La Agencia Nacional de Tierras (ANT), encabezada por su director Felipe Harman, ha dado un paso significativo en la resolución del conflicto por la posesión de los predios Simba, Potosí y La Laguna, ubicados en el municipio de San Antonio de Palmito. Desde hace una semana, estos terrenos están bajo control de la etnia Zenú, que los reclama para ser utilizados de acuerdo con los compromisos asumidos en marzo de 2024 por el Gobierno Nacional.Durante una reciente visita a la zona, Felipe Harman expresó su compromiso con la comunidad y las asociaciones campesinas e indígenas, asegurando que se resolverán los inconvenientes que han surgido. En su intervención, destacó que "Una vez reciban los predios de manera legal por parte de la SAE, se los entregarán a los indígenas y campesinos tal como ya se los anunció el mismo presidente Gustavo Petro". Esta afirmación refuerza la promesa de garantizar la entrega oficial de las tierras a la comunidad, un paso clave para asegurar el uso productivo de estos terrenos.El proceso de entrega de las tierras está en marcha, y se espera que en un plazo de 15 días la Sociedad de Activos Especiales (SAE) transfiera oficialmente los predios a la ANT. A partir de ese momento, la Agencia Nacional de Tierras procederá con la entrega a las asociaciones de campesinos y a la comunidad indígena, tal como se había acordado en las negociaciones previas.El encuentro también contó con la presencia de Martín Moreno Argüello, cacique regional Córdoba-Sucre del pueblo Zenú, quien agradeció a la ANT por su disposición para dialogar y buscar soluciones a las demandas de la comunidad. En sus palabras, destacó la importancia de la atención brindada, señalando que “la capacidad de diálogo y de buscar una solución ha sido fundamental para avanzar en este proceso”.Desde el inicio de la minga el 20 de enero, la cual ha sido completamente pacífica, también se ha contado con la participación activa del alcalde de San Antonio de Palmito y de Ubadel Pérez, cacique territorial de la comunidad Zenú. Pérez, quien ha sido uno de los principales impulsores de las conversaciones, afirmó que después de la mesa de concertación con la ANT, se establecerán nuevas reuniones periódicas cada ocho días con el fin de agilizar los trámites con el Gobierno nacional y garantizar que los predios pasen, finalmente, a manos de los campesinos e indígenas de la región.La entrega de los predios es un paso clave en la lucha por la recuperación de tierras históricas para la comunidad Zenú y para las asociaciones campesinas de la zona, que ven en este proceso una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida mediante el uso productivo de los terrenos. La colaboración entre las autoridades locales, la ANT y la comunidad es vista como un modelo de resolución de conflictos que prioriza el diálogo y el respeto a los compromisos adquiridos.
Este encuentro, el primero del año 2025, se centró en el acceso y uso de la tierra, un componente clave del acuerdo que busca garantizar la justicia social en las zonas rurales del país.Felipe Harman, director de la ANT, destacó la importancia de la reunión, señalando que fue una excelente oportunidad para presentar los avances en los objetivos trazados para este año y resolver inquietudes de la Misión ONU Colombia. "Este espacio nos permitió compartir las principales acciones que tenemos previstas para este 2025, avanzando con paso firme en la implementación de la Reforma Agraria", afirmó Harman.Uno de los temas centrales abordados fue la estrategia para garantizar el acceso a la tierra en un contexto de postconflicto, en el que se busca reparar a las víctimas y promover el desarrollo rural. En este sentido, se establecieron metas claras para este año, entre las que se incluyen:Lograr al menos un 70% de adjudicaciones de las tierras que ya han sido compradas, asegurando que los beneficiarios puedan acceder a sus propiedades de manera efectiva.Continuar con la atención y fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), donde ya existen 18 de estas zonas constituidas, y apoyar la implementación de los Planes de Desarrollo que se están llevando a cabo con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Tierras.Implementar el Decreto Presidencial 1322 de 2024, que otorga nuevas facultades a la ANT para estructurar y otorgar proyectos productivos en las tierras