El aprovechamiento de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para el cumplimiento de actividades administrativas o para el procesamiento de grandes cantidades de información ya cuenta con el aval del Consejo Superior de la Judicatura.En ese sentido, el administrador de la rama judicial establece los lineamientos para que los servidores judiciales de todo el país aprovechen con responsabilidad y transparencia este tipo de herramientas en tres categorías:Para optimizar procesos y apoyar tareas administrativas en la gestión judicial.Para la revisión detallada de información con una verificación rigurosa de los resultados antes de su uso.Para usos que requieren altos estándares éticos que requiere transparencia, responsabilidad y protección de la privacidad.El Consejo Superior de la Judicatura agrega que los servidores judiciales deben informarse sobre las funcionalidades, los riesgos y el manejo de datos de las herramientas de IA. Eso incluye controlar su fiabilidad y detallar su uso en documentos judiciales.Además, cuando los funcionarios usen herramientas de IA deben especificar el nombre, modelo, proveedor, fecha de uso y finalidad, además de describir los prompts (las instrucciones que se le dan a la herramienta) y señalar con calidad los resultados generados, utilizando formatos que puedan garantizar transparencia y claridad, indicó la judicatura.
En un ataque sicarial falleció un abogado de 30 años en un establecimiento comercial, ubicado en la carrera 27 con calle 9, barrio La Universidad de Bucaramanga. Según las autoridades, llevaba un importante caso y habría recibido amenazas contra su vida.El abogado Edgar Felipe Vargas, de 30 años, habría salido a compartir con unos amigos a un establecimiento de la ciudad ubicado en el barrio La Universidad, sin tener en cuenta las amenazas de muerte que habría recibido contra su vida. Cuando se encontraba en el lugar, llamó a su novia, que estaba reunida con varios amigos, para que se acercara allí. De acuerdo con información suministrada por las autoridades, Vargas estaba hablando afuera del lugar cuando se acercó un hombre que tenía un buzo de color negro, pantalón jean azul, casco cerrado de color negro, a bordo de una motocicleta NKD de color negro, de placas DJC-50H, quien, sin mediar palabras, disparó en repetidas ocasiones contra Felipe Vargas. Varios proyectiles impactaron en su cuerpo y los demás en la pared del lugar. Ninguno de los que estaba en el sitio salió herido.Los amigos y la novia, como pudieron, lo trasladaron al Hospital Universitario de Santander. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, llegó sin signos vitales.Una vez el agresor cometió el hecho, huyó del lugar con rumbo desconocido, sin contar que cuadras más adelante la motocicleta falló y la dejó abandonada cerca de un edificio de la zona.Autoridades activaron el plan candado y, por las cámaras de vigilancia del edificio donde se averió la moto, sumadas a las del establecimiento comercial, se logró identificar al hombre que cometió el hecho y tiene orden de captura.La motocicleta utilizada habría sido robada en días anteriores. El proceso por el cual habría recibido amenazas de muerte era el cobro de unas letras de cambio por el valor de 180 millones de pesos, que le había dado poder un prestamista para hacerlas efectivas. Según las autoridades, esto habría sido el detonante para cometer el delito.La Policía recomienda a las personas no hacer caso omiso de amenazas de muerte y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes.
Los mexicanos tendrán una elección extraordinaria el 1 de junio de 2025 para seleccionar al 50 % de los jueces y magistrados federales, algunos jueces estatales, las vacantes del Tribunal Electoral, a todos los ministros de la Suprema Corte y a todos los miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, detalló Godoy.El Senado emitirá una convocatoria el 16 de octubre para que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial instalen, cada uno, un comité de evaluación el 31 de octubre con cinco personas de "reconocido prestigio jurídico" para definir a los candidatos con procesos "abiertos y transparentes" con paridad de género.En enero de 2025, los comités de cada poder enviarán una lista de 10 finalistas para las vacantes de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial, y de seis para cada juzgado y tribunal colegiado.Los cambios en México, fueron la excusa perfecta para que el presidente Gustavo Petro, abriera el debate en Colombia sobre la elección de jueces por voto popular en el país. El reconocido abogado, experto en derechos penales y analista internacional Roberto Gargarella, entregó detalles sobre reforma judicial que se ha implementado en México y la propuesta de elección popular de jueces y magistrados en Colombia. En cuanto a la reforma judicial en México, la considera antijurídica e inconstitucional, y señala que se basa en una concepción limitada de la democracia. Para fortalecer la relación entre ciudadanos y jueces, enfatiza la importancia del día a día y el diálogo constante, en lugar de depositar todo el poder en el momento de la elección. En cuanto a la propuesta de elección popular de jueces y magistrados en Colombia, aseguró que minaría la independencia judicial y apunta que la tradición colombiana ha sido ejemplar en este aspecto. Destacó la importancia de tener órganos que no respondan a la voluntad popular para proteger los derechos básicos y mantener el equilibrio democrático. Además, señaló que la apertura del debate por parte del presidente Gustavo Petro pareciese una distracción, frente a algún otro tema de interés nacional."A mí me parece yo no sé si el presidente colombiano, digamos, está llevando adelante una iniciativa de estas como para distraer la atención o para para generar una una discusión que distraiga de algún tema. Porque porque yo veo ese tipo de iniciativas completamente inconcebibles en la práctica colombiana", dijo. Explicó que permitir la elección popular de jueces locales sería atractivo para los grupos de poder, incluyendo a los vinculados con el narcotráfico, y podría poner en riesgo la imparcialidad de los jueces.En ese sentido, considera que las decisiones judiciales contrarias a un gobierno no son antidemocráticas, sino que forman parte de los frenos y contrapesos necesarios para evitar el abuso de poder. Escuche aquí la entrevista:
El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, se reunió con los presidentes de las altas cortes y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para abordar temas de interés nacional, entre esos, la colaboración armónica entre los poderes públicos y se abordaron temas como el presupuesto de funcionamiento de la rama judicial, el hacinamiento carcelario y la falta de presencia del Estado en algunas regiones.Por su parte, Efraín Cepeda, expresó el apoyo a la independencia de los poderes públicos y pidió acatar las decisiones judiciales.“Expresamos todo el apoyo del Congreso de la República a la rama judicial, el apoyo a la independencia de los poderes públicos y exhortamos a que se acaten también las decisiones judiciales”, expresó Cepeda.Los presidentes de las altas cortes y la fiscal general expresaron su preocupación por el presupuesto de la rama judicial, que consideran insuficiente, y pidieron que se prioricen los temas más urgentes, además, se discutió la necesidad de humanizar el sistema carcelario y se destacó que en algunas regiones no hay fiscales ni presencia del Estado, lo que facilita la presencia de grupos armados.Incluso, se habló de los más de 500 exhortos que la Corte Constitucional ha hecho al Congreso para que legisle y se pidió un listado de ellos para estudiarlos y empezar a priorizar.También se discutió la necesidad de equilibrar el déficit de tres billones de pesos en el presupuesto para la rama judicial y se propuso mirar ministerios que no hayan ejecutado correctamente para tomar esos recursos.Finalmente, se habló de la necesidad de discutir la reforma tributaria y se propuso una discusión en tres etapas, discusión y aprobación del presupuesto, discusión de la reforma tributaria y aprobación de un presupuesto adicional con los recursos que resulten de la reforma.
