Giovanni Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras y líder indígena, enfrenta una nueva amenaza tras el ataque incendiario a su vivienda. Su hijo, quien estaba presente durante el incidente, logró alertar a la comunidad, evitando una tragedia mayor. Este hecho suma tensión a su labor en un contexto de constantes amenazas en el departamento del Cauca, donde grupos armados operan en la región.En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Yule narró los momentos de angustia tras recibir la llamada de su hijo de 26 años. “Me despertó su llamada diciéndome que la casa estaba en llamas. Afortunadamente, reaccionó a tiempo, despertó a los vecinos y lograron apagar el fuego rápidamente”, explicó. Pese a que parte de la vivienda construida en bareque y madera resultó afectada, el líder destacó que su hijo salió ileso: “Gracias a Dios está bien, eso es lo más importante”.El ataque, calificado por las autoridades como un acto criminal, está siendo investigado por la Fiscalía y la Policía. Yule detalló que desde el primer momento se hicieron presentes en el lugar agentes del CTI, quienes recogieron evidencias para identificar a los responsables.Giovanni Yule no es ajeno a las amenazas. Durante su labor como autoridad indígena en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y, más recientemente, como funcionario público, ha recibido múltiples advertencias. “En el marco de la restitución de tierras, tanto yo como otros directores territoriales hemos sido amenazados. Es un trabajo difícil porque significa devolver las tierras a quienes fueron despojados en el conflicto”, señaló.El Cauca es una de las regiones con mayor presencia de grupos armados ilegales, incluidas disidencias de las FARC y bandas criminales. Aunque Yule no descarta ninguna hipótesis, subraya que el ataque podría estar relacionado con su gestión como director de la Unidad de Restitución de Tierras. “Lo que buscan los violentos es sembrar miedo para que abandonemos el territorio, pero no lo vamos a hacer”, afirmó con determinación.El líder indígena destacó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad tanto para él como para su familia, quienes ahora también están en riesgo. Hasta el momento, Yule cuenta con protección personal proporcionada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero hizo un llamado para ampliar esta cobertura. “Mi familia está en una situación vulnerable. Es importante fortalecer la seguridad colectiva de la comunidad y las autoridades del resguardo”, agregó.A pesar de las amenazas, Giovanni Yule reafirmó su compromiso con su labor y con su territorio ancestral en Caloto. “Como pueblo Nasa, no cederemos ante la estrategia de los violentos. Seguiremos trabajando por la restitución de tierras y por el fortalecimiento de nuestra comunidad”, subrayó.
Con una demanda, el equipo de Asuntos Étnicos de Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras prevé restablecer los derechos territoriales de más de 400 personas que integran 200 familias del Resguardo Indígena Yarumal y El Barraco que fueron víctimas de la violencia durante tres décadas.Según Jose Alberto Kunzell, director territorial de restitución en Apartadó, dentro de las pretensiones de la demanda se busca la formalización del territorio de esta comunidad compuesto por más de 5 mil hectáreas en Riosucio, Chocó y también el fortalecimiento de la Guardia Indígena."Con esto se busca el fortalecimiento de esa comunidad étnica, así como la construcción de un plan de reparación colectiva. Queremos también que se garantice el goce de esta comunidad, del uso de ese territorio, de acuerdo a sus costumbres ancestrales con las comunidades indígenas de la zona del Urabá y el Darién", indicó el director.Estos 400 indígenas son víctimas de desplazamiento, abandono, confinamiento, homicidio, reclutamiento, siembra de minas, secuestros y hasta bombardeos por parte de grupos armados durante más de 30 años. Es por eso que con esta demanda se busca la reparación integral de estas personas que han sido víctimas de múltiples hechos de violencia, perpetrados tanto por los paramilitares como por la antigua guerrilla de las Farc, e incluso el Ejército Nacional, pues recordemos que este último, en 1997, fue causante del primer desplazamiento de estas comunidades debido a un bombardeo en la cuenca del río Salaquí.Vale la pena recalcar que la Dirección Territorial Apartadó ha logrado la restitución de más de 14 mil hectáreas a través de 507 sentencias. Así mismo, el equipo de Asuntos Étnicos ha realizado al menos cuatro caracterizaciones y cuatro demandas radicadas, que benefician a comunidades ancestrales de Murindó y Belén de Bajirá.
