Los mexicanos tendrán una elección extraordinaria el 1 de junio de 2025 para seleccionar al 50 % de los jueces y magistrados federales, algunos jueces estatales, las vacantes del Tribunal Electoral, a todos los ministros de la Suprema Corte y a todos los miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, detalló Godoy.El Senado emitirá una convocatoria el 16 de octubre para que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial instalen, cada uno, un comité de evaluación el 31 de octubre con cinco personas de "reconocido prestigio jurídico" para definir a los candidatos con procesos "abiertos y transparentes" con paridad de género.En enero de 2025, los comités de cada poder enviarán una lista de 10 finalistas para las vacantes de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial, y de seis para cada juzgado y tribunal colegiado.Los cambios en México, fueron la excusa perfecta para que el presidente Gustavo Petro, abriera el debate en Colombia sobre la elección de jueces por voto popular en el país. El reconocido abogado, experto en derechos penales y analista internacional Roberto Gargarella, entregó detalles sobre reforma judicial que se ha implementado en México y la propuesta de elección popular de jueces y magistrados en Colombia. En cuanto a la reforma judicial en México, la considera antijurídica e inconstitucional, y señala que se basa en una concepción limitada de la democracia. Para fortalecer la relación entre ciudadanos y jueces, enfatiza la importancia del día a día y el diálogo constante, en lugar de depositar todo el poder en el momento de la elección. En cuanto a la propuesta de elección popular de jueces y magistrados en Colombia, aseguró que minaría la independencia judicial y apunta que la tradición colombiana ha sido ejemplar en este aspecto. Destacó la importancia de tener órganos que no respondan a la voluntad popular para proteger los derechos básicos y mantener el equilibrio democrático. Además, señaló que la apertura del debate por parte del presidente Gustavo Petro pareciese una distracción, frente a algún otro tema de interés nacional."A mí me parece yo no sé si el presidente colombiano, digamos, está llevando adelante una iniciativa de estas como para distraer la atención o para para generar una una discusión que distraiga de algún tema. Porque porque yo veo ese tipo de iniciativas completamente inconcebibles en la práctica colombiana", dijo. Explicó que permitir la elección popular de jueces locales sería atractivo para los grupos de poder, incluyendo a los vinculados con el narcotráfico, y podría poner en riesgo la imparcialidad de los jueces.En ese sentido, considera que las decisiones judiciales contrarias a un gobierno no son antidemocráticas, sino que forman parte de los frenos y contrapesos necesarios para evitar el abuso de poder. Escuche aquí la entrevista:
El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, se reunió con los presidentes de las altas cortes y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para abordar temas de interés nacional, entre esos, la colaboración armónica entre los poderes públicos y se abordaron temas como el presupuesto de funcionamiento de la rama judicial, el hacinamiento carcelario y la falta de presencia del Estado en algunas regiones.Por su parte, Efraín Cepeda, expresó el apoyo a la independencia de los poderes públicos y pidió acatar las decisiones judiciales.“Expresamos todo el apoyo del Congreso de la República a la rama judicial, el apoyo a la independencia de los poderes públicos y exhortamos a que se acaten también las decisiones judiciales”, expresó Cepeda.Los presidentes de las altas cortes y la fiscal general expresaron su preocupación por el presupuesto de la rama judicial, que consideran insuficiente, y pidieron que se prioricen los temas más urgentes, además, se discutió la necesidad de humanizar el sistema carcelario y se destacó que en algunas regiones no hay fiscales ni presencia del Estado, lo que facilita la presencia de grupos armados.Incluso, se habló de los más de 500 exhortos que la Corte Constitucional ha hecho al Congreso para que legisle y se pidió un listado de ellos para estudiarlos y empezar a priorizar.También se discutió la necesidad de equilibrar el déficit de tres billones de pesos en el presupuesto para la rama judicial y se propuso mirar ministerios que no hayan ejecutado correctamente para tomar esos recursos.Finalmente, se habló de la necesidad de discutir la reforma tributaria y se propuso una discusión en tres etapas, discusión y aprobación del presupuesto, discusión de la reforma tributaria y aprobación de un presupuesto adicional con los recursos que resulten de la reforma.
