Luego de una sesión de más de 15 horas, la plenaria le dio el visto bueno a la reforma política. Dicho proyecto tiene tres pilares fundamentales como lo son la financiación 100% estatal; listas cerradas y bloqueadas con cremallera, con el fin de que que las mujeres integren igualitariamente las corporaciones públicas; y, por último, un cambio en la manera de elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de una convocatoria pública, pero siendo elegidos igualmente por el Congreso de la República.Frente a este último, se incluyó un nuevo requisito para ser magistrado, ahora se establece que no solo se tendrá la obligación de ser abogado, sino que de igual manera se debe tener un título de posgrado en derecho electoral o asignaturas afines.El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, anunció que el Gobierno se compromete a realizar una mesa técnica luego de esta primera vuelta para llegar a acuerdos con todos los partidos.“Revisar con calma y buscar el mayor consenso posible con todos los partidos, incluso con los partidos que acuden a toda clase de mecanismo opuesto a reformar la política en Colombia. Buscamos esto con todos los partidos, los que nos han venido apoyando y los que no, esto tiene que ser parte de un acuerdo nacional. Una reforma política si no es con consenso no es posible sacarla adelante y esa es la convicción del Gobierno nacional. Démonos la oportunidad entre enero y febrero de hacer una mesa técnica con participación de partidos de gobierno, independientes y oposición. El Gobierno asume el compromiso con ustedes hoy en esta plenaria”, dijo Cristo.Por otro lado, las listas cerradas y paritarias para las elecciones de corporaciones han generado bastante controversia. Sin embargo, con el fin de garantizar la democracia, se busca establecer un orden donde se harán elecciones primarias, en las que únicamente podrán participar afiliados a las colectividades.Otro de los puntos se basa en los criterios para dar personería jurídica a los movimientos políticos, permitiéndoles este reconocimiento si logran tener un mínimo de afiliados equivalente al 0,2 % del censo electoral.Aquí se les dará la posibilidad que postulen candidatos o listas a nivel territorial si tienen el 3 % del censo electoral de esa zona y a nivel nacional si sus afiliados equivalen al 1,5 % de los votos emitidos en las últimas elecciones a Senado.Sin embargo, congresistas cómo Hernán Cadavid aseguran que dicho proyecto hace que se pierde la oportunidad de lograr una reforma política verdaderamente útil y, además, con esta se creará una proliferación de microempresas electorales, la eliminación de Grupos Significativos de Ciudadanos y, por último, no se corrige falencia de autoridades electorales.El voto obligatorio que buscaba ser incorporado en este segundo debate no fue incluido durante la sesión. Recordemos que este es apenas el segundo debate de los ocho que tiene que cursar este proyecto."Los diferentes sectores políticos debatieron, fueron más de 15 horas de debate, pero vamos a seguir construyendo una reforma que le dé garantías a los diferentes sectores que la democracia. Se aprobó la financiación 100 % estatal, listas cerradas, bloqueadas con cremallera y participación en los partidos políticos con elecciones primarias, también se estableció un mecanismo diferente para elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Vamos a seguir discutiendo y construyendo una reforma con muchas garantías”, dijo el ponente Carlos Felipe Quintero.