Son 15 casos de 1.115 hectáreas las que están en estudio por parte de la Unidad de Restitución de Tierras para que los predios despojados por Salvatore Mancuso en el contexto del conflicto armado en Colombia puedan llegar a manos de las víctimas.Se trata de 13 fincas ubicadas en los municipios de Mutatá y San Pedro de Urabá en Antioquia y otros bienes que están en Valencia y Tierralta, en el departamento de Córdoba. En esos predios avanzan las etapas administrativas y judiciales de los procesos para priorizar estos casos y que los predios sean entregados prontamente a cada una de las víctimas reclamantes de las tierras de donde los sacó la violencia.José Alberto Kunzell, director territorial de restitución de tierras en Apartadó, detalló que de los predios despojados por Salvatore Mancuso hay 218 hectáreas en Mutatá y 614 en San Pedro de Urabá."Hemos venido haciendo enormes esfuerzos para que efectivamente las víctimas de abandono y despojo puedan ser restituidas en esos predios, que efectivamente se logre la restitución jurídica y material. Pretendemos con el proceso de restitución de tierra que estas hectáreas contribuyan a la reparación integral de las víctimas del conflicto", señaló Kunzell.Además, hay 31 predios que también fueron despojados por el exjefe paramilitar y que ya se encuentran en esa entidad, lo que significan unas 3.469 hectáreas que ya están en proceso para reparar a algunas víctimas en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba, entre los años 1998 y 2003.
La Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP emitió una orden con medidas cautelares contra la Reforestadora Integral de Antioquia y el Fondo Ganadero de Córdoba que, al parecer, estaban haciendo uso de las tierras de la región de Tulapas en Urabá, las cuales comprenden una extensión aproximada de 200.000 hectáreas que abarcan 58 veredas ubicadas en 3 municipios diferentes, Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, los cuales han sido víctimas de despojo de tierras y desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado.Las medidas fueron tomadas como una forma de garantizar los derechos de las comunidades campesinas de los territorios de esta región. Con esta medida, la JEP prohibió a la RIA hacer uso y disfrute de la tierra de esta zona en la que desarrolla proyectos forestales y le solicitó suspender temporalmente los contratos de usufructo que suscribió con el Fondo Ganadero de Córdoba o con su liquidador.Esta decisión también se tomó al verificar que estas comunidades campesinas no habían obtenido una reparación integral, y no han accedido de manera definitiva a la restitución de sus predios como mecanismo de reparación, corriendo así, los riesgos de no acceder a estos, como consecuencia del desarrollo de proyectos que buscan el aprovechamiento forestal de monocultivos por parte de empresas que según la JEP, presuntamente, han tenido vínculos con actores del conflicto armado.Esta decisión adoptada por la JEP está en línea con los hallazgos de la Jurisdicción Penal Ordinaria y de jurisdicciones especializadas en restitución de tierras, Justicia y Paz, donde se ha encontró, que en varias ocasiones y desde hace varios años, más exactamente, entre la década de los noventa y principios de los años dos mil, que en esta región ocurre un despojo material y jurídico masivo que ha afectado a por lo menos 130 familias campesinas y más de 4.000 personas, que decidieron abandonar la región.Según la entidad, las amenazas, los despojos y la expulsión de los pobladores de Tulapas por parte de grupos paramilitares y el Fondo Ganadero de Córdoba han tenido consecuencias graves para las comunidades campesinas, como la ruptura de sus proyectos de vida y de sus vínculos territoriales.Vale la pena recalcar que la JEP expresó que la violencia ejercida contra esta población antioqueña, tenía el objetivo de consolidar una estrategia militar, económica, política y social en esa región, siendo esta, una situación persistente, que ha generado la investigación de la situación territorial de Urabá. Actualmente, se han identificado a las víctimas campesinas y se adelantan procesos de restitución de tierras en esta zona que enfrenta afectaciones graves como consecuencia de estas situaciones.