Cerca de dos horas duró la reunión en el Palacio de Justicia en donde los magistrados de las altas cortes en compañía de la fiscal general, luz Adriana Camargo, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando galán, y en general de la policía William Salamanca sostuvieron un diálogo sobre el reforzamiento de la seguridad en esa sede judicial, tras la amenaza de un posible ataque con explosivos.En un comunicado conjunto firmado por los presidentes de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Comisión de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, esta última en cabeza de Diana Remolina, quien se pronunció tras la reunión de los presidentes de las altas cortes sobre la seguridad del Palacio de Justicia. Remolina aseguró que la justicia "no puede ser avasallada por mensajes, declaraciones o comunicados que representen intereses particulares, o de grupos que busquen presionar decisiones en ningún sentido, o que desconozcan la obligatoriedad de los fallos judiciales”.Además, desde la rama judicial se hizo un llamado para que las autoridades garanticen la seguridad, no solo la del Palacio de Justicia de Bogotá, sino la de los demás servidores y servidoras que laboran en esta y en todas las sedes judiciales del país.Las cortes han reforzado la seguridad alrededor del Palacio de Justicia, pues según el magistrado Gerson Chaverra en una reunión previa, ya hay 45 agentes de Policía que están asignados para la seguridad del palacio. Además de que implementarán tecnología para garantizar la seguridad de los magistrados y funcionarios.
En 2012, se presentó un paro de casi tres meses en el sector judicial en el país. Los trabajadores de la rama reclamaban mejores condiciones salariales tras años de incrementos mínimos que erosionaron su poder adquisitivo. En respuesta, el Gobierno acordó una bonificación judicial que, con el tiempo, se convirtió en un punto central de disputa.El senador Carlos Chacón, autor del proyecto de ley que busca reconocer la bonificación judicial como factor salarial, explicó que esta medida es esencial para resolver el creciente número de demandas contra el Estado.“Esta ley lo que hace es reconocer que la bonificación judicial que viene desde 2013 y que la jurisprudencia y diferentes fallos han venido manifestando, no es una bonificación, sino un factor salarial. Ya hemos visto costos de más de 400.000 millones de pesos y faltan diez mil demandas, lo que podría elevar el costo a un billón de pesos”, señaló Chacón.El proyecto de ley, que cuenta con el apoyo de diversas bancadas y sindicatos judiciales, pretende detener el aumento de demandas y evitar mayores pérdidas económicas para el Estado. Según Chacón, “es un proyecto que los diferentes miembros de las bancadas lograron acordar y presentar junto con la Judicatura y los catorce sindicatos que tiene la rama judicial y la Fiscalía. Justicia para la justicia”.Diego Escobar, presidente del sindicato Asonal Judicial, destacó la importancia de esta ley para los trabajadores del sector. Recordó que la bonificación judicial se originó tras el paro de 2012, cuando el Gobierno reconoció la pérdida de poder adquisitivo de los salarios judiciales.“Ese paro a finales de 2012 tuvo una duración de casi tres meses. El Gobierno abre una mesa técnica, participamos, construimos la propuesta de la bonificación que daba un reconocimiento económico entre el 75 y el 83 por ciento de la asignación básica mensual para cada uno de los cargos”, explicó Escobar.Sin embargo, la bonificación nunca fue reconocida como parte del salario, lo que generó más de 10.000 demandas judiciales en curso, además de las más de 6.000 ya resueltas, que han costado al Estado alrededor de 400.000 millones de pesos. Escobar advirtió que, si todas las demandas prosperan, “el Gobierno, el Estado, se va a quebrar”, señalando que el Estado podría enfrentar pagos anuales de hasta dos billones de pesos si no se aprueba el proyecto de ley.Actualmente, la rama judicial cuenta con aproximadamente 59.000 trabajadores, muchos de los cuales se han visto afectados por la falta de reconocimiento de la bonificación como parte de su salario. La iniciativa busca no solo resolver el problema de las demandas, sino también ofrecer una solución justa y permanente para estos trabajadores. “Nosotros, como sector justicia, tenemos unos recursos propios que engrosan el presupuesto de las entidades. Eso alivia la carga prestacional del Estado”, concluyó Escobar.En concreto, el presidente de Asonal señaló que el proyecto de ley es un intento de reconocer lo que la jurisprudencia ya ha señalado: la bonificación judicial es, de hecho, un factor salarial. De no ser así, el Estado podría enfrentar pérdidas multimillonarias en los próximos años.
