En entrevista con Sala de Prensa de Blu Radio, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, analizó los retos de transparencia que enfrenta el país, subrayando el impacto de la reciente salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este evento, que acentúa la crisis de legitimidad del Gobierno, pone en evidencia los problemas estructurales que afectan las dinámicas políticas en Colombia.Hernández destacó la importancia de avances legislativos como la reforma del Sistema General de Participaciones, calificándola como una oportunidad clave para el Gobierno. "Es un tema que debería ser un triunfo significativo", afirmó. Sin embargo, enfatizó que las reformas que verdaderamente transformarían las dinámicas de poder enfrentan un obstáculo evidente: dependen de ser aprobadas por los mismos políticos que podrían verse perjudicados. Este círculo vicioso perpetúa prácticas cuestionables que minan la confianza ciudadana en las instituciones.El contexto electoral también agrava esta situación, señaló Hernández, ya que el Congreso prioriza leyes que ofrecen rentabilidad política inmediata, dejando en el limbo iniciativas cruciales como la protección a denunciantes. "Pocas cosas avanzarían de forma clara a menos que tengan un interés electoral", comentó, subrayando que esta dinámica limita el progreso en áreas fundamentales para el país.Finalmente, Hernández enfatizó que la raíz del problema no radica únicamente en comportamientos individuales dentro del Congreso, sino en un sistema político que necesita cambios estructurales profundos. Subrayó la importancia de mantener la presión ciudadana y mediática sobre los legisladores: "La ciudadanía tiene la responsabilidad de seguir demandando cuentas sobre la actuación del Congreso y los excesos de poder".
Tras terminarse el foro en la mañana de este sábado 7 de diciembre llamado “Reforma a la Justicia: ¿Cuál es su importancia para los colombianos?, realizado en Barranquilla y donde se habló de los beneficios que traería el agilizar los procesos judiciales en el país, la procuradora Margarita Cabello dio su opinión sobre el tema de las rebajas a las condenas de los abusadores sexuales de niños.Las rebajas de hecho eran una posibilidad hablada hasta el mes anterior, cuando cuyo artículo dentro de la reforma a la justicia fue eliminado por parte del Congreso de la República. Lo cierto es que para Cabello no iba acorde a la realidad del territorio nacional.“El artículo no era malo, lo que pasa es que en el momento del país no era prudente”, apuntó tajantemente.La procuradora aseguró que, como representantes de la infancia y la adolescencia, ya había dado a conocer su preocupación por la situación de Colombia al momento de librarse ese debate agregando que fue una buena decisión a la que se llegó en consenso.De la misma manera, se mostró a favor de la reducción de penas para las personas privadas de la libertad.“Es mejor menos para obtener más, porque un proceso penal que puede durar 10 o 15 años y que cuando el resultado se da ya tiene todo perdido es una prueba de la impunidad que reclama la ciudadanía. De pronto, con una decisión de acuerdos mucho más rápida para llegar a una pena disminuida, ojo no quitada, yo creo que puede darle una sensación de tranquilidad y de seguridad a la ciudadanía”, afirmó.Un tema similar fue tratado por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien en su intervención dentro del evento insistió en la importancia de agilizar los mecanismos como la justicia negociada para lograr un impacto considerable en delitos como la extorsión, difíciles de contener de manera individual.“Así nosotros luego de detener esos primeros eslabones de una organización criminal, que son los que realizan los actos, podríamos escalar hacia la estructura verdadera, que es el corazón de las organizaciones que están dedicadas a la extorsión”, argumentó la fiscal.Finalmente, es importante referenciar que, a su turno, el presidente del Senado Efraín Cepeda confirmó que durante el 2024 se han registrado al menos 1.9 millones de noticias criminales, de las cuales el 57 % de ellas fueron archivadas en etapa de indagación. En otras palabras, más del 80 % de dichas denuncias no han tenido avances en sus judicializaciones.Recordemos que la reforma a la justicia fue aprobada recientemente en segundo debate por el Senado y próximamente pasará a tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Con 13 votos por el sí y un voto por el no, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma a la justicia presentando en conjunto por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra; la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; y la fiscal general, Luz Adriana Camargo.El proyecto busca hacer modificaciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), y las normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006); en aspectos como la reparación integral, concesión por allanamientos y preacuerdos, aplicación de principios de oportunidad, entre otros.