En el municipio de Puerto Parra, Santander, se llevó a cabo la sexta asamblea del Comité Municipal de reforma agraria. El lugar de este importante encuentro fue la biblioteca municipal.Con este comité se busca avanzar en la etapa de comprensión y análisis dados a los campesinos y líderes en la reforma agraria, respondiendo al llamado del campesinado santandereano y abriendo espacios para su participación.Para William Ramírez, coordinador de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), este es un importante paso hacia el desarrollo rural y la justicia social en Colombia, que se espera se lleve a cabo y avance en las diferentes regiones.Ramírez destacó que este es el sexto comité que se establece en la región. La creación del Comité Municipal de Reforma Agraria busca atender las necesidades de titulación y acceso a tierras para campesinos y víctimas en los diez municipios priorizados del departamento los cuales son: Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí, Betulia, Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra y Simacota.En dicha asamblea participaron más de 80 líderes de organizaciones campesinas y representantes, incluso se autorizó la Comisión de Naciones Unidas, quienes han seguido de cerca los acuerdos de paz.La principal expectativa de los asistentes es la adquisición de tierras para campesinos y víctimas del conflicto armado. Asimismo, se solicitó una revisión de varios predios ocupados por campesinos y víctimas para asegurar una correcta distribución y legalización de las tierras.Ramírez subrayó la importancia del Comité Municipal de reforma agraria que facilitará a los campesinos la obtención de títulos de propiedad y acceso a nuevos predios. "Este comité no solo facilita el camino para que las y los campesinos sean los dueños legítimos de sus tierras, sino que también les abre puertas a créditos y apoyos gubernamentales que fortalecerán su capacidad para las prácticas agrícolas”, explicó.La constitución del comité representa un reconocimiento a la valiosa labor de los campesinos, quienes han sido los guardianes de la tierra y la producción de alimentos en Colombia. Su conocimiento y experiencia son fundamentales para asegurar una distribución justa de la tierra y promover prácticas agrícolas sostenibles que beneficien a toda la comunidad. La iniciativa reafirma el compromiso con el bienestar y desarrollo del campesinado, esencial para el éxito de la reforma agraria en el país.
La Corte Constitucional tumbó parte del artículo del Plan Nacional de Desarrollo que eliminaba varios pasos en el proceso de compra de tierras por parte del Gobierno nacional, tras determinar que no se cumplió a cabalidad el trámite en su paso por el Congreso, especialmente en lo que tiene que ver con la publicidad de la norma.Para el presidente Gustavo Petro, con esta decisión, el alto tribunal va en contra de las tareas para implementar lo firmado en el acuerdo de paz de La Habana.“Con esta decisión la corte restringe seriamente el cumplimiento del acuerdo de Paz en su aspecto central: la reforma agraria pacífica”, escribió en redes.La Corte tomó la determinación tras estudiar dos demandas contra el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 61 de la Ley 2294 de 2023, que eliminaban la fase judicial previa para procesos como clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos, extinción judicial del dominio sobre tierras incultas, caducidad administrativa, condición resolutoria del subsidio, reversión y revocatoria de titulación de baldíos.Estos puntos del artículo fueron duramente criticados por diferentes sectores, quienes alegaban que se trataba de facilitar la expropiación de tierras por parte del Gobierno; en su momento, el presidente Gustavo Petro rechazó esta postura y aseguró que los cambios hacen parte del plan para entregar las tierras de manera más equitativa.En su publicación, el presidente Petro además respaldó la posición de la magistrada Diana Fajardo, quien salvó parcialmente el voto, pues si bien acompañó la decisión al no cumplirse el principio de publicidad de la norma, no compartió el análisis de todo el tribunal ya que consideró que hubo un análisis muy estricto sobre cuál debe ser la facultad del Congreso a la hora de incluir modificaciones.Gobierno rechaza decisión de la Corte Constitucional sobre compra de tierrasAdemás del reclamo del presidente Gustavo Petro, se conoció la posición de Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, quien lamentó la decisión asegurando que ahora su entidad no podrá tomar decisiones de fondo frente a los procesos agrarios de la Nación.