas clave como la reforma tributaria de 2022 y el presupuesto de 2023", expresó Ocampo durante una entrevista en Mañanas Blu.La transición, según el exministro, representa un reto significativo en un contexto de “vacas flacas” para la economía colombiana. Sin embargo, destacó que Guevara tiene las capacidades para afrontar la tarea. "Le deseo la mejor suerte", concluyó.La heterodoxia económica y la responsabilidad fiscalJosé Antonio Ocampo aprovechó la oportunidad para aclarar la noción de "heterodoxia" económica, una etiqueta que ha sido asociada tanto a él como a Guevara. “Ser heterodoxo no significa ser irresponsable fiscalmente”, enfatizó, refiriéndose a las críticas que señalan a este enfoque como contrario a la disciplina fiscal.Ocampo explicó que la heterodoxia incluye diversas corrientes económicas, como el pensamiento keynesiano y el estructuralismo latinoamericano, y no implica, como se teme en algunos sectores, medidas extremas como el incumplimiento de la regla fiscal o el default en el pago de la deuda externa. "Yo también soy considerado un economista heterodoxo y fui responsable fiscalmente", subrayó.Emergencia Económica: sin fundamento, según OcampoUna de las inquietudes planteadas en la entrevista fue la posibilidad de que el gobierno recurra a la declaratoria de emergencia económica para afrontar las dificultades fiscales. Ocampo fue contundente al respecto: "No creo que haya ningún fundamento para una emergencia económica".Explicó que esta figura tiene causales muy claras establecidas en la Constitución, y que las altas cortes han sido rigurosas en su interpretación. “En los años 90, cuando fui ministro, decretamos una emergencia económica y la Corte Constitucional la tumbó. Es más efectivo negociar los proyectos de ley con el Congreso directamente”, afirmó.Además, descartó que la falta de aprobación de una reforma tributaria sea motivo suficiente para invocar esta herramienta. Según su criterio, sería improcedente y seguramente inaprobada por la justicia.Opciones ante el déficit fiscalEl exministro también ofreció alternativas ante el déficit de $12 billones que enfrenta el presupuesto del próximo año. Ocampo sugirió una racionalización más profunda del gasto público, especialmente en el rubro de funcionamiento, dado que la inversión ya ha sido recortada significativamente. Asimismo, se mostró optimista sobre una eventual recuperación de los ingresos tributarios."No hay necesidad de medidas extremas como la emisión de dinero, que, además, no es compatible con el actual funcionamiento de la política monetaria en Colombia", indicó tras reafirmar la importancia de respetar las instituciones y la autonomía del Banco de la República.La relación con el Congreso: negociación, no chantajeOtro de los temas discutidos fue la afirmación del presidente Petro sobre supuestos "chantajes" desde el Congreso a los ministros de Hacienda, una teroría que esbozó el presidente Gustavo PetroOcampo negó haber enfrentado tales prácticas durante su gestión: "Uno debe negociar con el Congreso, pero no fui chantajeado ni me pidieron contratos. Es parte del proceso democrático discutir el presupuesto".
El presidente Gustavo Petro desestimó la denuncia que remitió a la Fiscalía el saliente ministro Ricardo Bonilla, la cual vincula a su hijo Nicolás Alcocer Petro y a Ricardo Roa con presuntos manejos irregulares en la hidroeléctrica Urrá.Petro asegura que esta proviene de un “anónimo mentiroso entregado a esa cartera en octubre” y que se trata de versiones destinadas a dividir a su Gobierno. A través de su cuenta en X, el mandatario escribió:>>> Lea también: Ricardo Bonilla renuncia al cargo tras petición del presidente Petro: así deja MinhaciendaEl mandatario afirmó que no lograrán dividir a su Gobierno y se refirió específicamente a la denuncia anónima presentada por el saliente ministro ante la Fiscalía. Esta señala posibles irregularidades en la hidroeléctrica Urrá, en Córdoba, e implica a Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo del presidente, y a Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol.Ambos son señalados de presuntamente presionar indebidamente a la junta directiva de Urrá para favorecer a David Cerón y Lucía Muñoz, presuntos dueños de Luz Power, empresa encargada de construir un parque solar en la zona.
El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla confirmó que su renuncia a la cartera fue un proceso concertado con el presidente Gustavo Petro con el que estuvo reunido hasta altas horas de la noche de este martes en San Andrés.“El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público, y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada. (...) Nunca me atornillé al cargo, y no lo usaré para defenderme en este confuso episodio”, dijo Bonilla.El exministro insistió en que no cometió ningún delito, que no compró congresistas ni silencios y que continuará con su defensa apoyado en el equipo jurídico.“Me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni grupos indicativos, y mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia, como todos los actos de mi vida académica y pública”, dijo Bonilla.A propósito, su abogado Mauricio Pava señaló que el exministro siempre actuó de manera legal y así lo demuestran las pruebas que han entregado a las instancias judiciales."El país debe conocer cuánto se robaron, cuánto falsificaron y cuánto han mentido para confundir a la opinión pública", puntualizó Pava.Esta declaración se suma a la carta con la que Bonilla oficializó su renuncia tras la petición que, a través de redes, hizo el presidente Gustavo Petro.La salida de Bonilla, que para varios sectores supone un golpe para los proyectos que buscan reactivar la economía en el país, se dio tras varios señalamientos de la exasesora del Ministerio de Hacienda de que él sí sabía de las gestiones para direccionar contratos de la UNGRD y favorecer a congresistas que luego avalarían créditos para el Estado.