Cerca de dos horas duró la reunión en el Palacio de Justicia en donde los magistrados de las altas cortes en compañía de la fiscal general, luz Adriana Camargo, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando galán, y en general de la policía William Salamanca sostuvieron un diálogo sobre el reforzamiento de la seguridad en esa sede judicial, tras la amenaza de un posible ataque con explosivos.En un comunicado conjunto firmado por los presidentes de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Comisión de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, esta última en cabeza de Diana Remolina, quien se pronunció tras la reunión de los presidentes de las altas cortes sobre la seguridad del Palacio de Justicia. Remolina aseguró que la justicia "no puede ser avasallada por mensajes, declaraciones o comunicados que representen intereses particulares, o de grupos que busquen presionar decisiones en ningún sentido, o que desconozcan la obligatoriedad de los fallos judiciales”.Además, desde la rama judicial se hizo un llamado para que las autoridades garanticen la seguridad, no solo la del Palacio de Justicia de Bogotá, sino la de los demás servidores y servidoras que laboran en esta y en todas las sedes judiciales del país.Las cortes han reforzado la seguridad alrededor del Palacio de Justicia, pues según el magistrado Gerson Chaverra en una reunión previa, ya hay 45 agentes de Policía que están asignados para la seguridad del palacio. Además de que implementarán tecnología para garantizar la seguridad de los magistrados y funcionarios.
En 2012, se presentó un paro de casi tres meses en el sector judicial en el país. Los trabajadores de la rama reclamaban mejores condiciones salariales tras años de incrementos mínimos que erosionaron su poder adquisitivo. En respuesta, el Gobierno acordó una bonificación judicial que, con el tiempo, se convirtió en un punto central de disputa.El senador Carlos Chacón, autor del proyecto de ley que busca reconocer la bonificación judicial como factor salarial, explicó que esta medida es esencial para resolver el creciente número de demandas contra el Estado.“Esta ley lo que hace es reconocer que la bonificación judicial que viene desde 2013 y que la jurisprudencia y diferentes fallos han venido manifestando, no es una bonificación, sino un factor salarial. Ya hemos visto costos de más de 400.000 millones de pesos y faltan diez mil demandas, lo que podría elevar el costo a un billón de pesos”, señaló Chacón.El proyecto de ley, que cuenta con el apoyo de diversas bancadas y sindicatos judiciales, pretende detener el aumento de demandas y evitar mayores pérdidas económicas para el Estado. Según Chacón, “es un proyecto que los diferentes miembros de las bancadas lograron acordar y presentar junto con la Judicatura y los catorce sindicatos que tiene la rama judicial y la Fiscalía. Justicia para la justicia”.Diego Escobar, presidente del sindicato Asonal Judicial, destacó la importancia de esta ley para los trabajadores del sector. Recordó que la bonificación judicial se originó tras el paro de 2012, cuando el Gobierno reconoció la pérdida de poder adquisitivo de los salarios judiciales.“Ese paro a finales de 2012 tuvo una duración de casi tres meses. El Gobierno abre una mesa técnica, participamos, construimos la propuesta de la bonificación que daba un reconocimiento económico entre el 75 y el 83 por ciento de la asignación básica mensual para cada uno de los cargos”, explicó Escobar.Sin embargo, la bonificación nunca fue reconocida como parte del salario, lo que generó más de 10.000 demandas judiciales en curso, además de las más de 6.000 ya resueltas, que han costado al Estado alrededor de 400.000 millones de pesos. Escobar advirtió que, si todas las demandas prosperan, “el Gobierno, el Estado, se va a quebrar”, señalando que el Estado podría enfrentar pagos anuales de hasta dos billones de pesos si no se aprueba el proyecto de ley.Actualmente, la rama judicial cuenta con aproximadamente 59.000 trabajadores, muchos de los cuales se han visto afectados por la falta de reconocimiento de la bonificación como parte de su salario. La iniciativa busca no solo resolver el problema de las demandas, sino también ofrecer una solución justa y permanente para estos trabajadores. “Nosotros, como sector justicia, tenemos unos recursos propios que engrosan el presupuesto de las entidades. Eso alivia la carga prestacional del Estado”, concluyó Escobar.En concreto, el presidente de Asonal señaló que el proyecto de ley es un intento de reconocer lo que la jurisprudencia ya ha señalado: la bonificación judicial es, de hecho, un factor salarial. De no ser así, el Estado podría enfrentar pérdidas multimillonarias en los próximos años.