La reforma política inició su largo camino en la Cámara de Representantes, y hoy cursó con éxito su primer debate de los ocho que debe pasar para convertirse en ley de la República.Entre los puntos fundamentales se encuentra la implementación de las listas cerradas y que los magistrados del CNE sean elegidos por el Congreso de la República, pero a través de convocatoria pública.Sobre este último punto, el representante y ponente Carlos Felipe Quintero aseguró que “actualmente se eligen por medio de postulaciones que hacen los partidos y había una serie de tráfico de favores políticos, y lo que hemos eliminado es la postulación. Es decir, se mantiene la elección, pero se elimina la postulación tal como está ahora”, aseguró.Sin embargo, la representante Catherine Juvinao se pronunció sobre este aspecto y afirmó que esta reforma no apuesta por una verdadera transformación del CNE: “Todos vemos que el presidente Petro se está quejando de que es una entidad politizada que persigue a contradictores, pero al mismo tiempo esta reforma no incluye una transformación en la manera en cómo se elige a los magistrados. Lo que hay que hacer es que el Congreso no los elija”.Por otro lado, también se estipula la financiación 100 % estatal para las campañas, la cual será por medio de anticipos.Otro de los puntos que se tocó fue el relacionado con las listas cerradas, que además propone que se conforme una lista cremallera, es decir, mujeres y hombres intercalados.Es importante mencionar que varios representantes independientes solicitaron la inclusión de elecciones primarias obligatorias en cada partido como mecanismo de democracia interna.El Gobierno argumenta que estas fomentarán proyectos colectivos en los partidos, permitirán un mayor control financiero, reducirán costos de campaña y fortalecerán la identidad ideológica de las organizaciones políticas.Por último, Quintero aseguró que, por medio de esta reforma, también se busca implementar el voto obligatorio, que será propuesto en su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Hacia las 10:00 de la mañana de este martes, 24 de septiembre, se espera que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presente ante la Cámara de Representantes el nuevo proyecto de reforma política, el segundo intento del Gobierno luego del hundimiento del proyecto en marzo de 2023.Aunque se desconoce el texto final, Blu Radio pudo acceder a una presentación del Ministerio del Interior en el que presentan como objeto del proyecto: “Promover la democracia interna de partidos y movimientos políticos y la transparencia en la financiación de las campañas electorales y las organizaciones políticas, para garantizar una mejor representación ciudadana, y calidad en la democracia colombiana e implementar el Acuerdo de Paz”.Entre las principales modificaciones que tendría el proyecto está la modificación de la conformación y mecanismo de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que en estos momentos está enfrentado con el Gobierno por cuenta de las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro, Ricardo Roa y el Pacto Histórico por presuntas violaciones de topes e irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, y presunta campaña extemporáneas.Según la iniciativa, el nuevo CNE estaría conformado por nueve magistrados por un periodo de seis (6) años, servidores públicos de carrera administrativa especial, los cuales serán elegidos por convocatoria pública organizada por la Rama Judicial a partir del 2026. Para ello, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado elegirán tres integrantes cada uno mediante lista de elegibles y concurso de méritos.No podrán ser elegidos quienes hayan ejercido cargos directivos en organizaciones políticas o hayan sido candidatos a cargos elección popular en los últimos siete (7) años. Así mismo, durante los dos años (2) posteriores a su retiro, los magistrados no podrán ocupar cargos de dirigencia partidista, ni ser nombrados ministros o directores de departamentos administrativos, ni ser postulados a cargos de elección popular.Entre las funciones que modifica el proyecto el más polémico es la eliminación de las funciones de autoridad con capacidad de realizar investigaciones administrativas y emitir sanciones por el control de financiación de campañas electorales; cambiándolo ahora por una función colaborativa a otras autoridades que se encargarán de este tipo de procesos. Y le entrega funciones como ejercer la depuración del censo electoral, realizar la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular.Frente a temas como la democracia interna y la participación electoral de los partidos y movimientos políticos, el proyecto concibe garantizar y fortalecer la libre organización de partidos y movimientos políticos y la participación de los afiliados en las consultas internas e interpartidistas. Adicionalmente se concibe la participación en elecciones mediante listas cerradas y bloqueadas, y se mantiene la posibilidad de que los partidos minoritarios puedan construir coaliciones para participar en la elección de corporaciones públicas.Por último, frente a la financiación de campañas el proyecto concibe la prohibición de aportes por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras, la preponderancia de la financiación estatal mediante anticipos y reposición de votos, así como la implementación del Registro Nacional de Proveedores Electorales para que las campañas electorales puedan adquirir bienes y servicios de quienes aparezcan en el Registro, con excepción de las adquisiciones de mínima cuantía que defina el CNE.La presentación del Ministerio no define nada respecto a transfuguismo, uno de los puntos claves que busca implementar el Pacto Histórico para las elecciones de 2026.
