El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) emitió un pronunciamiento alarmante sobre la situación fiscal del país y advirtió que el país enfrenta un riesgo muy alto de incumplir con la regla fiscal. Este diagnóstico se fundamenta en el significativo desbalance entre los ingresos tributarios y los gastos de la nación.Contexto y cifras preocupantesSegún el CARF, el recaudo tributario en 2024 será $15 billones inferior a la meta ajustada establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y $72 billones por debajo de los ingresos tributarios proyectados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de este año.A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional, que incluyeron ajustes en el gasto fiscal por más de $28 billones, la situación financiera sigue siendo crítica. El cumplimiento de la regla fiscal en 2024 requerirá medidas adicionales de $40 billones, equivalentes al 2,4 % del PIB, lo que pone de manifiesto la magnitud del desafío.Liquidez en mínimos históricosOtro de los puntos destacados por el CARF es el deterioro de los niveles de caja del gobierno, los cuales se encuentran en $6,4 billones, cerca de su mínimo histórico. Esta posición refleja una inconsistencia estructural entre el gasto programado y la capacidad del país para generar ingresos sostenibles.Perspectivas para 2025: un ajuste fiscal monumentalDe cara a 2025, las proyecciones no son más alentadoras. El CARF estima que será necesario un ajuste fiscal de $52 billones para cumplir con la regla fiscal. Esta cifra supera ampliamente las expectativas iniciales del gobierno y refleja la urgencia de adoptar medidas estructurales. Adicionalmente, la falta de aprobación de la Ley de Financiamiento ha reducido las expectativas de ingresos en $12 billones, complicando aún más el panorama.Pronunciamiento N°14 del Comité Autónomo de la Regla Fiscal El cumplimiento sostenido de la regla fiscal requiere medidas estructuralesComité Autónomo de la Regla Fiscal, CARFBogotá, diciembre 19 de 2024El CARF ha venido alertando sobre los requisitos del cumplimiento de la regla fiscal en 2024 (ver pronunciamientos 11, 12 y 13). El gobierno nacional enfrenta retos fiscales, presupuestales y de caja, en un contexto de recaudo tributario por debajo de los niveles programados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024.En 2024, el CARF estima que el recaudo tributario en 2024 se ubicará COP 15 billones por debajo de la meta actualizada en el MFMP publicado en junio, y COP 72 billones inferior a los ingresos tributarios programados en el PGN 2024.En respuesta al mal desempeño del recaudo en lo corrido del año, el gobierno nacional hizo ajustes importantes en el gasto fiscal, a través de decretos de aplazamiento y de recorte, y de un ajuste en el Plan Anual de Caja (PAC). En el agregado, las medidas de aplazamiento y recorte han contribuido a un ajuste de gasto fiscal de COP 20,6 billones frente al PGN 2024.Con la información a la fecha, el CARF estima que cumplir con el gasto fiscal consistente con el cumplimiento de la Regla Fiscal (COP 289 billones) requiere medidas adicionales por alrededor de COP 40 billones (2,4pp del PIB). Estas medidas incluyen no solamente un mayor recorte sino un manejo del PAC, dentro de la medida de lo posible, entre otras acciones posibles. En el Pronunciamiento 13 el CARF estimaba que se requería un ajuste fiscal adicional de COP 31 billones, sobre la base de que el recaudo tributario se ubicaría COP 10,4 billones por debajo de la meta y el decreto de recorte generaba un impacto fiscal adicional (frente al decreto de aplazamiento de junio) de COP 13 billones. Sin embargo, en anuncios posteriores del gobierno se confirmó que el decreto de recorte se ejecutaría por COP 28,4 billones, lo que implica una disminución adicional del gasto fiscal de COP 8,4 billones.Los datos de ejecución con corte a noviembre siguen reflejando un rezago frente al mismo periodo de 2023. En efecto, la relación entre obligaciones y