La Jurisdicción Disciplinaria exoneró a una juez del Tolima que fue acusada de tener conductas abusivas en el entorno laboral a una empleada de la rama judicial, sin embargo, luego de varios testimonios no fue posible comprobar tal acto.Este caso se conoció en agosto de 2020, cuando por medio de una queja que presentó la secretaria del juzgado promiscuo municipal de Coyaima, manifestando que estaba siendo víctima de un trato intimidatorio por parte de la titular del despacho judicial (juez), según el testimonio le eran negados permisos para acudir a citas médicas que eran de vital importancia debido a sus a sus enfermedades de depresión y alteración mental, y que incluso le extendía su jornada laboral.Allí, se anexaron la copia de la historia clínica, certificados de antecedentes, conversaciones de WhatsApp entre la juez y la servidora judicial y otras pruebas adjuntas al expediente y no se encontró que la mujer que interpuso la queja estuviera siendo blanco de acoso laboral.En enero de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, ordenó abrir investigación en contra de la juez y en ese momento empezó la recolección de pruebas para determinar si hubo o no conductas de acoso laboral.Luego de analizar todas las pruebas, no se evidenció que la investigada hubiera realizado comentarios hostiles y humillantes, amenazas de despido, iniciado acciones disciplinarias, hecho burlas, tratado de manera discriminatoria o negado permisos a la empleada .Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dice que hay que probar el acoso laboral para poder sancionarlo, y dispuso de un correo electrónico especial para que las servidoras judiciales que estén siendo víctimas de acoso laboral hagan sus respectivas denuncias por medio de ese canal.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial frenó definitivamente al conocido ‘rey de las exclusiones’, un abogado que desde el año 2004 no contaba con una tarjeta profesional y que, además, estaba inhabilitado.La comisión ratificó la sanción impuesta en primera instancia al abogado, quien presentó un recurso de apelación, y esta incluyó la exclusión del ejercicio de la profesión y una multa equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.Con esta decisión, se detiene de manera definitiva la participación del abogado, que solía intervenir en procesos judiciales sin tener una tarjeta profesional válida.Lea también: Exempleada de Trump rompe en lágrimas cuando los abogados la interrogabanTodo comenzó el 22 de octubre de 2018, cuando el inhabilitado abogado recibió un poder para representar a una persona capturada por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, gestión durante la cual realizó varias solicitudes de aplazamiento de las diligencias programadas.Esto fue más allá, pues en escrito del 6 de marzo de 2019 él informó que su tarjeta profesional había sido extraviada y que al revisar el sistema del Consejo Superior de la Judicatura registraba que su tarjeta profesional no estaba vigente, pero que desconocía esa circunstancia.Increíblemente, este abogado estaba deshabilitado desde el año 2003, por incurrir en una falta disciplinaria que tiene que ver con utilización de dineros o bienes en provecho propio o de un tercero.Para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial está claro que el abogado afectó derechos como el acceso a la administración de justicia de quienes le confiaron alguna causa y se aprovechó de las personas que creían estar contratando a un abogado capacitado para acudir ante un juez penal o civil.Así las cosas, la Rama Judicial lo halló responsable y confirmó su inhabilidad.
En medio de un foro de la regulación y desafíos de la inteligencia artificial, IA, en Colombia, la presidente y magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, dijo que la Rama Judicial no es ajena a las nuevas tecnologías, y que muestra de ello es su política de Transformación Digital en la justicia que vienen implementando.Además, la magistrada, asegura que no se deben satanizar las herramientas de inteligencia artificial, pero que sí deben usarse con la debida responsabilidad, sobre todo en materia de justicia. “Estamos formando a magistrados y jueces en cuanto a herramientas tecnológicas y el uso de la Inteligencia Artificial”, aseguró la magistrada.Por otro lado, el senador Gustavo Moreno, aseguró que desde el Congreso de la República, quieren impulsar un marco jurídico para trazar líneas base en la utilización de la IA en la Justicia y diferentes ramas del poder.Además, dice que el 25% de los colombianos están haciendo uso de la inteligibilidad artificial, pero ve con preocupación la desigualdad y atraso en materia de conectividad y acceso a internet, pero insiste que no es proporcional al crecimiento que esta herramienta ha tenido en los últimos años.Incluso, el senador reitera que, bajo ninguna circunstancia, la utilización de la inteligencia artificial en ámbitos como la justicia, puede transgredir los derechos de una persona, refiriéndose a casos de suplantación a terceros por cuenta del uso de estas tecnologías.Por último, se asegura que la rama judicial está avanzando en términos de transformación digital para asegurar un servicio cercano a los ciudadanos en términos de justicia.
