Con 13 votos por el sí y un voto por el no, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma a la justicia presentando en conjunto por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra; la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; y la fiscal general, Luz Adriana Camargo.El proyecto busca hacer modificaciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), y las normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006); en aspectos como la reparación integral, concesión por allanamientos y preacuerdos, aplicación de principios de oportunidad, entre otros.“Cuando hay explicaciones y cuando hay razonabilidad de los proyectos, se llegan a acuerdos muy rápidos y la verdad es que este proyecto lo que ayuda también es a agilizar la justicia y a lograr sanciones también para las personas que infringen las normas penales. Como Ministerio de Justicia estamos muy satisfechos en haber llegado en este triunvirato de Corte Suprema, Fiscalía y Ministerio”, señaló la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.El coordinador ponente Ariel Ávila señaló que el propósito del proyecto es restaurar el equilibrio y los fines del sistema penal acusatorio, que en los últimos años se ha complicado por cuenta de medidas que rayan en el populismo punitivo aumentando la congestión judicial, el hacinamiento carcelario y los índices de impunidad.“El sistema acusatorio es un sistema adversarial, es decir, un sistema de justicia negociada; esa es la esencia del sistema. Lo que se busca es estimular la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales, y obviamente todo esto garantizando el derecho de las víctimas”, sostuvo Ávila, presidente de la Comisión Primera.“Lo que se busca con el proyecto es establecer una serie de acciones para permitir, por medio de la modificación de algunas normas del código penal y procedimental, desvertebrar organizaciones criminales, concediendo agilidad a los procesos y permitiendo que sean más expeditos las pruebas, los procedimientos para tener una pronta justicia que de algo contribuya a esa reparación que tienen los ciudadanos que han sido afectados por una serie de delitos en el país”, explicó el ponente y vicepresidente de la Comisión Primera, el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.Aunque se eliminó el artículo 7 que establecía una rebaja de pena para los agresores de menores; el proyecto si establece otras medidas que tuvieron una fuerte discusión como el establecimiento de una reparación integral a cambio de la extinción de la acción penal, una reducción de la pena de hasta el 25 % a quienes alcancen un preacuerdo frente a delitos relacionados con el terrorismo, la eliminación del requisito de que los principios de oportunidad y prueba anticipada pasen por autorización del despacho de la fiscal general, entre otros.“Lo que sí se permite es unos preacuerdos cuando esas decisiones o esa información, mejor, por parte de los sindicados, permita una colaboración eficaz que desmantele organizaciones criminales en el país, o bandas criminales dedicadas a la extorsión, al secuestro. Se permite que esa colaboración, si es eficaz, y tendrá alguna rebaja en la pena, esa es la verdad, de un 25%, si esa información, insisto, permite que se desvertebrar organizaciones al margen de la ley y organizaciones criminales”, concluyó Motoa.
En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el senador Germán Blanco compartió su perspectiva sobre la eliminación del artículo 7 de la reforma a la justicia que desató polémica en su momento por lo que suponía, la reducción de pena para violadores, abusadores y agresores de menores de edad que se acogieran a un principio de oportunidad o a un preacuerdo.El senador, miembro del Partido Conservador, destacó la importancia de proteger los derechos de los niños en Colombia. Por eso, también manifestó su descontento con la propuesta inicial de la reforma, que contemplaba beneficios para delincuentes que cometieron abusos graves, incluyendo delitos contra menores.El debate de la reforma“Hace dos semanas fuimos invitados los ponentes del proyecto a un desayuno con la ministra de Justicia, la señora fiscal general, el presidente de la Corte Suprema y algunos magistrados de la Sala Penal. Fuimos invitados todos los miembros de la Comisión Primera, no solamente los ponentes, asistimos y ahí nos entregaron el contenido de la famosa reforma a la justicia que ellos estaban radicando y, ahí pudimos exponer que no éramos partidarios de la existencia de algunos artículos”, detalló.Luego de eso, dijo que algunos se opusieron “vehementemente” y establecieron unas líneas “sin las cuales no votarían la reforma ante el artículo sétimo”. En ese sentido, aseguró que él hizo una intervención “férrea” porque no entendía cómo podían pensar en beneficiar a quienes agreden a niños.Incluso, habló de la problemática de la congestión judicial y la impunidad, argumentos que fueron utilizados para justificar el polémico artículo. No obstante, exhortó a los autores de la reforma a invertir en fortalecimiento de la Fiscalía y en la modernización de las herramientas para investigar y juzgar adecuadamente.“Porque no entendía cómo esas tres autoridades le presentaban al país, ante el Congreso de la República, un artículo dentro del proyecto beneficiando a quienes acosaban, abusaban, violaban, asesinaban niños en Colombia y pedí cuál era el espíritu de la norma y a mí me responden que el espíritu es la descongestión de los despachos judiciales, es generar beneficios para que las personas colaboren con la justicia, se puedan hacer más pronto los procesos”, aseveró el senador Blanco.Además, el senador fue crítico de otro artículo que puede permitir beneficios a delincuentes involucrados en delitos de terrorismo, manifestando su disconformidad con la premisa de premiar cualquier forma de delito. Precisó que hay que castigar debidamente a quienes cometen ese tipo de hechos y delitos.“Yo le he dicho a los autores del proyecto, al presidente de la Corte, a la fiscal, a la ministra de Justicia y a los compañeros ponentes que yo no estoy de acuerdo con que se premien esos tipos de delincuentes, que a la justicia hay que volverla más operativa, no premiando, sino castigando debidamente a los que cometen ese tipo de delitos”, subrayó.