“Temas como el acaparamiento de las ciénagas, como incluso la concentración de baldíos son sustanciales para hacer justicia real en el campo colombiano. Teníamos una facultad administrativa y hoy, por vicios de forma, la Corte Constitucional anula esa posibilidad”, agregó.Para Harman, también se afecta profundamente el camino para cumplir con lo firmado en 2016 con la desaparecida guerrilla de las Farc.“Lamentamos profundamente esto, estoy seguro de que desde el sector agrícola estamos articulando en presentar una reforma agraria, la posibilidad de mantener estas competencias asociadas a la posibilidad de hacer justicia real en el campo, y también a pedir el acompañamiento de un movimiento vital como el Movimiento Campesino de Colombia, en lograr las transformaciones necesarias”, insistió Harman.Precisamente, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, señaló que el Estado está perdiendo herramientas para temas como la recuperación de baldíos indebidamente ocupados o el deslinde de tierras de la nación, que ahora deben ser decididos en instancia judicial y por eso es necesario agilizar la reforma agraria.“Necesitamos que la jurisdicción agraria se implemente con el objeto de que estos procesos sean decididos en la instancia que ha definido hoy la Corte Constitucional. Suspender los procesos agrarios es suspender la posibilidad de alimentar el Fondo Nacional de Tierras y con ello el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de Paz”, explicó la ministra.Carvajalino manifestó que desde el Gobierno insistirán en todas las medidas legales para “que los procesos agrarios, la administración de las tierras de la nación y la redistribución de la tierra altamente concentrada sean la posibilidad de construir la paz y la democracia en el país”.
La Corte Constitucional tumbó parte del artículo del Plan Nacional de Desarrollo que eliminaba varios pasos en el proceso de compra de tierras por parte del Gobierno nacional tras determinar que no se cumplió a cabalidad el trámite en su paso por el Congreso, en especial en lo que tiene que ver con la publicidad de la norma.La decisión llega luego de estudiar dos demandas contra el numeral el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 61 de la Ley 2294 de 2023, que eliminaban la fase judicial previa para proceso como clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos, extinción judicial del dominio sobre tierras incultas, caducidad administrativa, condición resolutoria del subsidio, reversión y revocatoria de titulación de baldíos.Estos puntos de ese artículo fueron duramente criticados por diferentes sectores pues alegaban que se trataba de facilitar la expropiación de tierras por parte del Gobierno; en su momento el presidente Gustavo Petro rechazó esta postura y aseguró que los cambios hacen parte del plan para entregar las tierras de manera más equitativa.Sin embargo, la Sala Plena del alto tribunal determinó que no se cumplieron etapas como la lectura de la proposición de los cambios previo al debate y aprobación, ni se expuso en la página web del Senado.“El presidente del Senado no fue detallado en su ponencia lo que podría indicar que no se garantizó el entendimiento a los senadores para conocer el alcance del artículo antes de ser aprobado (...) Los senadores no pudieron conocer el alcance de las normas sobre las que recayó su decisión. Esta omisión tiene connotaciones particulares tratándose de la discusión de normas del Plan Nacional de Desarrollo, y de reformas que modifican leyes de implementación del acuerdo de paz”, argumentó la Corte.Otra de las razones expuestas es que la radicación de dicha proposición en la secretaría general del Senado tampoco sirvió como un mecanismo para garantizar el principio de publicidad, “pues esa radicación y la disponibilidad de la proposición para consulta por parte de los congresistas no se les anunció durante el trámite”,Sobre la votación, la magistrada Diana Fajardo Rivera salvó parcialmente el voto mientras que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo aclararon su voto.