Los simpatizantes el Gobierno del presidente Gustavo Petro salen este miércoles 27 de septiembre a las calles en una manifestación llamada "por la vida" y a la cual fueron convocados sindicatos, obreros, indígenas y campesinos para que defiendan las reformas impulsadas por su Gobierno, un mes antes de las elecciones de alcaldes y gobernadores.La principal concentración se hará en la Plaza de Bolívar, centro del poder político en Colombia, en la que son esperadas miles de personas, y también habrá movilizaciones en el resto del país.Una de las organizaciones es Fecode, que este miércoles también se concentran a favor del Gobierno Nacional.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Domingo Ayala, presidente de Fecode, entregó detalles sobre las razones por las cuales ellos salen a las calles.Ayala aseguró que apoyan las reformas sociales, económicas y políticas que propone el Gobierno y por eso hacen presencia en la manifestación que tiene fines pacíficos.“Necesitamos las reformas sociales, económicas y políticas para que se puedan generar los cambios que realmente se requieren. Nosotros siempre, como Fecode apoyamos”, dijo.En ese sentido, explicó que la decisión de unirse a la convocatoria se trata de una directriz timada desde la organización.Sobre la reanudación de clases en los colegios públicos, señaló que a partir de mañana habrá normalidad en todos los centros educativos.Hay que recordar, que los ministros de Petro se han encargado de promover la convocatoria, por lo que han surgido denuncias de supuestas ayudas del Gobierno a organizaciones populares para que se sumen a las manifestaciones, algo que el Ejecutivo niega.Vea la entrevista completa aquí:
El Ministerio de Educación presentó dos borradores de proyecto de ley en lugar de uno, como se anticipaba. El primero busca convertir la educación en un derecho fundamental a través de una reforma estatutaria, mientras que el segundo se enfoca en modificar la Ley 30 de 1992 sobre educación superior. Estos textos están ahora a disposición del sector educativo para que se pueda dialogar y llegar a un acuerdo en torno a estas dos iniciativas. Aún no se ha establecido una fecha para que el Ministerio presente estos proyectos de ley ante el Congreso.Aquí algunos de sus cambios:El gobierno plantea en la reforma estatutaria de educación que se incluya el grado duodécimo (12°) con el fin de que permita un acceso progresivo de los estudiantes a la educación superior.Mientras que en el ley 30 de 1992 el gobierno es claro en que se quiere que se pase de que la educación sea un servicio público cultural a un derecho fundamental de carácter progresivo e inherente a los fines del Estado Social de Derecho.Además, el Ministerio de Educación busca un nuevo enfoque del objetivo de la educación en la que, por ejemplo, se propenda por el cuidado, la conservación, y preservación del ambiente. Así como que se salvaguarde y fomente la educación propia, el patrimonio, las culturas, la pervivencia de las lenguas y los saberes de los grupos étnicos, comunidades campesinas y de otros grupos poblacionales. También que se contribuya a la transformación social, la memoria histórica, la formación de ciudadanía, al respeto a los derechos humanos y la construcción de paz a nivel regional, nacional e internacional.En relación con los fundamentos de la educación superior el gobierno busca que la educación superior se armonice con los saberes y conocimientos ancestrales de las comunidades étnicas y los sistemas de conocimiento propios de otras comunidades.En el texto también se habla de modificar el artículo 12 de esta ley en la que se especifica que para culminar un doctorado se requiere un trabajo de investigación, pero en el cambio se plantea que solo sea un ‘trabajo de fin de estudios para optar al título académico’.Para el gobierno es fundamental el reconocimiento de la identidad de género, por eso plantea la modificación del artículo 25 en el que agrega el apartado que ‘En la titulación, las Instituciones de Educación Superior deberán reconocer la identidad de género’.Además, también habrá cambios en la elección del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y del Icfes, también tendrá asiento el ministro o ministra de ciencia, tecnología e innovación, el director o directora del SENA, dos estudiantes de últimos años de Instituciones de Educación Superior.También le puede interesar:
Pese que Colombia aprobó dos reformas tributarias desde la pandemia, el espacio de gasto de Gobierno ya se agotó, según el análisis que hace hoy el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre las proyecciones de gasto del Gobierno.El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, es un comité de expertos financiado por el Estado con recursos públicos, pero con independencia del Gobierno. Su principal función es hacer seguimiento al cumplimiento de las metas de déficit fiscal que ordena la ley.Sin embargo, el análisis de este año dejó varias alertas y la principal es que se están previendo demasiados gastos para lo que el país puede realmente permitirse, se está contando con ‘ingresos de una sola vez’ para financiar los gastos y se está programando todo al ‘límite’ del cumplimiento de la regla fiscal es decir con el riesgo de incumplir el próximo año. Eso sin contar con la posibilidad de que se aprueben la reforma pensional y la reforma a la salud“Dado que la senda de gasto propuesta por el Gobierno no deja ningún margen, este gasto incremental no tendría espacio fiscal dentro de la programación, y, en consecuencia, la aprobación de dichas iniciativas requeriría la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos estructurales”, dijo el Carf. Es decir, es posible que se necesite una nueva reforma tributaria.Las reformas costarían 0.7 % del PIB en el corto plazo, unos 16,7 billones.“A partir de 2025 hasta 2031, la Nación requerirá de cerca de 120 billones de pesos anuales en promedio de financiamiento interno y externo (entre 7 y 5% del PIB anuales). Estos requerimientos de financiamiento implican un riesgo no menor, que va a seguir presionando los mercados de deuda soberana de la Nación y que necesitará de un nivel importante de credibilidad en la sostenibilidad fiscal para lograrse”, concluye la entidad.Le puede interesar
De forma silenciosa, el Gobierno nacional radicó el viernes pasado un proyecto de ley que abriría la puerta a aumentar el número de integrantes de las 32 asambleas departamentales del país. Se trata del proyecto de ley 330 de 2023, radicado con mensaje de urgencia por parte del presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ante las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes.El proyecto establece los parámetros con los que se definirá el número de diputados que tendrá cada asamblea departamental y que estaba regulado desde 1986. La norma establecería que los departamentos con menos de 300.000 habitantes tendrán asambleas de 11 diputados y si superan esa cifra, se pondrá un diputado más por cada 150.000 habitantes, hasta llegar a 31 diputados.Esta norma es igual al decreto que regía desde 1986, pero el proyecto también establece que, cada vez que se apruebe un nuevo censo, este número de diputados crecerá proporcionalmente en cada departamento hasta completar el número de 31 diputados, que es el límite que establece la Constitución.Es decir, si actualmente un departamento como el Cesar o el Chocó, que actualmente tiene 11 diputados, tuvo un incremento en el número de habitantes según el censo, el número de diputados podría crecer proporcionalmente hasta alcanzar el número de 31.Los motivos expuestos por el Gobierno para la presentación de este proyecto tienen que ver con que en 2022 se aprobó la ley 2200, que modifica aspectos de la administración de los departamentos y el decreto de 1986 fue derogado. Esa ley no establecía los parámetros para que se determinara el número de diputados, solo sostenía en su artículo 16, que eran de 11 a 31. Así, el Gobierno no tiene forma de expedir el acto administrativo que es necesario en elecciones para determinar el número de diputados a elegir.El ministro Luis Fernando Velasco responde en Blu Radio“No, hay que decirlo categóricamente, no”, respondió por su parte el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre si el proyecto del Gobierno de redefinir las asambleas departamentales es para aumentar el número de diputados en ciertas regiones. En diálogo con Mañanas Blu, aseguró que presentó esta iniciativa porque no se pueden hacer elecciones sin saber cuántos diputados hay para elegir.“Es un error, que evidentemente no fue intencional, el pasado Gobierno no captó que cuando hizo la derogatoria que trae todas las normas, entre las que derogó estaba una que definía claramente que se usaba el censo de 1986 para definir cuántos diputados tenía cada asamblea departamental”, indicó.Es decir que, según explicó el ministro Velasco, ahora, como no existe esa norma, “iríamos a elecciones sin saber legalmente cuándos diputados se tendrían que elegir”. Por eso, añadió, ordenó preparar un proyecto de ley para presentar ante el Congreso de la República, con mensaje de urgencia, para definir el número de diputados.“En el proyecto de ley decimos con claridad que el censo que se tendrá en cuenta es el último aprobado legalmente, que es el de 1986, es decir, no hay ningún tipo de cambio; aún no ha sido aprobado”, detalló.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:Le puede interesar:
Este lunes, 1 de mayo, desde el balcón del Palacio de Nariño, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro llamó a la movilización social con el propósito de evitar que se coarten las reformas propuestas en su Gobierno.En medio de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el presidente Gustavo Petro le envió un mensaje a los colombianos asegurando que las reformas son el futuro que Colombia necesita; sin embargo, las palabras del jefe de Estado generaron reacciones de diferentes sectores políticos que lo critican por su intervención.Comentarios en contra de las declaraciones del presidente Gustavo PetroDespués de las declaraciones del presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño, en redes sociales algunos sectores políticos han rechazado el mensaje del jefe de Estado, pues argumentan que pone en riesgo la seguridad del país con reformas "agresivas"."Este discurso es de inmensa gravedad. Una retórica dictatorial llena de falacias, amenazas y egocentrismo. Se sabía que Petro no iba a respetar las instituciones ni la democracia. Esperemos que su contundente fracaso gobernando le impida robarse el poder", manifestó Germán Vargas Lleras, a través de su cuenta de Twitter.Asimismo, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, aseguró que Gustavo Petro estaba equivocado si creía que "amenazando al país" logrará sacar sus reformas adelante, pues, según él, esta agenda lo único que haría es dañar lo que hoy sirve en Colombia. "No nos asusta Presidente Petro. Respetemos la democracia, el Congreso, las cortes, las leyes. Los que no pensamos como usted queremos mejorar la vida de los más necesitados y construir más igualdad. Simplemente pensamos que sus propuestas le harían daño a los colombianos", aseguró.Desde el Centro Democrático también reaccionaron al 'balconazo' del presidente Petro. Uno de sus miembros, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que el jefe de Estado "sigue incitando la lucha de clases y las revueltas, si no aprueban sus retorcidas reformas".Pero el más destacado de esta bancada es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien criticó la propuesta de la reforma a la salud que busca eliminar la Ley 100 que se radicó durante su gobierno. "La ley 100 logró un ahorro de los trabajadores de 80 mil mill de dólares, que les garantizan pensiones y apoyan la economía nacional (....) El crecimiento económico, que no se prometió, ha sido obstaculizado por la violencia, la inestabilidad normativa y el temor infundido a empresarios. Cuando estábamos creciendo cambiaron las reglas", dijo Uribe en redes sociales.Por su parte, el senador Ciro Ramírez aseguró que Gustavo Petro está llamando a "una revolución" poniendo en riesgo la Constitución: "Lamento como colombiano, pero sobretodo por mi país, que no veremos desarrollo ni progreso, solo más odio entre nosotros". Misma idea que compartió el representante a la Cámara Christian Garcés al decir que el jefe de Estado llamada a una "guerra civil".El apoyo al presidente Gustavo Petro en la reformasPese a la ola de críticas que ha tenido que enfrentar el presidente Gustavo Petro después del 'balconazo', en redes sociales muchos aseguran que él no está solo en el cambio "que necesita el país".Una de las personas que expresó su apoyo al presidente Petro fue Piedad Córdoba que aseguró que las marchas son la muestra que el Gobierno "es el pueblo". Asimismo, Gustavo Bolívar destacó la gestión y culpó "que los pocos que lo atacan son más poderosos con la comunicación"."Emociona ver al pueblo trabajador en las calles, pacíficamente, y a los ministros respaldando la Reforma Laboral del Presidente Gustavo Petro. Emociona ver la Plaza de Bolívar y la Plaza de Armas repletas de col esperanzados en que el fascismo-neoliberalismo no vuelva en 2026", dijo Bolívar. Mientras que, el representante Gustavo Becerra Yañez, del Pacto Histórico, tildó la jornada de este lunes, 1 de mayo, como un día histórico para Colombia que demostró el apoyo del pueblo a la reformas del Gobierno.Le puede interesar: 'Noticias del día'
El mandatario Gustavo Petro continúa hablando de las reformas que se debatirán en el Congreso de la República, sin embargo, aseguró que necesita más apoyo de los ciudadanos para que se hagan realidad.“El pueblo ha mantenido una mayoría conmigo, aún le falta movilizarse más, yo sí creo que esas reformas van a tener grandes problemas para construirse en la realidad si el pueblo no se moviliza”, mencionó Petro.Igualmente, Petro recalcó en que no son mayoría en el Congreso, por lo que la primera dificultad es construir una coalición mayoritaria.El presidente también habló de la oposición y afirmó que Álvaro Uribe le ha ayudado a quitar violencias y a desactivar el gatillo en una sociedad violenta desde hace décadas.Sin embargo, por otro lado, aseguró que el exmandatario ya no tiene la capacidad de movilización para desestabilizar el Gobierno o a la mayoría del Congreso para detener las reformas.Asimismo, Petro insistió, en una entrevista con La Pizarra, que llevará a la práctica una integración latinoamericana, recalcando la importancia de las energías limpias para llevarlo a cabo, como la conexión de redes eléctricas. También, mencionó que es importante una conferencia con los países latinoamericanos para tratar un tema que los abarca a todos, como el narcotráfico.No se pierda: ¿Cómo enfocar los espejos retrovisores?