La Jurisdicción Disciplinaria exoneró a una juez del Tolima que fue acusada de tener conductas abusivas en el entorno laboral a una empleada de la rama judicial, sin embargo, luego de varios testimonios no fue posible comprobar tal acto.Este caso se conoció en agosto de 2020, cuando por medio de una queja que presentó la secretaria del juzgado promiscuo municipal de Coyaima, manifestando que estaba siendo víctima de un trato intimidatorio por parte de la titular del despacho judicial (juez), según el testimonio le eran negados permisos para acudir a citas médicas que eran de vital importancia debido a sus a sus enfermedades de depresión y alteración mental, y que incluso le extendía su jornada laboral.Allí, se anexaron la copia de la historia clínica, certificados de antecedentes, conversaciones de WhatsApp entre la juez y la servidora judicial y otras pruebas adjuntas al expediente y no se encontró que la mujer que interpuso la queja estuviera siendo blanco de acoso laboral.En enero de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, ordenó abrir investigación en contra de la juez y en ese momento empezó la recolección de pruebas para determinar si hubo o no conductas de acoso laboral.Luego de analizar todas las pruebas, no se evidenció que la investigada hubiera realizado comentarios hostiles y humillantes, amenazas de despido, iniciado acciones disciplinarias, hecho burlas, tratado de manera discriminatoria o negado permisos a la empleada .Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dice que hay que probar el acoso laboral para poder sancionarlo, y dispuso de un correo electrónico especial para que las servidoras judiciales que estén siendo víctimas de acoso laboral hagan sus respectivas denuncias por medio de ese canal.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial frenó definitivamente al conocido ‘rey de las exclusiones’, un abogado que desde el año 2004 no contaba con una tarjeta profesional y que, además, estaba inhabilitado.La comisión ratificó la sanción impuesta en primera instancia al abogado, quien presentó un recurso de apelación, y esta incluyó la exclusión del ejercicio de la profesión y una multa equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.Con esta decisión, se detiene de manera definitiva la participación del abogado, que solía intervenir en procesos judiciales sin tener una tarjeta profesional válida.Lea también: Exempleada de Trump rompe en lágrimas cuando los abogados la interrogabanTodo comenzó el 22 de octubre de 2018, cuando el inhabilitado abogado recibió un poder para representar a una persona capturada por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, gestión durante la cual realizó varias solicitudes de aplazamiento de las diligencias programadas.Esto fue más allá, pues en escrito del 6 de marzo de 2019 él informó que su tarjeta profesional había sido extraviada y que al revisar el sistema del Consejo Superior de la Judicatura registraba que su tarjeta profesional no estaba vigente, pero que desconocía esa circunstancia.Increíblemente, este abogado estaba deshabilitado desde el año 2003, por incurrir en una falta disciplinaria que tiene que ver con utilización de dineros o bienes en provecho propio o de un tercero.Para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial está claro que el abogado afectó derechos como el acceso a la administración de justicia de quienes le confiaron alguna causa y se aprovechó de las personas que creían estar contratando a un abogado capacitado para acudir ante un juez penal o civil.Así las cosas, la Rama Judicial lo halló responsable y confirmó su inhabilidad.