entregadas, con el fin de fortalecer a las organizaciones campesinas y fomentar la producción sostenible en el campo colombiano.Fortalecer el programa “Fincas para la Paz”, destinado a la compra de tierras para los campesinos víctimas del conflicto armado, brindándoles refugio y oportunidades de desarrollo.En cuanto a los avances en el fortalecimiento institucional, la Agencia Nacional de Tierras también destacó el reto de conformar 700 Comités Municipales de Reforma Agraria, un paso fundamental para asegurar que las políticas agrarias lleguen de manera efectiva a las comunidades más vulnerables.La Misión ONU Colombia, por su parte, mostró su interés en seguir acompañando a la ANT en estos procesos. Según Felipe Harman, “la Misión ONU Colombia revisó nuestros progresos con mucho interés y se comprometió a apoyarnos en cada uno de los puntos clave para avanzar en conjunto, en una articulación que permita resultados concretos en los territorios”.Durante el encuentro, también se discutieron los avances en la situación de los firmantes del acuerdo de paz, un tema de gran relevancia en la actualidad. A este respecto, el Gobierno Nacional expresó tranquilidad, destacando que las metas planteadas para 2025 están en marcha y que se trabajará en agendas conjuntas entre Naciones Unidas y la ANT para visitar los territorios y avanzar en las tareas de formalización y adjudicación de tierras.El director de la ANT subrayó la importancia de las ZRC, asegurando que la constitución de estas zonas no es solo una formalidad, sino un proceso de trabajo continuo para avanzar en la formalización de tierras, adjudicaciones y el fortalecimiento de este modelo de ordenamiento territorial. Además, destacó que la Misión ONU Colombia ha sido testigo de los resultados históricos alcanzados en materia de tierras, lo que augura un 2025 lleno de avances en el marco de la Reforma Agraria."Vamos a seguir trabajando en conjunto con la Misión ONU Colombia para consolidar los logros alcanzados y continuar fortaleciendo los mecanismos que permitan avanzar en la justicia social en las zonas rurales", concluyó Felipe Harman, reafirmando el compromiso con la paz y la equidad en el campo colombiano.
Pese a que en octubre pasado, la sala penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla autorizó que Salvatore Mancuso recorriera la región Caribe para que identificara bienes que pertenecían a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), este procedimiento no fue adelantado, al parecer, por el no cumplimiento de unos requisitos por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). De acuerdo con el Tribunal, el director de la ANT, Felipe Harman, solicitó que no fuera prorrogada la autorización que habían concedido a Mancuso para que entre el 31 de noviembre de 2024 y el 31 de enero de 2025 visitara los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira; a lo que el magistrado Carlos Pérez alegó que más allá de ampliarla en el tiempo o no, esta "comparecencia excepcional" no se "materializó" en ningún momento. "La Sala (de Justicia y Paz) toma nota y deja claro que esa entidad nunca presentó el cronograma requerido, por lo que tal autorización no llegó a materializarse", señala el auto en respuesta a la ANT. De acuerdo con lo que se expone en el medicamento, a través del auto 640 del 2024, se estableció que para el desarrollo de estas visitas, que permitirían identificar más bienes que pertenecieron a las AUC, era necesario que la ANT elaborara, "con los datos que esa entidad cuenta y con los que le aporte el procesado" un listado de los "bienes a buscar", para lo que además debían desarrollar un cronograma de lugares a visitar. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro sucedió. Incluso, en este mismo documento, se plantea que sin tal planeación no puede hacerse efectivo el cumplimiento del auto 618 de 2024 con el que se habilitó la visita de Mancuso a estos territorios donde delinquió. Al respecto, desde Blu Radio fue realizada la consulta a la ANT, quienes indicaron que el equipo jurídico está realizando la respectiva revisión del auto 013 de 2025, para entregar una respuesta frente a qué sucedió en este caso, en el que no se habría cumplido con dichas visitas, las cuales serían claves en el proceso de verdad y reparación que tiene pendiente Mancuso con las víctimas del conflicto.
