El presidente Gustavo Petro decidió designar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como "gestor de paz", con el fin de concluir el proceso que se desarrolló durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Mancuso actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos y desde allí ha entregado detalles sobre el conflicto ante Justicia y Paz y ante la JEP.Tras conocerse esta designación el exjefe paramilitar envió un mensaje a los excomandantes e integrantes de las autodefensas, asegurando que esta es una "oportunidad única" para el bien del país y de las víctimas."Recibo con alegría y optimismo mi nombramiento por el presidente, quería en primer lugar dirigirme a ustedes, excomandantes e integrantes de las autodefensas, más allá del nombramiento la noticia más relevante para nosotros es la reanudación de las negociaciones de Ralito, esa decisión del presidente nos pone de nuevo en el centro del escenario político y de manera directa en la agenda de la paz total", señaló Mancuso.Por otro lado, en el audio, el exjefe paramilitar aseguró que se debe desarrollar una agenda en la mesa técnica de excombatientes de cara al diálogo con el Gobierno nacional."Pienso en las víctimas que se lo merecen y nuestra deuda con ellas es eterna, pienso en nuestros compañeros privados de la libertad, esta puerta se abre también para ellos, dejemos las prevenciones, debemos estar a la altura de este momento histórico", dijo el exjefe paramilitar a los exjefes de las autodefensas.Le puede interesar
La JEP decidió expulsar a el exsenador del departamento de Sucre Álvaro Alfonso García Romero, más conocido como ‘El Gordo García’, quien había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, en el Carmen de Bolívar, perpetrada el 14 de octubre del año 2000 por las autodefensas.Lo que ha determinado la JEP, que había aceptado su sometimiento el pasado 25 de febrero de 2021, es que García Romero no hizo un aporte suficiente de verdad y que incluso negó algunos de los crímenes por los que fue condenado.La JEP había aceptado su sometimiento esperando que el compareciente explicara cómo fue la colaboración y nexos que tuvieron algunos políticos con grupos paramilitares, pues él se había comprometido a aportar información sobre reuniones en las que se había planeado la creación del Bloque Montes de María de las AUC, la reunión de Ralito y asimismo se comprometió a aportar información sobre su participación en la masacre de Macayepo, entre otros hechos.La decisión la tomó la sección de apelación de la JEP y no da posibilidad a García Romero de presentar un recurso, por lo que su proceso volverá a la justicia ordinaria, recordemos que el exsenador se encuentra recluido en La Picota.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Según Lara, aunque las zonas de concentración son necesarias en cualquier proceso de paz, es necesario que el Gobierno Nacional garantice que no se saldrá de sus manos. (Lea también: La politiquería hay que dejársela a ellos: Juan Fernando Cristo) “Las zonas de concentración son inherentes porque son necesarias para desarmar a los grupos al margen de la ley. Lo que queremos que se le explique al país es que el propósito es desarmar y que van a tener un tiempo limitado, que van a estar protegidas y vigiladas por la fuerza pública para que estos hombres no salgan a delinquir armados a aterrorizar a la población”, manifestó Lara. El presidente de Cambio Radical dijo que es necesario que el Gobierno le aclare al país que “esto no va a ser un Caguán”. “Todos los colombianos están preocupados porque no conocen el alcance de estas zonas de concentración porque el doctor Cristo no ha sabido convencer a los colombianos de que esto no va a ser un Caguán o un Ralito, no se han tomado las previsiones legales de que esto no lo sea”, dijo Lara. “Dígale a los colombianos que esto no va a ser un Caguán, un Ralito, que la fuerza pública va a cuidar la integridad de los compatriotas”, añadió. Entre tanto, lamentó la decisión del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, de abrir una investigación disciplinaria en contra del ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional por el acto político de los negociadores de las Farc escoltados por guerrilleros armados en el corregimiento de Conejo, en La Guajira. “La investigación que está abriendo el procurador a la Cúpula Militar es absurda, ellos cumplen con mandatos, no son acciones políticas”, finalizó.