apropiaciones entre enero y noviembre de 2024 se ubica en 71,1%, 8,3 puntos porcentuales (pp) por debajo del nivel observado en ese periodo 2023.No obstante, el CARF ha adelantado ejercicios que sugieren que alcanzar el gasto primario requerido para cumplir con la regla fiscal luce retador. Haciendo la conversión de ejecución de gasto del PGN a ejecución fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) se observa que el gasto fiscal primario a noviembre se ubicó en COP 283,6 billones. Eso implica que en diciembre el gasto primario deberá situarse en COP 5,4 billones para cumplir con la regla fiscal. Sin embargo, históricamente, el gasto fiscal primario en diciembre ha sido 32% superior al observado, en promedio, entre enero y noviembre y el gasto primario promedio mensual en 2024 ha sido cercano a COP 26 billones.El CARF advierte que los niveles actuales de caja en pesos suponen riesgos de liquidez. Con corte al 6 de diciembre, la caja se ubicó en COP 6,4 billones, cerca del mínimo histórico (entre 2012 y 2023) para ese mes. La débil posición de caja es un espejo de la inconsistencia entre la programación de gasto y la capacidad de generación de ingresos estructurales. Esta situación genera preocupaciones sobre la posición de caja para 2025 y, posiblemente, señala dificultades estructurales de liquidez.Para 2025, el CARF estima que se requiere un ajuste fiscal de COP 52 billones (2,9pp del PIB) para cumplir con la regla fiscal respecto del PGN 2025. Los indicadores fiscales finales de este año impactarán la situación de 2025. La brecha entre el recaudo previsto y la meta de ingresos tributarios de 2024, que fue utilizada para programar el PGN 2025, se traduce en una menor base de ingresos con respecto a lo que había sido proyectado. En concreto, el CARF estima que la menor base de recaudo de 2024 reducirá los ingresos de 2025 en COP 17 billones. A eso se le suma que el CARF estima que los ingresos por gestión de la DIAN serán inferiores en COP 22,6 billones a los incluidos en el PGN 2025; mientras que la no aprobación de la Ley de Financiamiento reduce la expectativa de recaudo en COP 12 billones frente al presupuesto que será decretado.Se espera que el gobierno realice el ajuste fiscal correspondiente a inicios de 2025. Una vez el gobierno actualice el Plan Financiero de 2025, momento en el que se prevé que también se publique el cierre fiscal de 2024, el CARF se pronunciará nuevamente sobre la situación fiscal y su implicación para la sostenibilidad de las finanzas públicas.Nota institucional: El marco normativo de la responsabilidad fiscal en Colombia se ha fortalecido en las últimas dos décadas con la inclusión del criterio de sostenibilidad fiscal en la Constitución, para que la dirección de la economía y la hacienda pública se haga en un marco de sostenibilidad fiscal. Este criterio aplica al Plan Nacional de Desarrollo y al Presupuesto General de la Nación, que deben orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público. Con la Ley 1473 de 2011, se introdujo una Regla Fiscal de balance estructural para el Gobierno Nacional Central. Esta regla se fortaleció con la Ley 2155 de 2021, que además modificó las metas cuantitativas y vinculó las a deuda neta; creó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) como un organismo técnico permanente e independiente para realizar seguimiento a la Regla Fiscal buscando garantizar la sostenibilidad financiera.Entre las funciones del CARF se identifican cuatro principales responsabilidades:Pronunciarse sobre: El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el informe sobre cumplimiento; proyecciones macroeconómicas; sostenibilidad a largo plazo; seguimiento a cláusulas.Emitir concepto técnico sobre: MFMP; metodologías para indicadores fiscales; ciclos petrolero y económico.Efectuar análisis consistentes entre: metas fiscales; PGN; Plan Plurianual.Proveer insumos técnicos para calcular ciclo económico: PIB tendencial; elasticidades del recaudo al PIB.