En una travesía por el imponente Cañón del Duda, que lo más intimidante son los desfiladeros, esas aberturas angostas propias de las montañas en formación, El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman Ortiz, junto con su equipo técnico y directivo, emprendieron el pasado jueves 16 de enero un largo recorrido a pie y a lomo de mula que se extendió durante cinco días. Este comenzó en el páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, situado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y finalizó en la vereda Planes, en el municipio de Uribe, Meta, a tan solo 700 metros de altitud.Durante el recorrido de aproximadamente 100 kilómetros, Harman y su equipo cruzaron el Cañón, una de las rutas más desafiantes de Colombia. El objetivo principal de esta travesía fue poner en marcha el "Plan 10.000 Zona Andina", que tiene como meta entregar 10.000 títulos de tierras en 2025 a los campesinos de esta región. El programa busca formalizar las tierras en áreas como Sumapaz, donde un alto porcentaje de los campesinos se encuentra en situación de informalidad. En la zona rural de Uribe por ejemplo, el 67,8 % de los agricultores aún carecen de títulos de propiedad."Claramente es muy difícil llegar a estos sitios. Aquí tenemos que darle nuestro reconocimiento a la valentía, al esfuerzo, al trabajo laborioso de los campesinos de esta región y que en medio de esas dificultades duran dos o tres días para poder acceder a sus predios, acceder a sacar su cosecha después de tanto esfuerzo. Creo que hay que reconocerles su valentía a la hora de construir país. Vale la pena hacer un gran esfuerzo de respaldo y de apoyo y lo estamos haciendo el día de hoy con la estrategia de formalización que asegure títulos de propiedad", afirmó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman.El recorrido abarcó varias veredas y centros poblados, como San José, Nueva Granada, Tempranos, Duda, La Herramienta y Planes, que en total cubren una extensión de 630.000 hectáreas."En este proceso es muy importante el tema de los predios que hacen parte de las escuelas, de los puestos de salud, que históricamente pues no hacían parte de las administraciones municipales y esta era como la disculpa de no poder invertir en ello claramente porque esa dificultad precisamente la que genera la falta de inversión, no se pueden hacer inversiones públicas si no existen esos títulos. También podemos decir que hay cuadrillas de reconocimiento que avanzan de forma significativa en este proceso, nosotros fuimos con topógrafos que de una vez levantaron tres escuelas, esperamos entregar esos títulos antes de que termine junio", agregó Harman.La travesía no solo fue un desafío físico debido a la altitud y el terreno rocoso, sino también por debido a las constantes lluvias que requieren equipo adecuado. Durante el viaje, que se desarrolló a altitudes que oscilaban entre los 3.350 y los 3.850 metros sobre el nivel del mar, Harman y su equipo estuvieron acompañados por guías locales experimentados para afrontar las exigentes condiciones."Queremos trabajar de la mano con los campesinos, materializando la Reforma Agraria, para que más familias sean propietarias de tierras y puedan trabajarlas con garantías", expresó el director al inicio de la caminata. Por otra parte, el trabajo con los campesinos fue una constante durante todo el recorrido.Además de tratar temas relacionados con la formalización de tierras, como la titulación de predios baldíos y la compra de tierras para los habitantes del páramo de Sumapaz, Felipe Harman director de la Agencia Nacional de Tierras, también participó en encuentros con líderes comunitarios para impulsar proyectos de desarrollo rural que promuevan una producción agroecológica sostenible.Para José Parra, campesinos y edil de Sumapaz es gratificante que, “el Gobierno del presidente Petro por medio de la Agencia Nacional de Tierras está llegando a los territorios más apartados del país, desde la vereda Tempranos. Hoy se va formalizar este predio donde estamos ubicados, ¡que viva la Reforma Agraria!", aseguró.Esta iniciativa también incluye la posible implementación de la Zona de Reserva Campesina en el Cañón del Duda, un proyecto que busca fortalecer la seguridad jurídica de los campesinos. El 20 de enero, la travesía culminó en Uribe, donde La Agencia Nacional de Tierras formalizó 11 títulos de propiedad que corresponden a 536 hectáreas y destacó la importancia de este tipo de esfuerzos para apoyar a los campesinos que enfrentan condiciones extremas para legalizar sus predios."Es necesario reconocer el esfuerzo y la valentía de los campesinos, quienes, a pesar de las dificultades, siguen adelante con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Creemos que las cosas se pueden hacer bien, creemos que podemos hacer historia en la formalización de tierras de este municipio", concluyó el director de la ANT. El recorrido por el Cañón del Duda, un terreno único lleno de cascadas y paisajes impresionantes, se ha consolidado como un desafío para los amantes del senderismo, al tiempo que subraya la importancia de la Reforma Agraria para el desarrollo rural del país.