En el marco del programa de la reforma agraria, la Agencia Nacional de Tierras confirmó que para el Huila serán adquiridas alrededor de 4.000 hectáreas para compensar a las familias campesinas que fueron afectadas por la construcción de la represa de El Quimbo.En su visita a Neiva, el director de la entidad, Juan Felipe Harmán Ortiz, dijo que por el momento se inicia con la entrega de 70 predios productivos, de esos, 35 ya se encuentran en marcha en varios municipios del departamento.“Este es un programa especial de reforma agraria para el Huila, estamos hablando de alrededor de 4.000 hectáreas que vamos adquirir, serían 70 predios ya arrancamos con 35 con el objetivo de reparar a los campesinos que están pendientes de un proceso de subsanación de todo lo que ocurrió en 14 años como víctimas y afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo”, sostuvo el director de la ANT.El alto funcionario anunció que, a través de un documento firmado, interpondrá una queja ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en contra de Emgesa por los incumplimientos en las compensaciones con las comunidades de la zona de influencia del Quimbo.Incautan tonelada y media de marihuana avaluada en más de $2.000 millones en HuilaEl director de la ANT, Juan Felipe Harmán, puntualizó que el documento firmado contiene un informe sobre los incumplimientos de la multinacional Enel Emgesa, para que a través de la ANLA se inicien las investigaciones y el proceso sancionatorio correspondiente, que obliga de manera específica a que Emgesa cumpla.
En los primeros 17 meses del Gobierno de Gustavo Petro se han restituido 71.000 hectáreas de tierras a víctimas de despojo y desplazamiento forzado en Colombia, lo que supone menos del 50 % de los últimos 17 meses del expresidente Iván Duque, durante el que se restituyeron 161.000 hectáreas, unas cifras presentadas este miércoles 23 de abril, y que según organizaciones sociales ponen de manifiesto la necesidad de medidas de fondo para agilizar los procesos."Es muy lamentable que en el Gobierno del cambio, donde una de las principales propuestas era la reforma Agraria Integral, tengamos estas cifras tan lamentables", consideró Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros, que reveló las cifras.Se considera que hay 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas por restituir, de las que en los 13 años desde la aprobación de la ley de víctimas solo se han devuelto un 10 %.Aunque es cierto que son los jueces y no los gobiernos los encargados de devolver a las víctimas sus tierras, desde organizaciones como Forjando Futuro, que lleva años dedicándose a apoyar a las víctimas de despojo, lamentan que de seguir al ritmo actual con 71.000 hectáreas restituidas a 2.250 familias en año y medio del Gobierno de Petro "se tardaría 109 años en cumplir la meta".Restitución por vía administrativaY por ello, hicieron un llamado para "que haya un cambio en la ley", en palabras de Saldarriaga, y el Congreso apruebe un proyecto de ley que plantea que pueda ser la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la que devuelva los títulos a las víctimas y campesinos cuando sobre el predio o el terreno no haya peticiones de terceros.Es decir, que "si no hay terceros que se opongan" o tengan peticiones sobre el terreno que la víctima está pidiendo que le sea restituido, el proceso "se pueda hacer de manera expedita y no tengan que ir ante un juez".Así se podría aligerar el trabajo que tienen los juzgados de tierras, donde se acumulan los casos incluso durante décadas haciendo que muchos demandantes incluso mueran esperando que les devuelvan sus terrenos."Nuestra investigación que el 72 % de estos casos (que están en los juzgados) no tienen oposición judicial; no existe un tercero reclamando derechos sobre el predio más allá de la víctima. Estos casos podrían ser restituidos perfectamente sin intervención de juez si se le otorga facultades a la URT", apuntó Ilhan Can, investigador de Forjando Futuros.Y de esa manera, se podrían restituir hasta 3,6 millones de hectáreas, es decir, más de la mitad del total que queda por devolver; y más de 76.000 familias se verían beneficiadas con esta medida rápida.Si no se toman acciones, alertaron las organizaciones sociales, el país seguirá ahondando el legado histórico que tiene en materia de resarcir a las víctimas de despojo y a quienes más sufrieron un conflicto que se sustenta en la tierra."No está siendo nada diferente la URT de Petro que la de los anteriores: es un escándalo político", consideró el director de la Fundación de Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia.Todo ello porque "hay un problema de fondo y la solución que se han presentado en todos estos años son ajustes de comas que no son soluciones de fondo", según Can, y esta solución de fondo pasa por apostar por la restitución administrativa ante la judicial.