Israel se encuentra actualmente en medio de una crisis constitucional sin precedentes desde su fundación en 1948. Todo esto debido al plan de reforma judicial presentado por el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu, el cual busca disminuir la independencia del sistema judicial y aumentar el control del Ejecutivo sobre el mismo.Esta legislación, que ya está siendo avanzada en la Knéset (Parlamento israelí), ha provocado las mayores protestas en la historia de Israel, con una cifra récord de 650.000 asistentes anoche. Todo esto después de que Netanyahu cesara al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por solicitar frenar su tramitación.El Gobierno argumenta que el Tribunal Supremo ha interferido históricamente demasiado en asuntos políticos, por lo que es necesario establecer un límite a sus poderes. Sin embargo, los críticos de la reforma argumentan que un poder judicial independiente es vital para la salud democrática del país. En Israel, los poderes legislativo y ejecutivo suelen fundirse debido a que siempre es la coalición gobernante quien acapara la mayoría parlamentaria, lo que les otorga un poder casi absoluto para imponer leyes.Estos son los puntos más polémicos de la reforma propuesta en Israel:Selección de jueces: Actualmente, el comité encargado de recomendar la elección de jueces está compuesto por nueve miembros, entre ellos, jueces en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados de Israel, miembros de la Knéset y del gobierno. Para elegir a los jueces se requiere el acuerdo unánime de todos ellos. La reforma propuesta por el Ministro de Justicia, Yariv Levin, busca aumentar el número de miembros del comité a once y cambiar su composición. La propuesta incluye tres ministros y tres legisladores de la coalición, además de tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición. Esto otorgaría al gobierno una mayoría de seis miembros sobre once. La formulación original de esta ley otorgaba al gobierno una mayoría de siete miembros, con poder absoluto para elegir y destituir jueces, incluyendo los del Supremo. Esta versión fue modificada hace una semana para suavizarla. Se tenía previsto su aprobación en la Knéset esta semana.Revisión judicial: Los cambios propuestos buscan limitar la capacidad de la Corte Suprema para revisar la legislación, incluida la Ley Básica, que tiene rango constitucional. La reforma exige que la invalidación de cualquier ley requiera el consenso del 80% del panel de jueces del Supremo, en lugar de una mayoría simple. Este es un punto que incluso algunos críticos de la reforma defienden, ya que muchos opinan que el Supremo tiene demasiado poder para revertir leyes. Sin embargo, difieren en la forma y defienden que se requiera más que una mayoría simple en el Parlamento para la aprobación o modificación de leyes básicas.Clausula de Anulación: Este es uno de los aspectos más controvertidos, ya que permitiría que una mayoría simple en el Parlamento (61 diputados de 120) puedan anular fallos del Supremo que impliquen la modificación o reversión de leyes. Los oponentes de la ley ven esto como una clara violación de la separación de poderes y la independencia judicial. La propuesta de ley que incluye esta cláusula, y que también permite blindar leyes ante su revisión judicial, pasó en primera instancia hace dos semanas. La aprobación definitiva se retrasó hasta mayo, después del receso parlamentario por la Pascua Judía.Asesores legales de los ministerios: La reforma del Gobierno busca reclasificar los puestos de asesores legales de los ministerios, que actualmente son expertos independientes supervisados por el Ministerio de Justicia, a abogados elegidos políticamente. Además, las opiniones de estos asesores ya no serán vinculantes ni obligatorias. De esta forma, los ministros respectivos tendrán control total para elegir y despedir a los asesores. Los críticos de la reforma argumentan que esto implica una politización clara de los controles judiciales.Razonabilidad: La reforma busca limitar el alcance del concepto de "razonabilidad" por el que los tribunales pueden someter, por iniciativa propia, a revisión judicial cualquier decisión gubernamental.
Este jueves, 21 de noviembre, a partir de las 7:00 de la noche, Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, se convertirá en epicentro de la discusión sobre el denominado turismo musical con el lanzamiento de Green Coliving.Este evento contará con la presencia de líderes políticos, empresarios y artistas destacados y se espera que sirva como un aporte al desarrollo de la región.Durante la velada, expertos se reunirán para debatir temas clave sobre el impacto del turismo musical y su relación con el desarrollo económico, social y ambiental. En un primer conversatorio, moderado por la periodista Jessica de la Peña, se abordará cómo este ecosistema puede convertirse en un motor de transformación para la región, potenciando la empleabilidad y el bienestar. Posteriormente, la modelo y presentadora Carolina Cruz liderará una discusión centrada en el papel de la música como herramienta de crecimiento y cohesión en las comunidades.El evento no solo será un espacio para la reflexión, sino también para el disfrute del talento artístico, con presentaciones de Paulina B, Lucas Arnau -.quien celebrará sus 20 años de carrera musical- y el maestro Poncho Zuleta, leyenda del folclor colombiano, que será el encargado de cerrar la noche con su show.Juan Pablo Valencia, CEO del Grupo Privee, destacó la importancia de este proyecto como una fuente de oportunidades para Sabaneta y el Valle de Aburrá, proyectándolos como referentes nacionales e internacionales en turismo y entretenimiento.Se espera entonces que este sea el inicio de una nueva etapa para Sabaneta, consolidándola como un punto clave en el mapa del turismo musical en Colombia.
La Gobernación de Santander anunció el apoyo a jóvenes que se inscriban o continúen sus estudios en 2025 en carreras profesionales, técnicas o tecnológicas, mediante la entrega de subsidios destinados a transporte y alimentación. Este incentivo está dirigido a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, sin importar si la institución educativa es pública o privada, siempre y cuando los beneficiarios demuestren que están matriculados en un programa académico y residan lejos de su lugar de estudios.María Paola Suárez, secretaria de Educación de Santander, explicó que, la implementación de este proyecto se formalizó a través de una ordenanza que designará un recurso con destinación específica para este fin, con el objetivo de garantizar que los jóvenes puedan mantenerse en sus estudios sin la preocupación de los gastos relacionados con su educación superior.La ordenanza aprobada y sancionada es la No. 025 de 2024 por la cual se modifica el Fondo Departamental de Apoyo para la Permanencia en la Educación Superior que tendrá los siguientes recursos: “la suma de $1.000 millones provenientes de los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 2024; los recursos del balance de vigencias anteriores; el gobierno departamental asignará en el presupuesto de cada vigencia fiscal la partida presupuestal para la financiación del fondo; entre otros”, dice la ordenanza.La funcionaria detalló que, a través de un convenio con Icetex, la entidad administrativa encargada de manejar el recurso, se hará la identificación y el seguimiento de los estudiantes beneficiarios.El subsidio, que oscilará entre $400.000 y $600.000, se entregará con base en las necesidades específicas de los estudiantes, especialmente para cubrir los costos de transporte y alimentación. La secretaria de Educación aclaró que, aunque el monto inicial es de esa cantidad, se revisará la evolución del proyecto con el objetivo de aumentar los subsidios en el futuro, si se demuestra que realmente cubren las necesidades de los estudiantes.Este programa forma parte de la estrategia de la Gobernación de Santander para apoyar a los jóvenes dentro de la política nacional de gratuidad educativa. Sin embargo, Suárez resaltó que, aunque la gratuidad en las universidades públicas ha sido un avance importante, muchos estudiantes se enfrentan a dificultades adicionales, como la falta de recursos para el transporte y la alimentación.“Muchos de los jóvenes que se matriculan en universidades públicas no tienen ni para comer ni para el transporte. Con este programa, queremos garantizar que los estudiantes permanezcan en sus universidades y no abandonen sus estudios por razones económicas”, comentó la secretaria.En una primera etapa, 2.350 estudiantes podrán beneficiarse de este subsidio, una cifra que se espera crezca.