La firma del Memorando de Entendimiento en el marco del "Plan 10.000 Zona Andina", entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Gobernación de Boyacá permitirá que más campesinos y campesinas puedan obtener títulos de propiedad al ser reconocidos como dueños legítimos de sus tierras. Un avance importante para mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales."Hoy lo que estamos anunciando más que una entrega es un convenio en el que aunamos esfuerzos. Esperamos que para finales del año estemos recogiendo los frutos de este esfuerzo con la meta de 5000 títulos aquí en el departamento de Boyacá y la gran apuesta de la Reforma Agraria, para que los campesinos sean protagonistas, la seguridad jurídica del campesino hace parte de la Reforma Agraria. La tenencia de tierra por parte de campesinos hace parte estructural de dignificar la vida del campo y esperamos que podamos articular otro sinnúmero de acciones articuladas con los campesinos para seguir avanzando en su empoderamiento a lo largo y ancho de la geografía nacional", afirmó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman.La informalidad en la tenencia de la tierra es un problema grave en Colombia, y Boyacá está entre los departamentos con mayores índices. Según datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), más del 50% de las tierras en el país no tienen un título legal, lo que genera incertidumbre y dificulta el acceso a recursos para el desarrollo. Esto ha afectado a miles de familias campesinas que, a pesar de trabajar la tierra desde hace años, no tienen reconocimiento oficial de su propiedad.Con el ‘Plan 10.000 Zona Andina’, el Gobierno nacional y la Gobernación de Boyacá se han comprometido a entregar títulos de propiedad a 10.000 campesinos de Boyacá y Cundinamarca. Esto incluye tanto terrenos privados como baldíos, lo que permitirá a muchos campesinos acceder a créditos agropecuarios y proyectos productivos. La inversión del Gobierno en el proyecto será de más de 40.000 millones de pesos.Al formalizar la propiedad de la tierra, se aumentará la productividad agrícola, se reducirá la desigualdad en el campo y se fomentará la paz en las regiones rurales.Así lo afirmó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya: “Nuestro objetivo es que Boyacá se convierta en un modelo nacional en la titulación de tierras. Con la firma de este convenio con la ANT, no solo se asignarán recursos clave para el proyecto, sino que también se pondrá a disposición la capacidad instalada, así como funcionarios y contratistas de diversas entidades para asegurar que los procesos de formalización en el departamento avancen de manera ágil y segura”.Para muchas familias en situaciones similares, la formalización de la tierra representa la oportunidad de tener un futuro más estable y acceder a recursos que antes les eran inaccesibles. "Estoy muy contenta, al fin vamos a ser propietarios de pleno derecho de nuestros predios. Gracias a la inversión que está realizando el Gobierno nacional y departamental en este plan de formalización, muchos más campesinos vamos a tener el orgullo de contar con nuestro título y poder acceder a créditos agropecuarios y proyectos productivos. Esta es una ayuda enorme para nosotros”, afirmó Sandra Milena Motiva Guerrero, campesina y vocera de la comunidad que llevaba más de diez años esperando la titulación de su predio en la vereda de Ricayá Norte, en el municipio de Chivatá.Según la Agencia Nacional de Tierras el ‘Plan 10.000 Zona Andina’ es una oportunidad para avanzar en la justicia rural y garantizar el bienestar de las comunidades campesinas de Boyacá ya que la formalización de tierras es fundamental para que las familias rurales puedan crecer, acceder a nuevos recursos y aportar al desarrollo del país.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
Giovanni Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras y líder indígena, enfrenta una nueva amenaza tras el ataque incendiario a su vivienda. Su hijo, quien estaba presente durante el incidente, logró alertar a la comunidad, evitando una tragedia mayor. Este hecho suma tensión a su labor en un contexto de constantes amenazas en el departamento del Cauca, donde grupos armados operan en la región.En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Yule narró los momentos de angustia tras recibir la llamada de su hijo de 26 años. “Me despertó su llamada diciéndome que la casa estaba en llamas. Afortunadamente, reaccionó a tiempo, despertó a los vecinos y lograron apagar el fuego rápidamente”, explicó. Pese a que parte de la vivienda construida en bareque y madera resultó afectada, el líder destacó que su hijo salió ileso: “Gracias a Dios está bien, eso es lo más importante”.El ataque, calificado por las autoridades como un acto criminal, está siendo investigado por la Fiscalía y la Policía. Yule detalló que desde el primer momento se hicieron presentes en el lugar agentes del CTI, quienes recogieron evidencias para identificar a los responsables.Giovanni Yule no es ajeno a las amenazas. Durante su labor como autoridad indígena en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y, más recientemente, como funcionario público, ha recibido múltiples advertencias. “En el marco de la restitución de tierras, tanto yo como otros directores territoriales hemos sido amenazados. Es un trabajo difícil porque significa devolver las tierras a quienes fueron despojados en el conflicto”, señaló.El Cauca es una de las regiones con mayor presencia de grupos armados ilegales, incluidas disidencias de las FARC y bandas criminales. Aunque Yule no descarta ninguna hipótesis, subraya que el ataque podría estar relacionado con su gestión como director de la Unidad de Restitución de Tierras. “Lo que buscan los violentos es sembrar miedo para que abandonemos el territorio, pero no lo vamos a hacer”, afirmó con determinación.El líder indígena destacó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad tanto para él como para su familia, quienes ahora también están en riesgo. Hasta el momento, Yule cuenta con protección personal proporcionada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero hizo un llamado para ampliar esta cobertura. “Mi familia está en una situación vulnerable. Es importante fortalecer la seguridad colectiva de la comunidad y las autoridades del resguardo”, agregó.A pesar de las amenazas, Giovanni Yule reafirmó su compromiso con su labor y con su territorio ancestral en Caloto. “Como pueblo Nasa, no cederemos ante la estrategia de los violentos. Seguiremos trabajando por la restitución de tierras y por el fortalecimiento de nuestra comunidad”, subrayó.