La reforma tributaria propuesta por el Gobierno ha llevado a intensos debates, tanto en el ámbito político como en el social. En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, fue claro al establecer que la intención de esta legislación es recaudar fondos esenciales para la inversión pública y evitar un incumplimiento de pagos en el futuro. Sin embargo, el camino hacia su aprobación parece lleno de obstáculos, especialmente en un contexto donde la clase media se siente cada vez más presionada. Desafíos en el CongresoEl reciente intento de aprobación de la reforma se ha topado con resistencias en el Congreso. Las voces críticas apuntan a que el aumento de impuestos, particularmente el IVA en compras internacionales y la introducción de un impuesto al carbono, y los cuales aseguran, impactará desproporcionadamente a la clase media. El ministro Guevara asegura que estas medidas buscan igualar las condiciones para todos los comerciantes, pero los ciudadanos sienten que esto afectará sus bolsillos significativamente. "La reforma tributaria está diseñada para proteger la inversión y el crecimiento económico, pero debemos ser conscientes de sus consecuencias sobre las familias colombianas", aseguró Guevara durante la entrevista. La regla fiscalAl ser preguntado sobre la regla fiscal, el ministro enfatizó que "es una es una norma constitucional y nosotros la hemos respetado". Sin embargo, explicó que no son estáticas. "Hoy hay debates en la Unión Europea sobre sobre sobre esos horizontes de las reglas como se van actualizando esas normas, digamos, con los cambios de paradigmas", contó. Impuestos y clases socialesDurante la conversación, se mencionó que el impuesto al carbono podría resultar en un aumento gradual en el costo de los combustibles. Esto genera inquietud, ya que los precios de la gasolina y el gas impactan directamente a todos los estratos sociales. A esto se suma la implementación del IVA en compras inferiores a doscientos dólares en plataformas internacionales, una medida que, según críticos, podría limitar el acceso a productos y encarecer la vida cotidiana de muchos colombianos. Una visión crítica sobre la reforma Expertos han cuestionado la capacidad de la economía colombiana para soportar una carga impositiva adicional en un momento en que apenas está comenzando a recuperarse de crisis pasadas. La lucha entre crecimiento económico y equilibrio fiscal es un tema recurrente. Según estimaciones, la reforma solo podría beneficiar a una pequeña parte del sector empresarial, mientras que el ciudadano promedio enfrentaría tensiones económicas. En este contexto, es crucial que el gobierno y el Congreso trabajen en conjunto para encontrar soluciones que no perjudiquen a las clases medias y trabajadoras. La sostenibilidad fiscal debe llegar acompañada de un plan que contemple la distribución equitativa del ingreso y un mejor uso de los recursos recaudados. Escuche aquí la entrevista:
El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, ha lanzado serias advertencias sobre la reforma constitucional que busca aumentar las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) del 24 % al 39.5 %. En entrevista con Sala de Prensa de Blu Radio, Mejía destacó los riesgos fiscales y el impacto que esta medida podría tener en la sostenibilidad económica del país, calificándola como un proyecto "desbalanceado" y con una alta carga política.“El Sistema General de Participaciones, que representa el 24 % de los ingresos de la Nación, financia principalmente educación, salud y agua potable en las regiones”, explicó Mejía. Sin embargo, el aumento propuesto generaría un gasto adicional de 34 billones de pesos anuales, una cifra que supera el 75 % del presupuesto de inversión del próximo año. Según Fedesarrollo, “esto generaría un incremento preocupante en el déficit fiscal, la deuda pública y un posible incumplimiento de la regla fiscal”.El problema central radica en que el Gobierno no ha presentado un plan claro sobre cómo financiar este aumento de recursos. “El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha defendido la reforma argumentando que no habría impacto fiscal porque parte de los gastos del Gobierno nacional serían asumidos por las entidades territoriales. Pero nuestros cálculos indican que solo entre 10 y 12 billones podrían trasladarse. El resto