En un duro pronunciamiento, el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, cuestionó la voluntad de paz del ELN y aseguró que esta guerrilla le ha tomado el pelo a este y a todos los gobiernos.“Al ELN le importa más la mesa de negociaciones que la paz de Colombia, les fascina estar sentados en una mesa hablando de paz y haciendo la guerra y daño a la población civil y las fuerzas militares”, dijo el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, quien rechazó el reciente atentado de esta guerrilla que dejó cuatro soldados muertos en Anori, Antioquia.El Ministro Cristo reconoció que el ELN “le ha tomado el pelo” al Gobierno Petro y todos los gobiernos. “Es muy triste y decepcionante esa actitud del ELN, genera rabia e indignación a todos los colombianos y a mí como víctima”, dijo.Estas declaraciones se dan luego de que tres soldados profesionales y un suboficial del Ejército fueran asesinados en un ataque con explosivos perpetrado por el ELN en el municipio de Anorí, Antioquia.Según las autoridades, miembros de este grupo armado ilegal utilizaron plataformas para lanzar los artefactos contra las tropas.El ataque ha sido atribuido a los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN, que operan en la región. Además, un oficial del Ejército, cinco soldados profesionales y un civil resultaron heridos en el incidente y están recibiendo atención médica en este momento.
Los hechos que fueron noticia en Colombia y el mundo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 21 de noviembre de 2024:Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, reveló detalles de la sanción contra el técnico Efraín Juárez, quien no podría entrar durante tres años a los estadios por su celebración en partido ante el DIM. Explicó, que, aún la sanción no está en firme, pues se apeló en segunda instancia y se encuentran a la espera de la respuesta de la Secretaría de Seguridad.Para hablar sobre las declaraciones del ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre el desfinanciamiento de Icetex para 2025, se conectó María José Castañeda, presidenta de Acrees, quien expresó las afectaciones a estudiantes. Reconoció los problemas de la entidad, y recalcó que la solución no es acabarlo.Diego López, alcalde de El Colegio, Cundinamarca, alertó de las inundaciones en el municipio, y la manera en que se está afrontando la emergencia. Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, habló de los árboles que están en riesgo de caída en la capital. Bogotá tiene cerca de 2.200.000 árboles y de esos hay cerca de 1.400.000 que están en espacio público. Explicó que se desconoce por ahora la cifra exacta de árboles que están en riesgo. Escuche el programa completo aquí:
En Colombia ha iniciado formalmente la negociación para definir el salario mínimo que regirá en 2025, un proceso que enfrenta a los sectores empresariales y a las centrales obreras en un pulso que, de no llegar a consenso, podría terminar con un decreto gubernamental. Este año, el debate se desarrolla en un contexto marcado por una inflación proyectada del 5,2 %, un crecimiento económico moderado y un déficit fiscal superior a $30 billones.El cronograma establecido para las conversaciones incluye fechas clave, como el 3 de diciembre, cuando el Dane presentará los datos técnicos, y el 11 de diciembre, cuando las partes formalizarán sus propuestas de incremento. Sin embargo, las posiciones ya empiezan a ser evidentes.Desde las centrales obreras, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defiende un aumento de dos dígitos, superior al 10 %, argumentando que es necesario un ajuste significativo para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Por otro lado, los empresarios han señalado que el incremento no debería superar el 6,3 %, en línea con las proyecciones inflacionarias y el limitado crecimiento económico.El gobierno, representado principalmente por el Ministerio de Hacienda, sugiere un aumento que parta del 6,2 %, incluyendo la inflación proyectada y un punto de productividad, pero rechaza de plano cualquier ajuste que alcance los dos dígitos. Esta postura ha sido fuertemente criticada por las centrales obreras, que consideran que el Ministerio se ha adelantado indebidamente en la discusión.El proceso está diseñado para alcanzar un acuerdo tripartito, algo que no se logró en 2024, cuando el salario mínimo se fijó por decreto en $1.300.000, con un incremento del 12,07 %. En años recientes, solo las negociaciones de 2022 y 2023 lograron un consenso, una situación que podría ser difícil de replicar este año dada la distancia entre las posiciones actuales.Si no se alcanza un acuerdo antes del 15 de diciembre, la ley establece mecanismos para continuar el debate hasta el 30 de diciembre, fecha límite para que el gobierno decrete el aumento si es necesario. La negociación del salario mínimo se convierte así en un campo de tensión entre los intereses de trabajadores, empresarios y las proyecciones macroeconómicas del país, marcando un final de año crucial para la economía colombiana.