Con una demanda, el equipo de Asuntos Étnicos de Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras prevé restablecer los derechos territoriales de más de 400 personas que integran 200 familias del Resguardo Indígena Yarumal y El Barraco que fueron víctimas de la violencia durante tres décadas.Según Jose Alberto Kunzell, director territorial de restitución en Apartadó, dentro de las pretensiones de la demanda se busca la formalización del territorio de esta comunidad compuesto por más de 5 mil hectáreas en Riosucio, Chocó y también el fortalecimiento de la Guardia Indígena."Con esto se busca el fortalecimiento de esa comunidad étnica, así como la construcción de un plan de reparación colectiva. Queremos también que se garantice el goce de esta comunidad, del uso de ese territorio, de acuerdo a sus costumbres ancestrales con las comunidades indígenas de la zona del Urabá y el Darién", indicó el director.Estos 400 indígenas son víctimas de desplazamiento, abandono, confinamiento, homicidio, reclutamiento, siembra de minas, secuestros y hasta bombardeos por parte de grupos armados durante más de 30 años. Es por eso que con esta demanda se busca la reparación integral de estas personas que han sido víctimas de múltiples hechos de violencia, perpetrados tanto por los paramilitares como por la antigua guerrilla de las Farc, e incluso el Ejército Nacional, pues recordemos que este último, en 1997, fue causante del primer desplazamiento de estas comunidades debido a un bombardeo en la cuenca del río Salaquí.Vale la pena recalcar que la Dirección Territorial Apartadó ha logrado la restitución de más de 14 mil hectáreas a través de 507 sentencias. Así mismo, el equipo de Asuntos Étnicos ha realizado al menos cuatro caracterizaciones y cuatro demandas radicadas, que benefician a comunidades ancestrales de Murindó y Belén de Bajirá.
Son 15 casos de 1.115 hectáreas las que están en estudio por parte de la Unidad de Restitución de Tierras para que los predios despojados por Salvatore Mancuso en el contexto del conflicto armado en Colombia puedan llegar a manos de las víctimas.Se trata de 13 fincas ubicadas en los municipios de Mutatá y San Pedro de Urabá en Antioquia y otros bienes que están en Valencia y Tierralta, en el departamento de Córdoba. En esos predios avanzan las etapas administrativas y judiciales de los procesos para priorizar estos casos y que los predios sean entregados prontamente a cada una de las víctimas reclamantes de las tierras de donde los sacó la violencia.José Alberto Kunzell, director territorial de restitución de tierras en Apartadó, detalló que de los predios despojados por Salvatore Mancuso hay 218 hectáreas en Mutatá y 614 en San Pedro de Urabá."Hemos venido haciendo enormes esfuerzos para que efectivamente las víctimas de abandono y despojo puedan ser restituidas en esos predios, que efectivamente se logre la restitución jurídica y material. Pretendemos con el proceso de restitución de tierra que estas hectáreas contribuyan a la reparación integral de las víctimas del conflicto", señaló Kunzell.Además, hay 31 predios que también fueron despojados por el exjefe paramilitar y que ya se encuentran en esa entidad, lo que significan unas 3.469 hectáreas que ya están en proceso para reparar a algunas víctimas en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba, entre los años 1998 y 2003.