tendría que financiarse con endeudamiento, lo cual es insostenible”, afirmó Mejía.Fedesarrollo propone un aumento más moderado, del 24 % al 30 %, lo que representaría alrededor del 1 % del PIB, es decir, 15 billones de pesos. Este ajuste permitiría apoyar a las regiones sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país. Mejía también señaló que no todas las regiones tienen la capacidad de gestionar estos recursos de manera eficiente: “Mientras ciudades como Bogotá y Medellín pueden hacerlo, no es el caso de todas las entidades territoriales, que enfrentan graves limitaciones institucionales”.A pesar de las críticas, el proyecto cuenta con gran apoyo político, en gran medida debido a su atractivo para gobernadores y alcaldes. Mejía calificó esta dinámica como “una golosina política en un año preelectoral”. Sin embargo, advirtió que el impacto económico podría traducirse en un aumento del costo del endeudamiento para el Gobierno y para los ciudadanos.“Estamos viendo ya señales de alerta: tasas de interés más altas y una depreciación acelerada del peso. Esto refleja la percepción de riesgo en los mercados frente a la capacidad del Gobierno de financiar estos compromisos”, enfatizó.Aunque algunos economistas han planteado que el proyecto podría ser rechazado por la Corte Constitucional debido a su impacto fiscal, Mejía se mostró escéptico: “Es difícil que se caiga porque se trata de una reforma constitucional. Lo que queda es ajustar la propuesta en el último debate para minimizar los riesgos”.La discusión continúa en un entorno político polarizado. Mejía hizo un llamado a la responsabilidad: “No podemos comprometer nuestra sostenibilidad fiscal a largo plazo por decisiones apresuradas. Colombia necesita pensar en el futuro con seriedad y evitar crisis profundas como las que han enfrentado otros países de América Latina”.
Aun si se aprueba la reforma tributaria propuesta por el Gobierno nacional Fitch Ratings pronostica que habrá dificultades para cumplir con el objetivo 'revisado' de la regla fiscal para el próximo año entre otras cosas debido a los riesgos de que la Dian no pueda cumplir con las metas de recaudo de impuestos.La perspectiva es que el déficit fiscal baje primero a 5.1 % del PIB en 2025 y luego a 4.7 % del PIB en 2026. Sin embargo, más allá de 2026 será difícil reduciendo el déficit a menos que se hagan nuevas reformas tributarias."Colombia tiene un buen historial de implementar reformas tributarias para aumentar los ingresos en medio de los precios fiscales. Sin embargo, Fitch no anticipa ninguna tributaria adicional en lo que le queda a la administración Petro", señala el reporte.Los líos fiscales del país y sus enormes deudas son una de las principales razones que impiden la recuperación del grado de inversión.Fitch mantuvo la calificación para Colombia en BB+ con una perspectiva estable, lo que quiere decir que, por ahora, no hay planes de una mejor nota ante los mercados.
El presidente Gustavo Petro confirmó desde el Comando Aéreo de Mantenimiento que finalmente Colombia eligió al proveedor que venderá la flota de aviones de combate con el fin de reemplazar los Kfir, que ya cuentan con más de 50 años de servicio en el país. Según el primer mandatario, la compra de las aeronaves no generará un impacto fiscal.“Hemos tomado la decisión dada la vejez de la actual flota estratégica, reemplazarla por aviones nuevos de última tecnología. Ya hemos tomado decisiones. Quiero anunciar que esa nueva flota de aviones, de la flota estratégica de Colombia, de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, no va a causar un impacto fiscal para este año, ni para el año entrante, ni para el que sigue. Mirando lo que los economistas llaman el plan financiero mediano plazo”, dijo Petro.Dijo el presidente Gustavo Petro, además, que Colombia ha empezado a lograr negociaciones que permiten los suficientes años de gracia para que el pago de los nuevos aviones, cuyo origen aún no confirmó, no impacte en la actual crisis fiscal presupuestaria de Colombia. “Es a precios justos y con las mejores condiciones fiscales para Colombia”, añadió el mandatario.El presidente no confirmó si la compra se hará finalmente o no con la empresa Saab de origen sueco, compañía que vendería una flotilla de aviones Gripen. Sin embargo, dijo Gustavo Petro que será una compra ‘offset’, que consiste en que el vendedor proveerá a Colombia de algún servicio a cambio de la decisión de compra de la flota de aviones.