Luego de la lluvia de críticas al Gobierno por la creación de una zona especial para la agricultura en el suoreste antioqueño, el Ministerio de Agricultura anuncia que acelerará la declaratoria de nuevas zonas y áreas de este tipo en todo el país.El anuncio forma parte de un proyecto de resolución según el cual este 2025 será el "Año Nacional de la Reforma Agraria y de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria". En el documento señala que uno de los objetivos de la declaratoria es la protección de los suelos para la producción de alimentos.Concretamente, el numeral seis señala que se "impulsarán y promocionarán las áreas de especial protección para la producción de alimentos para su uso exclusivo de actividades agrícolas de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria orientadas a garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y el desarrollo rural".Hasta el momento, la única área especial para la producción de alimentos está en La Guajira. Sin embargo, el Gobierno está limitando áreas adicionales en zonas como la sabana de Bogotá, Tolima y el suroeste antioqueño.Un área de producción de alimentos es un conjunto de hectáreas que el Gobierno, mediante una resolución, determina que se deben destinar exclusivamente a la producción de alimentos. En esas áreas no se pueden desarrollar actividades como la expansión urbana, la industria, el turismo o la minería. Antes de declarar un área, el Gobierno identifica una zona prioritaria para la producción de alimentos. Por ejemplo, la zona para la producción de comida de la sabana de Bogotá recorre la cuenca del río Bogotá y se compone de unas 50.000 hectáreas.Desde la aprobación del plan nacional de desarrollo, las áreas para la producción de alimentos tienen prioridad incluso sobre las órdenes y planes de municipios o departamentos.La declaratoria de 2025 para la reforma agraria implica que se van a seguir haciendo eventos de socialización y participación con las comunidades para determinar qué acciones o proyectos se van a implantar. Un tema que podría ser polémico en un año donde hay un llamado a la austeridad.
Con hectáreas entregadas a organizaciones campesinas de municipios como Caucasia, Zaragoza, Cáceres, Necoclí, Arboletes, Puerto Berrío, Yondó, entre otros, Antioquia finalizó el 2024 como uno de los departamentos líderes en la consolidación de la reforma agraria, cerrando el año con resultados históricos desde la Agencia Nacional de Tierras.Asimismo, se convirtió en el segundo departamento en formalización de tierras, con más de 6.370 hectáreas de tierras formalizadas para familias campesinas que llevaban años esperando el título de sus predios.Adicionalmente, en la última semana de este año, se van a concluir trámites de formalización para cerca de 400 hectáreas a pobladores rurales. En este proceso de formalización de tierras, sucedió por primera vez en la historia, la entrega de títulos de propiedad en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango, donde se entregaron 1.695 hectáreas tituladas a cerca de 90 familias víctimas de la masacre paramilitar de 1997.Farlin Perea Rentería, líder de la Agencia Nacional de Tierras en Antioquia, Eje Cafetero y Chocó, destacó los avances en reforma Agraria que ha tenido el departamento en municipios como Apartadó y Tarazá."Antioquia además cuenta con 25 comités municipales de reforma agraria para darle voz y participación al campesinado. Antioquia también cuenta con dos zonas de reservas campesinas, el San José de Apartado y en Tarazá", manifestó Perea.También se avanzó en la caracterización de más de 189.000 hectáreas del Fondo de Tierras con el fin de que puedan ser adjudicadas o asignadas a familias campesinas antioqueñas que produzcan y ayuden al fortalecimiento de la seguridad agroalimentaria del país.