Una polémica se desató en el mundo político luego de que se conociera el borrador de un proyecto de acto legislativo que establecería un perdón judicial a discreción del presidente de la República para actores políticos condenados o investigados por delitos como corrupción, así como integrantes de las fuerzas militares, de la policía y ciudadanos investigados o condenados por delitos menores con la justicia.El proyecto de nueve artículos fue presentado por el exsecretario de cultura de Caldas, exdirector del IDT durante la administración Petro y colaborador cercano al canciller Álvaro Leyva, Luis Fernando Rosas, y contó con el respaldo de cerca de 13 organizaciones sociales. Según el articulado, se concederían facultades al presidente, para que en el marco de la Paz Total, “otorgue perdón (caducidad-extinción de la acción penal) judicial en los casos en que las circunstancias que rodearon los hechos que motivaron las investigaciones, sanciones o sentencias judiciales condenatorias se hallaron influidas directa o indirectamente por política de Estado, el conflicto armado interno, así como por el ambiente de pugnacidad generado por éste”.La iniciativa concibe que para determinar las personas que serán beneficiarias de este perdón judicial, el primer mandatario establecerá un equipo jurídico que analizará cada caso. Además, podrá instruir a la JEP la apertura de un nuevo macrocaso “para establecer que dentro de una política de Estado se vulneraron los derechos de actores políticos y ciudadanos, ya que fueron judicializados por decisiones políticas y jurisdiccionales erróneas, por la falta de separación real de los poderes públicos en Colombia”.“A nadie se le puede olvidar en Colombia que no hay verdadera separación de poderes. Los fiscales pertenecen a los partidos políticos. Se busca un perdón judicial para la anulación de condenas y sanciones judiciales y el archivo de investigaciones menores en curso. Si estamos perdonando delitos de lesa humanidad, pues ¿por qué no perdonamos delitos pequeños? Que haya un tribunal de cierre”, señaló Luis Fernando Rosas en diálogo con Blu Radio.Rosas presentó como ejemplo de la efectividad de esta iniciativa en el mundo, casos como el de España, donde se aplicó una ley de amnistía a los líderes independentistas catalanes; en Perú, cuyo beneficiario fue el expresidente Alberto Fujimori; o Estados Unidos, donde esta facultad de indulto está en manos del presidente.El articulado también señala que todo actor político responsable de delitos contra la administración y el erario público (corrupción) que sea beneficiado por el perdón judicial, resarcirá o reparará al Estado y a la sociedad con el retorno de los recursos apropiados y señalados en los fallos correspondientes, para poder recuperar sus derechos políticos. En dado caso se excluyen los investigados o condenados por delitos de lesa humanidad.“Hay hoy una propuesta del Partido Comunes del senador Julián Gallo frente a la creación de un tribunal de cierre, donde esperamos se incluyan los artículos. El senador del Partido de la U, Antonio Correa, ya me reuní con él e incluirá varios artículos de esta propuesta que la encuentra muy acorde al proyecto que va hoy, va muy avanzado en el Congreso de la República” puntualizó Rosas.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ya posesionó a algunos de los funcionaros que estarán en su administración en puestos directos de la Fiscalía, con el fin de lograr algunos de los objetivos que se ha planteado, entre los que ha mencionado mejorar la capacidad de respuesta de la entidad en los territorios y garantizar el acceso a la justicia penal.El vicefiscal será Gilberto Javier Guerrero, quien es abogado de la Universidad de Nariño y desde el año 2010 ha sido fiscal delegado ante tribunal."Su trabajo por la implementación del Sistema Penal Acusatorio lo ha desarrollado como instructor en la agencia OPDAT, adscrita al Departamento de Justicia de Estados Unidos (2003- 2013); como integrante de la Comisión Permanente de Monitoreo y Seguimiento a la Implementación y Desarrollo del Sistema Acusatorio, conformada por el Fiscal General de la Nación para las Fases I, II y III; y coautor del Manual de Procedimientos en Sistema Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación, en 2005", explicó la Fiscalía.Hernando Barreto Ardila será el coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Barreto es abogado de la Universidad Externado y ha sido magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia."También se desempeñó como fiscal seccional en la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública y la Administración de Justicia (1992 – 1996); y juez penal municipal de Bogotá entre 1990 y 1992. De otra parte, ha sido docente de derecho penal general en la Universidad Externado de Colombia, desde 1991 a 2024", señaló la Fiscalía.La directora ejecutiva y administrativa será Ligia Stella Rodríguez, una abogada de la Universidad del Rosario que cuenta con una especialización en derecho administrativo. Rodríguez cuenta con una experiencia de 25 años tanto en el sector público como en el sector privado, trabajando en temas jurídicos, administrativos y financieros."Entre 2020 y 2024, fue subsecretaria de Gestión Corporativa General en la Secretaría Distrital de Movilidad. En su amplia y destacada carrera profesional se ha desempeñado como subdirectora general de Gestión Corporativa en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), secretaria General en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; secretaria General, asesora de Despacho y jefe (e) de la Oficina Asesora de Planeación en la Superintendencia de Sociedades; secretaria General en la Superintendencia de Industria y Comercio, y en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial", mencionó la Fiscalía sobre la experiencia de Rodríguez.Deicy Jaramillo Rivera será la encargada de la seguridad territorial. La abogada de la universidad Gran Colombia se vinculó a la Rama Judicial en 1986, como juez municipal, también fue fiscal destacada para el proceso de paz."Como directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, cargo que ocupó entre diciembre de 2020 y octubre de 2022, impulsó estrategias investigativas para impactar a las redes de tráfico de migrantes y trata de personas, enfrentar los delitos ambientales, y esclarecer masacres, desapariciones, desplazamientos forzados y otros crímenes en contra de la dignidad humana", se lee en el comunicado de la Fiscalía.Gabriel Sandoval Vargas será el delegado contra la Criminalidad Organizada, quien empezó como citador, escribiente, sustanciador y secretario en juzgados penales municipales. Desde 1992 está vinculado a la Fiscalía, fue fiscal en la seccional Bogotá y en la unidad de extinción de dominio y lavado de activos, más recientemente, estuvo en la dirección especializada contra el narcotráfico.Por su parte, Henry Arturo Cruz Vega será el director del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI. Cruz ha sido fiscal delegado ante los jueces penales, veedor distrital delegado en Bogotá y director de control interno en la Autoridad Nacional de Televisión.El director de políticas públicas y estrategia será José Fernando Flórez, quien ha estado en la academia, sector privado y sector público. Desde el 2018 trabajó en la Dirección de Políticas de la Fiscalía, fue coordinador de la mesa de articulación entre Fiscalía y Policía para unificar datos sobre criminalidad en el país y en 2019 asumió como director de planeación de la Registraduría.
La Procuraduría se refirió sobre el caso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez y señaló que, aunque se le otorgó la posibilidad de ser liberado bajo ciertas condiciones, la decisión final está en manos de un juez de control de garantías en Barranquilla el próximo 6 de marzo, pues tiene 33 procesos en ese tribunal y 14 en Bogotá.Así lo decidió la juez de ejecución de sentencias de Justicia y Paz Luz Marina Zamora, indicando que no es competente para levantar las medidas de detención preventiva que enfrenta Mancuso Gómez en procesos llevados a cabo por otros magistrados en Barranquilla y Bogotá.Por lo anterior, le otorgó la libertad condicional por un periodo de cuatro años en relación con tres casos acumulados en su despacho, pero ha dejado la última palabra sobre su liberación en manos del magistrado de control de garantías en Barranquilla, subrayando la independencia judicial.“Tal como lo solicitó la Procuraduría General de la Nación en audiencia pública, Salvatore Mancuso Gómez continuará a disposición de un juez de control de garantías de Barranquilla, quien tendrá que definir si le concede la libertad a prueba tras su designación como gestor de paz por parte del Gobierno nacional”, señaló el Ministerio Público.Además, se han establecido restricciones específicas para Mancuso, incluyendo la prohibición de viajar a ciertos departamentos y municipios donde se cometieron sus delitos. Estas medidas buscan proteger a las víctimas de sus acciones y evitar su revictimización.En conclusión, aunque se ha dado un paso hacia la posible liberación de Mancuso Gómez, su situación sigue siendo compleja y su libertad condicional está sujeta a diversas condiciones y a la decisión final de la justicia.Le puede interesar:
El Consejo Noruego de Refugiados reveló que en Colombia han sido desplazadas 1.500.000 personas desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. En 2016 hubo un total de 160.000 desplazados, mientras que este año la cifra podría superar los 260.000.“Reconocemos los recientes esfuerzos, pero es de vital importancia que el plan del Gobierno para acelerar la implementación del acuerdo de paz reduzca efectivamente los desplazamientos forzados. Esta tendencia al alza no puede continuar. Debe detenerse inmediatamente. Si el desplazamiento fuera un termómetro de la paz, la salud de Colombia estaría fallando”, dijo Giovanni Rizzo, director de país del Consejo Noruego de Refugiados en Colombia.Las principales causas del desplazamiento en el país son: amenazas, torturas, homicidios, combates armados, bombas, minas antipersonal, reclutamiento forzado, violencia basada en género y el despojo de tierras."En total, cerca de 5,1 millones de personas viven actualmente en situación de desplazamiento, de las cuales 1,5 millones han sido desplazadas después la firma del acuerdo de paz en 2016. A pesar de la respuesta humanitaria para asistir a la población durante las emergencias, los esfuerzos para que la población se recupere del desplazamiento carecen de financiación adecuada. Hasta octubre del 2024, solo se había asignado el cuatro por ciento de los fondos solicitados por los actores humanitarios en Colombia para ayudar a las comunidades a recuperarse tras las crisis", señala el Consejo Noruego para Refugiados.