El presidente de la SAE, Daniel Rojas, anunció un gran acuerdo entre indígenas, campesinos y el Gobierno para que tierras en las haciendas Simba y Potosí en el departamento de Sucre, históricamente vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo “queden en manos de quienes las van a trabajar y que en palabras de Rojas “por justicia deben tenerlas”.En diálogo con Mañanas Blu, Daniel Rojas Medellín, presidente de la Sociedad de Activos Especiales, entregó detalles, el objetivo de la distribución y la entrega de tierras.La SAE es la entidad encargada de administrar los activos incautados a la mafia y en este caso, se están entregando tierras a los campesinos reclamantes de tierras.Según Rojas, las tierras que se están entregando han sido seleccionadas por su calidad y ubicación estratégica, principalmente en el Caribe y en el Magdalena Medio colombiano. Estas tierras han sido declaradas de utilidad pública por la Agencia Nacional de Tierras y la SAE ha firmado un compromiso de compra con la agencia.Uno de los aspectos que se abordan en la entrevista es el contrato de arrendamiento que existía previamente en algunas de estas tierras. Rojas explicó que estos contratos se suspenden debido a la adquisición de las tierras por parte de la SAE, y que se han hecho acercamientos con los arrendatarios para explicarles la situación.Sin embargo, existe el riesgo de que el proceso de extinción de dominio no se haya finalizado y que se ordene la devolución de las tierras a sus antiguos propietarios. Rojas asegura que en caso de que esto suceda, se cuenta con un fondo de reserva técnica para indemnizar a las personas afectadas.En cuanto a la seguridad de las comunidades que reciben las tierras, Rojas reconoce que existen desafíos. Ha habido amenazas por parte de personas que no están de acuerdo con la distribución de las tierras, pero se han denunciado estos actos y se han pedido medidas de protección al Ministerio de Defensa y a la Unidad Nacional de Protección.También abordó el tema de la seguridad de las comunidades indígenas y campesinas que administran las tierras. Rojas enfatiza que se han realizado reuniones y se han firmado actas de compromiso con las comunidades para asegurar una convivencia pacífica y evitar conflictos.Escuche aquí la entrevista completa:
Recientemente, se conoció el caso de los hermanos Llano Narváez, quienes denunciaron que hace 38 años empezaron a ser víctimas de abuso por parte del sacerdote jesuita Darío Chavarriaga.El caso fue denunciado en el 2014 ante el padre Francisco de Roux, quien era presidente de la Compañía de Jesús. En ese momento, se hizo un proceso de derecho canónico y Chavarriaga fue sancionado, pero el caso no fue puesto en conocimiento de las autoridades.En las últimas horas , el abogado Juan David Riveros, quien representa al padre Francisco de Roux, confirmó que en la Fiscalía hay un proceso por el caso.“Esta defensa siguió indagando y estableció la existencia de un proceso relacionado con los hechos divulgados por los medios de comunicación”, señaló el abogado.La Fiscalía compulsó copias para que el padre de Roux sea investigado por una presunta responsabilidad en delitos de favorecimiento y omisión de denuncia, ante esta situación, el abogado de Francisco de Roux ha pedido que su cliente sea escuchado.“Solicité que fuera escuchado en diligencia de interrogatorio el padre Francisco de Roux, para que a la mayor brevedad clarificara cualquier inquietud que pudiera existir sobre la conducta que desplegó como Porvincial de la Compañía de Jesus en el marco del caso denunciado por la familia Llano”, señaló el abogado.El padre Francisco de Roux fue presidente de la Comisión de la Verdad y tras estas denuncias ha dicho que hubiera hecho algo diferente y es que tras realizar el proceso canónico, con las pruebas recogidas, iría a la Fiscalía.