En medio de un foro de la regulación y desafíos de la inteligencia artificial, IA, en Colombia, la presidente y magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, dijo que la Rama Judicial no es ajena a las nuevas tecnologías, y que muestra de ello es su política de Transformación Digital en la justicia que vienen implementando.Además, la magistrada, asegura que no se deben satanizar las herramientas de inteligencia artificial, pero que sí deben usarse con la debida responsabilidad, sobre todo en materia de justicia. “Estamos formando a magistrados y jueces en cuanto a herramientas tecnológicas y el uso de la Inteligencia Artificial”, aseguró la magistrada.Por otro lado, el senador Gustavo Moreno, aseguró que desde el Congreso de la República, quieren impulsar un marco jurídico para trazar líneas base en la utilización de la IA en la Justicia y diferentes ramas del poder.Además, dice que el 25% de los colombianos están haciendo uso de la inteligibilidad artificial, pero ve con preocupación la desigualdad y atraso en materia de conectividad y acceso a internet, pero insiste que no es proporcional al crecimiento que esta herramienta ha tenido en los últimos años.Incluso, el senador reitera que, bajo ninguna circunstancia, la utilización de la inteligencia artificial en ámbitos como la justicia, puede transgredir los derechos de una persona, refiriéndose a casos de suplantación a terceros por cuenta del uso de estas tecnologías.Por último, se asegura que la rama judicial está avanzando en términos de transformación digital para asegurar un servicio cercano a los ciudadanos en términos de justicia.
Una polémica se desató en el mundo político luego de que se conociera el borrador de un proyecto de acto legislativo que establecería un perdón judicial a discreción del presidente de la República para actores políticos condenados o investigados por delitos como corrupción, así como integrantes de las fuerzas militares, de la policía y ciudadanos investigados o condenados por delitos menores con la justicia.El proyecto de nueve artículos fue presentado por el exsecretario de cultura de Caldas, exdirector del IDT durante la administración Petro y colaborador cercano al canciller Álvaro Leyva, Luis Fernando Rosas, y contó con el respaldo de cerca de 13 organizaciones sociales. Según el articulado, se concederían facultades al presidente, para que en el marco de la Paz Total, “otorgue perdón (caducidad-extinción de la acción penal) judicial en los casos en que las circunstancias que rodearon los hechos que motivaron las investigaciones, sanciones o sentencias judiciales condenatorias se hallaron influidas directa o indirectamente por política de Estado, el conflicto armado interno, así como por el ambiente de pugnacidad generado por éste”.La iniciativa concibe que para determinar las personas que serán beneficiarias de este perdón judicial, el primer mandatario establecerá un equipo jurídico que analizará cada caso. Además, podrá instruir a la JEP la apertura de un nuevo macrocaso “para establecer que dentro de una política de Estado se vulneraron los derechos de actores políticos y ciudadanos, ya que fueron judicializados por decisiones políticas y jurisdiccionales erróneas, por la falta de separación real de los poderes públicos en Colombia”.“A nadie se le puede olvidar en Colombia que no hay verdadera separación de poderes. Los fiscales pertenecen a los partidos políticos. Se busca un perdón judicial para la anulación de condenas y sanciones judiciales y el archivo de investigaciones menores en curso. Si estamos perdonando delitos de lesa humanidad, pues ¿por qué no perdonamos delitos pequeños? Que haya un tribunal de cierre”, señaló Luis Fernando Rosas en diálogo con Blu Radio.Rosas presentó como ejemplo de la efectividad de esta iniciativa en el mundo, casos como el de España, donde se aplicó una ley de amnistía a los líderes independentistas catalanes; en Perú, cuyo beneficiario fue el expresidente Alberto Fujimori; o Estados Unidos, donde esta facultad de indulto está en manos del presidente.El articulado también señala que todo actor político responsable de delitos contra la administración y el erario público (corrupción) que sea beneficiado por el perdón judicial, resarcirá o reparará al Estado y a la sociedad con el retorno de los recursos apropiados y señalados en los fallos correspondientes, para poder recuperar sus derechos políticos. En dado caso se excluyen los investigados o condenados por delitos de lesa humanidad.“Hay hoy una propuesta del Partido Comunes del senador Julián Gallo frente a la creación de un tribunal de cierre, donde esperamos se incluyan los artículos. El senador del Partido de la U, Antonio Correa, ya me reuní con él e incluirá varios artículos de esta propuesta que la encuentra muy acorde al proyecto que va hoy, va muy avanzado en el Congreso de la República” puntualizó Rosas.