Varios expertos, entre exministros, líderes ambientales, organizaciones internacionales y políticos, publicaron una carta abierta con los reparos que tienen sobre el proyecto de ley que busca reglamentar la Jurisdicción Agraria.En diálogo con Mañanas Blu, Julia Miranda, representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, habló sobre el proyecto y entregó detales de los reparos, pues ha sido una de las voces más activas en alertar sobre el riesgo que representa la nueva legislación encaminada a regular esta jurisdicción, que deriva de los acuerdos de paz con las Farc. Preocupaciones sobre la ocupación de tierras Una de las preocupaciones más destacadas es el punto seis de la carta, que menciona el posible incentivo a la ocupación de tierras privadas y estatales, algo que, según los expertos, podría generar problemas jurídicos. Miranda enfatiza que el proyecto de ley presenta un juez agrario que podría volverse omnipotente y, al mismo tiempo, no regular adecuadamente los temas ambientales. Los contextos de ruralidad en Colombia son diversos y complejos; 90 % del territorio nacional se considera rural y abarca ecosistemas vitales, bosques y territorios indígenas. La necesidad de una regulación clara Miranda subraya que la ocupación de baldíos de la nación debe tener un tratamiento diferenciado, y no se pueden garantizar derechos a quienes ocupan tierras de manera ilegal. El momento es crítico, y el debate en Congreso se encuentra en una fase importante, con comisiones conjuntas analizando el proyecto de ley. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre si realmente se defenderán los intereses del medio ambiente frente a la urgencia de la legislación agraria. El impacto legal y medioambiental Desde la perspectiva de los detractores de la ley, la premisa que subyace a la legislación es peligrosa: equiparar lo rural a lo agrario. Este enfoque ignoraría aspectos fundamentales del medio ambiente y la conservación. La representante advierte que esta percepción debe cambiar y que el juez agrario debe enfocarse exclusivamente en cuestiones de tierras y no asumir competencias que pertenecen a otras áreas del derecho.Escuche aquí la entrevista:
Mapiripán, un municipio del departamento del Meta marcado por los efectos del conflicto armado, ha dado un paso significativo hacia la implementación de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno Nacional. El Primer Encuentro Campesino, liderado por la Agencia Nacional de Tierras, se llevó a cabo con una masiva asistencia en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán. Durante el evento, los funcionarios de la ANT no solo escucharon las preocupaciones de la comunidad acerca de los procesos de entrega y titulación de tierras, sino que también presentaron resultados tangibles. En este contexto, se entregaron títulos de propiedad de 2.100 hectáreas, distribuidas en cuatro predios, lo que representa un paso importante hacia el bienestar de las familias rurales y el desarrollo de la región.John Beltrán, representante de la ANT, destacó el significado de esta entrega de tierras: “Con esto, no solo se mitiga el dolor causado por años de violencia, sino que también se brinda esperanza y paz a este territorio. Esta acción es un pilar fundamental para concretar la Reforma Agraria que anhelamos”. El siguiente paso en este proceso es la creación del Comité Municipal de Reforma Agraria, que estará conformado por organizaciones campesinas locales. Este comité tendrá la responsabilidad de coordinar y facilitar la relación entre la población rural y el apoyo estatal, asegurando que las políticas y acciones lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan. La formación de este comité es crucial para establecer las bases de una reforma que busca no solo la redistribución de tierras, sino también la sostenibilidad y el desarrollo agrícola en zonas afectadas históricamente por la violencia.Según cifras entregadas por La Agencia Nacional de Tierras, la ANT, bajo el liderazgo del director Felipe Harman, ha entregado en el departamento del Meta más de 27.000 hectáreas productivas y ha otorgado títulos de propiedad rural que corresponden a 7.000 hectáreas a organizaciones campesinas, mujeres rurales y firmantes. "Sin duda, el fruto del esfuerzo de un Gobierno Nacional que busca fortalecer el campo en la región y seguir trabajando por una Colombia justa y equitativa para las comunidades rurales", afirmó la ANT a través de un comunicado.
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU aprobó la designación de Colombia como sede de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural en 2026, informó este miércoles la Representación Permanente del país ante los Organismos de Naciones Unidas en Roma.La propuesta fue presentada anoche en la plenaria del CSA en la sede de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la capital italiana por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Martha Carvajalino, y contó con la unanimidad por los países presentes.La Conferencia, que se celebrará en Bogotá en el primer trimestre de 2026, será importante al poner sobre la mesa la discusión sobre la reforma agraria y, en este sentido, la tierra tiene un papel central en la continua renovación de la vida y las sociedades, indicó la ministra, según un comunicado de la representación colombiana ante la FAO.Según Carvajalino, la tierra y la tenencia segura de ella es un elemento esencial en el desarrollo de las actividades productivas agrícolas, de pastoreo, forestales e incluso piscícolas y pesqueras, de las cuales dependen más de 3.800 millones de personas en el mundo, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad económica, social y climática.La responsable colombiana "hizo énfasis en la importancia que tiene la tierra para los pueblos indígenas, las comunidades negras y las comunidades campesinas en el desarrollo de las relaciones culturales, ecológicas, económicas y políticas".Además, "expresó que abordar estos temas es hablar de la situación global y además de poner en práctica las directrices del CSA", profundizando en temas como "el cambio climático, la paz, la lucha contra la pobreza y el hambre", porque "cuando hablamos de seguridad alimentaria también hablamos necesariamente de tierra".Y no solo: "Cuando abordamos el desempleo, la precariedad de la vivienda y los medios de subsistencia, a menudo nos referimos a la tierra. Cuando discutimos cómo poner fin de forma decisiva a los conflictos violentos o evitar que se repitan en muchos contextos, nos vemos obligados a hablar de la tierra".La propuesta recibió el apoyo inicial de 10 países y bloques en el CSA: la Unión Europea, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Cuba, Guatemala, Chile, India, Congo y Camerún, tras lo cual la presidenta del comité, la sudafricana Nosipho Nausca-Jazile, propuso la aprobación al pleno, que lo adoptó por unanimidad.
Hay esperanza entre los campesinos del Magdalena tras la conformación de comités en 14 de los 28 municipios del departamento, que les permitirá iniciar el proceso para acceder a la tierra y así dedicarse a lo que más les gusta a hacer: cultivar.Estos comités se han conformado en el marco de la política de reforma agraria que viene impulsando el Gobierno nacional, con la que promete fortalecer el agro en Colombia. La asesora de la Agencia Nacional de Tierras en el Caribe, Patricia Caicedo, explicó la importancia de estos espacios, resaltando como a través de estos procesos se reivindican los derechos de una población golpeada por la violencia como lo han sido los campesinos."La reforma agraria no es solo una política de tierras, es la oportunidad de transformar la vida de las comunidades rurales que por años han sido golpeadas por la violencia y el olvido estatal. Por eso nuestro compromiso es que en los próximos 30 días todos los comités estén conformados en el Magdalena", expresó Caicedo.Municipios como Tenerife, Santa Marta, Santa Bárbara de Pinto, Chivolo, Algarrobo, El Banco, San Ángel, Nueva Granada, San Zenón, Guamal, Santa Ana y el Piñón, son algunos de los territorios donde se ha avanzado en la conformación de estos comités.Los campesinos guardan ilusión debido a que podrán tener sus tierras, algunos después de haber sido desplazados por la violencia y otros, que por falta de recursos, no han tenido la oportunidad de acceder hectáreas para cultivar. Se espera que antes de que termine el 2024 se entreguen entre 8 mil y 10 mil hectáreas en el departamento del Magdalena.
La Agencia Nacional de Tierras, mediante la Unidad de Gestión Territorial Centro - Bogotá, anunció que está adelantando una gestión ante el Concejo Distrital para que se garantice la gratuidad a campesinos sobre los costos que implica la titulación de predios.“El 15 de octubre del presente año, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Agencia Nacional de Tierras entregará títulos que formalizan 185 hectáreas de predios privados, correspondientes a la zona de reserva campesina de Sumapaz”, afirmó Jesús Muñoz, funcionario de la Agencia Nacional de Tierras.De acuerdo con la entidad, se entregarán 54 títulos en total a 216 campesinos y campesinas. De estos, el 64 % será otorgado a las mujeres rurales. “Es un plus para los beneficiarios de la reforma agraria, ya que con esto, se aceleran los procesos que permitan que más campesinos en Colombia se conviertan en propietarios de la tierra que trabajan”, señaló Muñoz.Como dato a destacar, y de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, el Gobierno nacional ha formalizado más de 1.138.000 hectáreas para que los campesinos sean dueños de su tierra, la trabajen y produzcan alimentos para todo el país. En el caso de la localidad de Sumapaz se han entregado más de 22.000 hectáreas, correspondientes al 30 % del territorio.
En medio de la controversia generada por el reciente proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional sobre la Jurisdicción Agraria, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, afirmó enfáticamente que este no habilita una "expropiación exprés". En una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Buitrago desmintió las acusaciones de que la nueva legislación podría facilitar la expropiación de tierras sin un debido proceso judicial, algo que ha sido motivo de alarma en algunos sectores, incluyendo a la exministra de Agricultura Cecilia López.El proyecto de ley sobre la Jurisdicción Agraria ha generado un intenso debate en Colombia, particularmente en relación con el artículo cinco, numeral cuatro, que se refiere a la función social y ecológica de la propiedad agraria. Según la exministra Cecilia López, este artículo podría abrir la puerta a una expropiación exprés, concepto que, según ella, responde a una "obsesión" del gobierno actual con la expropiación de tierras.Sin embargo, la ministra Buitrago rechazó esta interpretación, subrayando que "la expropiación es un mecanismo ya permitido en la Constitución por motivos de utilidad pública o interés social" y que el nuevo proyecto simplemente refuerza la intervención de jueces en conflictos agrarios, algo que, como destacó, no es una novedad en la legislación colombiana.Durante la entrevista, la ministra Buitrago fue clara al señalar que el proyecto no introduce cambios radicales en la normativa existente, sino que continúa con lo ya establecido desde la Ley 160 de 1994 y la Ley 200 de 1936, que permitían la expropiación bajo ciertas condiciones."Lo que buscamos nosotros es que los jueces definan el tema de los problemas o los conflictos agrarios y rurales", explicó Buitrago, añadiendo que el procedimiento está claramente reglado en la ley, lo que evita cualquier posibilidad de una expropiación sin el debido proceso.Al ser cuestionada sobre un párrafo específico del proyecto que ha causado alarma, el cual menciona que "las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social", Buitrago reafirmó que no se trata de una expropiación exprés, sino de un procedimiento reglamentado que involucra a jueces y tribunales con recursos. "Nosotros hablamos de un procedimiento que está establecido en la misma ley para comprender qué se puede hacer y qué no se puede hacer", aseguró la ministra.Diferencias con la exministra Cecilia LópezA pesar de las advertencias de la exministra Cecilia López sobre una posible "expropiación exprés", Buitrago se mostró en desacuerdo, recordando que López no es abogada y que su preocupación parece derivar de una interpretación errónea del proyecto. Según Buitrago, "la expropiación es una regla en un país social y democrático de derecho como el colombiano", y no una obsesión del actual gobierno.La ministra también recordó que la expropiación ha sido utilizada en diversos gobiernos, incluyendo el de César Gaviria, quien implementó políticas neoliberales pero que también recurrió a la expropiación en determinados contextos. "La expropiación es permitida, la expropiación es constitucional y significa que estamos trabajando sobre elementos permitidos", reiteró.Procesos agrarios administrativos especialesOtro punto de preocupación abordado durante la entrevista fue la disposición que permite que la Agencia Nacional de Tierras resuelva procesos agrarios especiales mediante actos administrativos, lo que podría generar incertidumbre en el sector agrario al parecer que es el Ejecutivo y no el Judicial quien decide en estos casos.Buitrago aclaró que esta disposición no es nueva y ha estado vigente desde la Ley 160 de 1994."Los procesos agrarios administrativos especiales son mecanismos administrativos desde el punto de vista del ordenamiento del territorio nacional y permiten superar fenómenos irregulares de la propiedad", explicó la ministra, destacando que estos procesos están orientados a sanear la propiedad agraria y no a facilitar expropiaciones arbitrarias.Finalmente, Buitrago hizo un llamado a entender el proyecto desde una perspectiva de justicia social. Recordó que el campo colombiano ha sufrido la violencia y la expropiación de facto por parte de grupos paramilitares, lo que ha dejado a muchos campesinos sin acceso a sus tierras. "Lo que se les dice también es que ustedes tienen derecho a presentarse ante un juez y reclamar sus tierras", concluyó.La advertencia de Cecilia LópezPor su parte, la exministra de Agricultura Cecilia López expuso sus preocupaciones respecto al proyecto de reforma agraria impulsado por el actual Gobierno. López, quien desempeñó un papel clave en la gestión agraria durante su tiempo en el ministerio, expresó serias dudas sobre el enfoque que las autoridades están adoptando, particularmente en relación con la posibilidad de implementar expropiaciones de tierras por vía administrativa."Una historia con sombras"Durante la entrevista, Cecilia López enfatizó que el tema de las expropiaciones no es nuevo y que ya en su época como ministra, intentaron introducir un artículo para facilitar las expropiaciones por vía administrativa. Según López, esta medida fue promovida por Laura Sarabia y Gerardo Vega, y consistía en permitir que la Agencia Nacional de Tierras realizara expropiaciones de manera directa, sin pasar por un proceso judicial. Esta propuesta fue retirada tras la intervención del presidente, pero posteriormente se intentó reintroducir en el Plan de Desarrollo, solo para ser tumbada por la Corte Constitucional."Lo que sí preocupa es que sigue el fantasma de que quieren cambiar una estrategia administrativa de expropiación que prevé la ley actual por una estrategia que ellos mismos denominaron 'express'", señaló la exministra, subrayando las implicaciones negativas que podría tener una medida de este tipo para la seguridad jurídica de los propietarios de tierras en Colombia.Comparaciones no válidasLópez también cuestionó las justificaciones que el gobierno ha dado para promover la expropiación de tierras rurales, argumentando que no se puede equiparar esta medida con la expropiación de inmuebles en zonas urbanas para proyectos de infraestructura, como la construcción de un metro o una avenida. "Cuando usted expropia unas casas en una ciudad porque va a construir el metro, el beneficio es para millones de personas. Pero cuando usted expropia una propiedad rural y se la entrega a unos campesinos, eso no es verde, eso es un beneficio privado", afirmó López, criticando la lógica detrás de estas propuestas.Otro de los puntos críticos abordados por Cecilia López fue la diferencia entre realizar expropiaciones por vía judicial, como se establece en la ley actual, y hacerlo por vía administrativa. Según la exministra, el cambio propuesto por el gobierno podría generar una gran inseguridad jurídica, ya que las decisiones quedarían en manos de un individuo en la Agencia Nacional de Tierras, sin posibilidad de apelación ante un juez. "Eso le crea una inseguridad jurídica a todos los propietarios del país impresionante", advirtió.López también hizo hincapié en la falta de concertación en torno a esta propuesta, mencionando que tanto el presidente como la ministra de Agricultura han admitido no haber conocido el articulado completo del proyecto antes de su presentación. "Colombia sí necesita reforma agraria, sí hay predios que deben ser repartidos, pero hay que hacerlo por la vía que toca, garantizando los derechos de propiedad de las personas y que se haga por la vía judicial", puntualizó."Este proyecto tiene sombras"En la parte final de la entrevista, Cecilia López se refirió a otro aspecto del proyecto de ley, el cual permitiría la permanencia de campesinos en predios invadidos, lo que, en su opinión, podría acabar con cualquier intento serio de reforma agraria."Este proyecto tiene sombras y no es que nosotros estemos creando ruidos innecesarios. Aquí hay problemas serios que tienen que aclarar", concluyó, enfatizando la necesidad de un debate amplio y responsable sobre el tema.La exministra cerró su intervención recordando la importancia de abordar la reforma agraria de manera correcta, respetando los derechos de propiedad y evitando medidas que puedan desestabilizar aún más el ya complicado panorama agrario del país. "Nadie les está diciendo que archiven el proyecto, sino simplemente que lo sometan a discusión", subrayó, en un llamado claro al gobierno para que reevalúe su enfoque y busque consensos antes de avanzar con cambios tan significativos.
La representante Katherine Miranda es una de las voces que expresó su preocupación por los riesgos que supone la nueva ley de jurisdicción agraria. Según comentó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, una de sus principales objeciones es la inclusión de “la expropiación como una función social” para cualquier predio con vocación agrícola.Miranda señaló que, actualmente, la Constitución “garantiza la propiedad privada como pilar de la democracia en el país”, permitiendo la expropiación, siempre y cuando, sea para funciones sociales específicas. Sin embargo, la nueva ley amplía esta categoría de función social a todo lo relacionado con el tema agrario, lo que podría llevar a la expropiación de terrenos sin justificación suficiente."Eso qué significa en plata blanca. Cuando usted va a construir el metro de Bogotá, va a construir una carretera o un puente, se puede expropiar. El Estado puede expropiar, ¿por qué? Porque le va a servir a una comunidad, porque nos va a servir absolutamente a todos. Acá lo que están poniendo en el artículo cinco numeral cuatro, es que están elevando a categoría de función social todo lo que tenga que ver con el tema agrario. O sea, cualquier predio que tenga vocación agrícola puede ser susceptible de expropiación. Eso, a mi juicio, es absolutamente grave”, aseveró.Sostuvo que, incluso, ese fue “el ‘mico’ que trató de meter el Gobierno” durante el Plan Nacional de Desarrollo, pero ahora lo está haciendo, según dijo, de forma más “sofisticada” y a través de la jurisdicción agraria.Otro punto preocupante es la resolución de diferencias en los procesos agrarios especiales. Según recalcó, el proyecto propone que la Agencia Nacional de Tierras sea la encargada de resolver estas diferencias a través de un acto administrativo, sin un control judicial previo. Esto vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa de los poseedores de tierras, subrayó."Actualmente eso se dirime a través de un juez de la República. De hecho, en la en la ley 902, sino me falla la memoria, del 2017, se determinó que era un juez de la República. Ahora lo que busca el artículo 12 en el parágrafo uno es que efectivamente haya una expropiación administrativa, que estos litigios y estos procesos, bien sea con personas naturales o jurídicas, sean resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante un acto administrativo. Es lo que nosotros llamamos expropiación administrativa, pero dice que puede haber un control posterior judicial. Esto es absolutamente grave porque va a suceder la expropiación y posteriormente usted puede ir ante un juez", explicó.La representante Miranda destacó que el proyecto de ley salta la consulta previa y otorga facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para realizar una consulta posterior en un plazo de seis meses. Esto va en contra de la Constitución y representa, añadió, una falta de respeto hacia las comunidades que serían afectadas por la ley, por lo que pidió prestarle atención porque afecta a muchas personas en el país. Añadió que los congresistas “no se pueden prestar” para aprobar eso.
El Gobierno nacional tiene 10 prioridades y las ejecutará en los próximos dos años, de acuerdo con la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Laura Sarabia. En medio del retiro anual del Equipo de País de la ONU en Colombia, la funcionaria resaltó que dentro de estas están la reforma agraria, la de educación, así como seguir hacia una economía de energía renovable, una bandera de la administración Petro.De acuerdo con el comunicado de Presidencia, los enfoques durante este periodo serán la implementación del acuerdo de paz, la mejora en educación e infraestructura educativa, la reforma agraria y el desarrollo del agro. Esto, en relación con la “vinculación de jóvenes en actividades productivas” y el “impulso de la estrategia política en defensa y seguridad”.Sarabia también recalcó el compromiso que dijo tiene el Gobierno con el Marco de Cooperación 2024-2027 y las metas que tienen pendientes por cumplir. En ese sentido, insistió que ahora “el objetivo es ejecutar” y, por eso, aseguró que están realizando un “chequeo exhaustivo” de lo que se ha hecho hasta el momento, en qué se está avanzando y estableciendo indicadores para estos dos años que quedan.Transición energéticaLa directora del Dapre mencionó que una de esas prioridades es la transición energética. Específicamente, habló de cambiar a una economía de energía renovable, un tema con el que el presidente Gustavo Petro ha insistido en varias oportunidades.“(…) Como empezamos a dejar las economías extractivistas para dar paso a nuevas tecnologías que ya se están implementando en Europa y Estados Unidos”, sentenció Sarabia en el encuentro que se realizó este 14 de agosto.Sobre las tecnologías y comunicación en el país, como otro factor a desarrollar, aseveró que es importante hablar de conectividad y llevar fibra óptica 'a las comunidades más necesitadas del país'.Por su parte, la coordinadora residente y coordinadora humanitaria de la ONU en Colombia, Mireia Villar Forner, habló netamente de la importancia de este encuentro. Indicó que servirá para definir las prioridades y estrategias de apoyo que la ONU brindará al Gobierno en este período.“Este diálogo es esencial para asegurar que nuestras acciones estén alineadas con las necesidades y objetivos del país", expresó Forner.