Con el propósito de impulsar la reactivación económica, generar desarrollo y crear nuevos puestos de trabajo, la RedPro, en alianza con el Consejo Privado de Competitividad, presentó en Bucaramanga una ambiciosa agenda de proyectos que promete inyectar $152 billones a la economía nacional. Este paquete de iniciativas, que abarca diversas regiones de Colombia, fue dado a conocer ante un grupo de empresarios, quienes respaldan la propuesta de la RedPro, un colectivo de 11 organizaciones regionales.Entre las entidades que componen esta red destacan ProAntioquia, ProBarranquilla, ProBogotá, ProBoyacá, ProRinoquía, ProPacífico, ProQuindío, ProRisaralda, ProSantander, ProSanta Marta y ProTolima. En total, las regiones que respaldan estos proyectos representan más del 70% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y albergan a 37,8 millones de habitantes.El paquete de proyectos identificado por la RedPro incluye una serie de iniciativas en infraestructura que buscan conectar diversas regiones del país y optimizar la competitividad. Entre los proyectos destacados se encuentran la Conexión Pacífico - Orinoquía, el Corredor Bogotá-Buenaventura-Ipiales, la segunda línea del Metro de Bogotá, el Aeropuerto José María Córdova, el Puerto Antioquia, el Canal del Dique, y la PTAR Canoas en Bogotá, entre muchos otros.Estas iniciativas están enfocadas en la conectividad aérea, marítima y vial, la expansión de acueductos y saneamiento básico, así como en el sector energético. Si bien los proyectos se encuentran en diversas etapas, algunos todavía en fase de prefactibilidad y otros más avanzados, la RedPro destaca la importancia de su ejecución para mejorar la conectividad del país y reducir los costos logísticos y operativos.En el caso de Santander y el oriente del país son tres los principales proyectos los que se busca impulsar. Así lo explicó el director ejecutivo de ProSantander, Juan Pablo Remolina.“La navegabilidad por el río Magdalena que lo que busca es desarrollar una de las regiones más afectadas por el conflicto armado colombiano que es el Magdalena Medio. Colombia cuenta con una vía natural que es el río Magdalena conecta a 13 diferentes departamentos y ahí vemos una gran oportunidad para avanzar en la logística de Colombia. Con el río se lograría una disminución hasta del 60% de los costos de transporte disminución cerca del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero”, explicó Remolina.Otro de los proyectos que permitiría el desarrollo en el oriente del país, es el de buscar la conexión de Venezuela, “desde Santander hemos considerado que nos empinamos y vemos a nuestro vecino país, pero vemos un abismo en la mitad porque no hay vías, no tenemos una conectividad adecuada y este tramo debe ser entre Cúcuta hasta el interior del país, que es particularmente en Bogotá”.Y un tercer proyecto enfocado a resolver problemas de pobreza energética, explicó el dirigente gremial. “Actualmente el país se le ha anunciado una falta o un déficit de autosuficiencia en materia de gas, de autosuficiencia en abastecimiento de gas, y por lo tanto consideramos que el Magdalena Medio o Santander, el país tiene abundante gas, pero necesitamos es revisar cómo poderlo extraer de manera sostenible, de manera adecuada, y una de las formas es a través de los yacimientos no convencionales”, anotó Remolina.María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, resaltó la importancia de los 40 megaproyectos que juntos generarán desarrollo en las diferentes regiones del país. "Los datos nos confirman que los departamentos con mayor proporción de la población afectada por la pobreza multidimensional coinciden con aquellas regiones que se encuentran más desconectadas. Esto, compromete la capacidad de las regiones de ofrecer condiciones de bienestar a sus habitantes, genera presiones ambientales sobre los recursos naturales y limita las posibilidades de impulsar el desarrollo productivo y social, tanto urbano, como rural", señaló.
Hace dos años, el 21 de noviembre de 2022, el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reanudaron las negociaciones de paz más avanzadas con la última gran guerrilla latinoamericana, que estuvieron estancadas durante los cuatro años de la Presidencia del derechista Iván Duque.Después de un buen arranque y más de un año de sintonía, la negociación actualmente está congelada y las dos partes trabajan en Caracas para intentar impulsarla de nuevo, pero las tensiones y los desacuerdos se acumulan. Aquí algunas preguntas y respuestas:¿Por qué se retomaron los diálogos en 2022?Realmente el ELN empezó a negociar con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos en 2017, en el enésimo intento de lograr la paz con esta guerrilla.Las negociaciones apenas avanzaron en los dos últimos años de Santos y la poca voluntad de Iván Duque, junto a un atentado del ELN contra la escuela de cadetes de Bogotá que dejó 23 muertos en 2019, acabaron dinamitando la mesa de diálogos.El aterrizaje de Gustavo Petro en el poder en agosto de 2022 llegó con la promesa de 'paz total' y el Gobierno comenzó esta tarea titánica con el ELN, retomando el proceso con la agenda que ya se había trabajado con Santos, sin apenas cambios, con la voluntad de avanzar sobre lo trabajado.¿Qué avances ha habido en dos años?Se han realizado cinco ciclos de diálogos en Caracas, Ciudad de México y La Habana.Los anuncios más importantes se realizaron en Cuba, en el tercer ciclo, cuando incluso el presidente Gustavo Petro y el jefe máximo de la guerrilla, alias 'Antonio García', estuvieron presentes para anunciar el cese bilateral al fuego más largo que se ha tenido con este grupo armado.Comenzó el 3 de agosto de 2023 por seis meses iniciales, que tras arduas negociaciones se extendieron otros seis, incluyendo incluso la promesa del ELN de no secuestrar. Pero todo acabó un año después sin compromiso de renovación.Además del cese, ha habido pactos para llevar caravanas humanitarias a zonas de influencia de la guerrilla y consiguieron cerrar el primer punto de los acuerdos, que traza la participación de la sociedad. El estancamiento ha hecho que nada de esto haya avanzado.¿Por qué se torcieron las negociaciones?El ELN y el Gobierno llegaron a México a principios de año con tensión, pues la guerrilla había admitido apenas unas semanas antes que había secuestrado al padre del futbolista Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, quien fue liberado el 9 de noviembre.El ELN también atacaba al Gobierno diciendo que no estaban cumpliendo el cese al fuego al aliarse con "fuerzas paramilitares" para atacarles.En México, sin embargo, consiguieron 'in extremis' prorrogar el cese, pero apenas unos meses después el Gobierno comenzó acercamientos con una supuesta disidencia del ELN que opera en la frontera con Ecuador, los Comuneros del Sur.Eso irritó a la guerrilla, que lleva desde entonces pidiéndole al Gobierno que decida si negocia con ellos de forma nacional o con este grupo minoritario.¿Qué llevó a la congelación?Desde México a finales de enero las dos partes no han logrado celebrar un sexto ciclo de diálogos. Se reunieron en Caracas en mayo donde lograron firmar el primer punto de la agenda, pero desde ahí todo han sido ataques.No se renovó el cese al fuego, ni se avanzó en ninguno de los puntos de la agenda, que se pretendían tener firmados en su mayoría en 2025.El ELN atacó en septiembre una base militar en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, que dejó tres muertos y casi una treintena de heridos.Petro dijo entonces que "prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre", aunque la delegación del Gobierno matizó después y afirmó que significaba que iban a congelar la mesa, pues siempre iban a estar dispuestos a negociar.¿Se van a descongelar los diálogos?A principios de este mes, las delegaciones del ELN y el Gobierno se reunieron de nuevo por primera vez en cuatro meses y acordaron volver a verse esta semana para ver si pueden descongelarlo, aunque las tensiones persisten.El Gobierno ha pedido al ELN que muestre que tiene "un inequívoco propósito de llegar a la paz", mientras que el jefe negociador de la guerrilla, alias 'Pablo Beltrán', aseguró hace unos días a EFE que quieren que el gobierno tenga "una sola política"."Queremos un solo interlocutor (con el Gobierno) que si la mano derecha construye, la otra no destruye", apuntó.