“Ojalá me inviten a subirme en uno de esos aviones. No es bueno que un país se dedique a comprar armas sin una especie de compensación por el uso de sus recursos en ese tipo de tecnología que al final, pues representa es una tecnología de la guerra y de la defensa. A eso se le ha llamado el offset y el Gobierno actual que represento ha decidido una negociación específica sobre el offset que es lo que el país y la empresa constructora de ese tipo de tecnología puede ofrecerle a Colombia que no es de guerra, sino cuál es el ofrecimiento en materia de paz”, añadió.¿Colombia comprará aviones Gripen?Este martes, medios europeos, entre ellos la agencia Reuters y el noticiero sueco Ekot (perteneciente a la radio pública sueca) manifestaron que el país está dispuesto a comprar los aviones fabricados por la empresa Saab.Cabe recordar que, desde el Gobierno de Iván Duque, se dejó un presupuesto aprobado para la compra de nuevas aeronaves. Sin embargo, el Gobierno actual de Gustavo Petro había mostrado poca inclinación hacia este proyecto, hasta que recientemente la necesidad de modernizar la flota parece haber tomado fuerza.Características de los aviones Gripen suecosEl Gripen es descrito como una aeronave versátil y adaptable, capaz de llevar a cabo misiones Aire-Aire, Aire-Tierra, así como tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.Entre sus características principales, Saab destaca:Libertad total de uso: Operación independiente y sin restricciones.Financiamiento flexible: Con respaldo del Gobierno de Suecia.Alta adaptabilidad de armamento: Fácil integración de distintos tipos de armas.Avanzado sistema de Guerra Electrónica: Capaz de bloquear intentos de interceptación.Consciencia situacional total: Con datalink táctico y fusión de información de múltiples sensores.Soporte de misión integrado: Permite al piloto enfocarse en tácticas.Arquitectura abierta de aviónica: Facilita actualizaciones de capacidades.
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló de los cambios propuestos por el Gobierno en la reforma tributaria. Bonilla explicó que uno de los objetivos del Gobierno es modificar la regla fiscal con el fin de anticipar la vigencia de la misma y abrir un espacio para el año 2025. El ministro enfatizó que no se está desbaratando la regla fiscal, sino introduciendo una discusión en el proyecto de financiamiento. Otro punto destacado de la entrevista fue la propuesta de incluir una regla fiscal verde que permita que Colombia establezca proyectos sostenibles ambientalmente sin que se contabilicen entre los indicadores de deuda del país. Sin embargo, este tema aún está en proceso de estructuración y su cuantificación no ha sido determinada. En cuanto a los impuestos, el ministro mencionó la intención de gravar las plataformas de apuestas en línea, aunque reconoció que puede ser un impuesto de difícil recaudo debido a que muchas de estas plataformas están alojadas en otros países."En Colombia hay impuestos de juegos, rifas, espectáculos, todo eso todo eso tiene impuesto, pero en plataformas no. Y lo que estamos diciendo es todas las plataformas de juego de azar. Todo lo que se llama juego de azar. Todo debe estar tributando al mismo nivel", dijo.Bonilla también se refirió a la inclusión de tarifas marginales sobre la renta para las empresas, lo cual generó preocupación entre los empresarios que pedían mayor claridad sobre este tema. En relación al impuesto al patrimonio, se planteó la discusión sobre los activos improductivos y la necesidad de separar los activos de las personas naturales de los activos productivos de las personas jurídicas. El objetivo es gravar aquellos activos que no generan ingresos y que se incluyen en los negocios, reduciendo así la base gravable del impuesto de renta. En caso de que el Congreso no apruebe el presupuesto, el gobierno tiene la opción de sacarlo por decreto, aunque esto es considerado como última instancia.Escuche aquí la entrevista:
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó el esperado Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Este documento, clave para la política fiscal del país, establece las metas y estrategias del Gobierno nacional para el año en curso y los próximos diez años. Para profundizar en su contenido y relevancia, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, le explicó a Sala de Prensa Blu más sobre el tema.¿Qué es el Marco Fiscal de Mediano Plazo?El Marco Fiscal de Mediano Plazo, aunque tiene un nombre largo y sofisticado, es esencialmente el documento de política pública más importante en materia fiscal. Este documento detalla las metas del Gobierno nacional para el año 2024 y proyecta hacia los próximos diez años las estrategias fiscales, incluyendo la evolución de los ingresos y gastos públicos. La diferencia entre estos, que conocemos como déficit fiscal, también se analiza en detalle.Este viernes, el ministro Bonilla presentó cifras concretas sobre el estado de los ingresos tributarios y el gasto público. Los ingresos estarán por debajo de lo proyectado inicialmente, lo que implica un recorte de gasto mayor al anunciado previamente. Inicialmente se había estimado un recorte de veinte billones de pesos, pero ahora hablamos de veintiséis billones para cumplir con la regla fiscal. Esta reducción es crucial, ya que asegura que el país mantenga la estabilidad fiscal y no incremente desmedidamente su deuda pública.Escuche la entrevista completa aquí:
El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre el informe que presentaron sobre el presupuesto general para el próximo año en Colombia. Explicó las razones detrás del recorte importante en la inversión en programas sociales y carreteras.Pardo mencionó que, si bien el presupuesto se mantiene en el mismo nivel que el del año anterior, la “composición ha cambiado radicalmente”, pues gran parte de los recursos se destinan al servicio de la deuda, lo que lleva a una caída significativa en la inversión pública del país, como carreteras y obras.El director del Observatorio Fiscal señaló que la alta carga de la deuda está “presionando las finanzas públicas”, lo que ha llevado al Gobierno a recortar los gastos de inversión. Esto puede tener graves consecuencias, añadió, en la construcción de escuelas, hospitales y carreteras, así como en la provisión de bienes y servicios públicos.“La contabilidad es relativamente sencilla, ajustando por inflación el presupuesto del 2024 es de 530 billones de pesos, lo mismo que se planea para el 2025. Lo que pasa es que la composición de ese presupuesto cambia radicalmente. Primero, gastos de funcionamiento seguirán siendo 330 billones de pesos tanto en 2024 como en 2025, pero qué pasa con otros 200 billones de pesos. Se tienen que repartir entre servicio de la deuda e inversión. El servicio de la deuda pasa de 100 a 130 billones de pesos y por ese motivo la inversión pública cae de 100 a 70 billones de pesos. Entonces lo que tenemos es que el servicio de la deuda está poniendo mucha presión sobre las finanzas públicas”, indicó.Aunque es “difícil ajustar los gastos de funcionamiento”, señaló que parece que el Gobierno “apunta a recortar los gastos de inversión”, lo que significa una caída de 33 % “bastante significativa”. En ese sentido, recalcó que esto conlleva “consecuencias” en la construcción de las obras que necesitan las regiones.Reforma tributariaLa situación fiscal de Colombia también ha llevado al debate sobre la necesidad de una reforma tributaria. Pardo señaló que el país ha estado haciendo reformas tributarias cada dos años en promedio, pero destacó la importancia de buscar otras formas de racionalizar el gasto en lugar de depender únicamente de aumentar los impuestos.“Realmente no hay tiempo ni capital político para hacer una reforma tributaria. No hay la voluntad política y tal vez no sea viable reducir significativamente los gastos, excepto por los gastos de inversión. Y por lo tanto, si uno no quiere reducir los gastos de inversión, tiene que recurrir al endeudamiento, pero ese endeudamiento está limitado por la regla fiscal, que es el instrumento que nos permite como país que un Gobierno no se sobre endeude y que sea otro Gobierno más adelante el que pague los platos rotos”, mencionó.Sin embargo, advirtió que no hacer ajustes en las cuentas públicas puede tener consecuencias aún más graves en el futuro. Esto significa el que país necesita tomar decisiones difíciles, ya sea a través de una reforma tributaria progresiva, recortes de gastos más eficientes o una combinación de ambos.