Los jueces penales del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá emitieron un comunicado en el cual apoyan la propuesta de rebajas de penas para graves delitos contra los menores de edad. Esta idea ha sido defendida por la fiscal general, Luz Adriana Camargo; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.En el comunicado, los jueces aseguran que el sistema judicial debe garantizar los derechos de los niños, pero que en algunas ocasiones, debido al alto número de procesos, se presentan casos de impunidad que llevan a la revictimización."Dado que a la rama judicial, de manera particular, a los jueces singulares y plurales, que en materia penal cotidiana, enjuician y sancionan a los infractores contra niños, niñas y adolescentes, ven palmarias las nutridas cifras de procesos que congestionan el aparato judicial y debido a ello se presenta impunidad por la tardía recepción de los testimonios de los menores, quienes olvidan los episodios, o incluso resultan ser manipulados buscando con ello la retractación, sin mencionar además el escarnio a que deben ser sometidas las víctimas de los abusos cuando rinden su testimonio y en cuyo juicio se impone evocar y exponer sus vivencias que redundan en revictimización, pero sin las cuales el juzgado puede decidir; es a partir de este escenario, que se observa viable y necesaria la postura de la honorable corte suprema de justicia ante el honorable congreso de la República”, dice el comunicado.Justamente sobre este tema, este martes, 22 de octubre, más de 120 senadores y representantes a la Cámara firmaron una proposición para eliminar el artículo siete de la reforma a la justicia, hay que recordar que esta controvertida propuesta se basa en reducir las condenas para agresores de menores. Lo anterior bajo la premisa del Gobierno nacional, donde se argumentaba que penas más efectivas podrían combatir la impunidad.
Blu Radio conoció el documento, que ya cuenta con más de 120 firmas de senadores y representantes a la Cámara que respaldan la eliminación del artículo siete de la reforma a la justicia, que cabe recordar, busca la reducción a la mitad de la pena a los abusadores de niños y niñas.Hay que mencionar que esta controvertida propuesta se basa puntualmente en reducir las condenas para agresores de menores. Lo anterior bajo la premisa del Gobierno nacional, donde se argumentaba que penas más efectivas podrían combatir la impunidad.Recordemos que el asesinato de la niña Sofía Delgado, volvió a prender las alarmas en Colombia sobre este punto del proyecto que estaría en tránsito en el Congreso de la República.Por su parte, esta proposición cuenta con la firma de congresistas como David Luna, Juan Espinal, Catherine Juvinao, Carolina Arbeláez, Katherine Miranda, entre otros.Hay que dejar claro que lo que hace esta proposición no es eliminar el artículo de una vez, pero sí deja un precedente de que, al contar con tanto apoyo, al momento de ser votado, sí podría quedar eliminado este punto durante el debate. Especificando también que aún no hay ponencia y será en la comisión primera donde se discuta si se modifica dicho artículo mencionado anteriormente.