A las 5:00 de la mañana de este jueves empezaron a congregarse en Barranquilla los profesores del Atlántico, estudiantes universitarios, centrales obreras y diferentes organizaciones sociales, quienes estuvieron haciendo actividades culturales en la Plaza de la Paz antes de marchar hasta el Paseo Bolívar, centro de la ciudad.En el centro de la Plaza de la Paz, los manifestantes estuvieron haciendo un gran mandala con frutas, flores y telas moradas, y alrededor, todos en círculo, realizaron rituales con aromas, música y reflexiones para atraer "energías de unidad".Edwin Doria, miembro del Cabildo de Arte y Paz del Atlántico, asegura que con estos rituales buscan rendir homenaje a las víctimas del estallido social y también para espantar la violencia de Barranquilla y el Atlántico."Pensamos que la espiritualidad es importante, por eso hemos hecho este este ritual para espantar a los espíritus del mal de la violencia y de la corrupción, para que la ciudad vuelva a tomar su rumbo", manifestó.Este jueves, los maestros no solo llegaron uniformados como de costumbre con sus camisetas rojas y banderas de Colombia, sino también con una enorme mano elaborada con cartulina y pintada con la Tricolor, en la que sostienen una pancarta con el mensaje: "Constituyente ya".Desde Adea, el profesor Simón Pinillo aseguró que este sería un buen camino para mejorar en diferentes aspectos del país."Han venido quitando los derechos que aparecieron en la Constitución Política de 1991 y han venido haciendo reformas, es por eso que nosotros hoy creemos pertinente apoyar una Constituyente, para ver si podemos conseguir nuevamente el rumbo que necesita nuestro país en materia económica, política, educativa y de salud", expresó.En esta misma 'mano gigante' que han elaborado los maestros se observan los rostros de Lucas Villa, muerto en el estallido social, y del profesor asesinado Alfredo Correa de Andreis. Además, exhibieron imágenes de Dilan Cruz y varios miembros de la Primera Línea.
La ciclovía nocturna en Cali se realizará en dos jornadas, la primera se llevará acabo hoy jueves 21 de noviembre y la segunda el 28 del mismo mes, de 7:00 a 9:30 de la noche , esto con el fin de beneficiar a quienes laboran hasta altas horas y quienes están buscando nuevas alternativas de recreación.Recorrido de la ciclovía nocturna en CaliEl recorrido abarca desde el norte, en la carrera 15 con calle 59, hasta el sur, en la carrera 98 con calle 16, cerca de la Universidad del Valle, comprendiendo los tramos 3, 4, 5, 7, 8 y 9 y las estaciones Panamericana, Ingenio y El Prado. “Llévate la pinta al trabajo o déjala lista para que vayas a disfrutar de las calles de Cali en el marco de un clima y un escenario preparado para ustedes. Atentos a nuestras redes sociales para que conozcan el recorrido”, manifestó Felipe Montoya, secretario del Deporte y la Recreación de Cali.Una de las estaciones clave será la estación Panamericana, que se convertirá en el epicentro de una gran fiesta deportiva, llena de música y actividades para todas las edades. Los niños, por ejemplo, podrán disfrutar de las zonas infantiles.