Si bien es imposible establecer una relación directa entre las palabras del presidente Gustavo Petro, y las agresiones que recibe la prensa en redes sociales, "hay un nexo entre el uso" de su megáfono, "la reacción de sus seguidores y aliados, y el tono agresivo en que se da la discusión pública alrededor de los temas que él propone".Así se desprende de un informe elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la organización independiente Linterna Verde, que analizan episodios relevantes de la interacción entre el presidente y sectores del periodismo, que ha derivado en ocasiones en "episodios que han constituido acoso digital en contra de periodistas y medios de comunicación".Los casos analizados son las críticas de Petro a un informe de Noticias Caracol titulado 'El capo y la campaña de la Colombia Humana', el uso de la expresión "periodismo Mossad" por parte del presidente y el calificativo de "muñecas de la mafia" que empleó el mandatario.Entre algunas de las conclusiones que recoge el documento está que "frecuentemente, las publicaciones trascienden la crítica legítima y derivan en ataques".En los tres casos analizados se concluye que las palabras usadas por el presidente fueron replicadas y amplificadas miles de veces en la red social X, y derivaron en ataques y ofensas contra periodistas.En el caso de la expresión "muñecas de la mafia" para referirse a comunicadoras, por ejemplo, indica: "Sus palabras fueron el nodo de los tuits contra las mujeres. De no haber usado la expresión, es apenas lógico concluir que el debate no se habría dado en esos términos"."El Presidente de la República goza de su derecho a la libertad de expresión. No obstante, el ejercicio de este no puede implicar la activación de un ambiente adverso para el ejercicio del periodismo y la amplificación de discursos agresivos y estigmatizantes (...) Como nodo de una red, figura política y mandatario, sus palabras articulan y condicionan la discusión pública", señaló el documento.Desde su llegada al poder la red social X ha sido la plataforma preferida por Petro para comunicar desde cambios en el gabinete hasta políticas, así como sus opiniones personales de una multitud de temas; y desde allí ha protagonizado crudos enfrentamientos con la prensa que él considera trata de desprestigiar a su gobierno.De hecho, ha tenido encontronazos con la propia FLIP, a la que acusó de ser partidista y no velar por los intereses de la libertad de prensa y los derechos de los periodistas.
En Bogotá, la temporada de lluvias ha generado un aumento significativo en la caída de árboles, lo que ha encendido las alarmas en la ciudad. Según Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, durante noviembre se han reportado 143 árboles caídos, incluidos tres que esta mañana afectaron la vía hacia La Calera y varios más en el norte de la ciudad."Con el invierno comienzan a ablandarse los suelos y se hace más probable la posibilidad de que los árboles caigan, lo cual es un fenómeno que hemos venido observando este año", explicó Soto durante una entrevista en el programa Mañanas Blu, con Néstor Morales.La capital cuenta con aproximadamente 2.2 millones de árboles, de los cuales 1.4 millones están en espacios públicos. Sin embargo, las lluvias intensas y el deterioro natural han puesto en riesgo a más de 6400 ejemplares, según un censo reciente realizado por la Secretaría de Ambiente.El llamado a la ciudadanía: reportar árboles en riesgoAdriana Soto destacó la importancia de la participación ciudadana para identificar y reportar árboles en riesgo, una tarea fundamental para prevenir incidentes."El llamado a la ciudadanía es que también nos ayuden a reportar esos árboles en riesgo a través de la línea 123. Este es el punto de entrada para que el Distrito pueda actuar rápidamente", afirmó.La funcionaria indicó que existen señales claras para identificar un árbol en riesgo de caída, como troncos podridos, ramas secas, inclinaciones inusuales y raíces dañadas. Una vez reportados, la Secretaría evalúa la situación y, si es necesario, ordena la tala o la poda para mitigar el peligro.¿Quién decide la tala de un árbol en riesgo?La decisión sobre la tala o el tratamiento de un árbol que represente peligro no es automática ni recae en una sola entidad."De acuerdo con la legislación, la Secretaría de Ambiente autoriza la poda o la tala de árboles en riesgo, pero la ejecución depende de otras entidades del Distrito", explicó Soto. Por ejemplo, si el árbol afecta la red eléctrica, corresponde al operador de alumbrado público realizar las labores, mientras que si está en una vía arterial, la responsabilidad es de la Unidad de Mantenimiento Vial.Esta multiplicidad de intervinientes puede generar demoras en la atención, como señaló un ciudadano en el sector de La Floresta, donde un árbol cayó sobre una vivienda. Según el afectado, el incidente fue reportado previamente a las autoridades sin recibir una respuesta oportuna.Además de los riesgos para la infraestructura y la seguridad de los habitantes, la caída de árboles también tiene implicaciones para el ecosistema urbano. Cada árbol cumple un papel crucial en la mitigación del cambio climático y la regulación de la calidad del aire en la ciudad. "Los árboles son seres vivos y tienen un ciclo de vida. Lo que estamos viendo es una combinación de factores naturales que están afectando su estabilidad", explicó Soto.Por esta razón, las autoridades han intensificado los esfuerzos para evaluar las zonas más vulnerables y garantizar el manejo adecuado del arbolado urbano. Sin embargo, Soto enfatizó que el cuidado y mantenimiento preventivo también es una tarea compartida con la ciudadanía."Estamos haciendo un esfuerzo importante para evaluar y atender las zonas críticas, pero necesitamos el apoyo de todos para proteger tanto a las personas como al medio ambiente", concluyó la funcionaria.