El exministro de Justicia Yesid Reyes analiza la reforma a la justicia que propone rebaja de penas para delitos como abuso sexual, secuestro u homicidio contra menores. Esto dijo el exfuncionario.El reciente caso del asesinato y desmembramiento de Sofía Delgado, una niña de doce años, ha encendido la indignación en Colombia y avivado el debate sobre la reforma a la justicia. Yesid Reyes, exministro de Justicia, abordó este tema en una reciente entrevista, donde expuso la necesidad de examinar el sistema penal en relación con los delitos contra menores.La indignación nacional y la respuesta del CongresoLuego de la tragedia de Sofía Delgado, la opinión pública se ha mostrado inflexible ante cualquier insinuación de beneficios a los criminales que cometen actos atroces contra niños. Las críticas se centraron particularmente en las declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre una propuesta que permite reducir penas si los delincuentes colaboran o confiesan. La respuesta de Yesid Reyes fue clara: "No debería haber privilegios para quienes cometen crímenes contra niños".El dilema de la celeridad en los procesos judicialesReyes argumentó que es vital encontrar un balance entre la severidad de las penas y la celeridad de los procesos judiciales. Señaló que la prohibición de los preacuerdos ha llevado a un aumento en la duración de los procesos y una disminución en el porcentaje de condenas. "Desde que se prohibieron las rebajas, hemos visto que los casos se prolongan y son pocos los que llegan a condena".Un punto de debate relevante es si realmente los criminales de delitos contra menores estarían dispuestos a confesar a cambio de una rebaja de pena. Reyes aseguró que existen estadísticas que demuestran que antes de la prohibición de preacuerdos, los niveles de condena eran más altos. Este fenómeno tiende a hacer que los delincuentes opten por arriesgarse en juicio, especialmente ante la falta de incentivos para aceptar la culpabilidad.La dilación y su contextoA pesar de que las reducciones de penas fueron inicialmente diseñadas para desmantelar organizaciones criminales, Reyes defiende la idea de que deben también aplicarse al contexto de delitos individuales contra niños."El tema de la rebaja de penas puede ayudar a que se impongan sentencias más rápidamente, en lugar de tener casos que se alargan en el tiempo", mencionó.La propuesta de aumentar las penasFrente a la creciente presión por mayores castigos, Reyes propuso una solución intermedia: aumentar las penas de los delitos contra niños y al mismo tiempo permitir una reducción para quienes acepten su responsabilidad. Esto se presentaría como un equilibrio que podría mejorar las tasas de condena sin necesariamente rebajar las penas.Sin embargo, la posibilidad de implementar una cadena perpetua ha sido descartada por la Corte Constitucional, que ha establecido que dicha pena violaría derechos fundamentales. Aún así, el debate continúa, y muchos congresistas siguen presionando por un endurecimiento de las penas.El caso de Sofía Delgado y la posibilidad de una reforma efectiva a la justicia en Colombia está en la mesa. La discusión se centra no sólo en qué tan severas deben ser las penas, sino en cómo mejorar la celeridad en el sistema judicial para proteger a los niños. Jesse Reyes deja claro que el reto es encontrar un equilibrio que garantice justicia efectiva sin comprometer los derechos fundamentales de los acusados. En un contexto donde el clamor por justicia es intenso, el futuro del sistema penal colombiano depende del diálogo y la búsqueda de soluciones efectivas.Escuche la entrevista completa acá:
En el municipio de Candelaria, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien acompañó a la familia de Sofía Delgado, la niña de 12 años víctima de feminicidio y quien fue hallada muerta en una zona rural tras 19 días de su desaparición, hizo un fuerte llamado al reiterar su rechazo al proyecto de reforma a la justicia que otorga beneficios y mecanismos sustitutivos como rebaja de penas a violadores de menores.“Hay una cosa muy importante y es que están presentando una reforma a la justicia que disminuye las penas, donde hay un principio de oportunidad para estos violadores y asesinos, y eso no puede ser. Voy a hacer una carta, voy a trabajar con la gente porque eso no lo podemos permitir, al contrario, hay que endurecer las penas, hay que darles un escarmiento para que no haya más personas que hagan lo mismo que hizo este asesino”, expresó la mandataria. Por ello, insistió en que “tenemos que abrir el debate la cadena perpetua, que la Corte Constitucional dijo que no, pues nosotros aquí tenemos que abrir el debate, quien tiene que decidir es la gente y si hay que hacer un referendo, pues lo hacemos. Aquí quien decide es la comunidad y creo que eso los estamos sintiendo hoy todos los colombianos porque realmente todos estamos solidarios y sintiendo ese dolor, pues tenemos que decir que esas personas no pueden estar en la sociedad, esas personas salen de la cárcel y vuelven otra vez a cometer los mismos delitos”.Durante un Consejo de Seguridad que se realizó en este municipio, con el Gobierno departamental y la fuerza pública, la alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo, informó que se hará seguimiento para que “este proceso avance bien y que se tenga esa sentencia ejemplar que todos estamos esperando”.
La reforma a la justicia, presentada por la ministra Ángela María Buitrago, ha generado un intenso debate en torno a un artículo que permitiría la reducción de un porcentaje en la pena para quienes acepten cargos por delitos contra menores de edad. Este proyecto, que fue elaborado en conjunto con la Fiscalía y la Corte Suprema, busca combatir la impunidad en estos casos, pero ha despertado críticas por las posibles consecuencias para las víctimas.Según la ministra Buitrago, el objetivo es facilitar las condenas y reducir la impunidad en estos delitos. “Casi todos estos casos quedan en la impunidad por falta de pruebas o pasa el tiempo y resulta que ya después cuando crece el niño ya no quiere ser revictimizado y tampoco se presenta. Hay muchos casos en donde la estadística muestra que sería mucho más provechoso para la justicia que la persona aceptara el cargo y se le impusiera una condena, que es una condena relativamente alta, son 14 años, pero que tendría una rebaja mínima desde el marco general”.El abogado penalista Francisco Bernate, quien participó en la comisión que redactó el texto, apoya esta medida argumentando que agilizaría el sistema penal: “Con las condiciones actuales, estas personas no tendrían ningún descuento ni ninguna rebaja en el evento en el que acepten en su responsabilidad. Esto lleva a procesos demorados donde las libertades por vencimiento de términos son la regla general. Gracias a este proyecto, podrían aceptar sus cargos, con lo que de manera muy rápida tendrían una sanción”.No obstante, las críticas no se han hecho esperar. El fiscal general Francisco Barbosa, en una entrevista con Blu Radio, cuestionó duramente la propuesta, especialmente en relación con casos emblemáticos como el de Yuliana Samboní. “Estoy en desacuerdo que se permitan los preacuerdos y las negociaciones entre Fiscalía, imputados y acusados, o casos de allanamiento por violaciones de menores. Si estamos en un escenario de negociación de penas frente a estos delitos, es como si cogiéramos crímenes como los de Yuliana Samboní y termináramos volviéndolos negociables”.Se espera que el debate de la reforma a la justicia que tendrá 13 artículos empiece a finales de este mes de octubre en la comisión Primera del Senado.
En medio del debate sobre la reforma a la justicia, una de las propuestas que más controversia ha generado es la modificación del principio de oportunidad, una figura clave en el sistema penal. Este principio permite suspender, interrumpir o desistir de la acción penal en determinados casos a cambio de la cooperación del investigado con las autoridades.La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en una entrevista en Mañanas Blu, aclaró el alcance de esta medida dentro de la reforma y responder a las críticas que han surgido.El alcance de la reformaBuitrago subrayó que la reforma busca fortalecer el sistema de justicia y mejorar la eficiencia en la administración de casos penales.“El principio de oportunidad no desaparecerá, pero sí se ajustará para evitar abusos y garantizar que solo se aplique en situaciones donde realmente aporte a la justicia”, explicó la ministra. Esta declaración surge en respuesta a las preocupaciones de que el uso excesivo de esta figura podría llevar a la impunidad, especialmente en casos de corrupción o delitos graves.Según la ministra, actualmente hay un vacío en el control de la aplicación del principio, lo que ha permitido que algunos acusados lo utilicen como una estrategia para eludir condenas.“Es necesario regularlo de forma más estricta para que no se convierta en un mecanismo de escape para quienes deben enfrentar la justicia”, añadió.Críticas y polémicaLa propuesta de reforma no ha sido bien recibida por todos los sectores. Algunos juristas y políticos han manifestado que los cambios al principio de oportunidad podrían debilitar la cooperación en investigaciones complejas, como las relacionadas con el crimen organizado. Temen que los nuevos controles desincentiven a los implicados en estos casos de colaborar con las autoridades, afectando así la resolución de investigaciones clave.¿Qué cambiaría en el principio de oportunidad?El principal cambio que la reforma propone es limitar el alcance del principio de oportunidad en casos que involucren delitos graves, especialmente aquellos relacionados con corrupción, narcotráfico y violencia sexual.“No podemos permitir que quienes han cometido delitos de alto impacto utilicen este mecanismo como una vía rápida para evadir sanciones”, explicó la ministra Buitrago. Además, según dijo, la reforma busca incrementar la supervisión judicial y establecer criterios más estrictos para conceder estos beneficios. El Gobierno también plantea introducir un sistema más riguroso de seguimiento a quienes se acogen al principio de oportunidad, para garantizar que cumplan con los compromisos de colaboración y reparación.“La justicia no puede quedar a medias. Si un acusado colabora, debe hacerlo de manera efectiva, proporcionando información útil que permita avanzar en las investigaciones”, agregó Buitrago.El impacto en el sistema judicialLa reforma a la justicia, y en particular la modificación del principio de oportunidad se presenta en un contexto de crisis de confianza en el sistema judicial colombiano. Según datos recientes del Consejo Superior de la Judicatura, el 85% de los colombianos considera que el sistema de justicia es ineficiente, y uno de los principales problemas identificados es la falta de celeridad en los procesos penales. La ministra Buitrago confía en que la reforma ayudará a cambiar esta percepción.“Este es un paso necesario para restaurar la confianza en nuestras instituciones y asegurar que la justicia se aplique de manera equitativa y eficiente”, afirmó.
Desde Acacías, Meta, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, manifestó que el texto de la reforma que espera presentar en el Congreso aún necesita ajustes importantes. Aunque se ha promocionado como uno de los grandes proyectos del Gobierno, la reforma sigue sin ser presentada oficialmente, mientras avanzan otras propuestas como la reforma laboral y la de salud.Tras la salida del exministro Néstor Osuna, la presentación de esta reforma ha estado en pausa. Sin embargo, la ministra Buitrago espera que el documento pueda ser llevado al Congreso antes de que termine el año. Según la funcionaria, la próxima semana será clave para cumplir con este objetivo, aunque aún hay aspectos por afinar.“Le faltan muchas cosas porque cuando hablas de una reforma a la justicia, lo que siempre he dicho es: ¿qué es lo que vas a regular?”, explicó Buitrago durante su intervención en el evento en Acacías. Uno de los mayores desafíos, según la ministra, es que no se puede reformar el sistema carcelario sin tocar aspectos esenciales del derecho penal. “Cualquier cambio en un artículo puede generar una desarmonía en el sistema penal que puede ser más perjudicial que beneficioso”, advirtió.El enfoque de esta reforma estará centrado en el modelo de justicia premial, que busca agilizar ciertos procesos judiciales y, como novedad, facilitar la aplicación de principios de oportunidad. No obstante, uno de los puntos más controversiales es que esos beneficios podrían otorgarse a personas condenadas por delitos relacionados con menores de edad, lo que ha despertado críticas en diferentes sectores.Buitrago también destacó la importancia de que todos los elementos de la reforma estén en armonía antes de proceder con su trámite en el Congreso, indicando que la falta de esa coherencia podría traer más problemas que soluciones para el sistema de justicia en el país.
Durante su intervención en el XLV Congreso de Derecho Procesal, que se realiza en el centro de convenciones Neomundo en Bucaramanga, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, planteó una reflexión que algunos han interpretado como una crítica velada al Gobierno Nacional.En su discurso, el presidente de la Corte Suprema resaltó la importancia de la estabilidad en las instituciones, señalando que las reformas no deben responder a intereses particulares ni ser fruto de decisiones apresuradas."Quiero plantear una reflexión sobre la necesidad de estabilidad que requieren las instituciones. Las reformas no pueden estar a merced ni al vaivén de gustos, pareceres o conveniencias particulares. Ellas deben ser producto de la ciencia, la lógica, la experiencia y la razón y fruto de los consensos y los acuerdos propios de la civilidad política para resolver problemas desde la visión del bien común", indicó.Chaverra advirtió que la implementación de reformas constantes podría tener efectos contraproducentes para el desarrollo institucional."Las constantes reformas pueden ser contraproducentes si no son coherentes con el desarrollo institucional, si no permiten que las instituciones maduren y si las reglas de juego varían de forma tal que afectan la seguridad jurídica y con ello la confianza de las personas en la tutela judicial efectiva", señaló.Aunque el presidente de la Corte no mencionó explícitamente al Gobierno Nacional, sus palabras fueron interpretadas por algunos asistentes como una crítica a las recientes propuestas de reforma que ha impulsado el Ejecutivo, en especial aquellas relacionadas con el sistema judicial y las modificaciones normativas que generan incertidumbre en distintos sectores.El XLV Congreso de Derecho Procesal reúne a juristas, académicos y expertos del país para debatir sobre los desafíos del sistema judicial colombiano y las reformas que se plantean para mejorar su funcionamiento.
Sin una bala y con mucho sigilo, un grupo de personas logró el pasado 1 de julio robar en horas de la madrugada unos $85.000 millones en efectivo de la bodega de la empresa de valores Prosegur de Barranquilla, ubicada a solo unos metros del comando de la Policía Metropolitana.La cifra fue confirmada por investigadores de la Policía Metropolitana, tras meses de investigación y seguimiento, quienes entregaron los detalles a la fiscal del caso, para que este viernes 22 de noviembre presente el caso ante un juez durante la audiencia imputación de cargos, luego de que este jueves se lograra la captura de ocho presuntos participantes de este cinematográfico hurto que, por lo pronto, involucra a una trabajadora de la empresa.De acuerdo con información que conoció Blu Radio, la cifra de lo robado no pudo ser establecida una vez se presentaron los hechos, pues inicialmente se especuló que solo habrían sido $10 mil millones los que estos asaltantes habrían tomado. No obstante, tras el registro con el equipo contable de la compañía, se pudo establecer la astronómica cifra que supera lo robado del Banco de la República de Valledupar en 1994.Según información entregada a este medio, ya se logró la recuperación de una parte del dinero robado e, incluso, una parte de este fue rastreado en cuentas internacionales y en la compra de inmuebles y carros. Sin embargo, los detalles en torno a esto serán revelados durante la audiencia de este viernes.
El próximo 29 de noviembre se dará inicio al ‘Ferxxocalipsis’ en Colombia, la anhelada gira de Feid, que, finalmente, llega al país tras varios meses de espera. Solo Medellín y Bogotá disfrutarán de su música con tres fechas cada una, eso sí, una en estadio y la otra en arena, respectivamente.Las cifras del ‘Ferxxocalipsis’Feid anunció esta gira tras la exitosa etapa que tuvo por festivales a inicio de 2024. Estuvo en el Lollapalooza de Argentina y Chile, para terminar el Festival Estéreo Picnic de Bogotá en donde permitió que pronto los volviera a ver a todos.Primero estuvo en varias ciudades de Estados Unidos en donde tuvo arenas y estadios llenos, que hicieron mayor expectativa en torno a su gira debido a las emociones que se generaron por este concierto. Pasó por España y algunas ciudades de Latinoamérica, ahora, cerrará con broche de oro en su casa, Medellín.Su último álbum de estudio, que, justamente, lleva este nombre, suma millones de reproducciones y se destaca en grandes listas, como la prestigiosa Billboard.Feid en Bogotá y MedellínSe espera que el concierto del ‘Ferxxo’ impacte de forma positiva el comercio de ambas ciudades, pues se prevé que miles de turistas llegaran a ambas ciudades en el marco de esta gira, que, hasta ahora, ha sido un éxito internacional. Pero habrá varias cosas importantes que deberá tener en cuenta si se desplazará a algunas de estas fechas:Recomendaciones en Bogotá: por supuesto, la primera recomendación va de la mano con el tema de movilidad. El Coliseo MedPlus se ubica en la vía Bogotá-Siberia saliendo por la calle 80 al occidente de la ciudad, en varias ocasiones se presentan trancones y aglomeraciones, que crecen cuando se dan eventos en esta importante arena para la ciudad. Por eso, para evitar eso, el sitio ofrece transporte de ida y vuelta que podría tomar para evitar demoras en retorno o llegada al sitio, que tienen un costo de $25.000. Al igual que el parqueadero solo tiene cupo para 1.000 vehículos, de $30.000 para carros y $20.000 para motos.Recomendaciones en Medellín: la sede será el Atanasio Girardot por lo que tendrá diversas formas de llegar. Metro, bus, taxi, uber e, incluso, a pie si su hotel se encuentra cerca al estadio. Por supuesto, se esperan largas filas y un flujo superior de personas en comparación a otros eventos, por lo que tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad y tenga un punto de encuentro con sus seres queridos ante cualquier emergencia. Evite llegar bajo el estado de embriaguez al sitio, pues podría perder la oportunidad de ingreso al igual que lleve ropa cómoda, carpa y actitud para aguantar lluvias o calor por sol. Posible setlist de Feid en ColombiaAlakran50 PalosChimbitaLady Mi AmorCastigoBubaluFerxxo 151Ultra Solo RemixFumeteoPerro NegroDoblexxóBrickellEl CieloLa InocenteFerxxo 30ProhibidoxSe Me OlvidaPORFAEsquirlaMojando AsientosREMIX EXCLUSIVOSORRY 4 THAT MUCHX19XFeliz Cumpleaños FerxxoMonasteryRitmo de MedalloLuces de TecnoEy ChoryLe Pido a DIOSRománticos de LunesNormalFerxxo 100Yandel 150Hey MorCLASSY 101La Buena FaiChorrito Pa La AnimasLuna
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) se pronunció recientemente sobre la crisis que está viviendo el Icetex, donde afirman que este programa de préstamos ha sido clave para complementar la cobertura educativa en el país, que actualmente alcanza un 54 % gracias, en parte, al apoyo brindado por las universidades privadas, las cuales han trabajado de la mano con el sector público para ampliar el acceso a la educación superior.Sin embargo, la Asociación expresó su creciente preocupación por la situación crítica que enfrenta Icetex en la actualidad. A pesar de su importante rol en la financiación de los estudios superiores, las universidades, tanto públicas como privadas, no han recibido los recursos pendientes para el año 2024, lo que genera una gran incertidumbre sobre la continuidad de la oferta educativa en el próximo año. Sin embargo, es más alarmante la falta de claridad sobre los recursos para el crédito educativo de 2025, lo que amenaza con restringir el acceso de los estudiantes a la educación superior.Desde la entidad afirman que esta situación coloca a los jóvenes colombianos en una posición vulnerable, ya que, sin el apoyo de Icetex, se dificulta su capacidad para financiar sus estudios y transformar sus vidas a través de la educación. La Ascun hizo un llamado urgente al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que se tomen las medidas necesarias para resolver esta crisis, dado que el sistema de crédito educativo es un motor crucial para el desarrollo del país y la inclusión de todos los jóvenes en el proceso educativo.Por ello, desde la Ascun se solicitó un diálogo inmediato para encontrar soluciones viables que permitan garantizar la continuidad del crédito educativo, asegurar la estabilidad financiera de las universidades y, en última instancia, proteger los derechos de los estudiantes a una educación de calidad.Es esencial que el Gobierno, en conjunto con las instituciones educativas, trabajen de manera coordinada para superar esta crisis.
En las últimas horas, la Policía logró capturar a uno de los sicarios más peligrosos del sur de Bogotá junto con cinco de sus cómplices, entre ellos dos mujeres, quienes se dedicaban al tráfico de armas, drogas y asesinatos en la localidad de Ciudad Bolivar, sur de Bogotá. Se trata de alias ‘La Máquina’, líder de ‘La Catorce’, una banda que delinque en ese punto de la capital del país.Según indicó el coronel Germán Gómez, comandante de la estación de Policía en Ciudad Bolívar, esta peligrosa banda controlaba la venta de drogas en esa zona de la ciudad y sostenía una violenta guerra con otra banda delincuencial.“Tenía una disputa por control territorial con el delito de inseguridad denominado Las Marraneras y Bellaflor. Es así como se logra la captura en una de estas invasiones del sector de Paraíso. Al igual, posteriormente en otra intervención a este mismo grupo delincuencial, se logra evidenciar que en un taxi están transportando estupefacientes y armas de fuego”, agregó el coronel.Alias ‘La Máquina’, agregó el coronel Gómez, es una persona reconocida en este sector y está relacionado con varios homicidios en los que es no solo es autor material, sino también actor intelectual de los hechos que se le atribuyen.“Vamos a seguir actuando de manera contundente con esta estrategia de los microterritorios de contención frente al homicidio y a su vez con el fin de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Se tiene evidenciado que ha hecho parte de ocho homicidios”, finalizó el coronel.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
