La Fiscalía compulsó copias para que sea investigada la fiscal Angélica Monsalve por que no habría presentado las pruebas ni atendido los llamados de los investigadores ante las denuncias que hizo sobre presuntas presiones en el proceso contra el exconcejal Felipe Ríos y sus tíos Carlos Mario y Javier Francisco Ríos Velilla por el sistema de recaudo de Bogotá."Ante el llamado de los investigadores, la fiscal Monsalve Gaviria se negó a dar entrevista, tampoco facilitó el material que aseguró públicamente tener en su poder y que daba cuenta de posibles influencias indebidas. Finalmente, señaló enfáticamente que no tenía nada que decir al respecto. De esta manera, el fiscal del caso no pudo valorar la validez o autenticidad de lo dicho por la funcionaria ni de los audios divulgados por medios de comunicación", reseñó la Fiscalía en un comunicado.En esa medida, la Fiscalía también archivó la denuncia de Monsalve argumentando que no pudo ser probada.La fiscal había denunciado presiones por parte de exfuncionarios de la entidad y terceros para evitar la imputación contra las personas mencionadas y que incluso, su negativa, había desencadenado en un traslado."Los funcionarios tienen la obligación legal de denunciar oportunamente cualquier conducta que pueda constituirse en delito y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia para su esclarecimiento. Estos principios habrían sido desconocidos por la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria, por lo que se compulsaron copias para que se investigue penal y/o disciplinariamente la posible actuación omisiva de la servidora judicial", insistió la Fiscalía.Cabe recordar que en las últimas horas el Tribunal Superior de Bogotá había anulado la imputación de cargos realizada por la Fiscal Monsalve por el delito de violación al régimen legal de inhabilidades contra el exconcejal Ríos, pues consideró que no se explicó cómo incidió en la adjudicación de dicho contrato.
Después de un año de pleito, un Tribunal de Arbitramento determinó que Transmilenio deberá pagar a la compañía Recaudo Bogotá, empresa encargada del recaudo en estaciones de Transmilenio y buses del sistema de transporte en la ciudad, más de $74 millones de pesos.Estos recursos que tiene que pagar Transmilenio corresponde por los costos y desajustes que significó para el operador Recaudo Bogotá los incumplimientos en implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en la ciudad.En ese sentido, los árbitros, Juan Manuel Garrido y Gustavo Quintero, determinaron que se presentó un desequilibrio económico en el contrato en contra del operador Recaudo Bogotá, por varias acciones e incumplimientos del Distrito y de la empresa Transmilenio que afectaron la operación y las utilidades del operador.Cabe señalar que esta controversia se inició debido al incumplimiento a reglas pactadas en el Contrato de Concesión No. 001 de 2011 el 9 de julio de 2020, que hacen referencia a “la revisión de los costos y tarifas de remuneración del Concesionario, para que eventuales eficiencias sean trasladadas a la tarifa al usuario”, lo cual llego a la Cámara de Comercio de Bogotá, y se instaló tribunal de arbitramento el 23 de septiembre de 2021.La decisión señaló que TransMilenio deberá pagar $44.056.000.000, por concepto de la remuneración variable sin utilidad, dejada de percibir en el período comprendido entre los años 2017 y 2020, así como desembolsar $30.476.000.000 por concepto de la remuneración por equipos instalados en vehículos operando en el sistema entre los años 2017 y 2020.Tras la decisión del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) la empresa Transmilenio está estudiando la posibilidad de apelar decisión del tribunal que a que además ordenó a la entidad a pagar más de mil millones de pesos en de costas y agencias en derecho.Le puede interesar:
El Consejo de Estado determinó que es a los jueces administrativos del circuito de Bogotá, y no a esa corporación, a quien corresponde resolver una demanda que, entre otras cosas, busca que se impongan sanciones administrativas a los ciudadanos Carlos Mario Ríos Velilla y Javier Ríos Velilla, por hechos relacionados con la administración del sistema de recaudo de los dineros por la compra de pasajes de TransMilenio.Todo comenzó cuando la Superintendencia de Sociedades determinó que los señores Ríos Velilla no hacían parte de Recaudo Bogotá, empresa encargada del acopio de los dineros que pagaban los usuarios por la tarifa del servicio de transporte.Contra esa decisión, la empresa Angelcom S.A.S., que adelantó el recaudo durante las fases II y III de TransMilenio, interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, encaminada a que se reconozca el control de las ya señaladas personas sobre Recaudo Bogotá y que se les imponga la multa.El Consejo de Estado determinó que, por razón de la cuantía y atendiendo al factor territorial, el proceso debe ser asumido por un juzgado administrativo del circuito de Bogotá. Lo anterior, en la medida en que la ley ordena que los casos en los cuales las pretensiones no superen los 500 salarios mínimos mensuales vigentes, deben ser los jueces del circuito los que conozcan de la demanda en primera instancia.Por lo anterior, la alta corte remitió el proceso, por competencia, a los juzgados administrativos del circuito de Bogotá.Le puede interesar. Escuche el podcast Fragmentos:
La Fiscalía les imputó cargos al exconcejal de Bogotá Felipe Ríos Londoño y sus tíos, los empresarios Javier y Carlos Mario Ríos Velilla, como presuntos responsables por el delito de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades porque, al parecer, los últimos controlaban la empresa Recaudó Bogotá, que se ganó el contrato para la operatividad y el recaudo del sistema integrado de transporte masivo en el 2011, cuando, supuestamente, debían declararse impedidos para contratar con el Estado al tener un familiar en el Concejo.“Felipe Ríos ostentaba el cargo de concejal entre el 2008 y el 2011, mientras usted ejercía las funciones. El 25 de abril, TransMilenio realizó una nueva apertura de la licitación 003 del 2011 para adjudicar el contrato de concesión para el diseño, suministro, implementación, operación y mantenimiento de los diferentes subsistemas del Sirci, donde la empresa Recaudo Bogotá, controlada por sus parientes, tíos Javier y Carlos, a través de las sociedades Data Tools y EDTK Konsultores. El 1 de agosto se suscribe el contrato de concesión 001 del 2011 entre el representante de TransMilenio y de la empresa de Recaudo Bogotá”, explicó la fiscal del caso, Angélica Monsalve.Según la fiscal, la Constitución, la Ley 80 de contratación y el Código Penal son claros al señalar que no se puede contratar con el Estado si tiene un familiar en el Concejo, por ejemplo, como en este caso. Aseguró la delegada del ente acusador que en el caso del exconcejal debió oponerse a la contratación.“Era su deber legal, conforme a la Ley 190 del 95, el artículo 6, que dispone que cuando sobrevenga al acto de nombramiento alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público deberá advertirlo inmediatamente a la cual preste el servicio. Deber que usted incumplió, pues revisadas las actas del Concejo del 2008 al 2011, se evidencia que usted no manifestó ningún conflicto de intereses al respecto al sistema de transporte y mucho menos advirtió ninguna inhabilidad o incompatibilidad respecto al tema de transporte masivo para Bogotá y específicamente, la licitación y posterior contratación entre TransMilenio y Recaudo Bogotá”, agregó la fiscal.Dijo la Fiscalía que, con ese actuar, los tres violentaron el bien jurídico de la administración pública. Incluso, sobre Javier y Carlos Ríos Velilla, añadió la fiscal, en el momento de la adjudicación dijeron que no tenían inhabilidades para contratar con el Estado.“Ustedes, por medio de esa empresa, enviaron carta remisoria, suscrita por la representante legal Nohora Patricia Acero, en la que señalaron que la empresa Recaudo Bogotá no estaba inmersa en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad de las establecidas a la ley. En consecuencia, el 1 de agosto del 2011, se suscribió el contrato de concesión del Sirci 001 del 2011 (…) es así que, en las actividades investigativas, se corroboró que los verdaderos controlantes son ustedes Carlos y Javier”, puntualizó la fiscal.Los tres imputados del declararon inocentes de los hechos.Siga y escuche el podcast de La Intérprete:
El Gobierno distrital expidió una resolución firmada por el secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, en la que se amplían los plazos de pago de los impuestos, tanto predial como vehicula.La resolución modifica las fechas que eran desde el 9 al 24 de mayo y del 3 al 10 de junio, para predial e impuesto de vehículo, respectivamente. Dando un mes más a los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones tributarias.Es decir, que los ciudadanos podrán pagar su impuesto predial hasta el 29 de julio, sin embargo, si desea tener un 10 % de descuento deberá hacerlo antes del 24 de junio. Las facturas se podrán tramitar a través de la página web de www.haciendabogota.gov.co hasta el día 30 de abril.En el caso del impuesto vehicular, el plazo máximo de pago es hasta el 12 de agosto. Pero los ciudadanos también tendrán la posibilidad de tener un 10 % de descuento pagando antes del 15 de julio.
La Alcaldía de Bogotá, en su página web, publicó un paso a paso para generar el certificado del pago del impuesto vehicular correspondiente al año 2022.Hay varias opciones para obtener la certificación del pago, según la información publicada por la Alcaldía.A través de internet, ingresando al aplicativo Certificación de pagos del Impuesto sobre Vehículos Automotores.1.De manera presencial, realizando la solicitud en uno de los siguientes puntos de atención:SuperCADE CAD.Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá.SuperCADE Américas.SuperCADE Suba.2. Presentar los siguientes documentos:Original o fotocopia del impuesto vehicular o de los pagos efectuados objetos de certificación.Original o fotocopia de la cédula de ciudadanía o extranjería si es persona natural, si es persona jurídica presente el NIT, copia del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, con vigencia no mayor a noventa (90) días.Es importante anotar que, si el trámite lo realiza un tercero, deberá estar debidamente autorizado por quien corresponda aportando los siguientes requisitos:Si es persona natural:Carta de autorización firmada por el contribuyente (en la carta se debe indicar el nombre y número de identificación del autorizado, así como el trámite que se requiere).Fotocopia del documento de identificación del contribuyente.Fotocopia del documento de identificación del autorizado.Si es persona jurídica:Carta de autorización firmada por representante legal (en la carta se debe indicar el nombre y número de identificación del autorizado, así como el trámite que se requiere).Fotocopia del documento de identificación del representante legal.Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, con vigencia no mayor a noventa (90) días.Fotocopia del documento de identificación del autorizado.Respuesta:El solicitante recibe un documento que muestra el concepto de la declaración y/o pago, el monto y la fecha de recibo. Este documento es de entrega inmediata; sin embargo, de requerirse verificación de autenticidad, es decir, si el monto que aparece en la certificación no es el mismo del formulario presentado por el contribuyente, el trámite requiere que se haga por medio escrito a la Oficina de Control de Agentes de Recepción y Recaudo. En cuyo caso el tiempo de respuesta es de quince (15) días hábiles.Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
En un acto inusual a pocos días del cierre de la licitación para el mantenimiento y operación de 35 peajes por cerca de un billón de pesos, proceso sobre el que venimos denunciando un presunto direccionamiento hacia el grupo Thomas Greg and Sons, previsto para el viernes 24 de septiembre, el Invias invitó a los interesados a una audiencia pública y a una rueda de prensa.Allí, el director del Invias Juan Esteban Gil se refirió a lo publicado en medios y aunque dijo que algunas investigaciones fueron rigurosas también aseguró que los medios desinforman.Pese a esa “desinformación” a la que se refiere Invias, la audiencia no fue ni informativa ni de aclaraciones; por el contrario, fue modificatoria a los pliegos definitivos, después de que los interesados se mantuvieran en sus observaciones y solicitaran que el proceso se suspendiera por lo menos 15 días para lograr cumplir con el nuevo pliego, resultado de las denuncias y observaciones.No solo se solicitó la suspensión, también quedó claro que los tiempos del proceso siguen siendo limitados y eso dificulta la participación de empresas extranjeras, como lo dieron a conocer los interesados en la licitación.También quedó claro durante la audiencia, que la premura se debe a la terminación del actual contrato de operación que tiene como fecha límite el próximo 21 de octubre después de haber sido ampliado por dos meses más. Y aunque Invias asegura que la pandemia y los paros tuvieron mucho que ver en los tiempos de la licitación, aseguró que buscaría una solución y que trataría de correr el cronograma hasta el 4 de octubre.De acuerdo con los cálculos de quienes conocen estos procesos, de publicarse este martes la adenda con los cambios sobre los puntos cuestionados durante todo el proceso, la licitación daría la posibilidad de que entre 4 y 8 proponentes puedan presentarse, lo que abre un poco las posibilidades de lograr un proceso plural.Hasta ahora no es claro si las empresas de recaudo en el transporte público puedan participar. Pero si es claro que, si esto y los criterios de calificación no cambian en la nueva adenda, habría muy pocas posibilidades de que el ganador fuera un proponente distinto al Grupo Thomas.Escuche la entrevista completa aquí: Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