Ante la incertidumbre por la falta de recursos para la convocatoria de créditos del Icetex para el próximo año, la Asociación de de Representantes Estudiantiles de la Educación mostró su preocupación para la crisis de recursos en la entidad y advirtió que “es una grave amenaza para las Instituciones de Educación Superior privadas y para los golpeados bolsillos de las familias del país, especialmente las más vulnerables y de clases medias”.A través de un comunicado, los estudiantes insistieron en que depende de la voluntad política del gobierno disponer de las herramientas “para no mermar más la educación de cientos de miles de jóvenes en Colombia".La Asociación también le hizo un llamado de atención al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que deje atrás su postura "hostil" ante la crisis que afronta el Icetex y busque soluciones.“El debate respetuoso y la búsqueda de consensos en el marco de la independencia y autonomía de los distintos actores del sector resultan indispensables para impedir mayores retrocesos en materia de acceso y permanencia en la educación superior como un derecho fundamental”, señala la comunicación.El ministro Rojas en su cuenta en x aseguró: "Jajajaja ¿y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector? Les falta decir que también quiero marchitar la NASA".“Consideramos que, en el marco de la economía de mercado y el orden constitucional, es perfectamente compatible la existencia de un sistema mixto de educación superior, en el que convivan una robusta educación pública, financiada de manera adecuada por el Estado e IES privadas, sujetas a los más altos estándares de calidad y bienestar, y también el ICETEX como un mecanismo auxiliar de la política de educación superior nacional”, argumentan los estudiantes.La Asociación de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior insistió en que es necesario una reforma integral para el sector que incluya varios criterios como la eliminación de la figura de la capitalización de interés y entregar auxilios reales a los estudiantes y su familias.
La Personería de Medellín se encuentra en la lupa de la ciudadanía y de críticas en redes sociales, por verse inmersa en varias polémicas.Una foto del personero de Medellín besando una de las camionetas entregadas en las últimas horas a esa entidad genera controversia en la capital antioqueña. Además, durante el acto estuvo presente el personero auxiliar, quien a esa misma hora tenía una audiencia de imputación de cargos en el municipio de Campamento, la cual fue aplazada.Críticas desde diferentes sectores cayeron, por este motivo, al personero de Medellín, Mefi Boset Rave Gómez, luego de que en redes sociales de la Personería Distrital se publicara una polémica fotografía del funcionario en medio de la entrega de tres nuevas camionetas para el cumplimiento de las funciones de la entidad.En la fotografía, cuya publicación ya fue eliminada, el funcionario está besando uno de los vehículos de alta gama recientemente adquiridos, lo que desató comentarios de todo tipo por parte de los usuarios en redes, especialmente relacionados con la austeridad y en el gasto público y la gestión de Rave en los primeros casi diez meses de su gestión.Desde la entidad del Ministerio Público indicaron que las camionetas entran a reforzar un parque automotor que ahora es de 16 vehículos para cumplir con las distintas tareas misionales que tienen en la capital antioqueña.Una situación que tampoco pasó desapercibida durante el acto de entrega tuvo que ver con la participación del personero auxiliar de la ciudad, Héctor Alfonso Gómez, quien por esas horas estaba citado para una audiencia de imputación de cargos en el municipio de Campamento, la cual fue aplazada.Cuando se desempeñó como alcalde de esa localidad del Norte de Antioquia entre 2012 y 2015, Gómez habría omitido solicitar autorización expresa al Concejo Municipal para realizar la compra del lote rural denominado Los Chorros para la ejecución de un proyecto de vivienda, situación por la que incluso ya fue sancionado por la Procuraduría.Actualmente ante la justicia el personero auxiliar debe responder por el cargo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