“Cuando hay explicaciones y cuando hay razonabilidad de los proyectos, se llegan a acuerdos muy rápidos y la verdad es que este proyecto lo que ayuda también es a agilizar la justicia y a lograr sanciones también para las personas que infringen las normas penales. Como Ministerio de Justicia estamos muy satisfechos en haber llegado en este triunvirato de Corte Suprema, Fiscalía y Ministerio”, señaló la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.El coordinador ponente Ariel Ávila señaló que el propósito del proyecto es restaurar el equilibrio y los fines del sistema penal acusatorio, que en los últimos años se ha complicado por cuenta de medidas que rayan en el populismo punitivo aumentando la congestión judicial, el hacinamiento carcelario y los índices de impunidad.“El sistema acusatorio es un sistema adversarial, es decir, un sistema de justicia negociada; esa es la esencia del sistema. Lo que se busca es estimular la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales, y obviamente todo esto garantizando el derecho de las víctimas”, sostuvo Ávila, presidente de la Comisión Primera.“Lo que se busca con el proyecto es establecer una serie de acciones para permitir, por medio de la modificación de algunas normas del código penal y procedimental, desvertebrar organizaciones criminales, concediendo agilidad a los procesos y permitiendo que sean más expeditos las pruebas, los procedimientos para tener una pronta justicia que de algo contribuya a esa reparación que tienen los ciudadanos que han sido afectados por una serie de delitos en el país”, explicó el ponente y vicepresidente de la Comisión Primera, el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.Aunque se eliminó el artículo 7 que establecía una rebaja de pena para los agresores de menores; el proyecto si establece otras medidas que tuvieron una fuerte discusión como el establecimiento de una reparación integral a cambio de la extinción de la acción penal, una reducción de la pena de hasta el 25 % a quienes alcancen un preacuerdo frente a delitos relacionados con el terrorismo, la eliminación del requisito de que los principios de oportunidad y prueba anticipada pasen por autorización del despacho de la fiscal general, entre otros.“Lo que sí se permite es unos preacuerdos cuando esas decisiones o esa información, mejor, por parte de los sindicados, permita una colaboración eficaz que desmantele organizaciones criminales en el país, o bandas criminales dedicadas a la extorsión, al secuestro. Se permite que esa colaboración, si es eficaz, y tendrá alguna rebaja en la pena, esa es la verdad, de un 25%, si esa información, insisto, permite que se desvertebrar organizaciones al margen de la ley y organizaciones criminales”, concluyó Motoa.
En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el senador Germán Blanco compartió su perspectiva sobre la eliminación del artículo 7 de la reforma a la justicia que desató polémica en su momento por lo que suponía, la reducción de pena para violadores, abusadores y agresores de menores de edad que se acogieran a un principio de oportunidad o a un preacuerdo.El senador, miembro del Partido Conservador, destacó la importancia de proteger los derechos de los niños en Colombia. Por eso, también manifestó su descontento con la propuesta inicial de la reforma, que contemplaba beneficios para delincuentes que cometieron abusos graves, incluyendo delitos contra menores.El debate de la reforma“Hace dos semanas fuimos invitados los ponentes del proyecto a un desayuno con la ministra de Justicia, la señora fiscal general, el presidente de la Corte Suprema y algunos magistrados de la Sala Penal. Fuimos invitados todos los miembros de la Comisión Primera, no solamente los ponentes, asistimos y ahí nos entregaron el contenido de la famosa reforma a la justicia que ellos estaban radicando y, ahí pudimos exponer que no éramos partidarios de la existencia de algunos artículos”, detalló.Luego de eso, dijo que algunos se opusieron “vehementemente” y establecieron unas líneas “sin las cuales no votarían la reforma ante el artículo sétimo”. En ese sentido, aseguró que él hizo una intervención “férrea” porque no entendía cómo podían pensar en beneficiar a quienes agreden a niños.Incluso, habló de la problemática de la congestión judicial y la impunidad, argumentos que fueron utilizados para justificar el polémico artículo. No obstante, exhortó a los autores de la reforma a invertir en fortalecimiento de la Fiscalía y en la modernización de las herramientas para investigar y juzgar adecuadamente.“Porque no entendía cómo esas tres autoridades le presentaban al país, ante el Congreso de la República, un artículo dentro del proyecto beneficiando a quienes acosaban, abusaban, violaban, asesinaban niños en Colombia y pedí cuál era el espíritu de la norma y a mí me responden que el espíritu es la descongestión de los despachos judiciales, es generar beneficios para que las personas colaboren con la justicia, se puedan hacer más pronto los procesos”, aseveró el senador Blanco.Además, el senador fue crítico de otro artículo que puede permitir beneficios a delincuentes involucrados en delitos de terrorismo, manifestando su disconformidad con la premisa de premiar cualquier forma de delito. Precisó que hay que castigar debidamente a quienes cometen ese tipo de hechos y delitos.“Yo le he dicho a los autores del proyecto, al presidente de la Corte, a la fiscal, a la ministra de Justicia y a los compañeros ponentes que yo no estoy de acuerdo con que se premien esos tipos de delincuentes, que a la justicia hay que volverla más operativa, no premiando, sino castigando debidamente a los que cometen ese tipo de delitos”, subrayó.
Los jueces penales del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá emitieron un comunicado en el cual apoyan la propuesta de rebajas de penas para graves delitos contra los menores de edad. Esta idea ha sido defendida por la fiscal general, Luz Adriana Camargo; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.En el comunicado, los jueces aseguran que el sistema judicial debe garantizar los derechos de los niños, pero que en algunas ocasiones, debido al alto número de procesos, se presentan casos de impunidad que llevan a la revictimización."Dado que a la rama judicial, de manera particular, a los jueces singulares y plurales, que en materia penal cotidiana, enjuician y sancionan a los infractores contra niños, niñas y adolescentes, ven palmarias las nutridas cifras de procesos que congestionan el aparato judicial y debido a ello se presenta impunidad por la tardía recepción de los testimonios de los menores, quienes olvidan los episodios, o incluso resultan ser manipulados buscando con ello la retractación, sin mencionar además el escarnio a que deben ser sometidas las víctimas de los abusos cuando rinden su testimonio y en cuyo juicio se impone evocar y exponer sus vivencias que redundan en revictimización, pero sin las cuales el juzgado puede decidir; es a partir de este escenario, que se observa viable y necesaria la postura de la honorable corte suprema de justicia ante el honorable congreso de la República”, dice el comunicado.Justamente sobre este tema, este martes, 22 de octubre, más de 120 senadores y representantes a la Cámara firmaron una proposición para eliminar el artículo siete de la reforma a la justicia, hay que recordar que esta controvertida propuesta se basa en reducir las condenas para agresores de menores. Lo anterior bajo la premisa del Gobierno nacional, donde se argumentaba que penas más efectivas podrían combatir la impunidad.
Blu Radio conoció el documento, que ya cuenta con más de 120 firmas de senadores y representantes a la Cámara que respaldan la eliminación del artículo siete de la reforma a la justicia, que cabe recordar, busca la reducción a la mitad de la pena a los abusadores de niños y niñas.Hay que mencionar que esta controvertida propuesta se basa puntualmente en reducir las condenas para agresores de menores. Lo anterior bajo la premisa del Gobierno nacional, donde se argumentaba que penas más efectivas podrían combatir la impunidad.Recordemos que el asesinato de la niña Sofía Delgado, volvió a prender las alarmas en Colombia sobre este punto del proyecto que estaría en tránsito en el Congreso de la República.Por su parte, esta proposición cuenta con la firma de congresistas como David Luna, Juan Espinal, Catherine Juvinao, Carolina Arbeláez, Katherine Miranda, entre otros.Hay que dejar claro que lo que hace esta proposición no es eliminar el artículo de una vez, pero sí deja un precedente de que, al contar con tanto apoyo, al momento de ser votado, sí podría quedar eliminado este punto durante el debate. Especificando también que aún no hay ponencia y será en la comisión primera donde se discuta si se modifica dicho artículo mencionado anteriormente.
El exministro de Justicia Yesid Reyes analiza la reforma a la justicia que propone rebaja de penas para delitos como abuso sexual, secuestro u homicidio contra menores. Esto dijo el exfuncionario.El reciente caso del asesinato y desmembramiento de Sofía Delgado, una niña de doce años, ha encendido la indignación en Colombia y avivado el debate sobre la reforma a la justicia. Yesid Reyes, exministro de Justicia, abordó este tema en una reciente entrevista, donde expuso la necesidad de examinar el sistema penal en relación con los delitos contra menores.La indignación nacional y la respuesta del CongresoLuego de la tragedia de Sofía Delgado, la opinión pública se ha mostrado inflexible ante cualquier insinuación de beneficios a los criminales que cometen actos atroces contra niños. Las críticas se centraron particularmente en las declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre una propuesta que permite reducir penas si los delincuentes colaboran o confiesan. La respuesta de Yesid Reyes fue clara: "No debería haber privilegios para quienes cometen crímenes contra niños".El dilema de la celeridad en los procesos judicialesReyes argumentó que es vital encontrar un balance entre la severidad de las penas y la celeridad de los procesos judiciales. Señaló que la prohibición de los preacuerdos ha llevado a un aumento en la duración de los procesos y una disminución en el porcentaje de condenas. "Desde que se prohibieron las rebajas, hemos visto que los casos se prolongan y son pocos los que llegan a condena".Un punto de debate relevante es si realmente los criminales de delitos contra menores estarían dispuestos a confesar a cambio de una rebaja de pena. Reyes aseguró que existen estadísticas que demuestran que antes de la prohibición de preacuerdos, los niveles de condena eran más altos. Este fenómeno tiende a hacer que los delincuentes opten por arriesgarse en juicio, especialmente ante la falta de incentivos para aceptar la culpabilidad.La dilación y su contextoA pesar de que las reducciones de penas fueron inicialmente diseñadas para desmantelar organizaciones criminales, Reyes defiende la idea de que deben también aplicarse al contexto de delitos individuales contra niños."El tema de la rebaja de penas puede ayudar a que se impongan sentencias más rápidamente, en lugar de tener casos que se alargan en el tiempo", mencionó.La propuesta de aumentar las penasFrente a la creciente presión por mayores castigos, Reyes propuso una solución intermedia: aumentar las penas de los delitos contra niños y al mismo tiempo permitir una reducción para quienes acepten su responsabilidad. Esto se presentaría como un equilibrio que podría mejorar las tasas de condena sin necesariamente rebajar las penas.Sin embargo, la posibilidad de implementar una cadena perpetua ha sido descartada por la Corte Constitucional, que ha establecido que dicha pena violaría derechos fundamentales. Aún así, el debate continúa, y muchos congresistas siguen presionando por un endurecimiento de las penas.El caso de Sofía Delgado y la posibilidad de una reforma efectiva a la justicia en Colombia está en la mesa. La discusión se centra no sólo en qué tan severas deben ser las penas, sino en cómo mejorar la celeridad en el sistema judicial para proteger a los niños. Jesse Reyes deja claro que el reto es encontrar un equilibrio que garantice justicia efectiva sin comprometer los derechos fundamentales de los acusados. En un contexto donde el clamor por justicia es intenso, el futuro del sistema penal colombiano depende del diálogo y la búsqueda de soluciones efectivas.Escuche la entrevista completa acá:
En el municipio de Candelaria, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien acompañó a la familia de Sofía Delgado, la niña de 12 años víctima de feminicidio y quien fue hallada muerta en una zona rural tras 19 días de su desaparición, hizo un fuerte llamado al reiterar su rechazo al proyecto de reforma a la justicia que otorga beneficios y mecanismos sustitutivos como rebaja de penas a violadores de menores.“Hay una cosa muy importante y es que están presentando una reforma a la justicia que disminuye las penas, donde hay un principio de oportunidad para estos violadores y asesinos, y eso no puede ser. Voy a hacer una carta, voy a trabajar con la gente porque eso no lo podemos permitir, al contrario, hay que endurecer las penas, hay que darles un escarmiento para que no haya más personas que hagan lo mismo que hizo este asesino”, expresó la mandataria. Por ello, insistió en que “tenemos que abrir el debate la cadena perpetua, que la Corte Constitucional dijo que no, pues nosotros aquí tenemos que abrir el debate, quien tiene que decidir es la gente y si hay que hacer un referendo, pues lo hacemos. Aquí quien decide es la comunidad y creo que eso los estamos sintiendo hoy todos los colombianos porque realmente todos estamos solidarios y sintiendo ese dolor, pues tenemos que decir que esas personas no pueden estar en la sociedad, esas personas salen de la cárcel y vuelven otra vez a cometer los mismos delitos”.Durante un Consejo de Seguridad que se realizó en este municipio, con el Gobierno departamental y la fuerza pública, la alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo, informó que se hará seguimiento para que “este proceso avance bien y que se tenga esa sentencia ejemplar que todos estamos esperando”.
La reforma a la justicia, presentada por la ministra Ángela María Buitrago, ha generado un intenso debate en torno a un artículo que permitiría la reducción de un porcentaje en la pena para quienes acepten cargos por delitos contra menores de edad. Este proyecto, que fue elaborado en conjunto con la Fiscalía y la Corte Suprema, busca combatir la impunidad en estos casos, pero ha despertado críticas por las posibles consecuencias para las víctimas.Según la ministra Buitrago, el objetivo es facilitar las condenas y reducir la impunidad en estos delitos. “Casi todos estos casos quedan en la impunidad por falta de pruebas o pasa el tiempo y resulta que ya después cuando crece el niño ya no quiere ser revictimizado y tampoco se presenta. Hay muchos casos en donde la estadística muestra que sería mucho más provechoso para la justicia que la persona aceptara el cargo y se le impusiera una condena, que es una condena relativamente alta, son 14 años, pero que tendría una rebaja mínima desde el marco general”.El abogado penalista Francisco Bernate, quien participó en la comisión que redactó el texto, apoya esta medida argumentando que agilizaría el sistema penal: “Con las condiciones actuales, estas personas no tendrían ningún descuento ni ninguna rebaja en el evento en el que acepten en su responsabilidad. Esto lleva a procesos demorados donde las libertades por vencimiento de términos son la regla general. Gracias a este proyecto, podrían aceptar sus cargos, con lo que de manera muy rápida tendrían una sanción”.No obstante, las críticas no se han hecho esperar. El fiscal general Francisco Barbosa, en una entrevista con Blu Radio, cuestionó duramente la propuesta, especialmente en relación con casos emblemáticos como el de Yuliana Samboní. “Estoy en desacuerdo que se permitan los preacuerdos y las negociaciones entre Fiscalía, imputados y acusados, o casos de allanamiento por violaciones de menores. Si estamos en un escenario de negociación de penas frente a estos delitos, es como si cogiéramos crímenes como los de Yuliana Samboní y termináramos volviéndolos negociables”.Se espera que el debate de la reforma a la justicia que tendrá 13 artículos empiece a finales de este mes de octubre en la comisión Primera del Senado.
En medio del debate sobre la reforma a la justicia, una de las propuestas que más controversia ha generado es la modificación del principio de oportunidad, una figura clave en el sistema penal. Este principio permite suspender, interrumpir o desistir de la acción penal en determinados casos a cambio de la cooperación del investigado con las autoridades.La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en una entrevista en Mañanas Blu, aclaró el alcance de esta medida dentro de la reforma y responder a las críticas que han surgido.El alcance de la reformaBuitrago subrayó que la reforma busca fortalecer el sistema de justicia y mejorar la eficiencia en la administración de casos penales.“El principio de oportunidad no desaparecerá, pero sí se ajustará para evitar abusos y garantizar que solo se aplique en situaciones donde realmente aporte a la justicia”, explicó la ministra. Esta declaración surge en respuesta a las preocupaciones de que el uso excesivo de esta figura podría llevar a la impunidad, especialmente en casos de corrupción o delitos graves.Según la ministra, actualmente hay un vacío en el control de la aplicación del principio, lo que ha permitido que algunos acusados lo utilicen como una estrategia para eludir condenas.“Es necesario regularlo de forma más estricta para que no se convierta en un mecanismo de escape para quienes deben enfrentar la justicia”, añadió.Críticas y polémicaLa propuesta de reforma no ha sido bien recibida por todos los sectores. Algunos juristas y políticos han manifestado que los cambios al principio de oportunidad podrían debilitar la cooperación en investigaciones complejas, como las relacionadas con el crimen organizado. Temen que los nuevos controles desincentiven a los implicados en estos casos de colaborar con las autoridades, afectando así la resolución de investigaciones clave.¿Qué cambiaría en el principio de oportunidad?El principal cambio que la reforma propone es limitar el alcance del principio de oportunidad en casos que involucren delitos graves, especialmente aquellos relacionados con corrupción, narcotráfico y violencia sexual.“No podemos permitir que quienes han cometido delitos de alto impacto utilicen este mecanismo como una vía rápida para evadir sanciones”, explicó la ministra Buitrago. Además, según dijo, la reforma busca incrementar la supervisión judicial y establecer criterios más estrictos para conceder estos beneficios. El Gobierno también plantea introducir un sistema más riguroso de seguimiento a quienes se acogen al principio de oportunidad, para garantizar que cumplan con los compromisos de colaboración y reparación.“La justicia no puede quedar a medias. Si un acusado colabora, debe hacerlo de manera efectiva, proporcionando información útil que permita avanzar en las investigaciones”, agregó Buitrago.El impacto en el sistema judicialLa reforma a la justicia, y en particular la modificación del principio de oportunidad se presenta en un contexto de crisis de confianza en el sistema judicial colombiano. Según datos recientes del Consejo Superior de la Judicatura, el 85% de los colombianos considera que el sistema de justicia es ineficiente, y uno de los principales problemas identificados es la falta de celeridad en los procesos penales. La ministra Buitrago confía en que la reforma ayudará a cambiar esta percepción.“Este es un paso necesario para restaurar la confianza en nuestras instituciones y asegurar que la justicia se aplique de manera equitativa y eficiente”, afirmó.