El pasado 26 de julio se inició un proceso licitatorio para la operación, mantenimiento y recaudo de los peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías). Se trata de un contrato por casi un billón de pesos, por un tiempo de operación máximo de 10 años.Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, encontró que algunos de los requisitos para ganar la licitación solo podrían ser cumplidos por Thomas Instruments, empresa miembro del grupo Thomas Greg & Sons. Además, los interesados solo tendrían 25 días para preparar ofertas, comprar pólizas, presentar observaciones, entre otros procesos.Ante esto, Juan Esteban Gil, director del Invias, aseguró a este medio radial que en este momento la licitación se encuentra en pliego de condiciones y que el cronograma que está publicado es tentativo y efectivamente se alargará.“La licitación se encuentra en proyecto de pliego de condiciones, recibiendo observaciones del mercado y todas las apreciaciones de posibles interesados. (…) La licitación solo nace cuando sale la resolución de apertura, que será cuando se les dé respuesta a todas las observaciones de los oferentes”, explicó el director.Además, agregó: “El cronograma es definitivo cuando sale la resolución de apertura, eso lo saben todos los oferentes. En este momento el cronograma oficial de la licitación no existe. Esperamos que salga la semana entrante”.“Esperamos hacer el cierre de la licitación en la primera semana de septiembre, para estar adjudicada en octubre. Esos son los plazos que estamos previendo”, añadió.El tema de los tiempos no es de poca monta, teniendo en cuenta que el contrato actual se vence el 26 de agosto.En cuanto al tema de Thomas Greg & Sons, grupo que se ha ganado varias licitaciones del Invías, Juan Esteban Gil señaló: “Es importante precisar que, de las cinco licitaciones en los últimos 20 años, dos se las ganó Thomas Greg, las demás se las ganaron otras empresas”.Asimismo, Gil se refirió al requisito sobre tener contratos terminados y liquidados en el recaudo de peajes. “Hay más de 16 firmas con las cuales tienen contratos terminados con experiencia en operación y recaudo de peajes. Adicionalmente, todas las concesiones que hoy ya han terminado tienen experiencia en operación de peajes ya terminados”.Según el funcionario, este proceso busca garantizar la participación plural, por lo que sí se están usando pliegos tipo de Colombia Eficiente.Sobre el anuncio hecho por el Invías sobre la titularización de los peajes a 15 años, el director aseguro que continua el proceso y que este incluirá los 35 peajes que hoy están en proceso de licitación.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
La polémica inició en la administración de Gustavo Petro, cuando Angelcom, encargada de las tarjetas para ingresar al sistema de las fases I y II de TransMilenio, no brindó la información requerida para el proceso de integración de las mismas.Con el cambio de concesionario, Angelcom alegaba que estaba perdiendo dinero en la adquisición de tarjetas adicionales y demandó a TransMilenio.Después de dos años de peleas, el Tribunal de Arbitramento resolvió la demanda contra TransMilenio, en la que evitó que la empresa le pagara a Angelcom más de 10.000 millones de pesos, más intereses, y declaró que la entidad había cumplido con el contrato. También, ordenó a Angelcom el pago de más de 350 millones de pesos al sistema de transporte.
Sin tapabocas, guantes ni protocolos de desinfección de las taquillas deben afrontar diariamente los trabajadores de Recaudo Bogotá su jornada. A pesar del contacto que tienen con miles de personas, denuncian que no están recibiendo los elementos de protección.“Los tapabocas están llegando con pelos. Los compañeros que usan guantes es porque ellos mismos los han comprado, los sacan de su propio bolsillo para protección de ellos mismos y de sus propias familias”, denunció en BLU Radio Vivian Acosta, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte.Acosta resaltó que a pesar de ganar un mínimo, ella y sus colegas han tenido que asumir el costo de comprar elementos de protección y productos de aseo para limpiar y desinfectar sus espacios de trabajo.“Nosotros, como trabajadores, estamos haciendo eso es por cuidar nuestra salud, pero Recaudo Bogotá no tiene ningún tipo de personal de aseo para realizar labores de desinfección de las taquillas. Somos 3 o 4 personas en una misma taquilla”, indicó.Denunció, además, que una de sus compañeras, afiliada a la subdirectiva de Soacha del sindicato, ya dio positivo por COVID-19. A pesar de esto, dicen, la empresa no les ha entregado elementos de protección.BLU Radio se comunicó con la empresa Recaudo Bogotá. Sus funcionarios manifestaron que están a la espera de definir un representante.