No hay espacio para imprevistos el próximo año: así de compleja está la situación fiscal del país, según el Carf (Comité Autónomo de la Regla Fiscal), que es la entidad encargada de evaluar si el Gobierno cumple, o no, con las metas de déficit fiscal establecidas en la ley.“Para cumplir con los objetivos de la regla fiscal sería necesario hacer un ajuste de gasto de entre COP 23 y COP 24 billones”, señala el documento.El descuadre no viene de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la no deducibilidad de regalías, pues, según el comité, ese fallo no valdrá 6.8 billones, sino solamente 1.7 billones por cuenta de unos ajustes que puede hacer el Gobierno por el ciclo del petróleo y del hecho de que Ecopetrol podría terminar con mayores utilidades de las previstas.La mayor parte del faltante se centra en los litigios de la Dian. Según el Gobierno, con una mejor gestión de esos litigios va a recaudar 15 billones en 2024, pero para el Carf esos no son ingresos estructurales, sino plata que entra una sola vez.El lío es que las preocupaciones no paran ahí porque existe el riesgo de que los gastos sigan subiendo.“Este panorama se vuelve más complejo debido a que se identifican probables erogaciones que no estarían contenidas en el PGN, como los pasivos del sector salud, la presión de la inflación sobre los gastos de funcionamiento, y el gasto para atender las implicaciones de las decisiones tarifarias en lo relacionado con los peajes y la energía, entre otros”, agrega el Carf.Por poner un ejemplo, el presupuesto del año entrante no incluye todavía el gasto adicional por cuenta de la reforma al sistema de salud que se tramita en el Congreso.La preocupación sobre el recaudo de los litigios también la tiene el Gobierno nacional y por eso el Ministerio de Hacienda ya radicó ante el Congreso un proyecto de ley que permitiría agilizar los trámites de conciliación no solo en 2024, sino también hacia adelante. En varias oportunidades, el Gobierno ha dicho que considera que los ingresos por conciliaciones no son de única vez, sino que son recurrentes.El Carf espera que el Gobierno explique cómo abordará los desafíos en su revisión del Plan Financiero a finales del año. Por el momento, la entidad les dio el visto bueno a las cuentas de 2023 y concluyó que el país cumplirá sin inconvenientes la regla fiscal.De acuerdo Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), “la situación es que la deuda pública ha alcanzado unos niveles que necesitamos parar de bolas y necesitamos reducirla”.“El comentario que nosotros hacemos desde el Comité de la Regla Fiscal, es que esos recursos son de una sola vez y no servirían para ser recurrentes y para financiar ese gasto recurrente más adelante”, aseguró.“En la medida en que el gobierno sube los precios de los combustibles, cierra la brecha entre el precio de referencia, que es el precio internacional, y el precio regulado, y se disminuye la acumulación de ese déficit. En la medida en que ese déficit sea menor, las finanzas públicas claramente serían más sostenibles.”, explicó.Vea aquí la entrevista en Mañanas Blu:
El presidente del Senado, Iván Name, asegura que no ha recibido aun propuestas del Gobierno nacional para una revisión de la regla fiscal.El funcionario se refirió al asunto luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera iniciar un debate sobre ese instrumento y sobre el aumento de la inversión pública en el país."Tenemos que analizar las propuestas que nos hagan y de hecho no podemos descartar por anticipado nada", aseguró Name.La propuesta que sí está en manos del Senado es la reforma pensional que se tramita desde comienzos del año. Aunque ya hay textos propuestos para dar el debate, Name aún no convoca el inicio del debate."Estamos tratando de armonizar varias ponencias para que lleguen a la plenaria del Senado unos temas más conciliados, más aproximados y un poco menos distantes. No me atrevo a hacer pronósticos sobre el tiempo", explicó.Quedan apenas cuatro semanas de sesiones ordinarias en el Congreso y se desconoce si el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias.Le puede interesar:
