A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que se convocaría anticipadamente a los legisladores para dar prioridad a las reformas sociales.“Lo que están haciendo muchas EPS con los dineros públicos de la salud es un robo continuado. De nuevo le solicito a la Fiscalía profundizar la investigación con auditoría forense. Se citarán extraordinarias en el Congreso para la continuación del debate de la reforma de la salud”, escribió el mandatario.El pasado 7 de enero, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había dicho que estaban evaluando con el presidente Gustavo Petro esta solicitud para priorizar en la agenda legislativa de 2025 la reforma a la salud, la laboral y la jurisdicción agraria, las cuales tienen mensaje de urgencia. También trabajarán en el proyecto de ley de competencias que contempla el acto legislativo del SGP para presentarlo el 20 de julio.La reforma a la salud será tramitada en medio de una crisis del sector salud. Cabe mencionar que, en entrevista con Mañanas Blu, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, advirtió sobre la situación crítica que enfrenta el sistema y señaló la posibilidad de una crisis humanitaria debido a las decisiones del Gobierno. La funcionaria manifestó su preocupación por el aumento insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y la falta de diálogo real por parte del Ministerio liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, propuso que los empresarios retomen el pago de aportes patronales a la salud, una medida que fue eliminada en 2012 con el objetivo de incentivar el empleo formal.Durante su intervención en el programa Mañanas Blu, con Néstor Morales, Jaramillo expuso las dificultades que enfrenta el sistema de salud en Colombia debido a la insuficiencia de recursos y señaló la necesidad de que todos los sectores contribuyan de manera equitativa.Aportes patronales eliminados en 2012Hasta el año 2012, los empleadores en Colombia debían aportar el 8,5% del salario de sus trabajadores al sistema de salud, mientras que los empleados contribuían con un 4%. Sin embargo, la Ley 1607 de 2012 eliminó esta obligación para las empresas que pagaran salarios inferiores a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). La reforma se justificó como un mecanismo para promover la formalización laboral y reducir los costos asociados a la contratación.En lugar del aporte patronal, se creó el impuesto CREE (Impuesto sobre la Renta para la Equidad), cuyos ingresos debían destinarse a financiar el sistema de seguridad social. No obstante, este impuesto fue eliminado en 2016, lo que dejó al Estado con menos herramientas para sostener el régimen contributivo.“El sistema de salud en Colombia se ha sostenido durante 12 años sin los aportes patronales. Sin embargo, esto ha generado una mayor carga tributaria sobre los ciudadanos del común, quienes son los que ahora financian mayoritariamente la salud”, explicó el ministro Jaramillo.Ajuste insuficiente de la UPC y nueva reforma tributariaOtro de los puntos clave abordados por el ministro fue el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que, según él, ha sido superior al aplicado por administraciones anteriores, pero que aún resulta insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. La UPC es el monto que el gobierno paga a las EPS por cada afiliado al sistema y se incrementa cada año de acuerdo con la inflación.“El problema de fondo es que el aumento del 5,7% de la UPC no es suficiente para cubrir los gastos reales del sistema. Por eso, el presidente Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de una nueva reforma tributaria que grave sectores como el de los juegos de azar, con el fin de recoger recursos adicionales”, señaló Jaramillo.El ministro también recordó que, en 2020, la Contraloría General de la Nación detectó irregularidades por 6 billones de pesos en el manejo de los recursos por parte de algunas EPS.“No podemos seguir inyectando dinero sin saber a dónde está yendo. Hay EPS que reportan gastos que no corresponden a la realidad y eso tiene que ser revisado por los entes de control”, afirmó.Críticas al sector empresarialEn su intervención, Jaramillo no ocultó su molestia con el sector empresarial, al que acusó de ejercer presión para evitar mayores aportes al sistema de salud.“Durante 12 años, los grandes empresarios se han beneficiado de no pagar aportes patronales a la salud. Es momento de que hagan un esfuerzo y contribuyan al financiamiento del sistema”, sostuvo.El ministro también señaló que el Gobierno ha hecho un esfuerzo considerable por mantener los recursos del sistema de salud, pagando siempre por anticipado tanto el régimen subsidiado como el contributivo.“Este Gobierno no ha dejado de pagar un solo peso. Lo que necesitamos es que todos aporten de manera justa”, concluyó.¿Qué implicaría el regreso de los aportes patronales?La propuesta de reinstaurar los aportes patronales a la salud podría tener un impacto significativo en el sector empresarial, especialmente en aquellas empresas que manejan grandes plantillas de trabajadores. Sin embargo, Jaramillo insistió en que este tipo de medidas son necesarias para garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos.“El mayor esfuerzo no puede seguir recayendo en los ciudadanos de a pie. Si queremos un sistema de salud fuerte y sostenible, necesitamos que los empresarios también contribuyan”, reiteró el ministro.
El reciente aumento del 5.36 % en UPC decretado por el Gobierno, ha levantado una serie de preocupaciones y reacciones en el sector salud, incluyendo a los pacientes. Según el vocero de la organización Pacientes Colombia, Denis Silva, este incremento, lejos de ser una solución, profundiza la crisis que enfrentan los pacientes con enfermedades de alto costo. Los pacientes, especialmente aquellos con diagnósticos como cáncer o VIH, se encuentran en una situación crítica. Silva indicó que, en términos simples, muchos se verán obligados a elegir entre comprar medicamentos esenciales o adquirir alimentos. Esto no es una nueva realidad, pues las EPS, en repetidas ocasiones, optan por no suministrar medicamentos y retrasar citas médicas cuando la UPC es insuficiente. "El costo de los medicamentos necesarios, que usualmente no están disponibles en farmacias comunes, añade más presión a los pacientes. Muchos ahora deben asumir gastos adicionales y cubrir costos de citas médicas de su propio bolsillo," aseguró el vocero.La mayoría de medicamentos dispensados a través de las EPS no se pueden conseguir fácilmente, lo que dificulta aún más el acceso a tratamientos vitales. Silva menciona que, aunque algunos pacientes tengan la capacidad económica para comprar estos medicamentos, simplemente no están disponibles en el mercado. En Colombia, hay aproximadamente 16 millones de consumidores regulares de servicios de salud, y un 30% de la población es adulta mayor, quienes requieren un mayor acceso a estos servicios. Esta realidad contrasta con el aumento de los costos y la insuficiencia de la UPC, algo que Silva criticó duramente. "Lo que hizo el Gobierno del presidente Gustavo Petro con este cálculo del UPC es un retroceso. Esta UPC no responde a parámetros técnicos, sino que busca presionar al Congreso para que apruebe su reforma al sistema de salud", comentó. Escuche aquí la entrevista:
El presidente de la Unión de IPS Colombia -UNIPS, Jorge Toro, habló en Mañanas Blu sobre su preocupación por el reciente anuncio del Gobierno de un aumento de solo 5.36 % en la Unidad de Pago por Cápita (UPC) para el año 2025.Este incremento es considerado insuficiente por Toro, quien indica que el sector salud ha cerrado un año complicado, con muchas instituciones enfrentando dificultades para cumplir con los salarios de su personal.Contó que la escasez de recursos ha llevado a varias IPS a no poder garantizar el pago completo de los salarios a sus empleados, lo que reitera la preocupación sobre la capacidad financiera del sector."Es muy complejo porque hay una gran parte del talento humano que depende de este ingreso", afirmó Toro, enfatizando que muchos colaboradores, especialmente aquellos en niveles salariales por encima del mínimo, se verán gravemente afectados por esta situación."A ellos nos veremos obligados a tener que reconocerle porque pues es una obligación de todo empleado reconocer el salario, el incremento del salario mínimo", dijo sobre quienes ganan el mínimo, sin embargo no es el mismo panorama para quienes ganan por encima de este sueldo.Indicó que entre un 25 y 30 % de los empleados de clínicas y hospitales no recibirán incrementos salariales este año, lo que podría llevar a un déficit significativo en el pago a personal esencial."Hay un alto porcentaje de personal, tanto administrativo como asistencial, que gana por encima del salario mínimo, al cual no podremos incrementar este año ningún valor en sus honorarios en sus sueldos, porque no alcanzará el recurso para poder cumplir con ese indicador. De acuerdo al grupo de las clínicas que nosotros manejamos tranquilamente, un 25 a 30 % de los colaboradores, que no tendrán ese incremento", dijo.Golpea a las mejores en atención y nuevas tecnologías"Las dificultades en la financiación también implican que las IPS no podrán realizar mejoras o adquisiciones de nuevas tecnologías, lo que afecta la calidad de la atención brindada a los pacientes", explicó Toro.Según Toro, la crisis impactará principalmente a los servicios ambulatorios y a las cirugías programadas, ya que las instituciones tendrán que priorizar los recursos para emergencias.El impacto más evidente recaerá sobre los usuarios, quienes, como menciona Toro, son los más afectados en este ajuste. A medida que las clínicas y hospitales se ven obligados a cerrar servicios y reducir personal, la oferta de atención en salud podría verse comprometida, dejando sin opciones a los pacientes.Escuche aquí la entrevista:
En este 2025, el sector salud se enfrenta a un panorama alarmante debido a la discrepancia entre el aumento del salario mínimo y el escaso incremento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), decretado hace unos días.El aumento del salario mínimo del 9.54 % contrasta con el incremento de apenas 5.36 % en la UPC, lo que resulta en una diferencia de aproximadamente cuatro puntos porcentuales. Este desajuste se traduce en una crisis para el sistema de salud, donde se reporta un déficit de aseguramiento superior a los seis billones de pesos al cierre de 2024.Así lo dijo Ana María Vesga, presidenta de Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), quien se pronunció al respecto pidiendo un ajuste inmediato. En diálogo con Mañanas Blu dijo que entre el 60 % y el 70 % de los recursos del sistema son destinados al pago del talento humano.En ese sentido, aseguró que este aumento de la UPC no reconoce la carga salarial, lo que podría derivar, inevitablemente, en despidos de personal y el cierre de servicios básicos en el sector salud.“Es un panorama muy complejo con el que iniciamos el año (…) Se traduce en un sistema en crisis que está habiendo cada vez mayores dificultades para atender con oportunidad a los usuarios en hospitales que están diciendo: ‘no soy capaz con este incremento que ni siquiera me reconoce el incremento del salario mínimo’”, detalló.Por eso, explicó que, ahora, lo que piden es un "reajuste" técnico al Gobierno, pues las cifras presentadas simplemente no son suficientes para atender la demanda.“Estamos en el 2 de enero. Estamos a tiempo de sentarnos en este mes todos los agentes y buscar ese reajuste con base técnica”, insistió.Además, recalcó que las EPS enfrentan serias restricciones para atender los costos implicados por servicios médicos y suministros, la cual se agrava por la insuficiencia de recursos disponibles.Aseveró que es necesario revisar las cifras y que se ofrezcan ajustes que se alineen con el crecimiento del salario mínimo, para, así, garantizar la viabilidad de la atención médica en el país.“Nosotros estamos pidiendo ese espacio. Estamos esperando respuesta del Gobierno porque la realidad sobre el cálculo de la UPC es que esto atiende a una metodología que está contenida en la ley, que es la forma como se hace año tras año”, explicó.Sobre las declaraciones de quienes dicen que esto ocurrió tras el hundimiento de la ley de financiamiento, como lo ha mencionado Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), respondió que intentan justificar el limitado incremento bajo el argumento de una falta de información fiable proporcionada por las EPS, lo cual "no tiene que ver". “Una cosa no tiene que ver con la otra, empezando porque en el presupuesto para el año 2025, cuando uno reproduce sin que sea explícito el número de aumentos, pero cuando usted reproduce el valor del aseguramiento comparado entre un año y otro, el incremento es mayor. Entonces, ya perse en el en el análisis del en el planteamiento del presupuesto que se aprobó finalmente por decreto para este año, el Gobierno estaba previendo que tenía que destinar más a salud”, agregó.Vesga indicó que los efectos de esta crisis no solo se ven en el ámbito financiero, sino que también impactan directamente la atención que reciben los pacientes, pues se estima que las EPS pueden verse obligadas a cerrar camas y reducir especialidades.“No estamos observando razón técnica en la forma como se ha calculado y lo que estamos llamando es a que se haga ese ejercicio”, preció Vesga.
La Superintendencia Nacional de Salud , encabezada por Giovanny Rubiano, y la superintendente de la Superintendencia Económica Solidaria dirigida por María José Navarro, anunciaron la toma de posesión de la cooperativa Coosalud tras detectar irregularidades financieras, especialmente relacionadas con la falta de transparencia en la presentación de los estados financieros.Según la Superintendencia de Salud, Coosalud EPS transfirió 433.000 millones de pesos a Coosalud Inversa, un monto que incluye 203.000 millones de pesos debitados por Sudameris en noviembre, además de préstamos previos que suman más de 229.000 millones de pesos.Conocida por gestionar más de tres millones de afiliados, se ha convertido en el centro de un escándalo por presuntas irregularidades financieras. La Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Economía Solidaria han intervenido la cooperativa basada en denuncias de desvío de recursos que alcanzan los 433 mil millones de pesos. El presidente Gustavo Petro ha señalado a familias políticas involucradas en el manejo de la EPS. Jaime González, expresidente de Coosalud y quien fungió en ese cargo hasta noviembre de este año, habló en Mañanas Blu, y defendió su gestión describiéndola como transparente. González enfatizó que su llegada fue en 1996 y que siempre se priorizó la salud de los afiliados. "Aquí no hay corrupción, los señalamientos son producto de mala información", afirmó. Las acusaciones de corrupción se centran en el uso indebido de recursos y la supuesta creación de una red de empresas para desviar fondos. González refutó estas acusaciones apuntando a que la cooperativa fue creada por personas de estratos bajos y que, a pesar de los problemas financieros, nunca se desvió dinero hacia paraísos fiscales. "Fue intervenido por el Gobierno por unas usas que no han podido explicar. Eso es una suposición, dicen que hay plata en islas Caimán, es lo más fácil de demostrar y no han podido. Con base en una suposición dijeron que habíamos llevado recursos de la salud a países fiscales"La situación plantea serios cuestionamientos sobre la calidad de atención y los recursos disponibles para sus cuidados médicos.Escuche aquí la entrevista:
A pesar de los esfuerzos por parte del Ejecutivo para acelerar la discusión, la Cámara de Representantes no alcanzó a aprobar el proyecto de reforma a la salud. El aplazamiento fue confirmado por el presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, quien aseguró que las críticas y controversias que surgieron durante los días de debate se salieron de control, lo que impidió avanzar en los términos esperados.Este proyecto ha generado un amplio panorama de reacciones, tanto a favor como en contra. Las sesiones extraordinarias, que se realizaron con la intención de lograr avances rápidos, se caracterizaron por la polémica y los enfrentamientos políticos. A pesar de que se aprobaron 23 artículos del proyecto, el tiempo y las controversias impidieron que se alcanzara la meta de aprobación total en este período.El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, salió a hablar sobre las críticas y defendió el enfoque del Gobierno, señalando que, aunque no se logró la aprobación completa, el debate continúa y se reanudará en febrero de 2025. Cristo subrayó que el Gobierno sigue comprometido con la reforma, una de las más ambiciosas de la administración actual, que busca transformar el sistema de salud del país en uno más equitativo y accesible para todos los colombianos.>>> Lea también: Reforma a la salud debe tramitarse como ley estatutaria, según concepto del CongresoPor su parte, el representante Andrés Forero, del partido de oposición, calificó la situación como una "derrota para el Gobierno", considerando que no se logró aprobar el proyecto en los tres días establecidos para las sesiones extraordinarias. Forero criticó lo que considera una falta de consenso y el poco avance logrado en un tema de tal relevancia para el país. Incluso, señaló que ni en los sectores cercanos al Gobierno había muestra de querer aprobar este proyecto en tres días de sesiones extras.Precisamente, una de las polémicas que se presentó tiene que ver con la representante Miranda, quien fue sancionada por el presidente de la corporación Jaime Raúl Salamanca tras haberle dicho “marica”. Estas y otras discusiones subidas de tono caracterizaron estas plenarias de los últimos días.“No se aprobó la reforma a la salud y nos vamos hasta febrero, porque se evidenció cómo el presidente de la Cámara violó mis derechos de participación democrática. Ya todo el país sabe que me sacaron de la discusión por puro cálculo politiquero, porque soy una voz fuerte contra la Reforma”, dijo la representante Katherine Miranda.“Es inaceptable que en el lugar donde se representa a todo el país se sigan usando de forma despectiva y con el propósito de insultar palabras como "marica" y "gamín". Todos debemos estar en constante revisión del clasismo y la homofobia que tenemos interiorizados”, agregó la representante Susana Gómez, quien salió en defensa de Salamanca.
En su segundo día de sesiones extras en la Cámara de representantes, inició la votación del primer bloque de artículos de la reforma a la salud. En esta fase inicial, se destaca el artículo 2, en el que proponen transformar el Sistema General de Seguridad Social. Este principio lo busca es asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios de salud, sin importar su situación económica, y establece cómo se financiará el sistema bajo criterios de equidad. Además, se plantea un sistema de gestión de riesgos de salud y financieros, que será gestionado tanto por el Estado como por actores privados, bajo un modelo de gestión pública, privada y mixta.Otro, es el Artículo 4 en el que se define un modelo de salud predictivo, preventivo y resolutivo, basado en la APS. Este modelo permitirá anticipar problemas de salud, ofrecer cuidados integrales para prevenir enfermedades y responder de manera eficaz a las necesidades de salud individuales y colectivas, operando principalmente desde los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y equipos territoriales de salud. Que recordemos este es una de las principales apuestas del gobierno nacional.Y es que este primer bloque estaba compuesto por 8 artículos que inicio en el artículo principal, artículo 1 donde define el objetivo de dicha reforma donde se reestructuran el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.Los otros artículos son: artículo 3, que se refiere a la Atención Primaria en Salud (APS), un componente transversal dentro del sistema de salud. Este enfoque busca que todos los actores del sistema, desde proveedores hasta administradores, sean responsables de promover y desarrollar la APS. El Artículo 5 que busca resaltar la importancia de una adecuada gobernanza y rectoría del sistema de salud. Donde se definen los roles y responsabilidades de las autoridades sanitarias para garantizar un sistema eficiente y equitativo. En cuanto al artículo 6, se establece la creación del Consejo Nacional de Salud, encargado de coordinar las políticas públicas en salud, promoviendo la participación de todos los sectores involucrados.Por último, el artículo 7 propone la creación de un sistema unificado e interoperable de información en salud, que permitirá la conexión y el intercambio de datos entre las distintas plataformas tecnológicas del sector, mejorando la coordinación y toma de decisiones. El artículo 8 establece la obligatoriedad de las cotizaciones al sistema de salud, asegurando así su sostenibilidad financiera a largo plazo y garantizando que todos los ciudadanos contribuyan al financiamiento del sistema.Luego de esta aprobación de este primer bloque, se comenzó con el segundo donde se anunciaron proposiciones de 16 artículos: 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 y 59.Uno de los temas que han sido criticados, que ha generado protestas por parte de diversas agremiaciones, es la falta de tener en cuenta al talento humano. Pues en el artículo 46, está relacionado con el Talento Humano en Salud, y establece el proceso de identificación del talento humano en el sector, incluyendo la validación, verificación e inscripción por primera vez en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud. Según lo propuesto, el costo de este proceso será tasado de la siguiente manera, lo que ha generado inquietud entre los profesionales de la salud y sus organizaciones.En desarrollo.
Esta posición generó gran debate sobre una de las propuestas más importantes del Gobierno nacional. De acuerdo con el análisis, la naturaleza de la reforma plantea un cambio estructural en la prestación de los servicios de salud, lo que justifica su clasificación como una ley de carácter estatutario. A diferencia de las leyes ordinarias, las leyes estatutarias regulan derechos fundamentales, competencias y la organización institucional, lo que implica un procedimiento legislativo más riguroso.La Unidad Coordinadora argumentó que, al tocar aspectos relacionados con el derecho a la salud, las competencias del sistema y el papel de las entidades prestadoras, el proyecto adquiere la naturaleza jurídica de ley estatutaria. Este procedimiento requiere mayor consenso, una mayor participación en su discusión y el respaldo de los procedimientos constitucionales establecidos para proteger derechos fundamentales.Desde el Congreso, esta posición se considera clave para evitar contratiempos legales que puedan retrasar la aprobación de la reforma. De hecho, el cumplimiento del procedimiento formal como ley estatutaria significaría también una mayor transparencia en su discusión y el fortalecimiento de la gobernabilidad para lograr un acuerdo entre las distintas bancadas políticas.“La ley 100 ha sido desde 1993 una ley ordinaria y nosotros estamos reformando la ley 100. La ley estatutaria de la salud seguirá vigente, pues no es nuestro interés reformarla”, señaló el presidente Gustavo Petro en contra de dicho concepto.Ante esto, se pronunció la representante Lina María Garrido “Señor Presidente, su reforma a la salud no solo es un grave error jurídico, sino una amenaza al orden constitucional y democrático de nuestro país. La ley 100 de 1993, concebida como una norma ordinaria, reguló la salud dentro del marco de la seguridad social, ya que en ese momento no era considerada un derecho fundamental. Fue la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-760 de 2008, quien declaró la salud como derecho fundamental, lo que llevó a la promulgación de la ley estatutaria 1751 de 2015, conforme a lo exigido por el artículo 152 literal (a) de la Constitución”, aseguró.A lo anterior añadió que “Por lo tanto, su reforma, al pretender estructurar integralmente este derecho, debe tramitarse como ley estatutaria, no ordinaria. Insistir en lo contrario es violar la Constitución. Más allá del error técnico, su terquedad y la mala asesoría que recibe están erosionando la confianza en nuestras instituciones y promoviendo un centralismo autoritario. Lo invito salir del oscuro escenario del desconocimiento, no siga soportándose en sus asesores, lo invito a rectificar, a respetar el marco constitucional y a actuar con la responsabilidad que su cargo exige. Colombia no merece pagar el precio de sus experimentos ideológicos”.
El riesgo de colapso del sistema de salud en Colombia ha sido objeto de atención por parte de numerosas voces expertas, incluyendo médicos, exministros y sociedades científicas, quienes han expresado su preocupación a través de una carta al Gobierno. Jaime Arias, exministro de Salud, habló en Mañanas Blu sobre la preocupación en el sector salud, ante lo que ellos califican como una inminente crisis en el sistema.Según Arias, el sistema de salud colombiano enfrenta un serio deterioro que se ha intensificado en los últimos años. La crisis actual se refleja en varios indicadores críticos, como un déficit de aproximadamente diez billones de pesos que enfrentan las EPS debido a una siniestralidad del 110%. Este déficit está provocando una cadena de problemas que afectan a todos los actores del sistema, desde los pacientes hasta los proveedores de salud. "Estamos asustados porque lo del año entrante va a ser catastrófico", advirtió, subrayando el aumento de la demanda de servicios de salud y un gasto de bolsillo que ha subido dramáticamente en los últimos meses. Criticó duramente la falta de interés del gobierno en abordar las soluciones necesarias para mejorar la situación actual, señalando que el enfoque del gobierno ha sido más político que sanitario. Las quejas de los pacientes han aumentado en un 40% en solo seis meses, lo que evidencia una crisis que no se puede ignorar. El exministro, en ese sentido mencionó el caso particular de la Nueva EPS, la más grande del país con más de doce millones de afiliados, que enfrenta una siniestralidad alarmante y la incapacidad de atender adecuadamente a sus pacientes. "Es una política del gobierno estrangular organizaciones privadas", aseguró sobre la situación que enfrentan las EPS y las IPS. En cuanto a la reforma de salud propuesta por el gobierno liderado por el presidente Petro, fue tajante al afirmar que es una reforma mal diseñada y que desconoce el funcionamiento del sistema. "La reforma que propone el gobierno es una mala reforma; no conocen el funcionamiento del sistema y se están dando cuenta", señaló. Finalmente, hizo un llamado urgente a la acción para evitar un desastre mayor. La combinación de factores como la falta de atención médica, el aumento de quejas de los pacientes y el déficit económico está poniendo en riesgo la atención sanitaria en todo el país. Escuche aquí la entrevista:
