Este domingo se realizará en el departamento del Chocó, a las 11:00 de la mañana, el segundo acto de conmemoración tras un año del trágico deslizamiento de tierra en la vía Quibdó - Medellín, que cobró la vida de 39 personas, en jurisdicción de El Carmen de Atrato.En un acto solemne se conmemoró el primer aniversario, con un primer encuentro el viernes en el sector El 17, donde ocurrieron los hechos, donde los asistentes encendieron velas, símbolo de la memoria colectiva y el dolor compartido.La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, le pidió al Gobierno nacional continuar con el trabajo conjunto con las autoridades locales para evitar futuras tragedias y garantizar que la memoria de las víctimas impulse la terminación de la vía. También se refirió al doble luto que tiene el departamento en este momento, por los ocho muertos de Juradó en el accidente aéreo en Antioquia."Esto (accidente aéreo) obviamente ha conmocionado a todo el departamento que justo, justo en este fin de semana está el aniversario del desastre de la vía Quibdó - Medellín que nos costó 40 muertos y justo estamos entre ambas cosas en estos días con la esperanza de que pudiéramos encontrarlos con vida", aseguró la gobernadora.En el evento estuvieron presentes la ministra de Transporte, María Constanza García y el alcalde de El Carmen de Atrato, Jaime Herrera, así como representantes de las familias víctimas del desastre.Hay que decir que especialistas y funcionarios del Gobierno nacional también han recorrido la zona del derrumbe para establecer las prioridades de inversión de los 500.000 millones de pesos que anunció el Estado colombiano para esta vía, donde aún hace falta la pavimentación de cerca de 10 kilómetros.
Luego de 16 años de servicio en Quibdó, el convenio que había firmado Empresas Públicas de Medellín para prestar el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo llegaba hoy a su fin, sin embargo, en las últimas horas se conoció una propuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de las Empresas Públicas de Quibdó para que EPM se quedara 6 meses más en la capital chocoana, misma que fue aceptada y renovada hasta el 30 de junio de 2025.Según ha trascendido, las Empresas Públicas de Quibdó, que está en liquidación, en conjunto con la Superservicios, acordó la nueva prórroga para que EPM continúe operando los servicios públicos mientras se hacen mesas de trabajo para diseñar un esquema empresarial que permita que Quibdó mejore su prestación y, además, se comunicó que se incluirá la transferencia de prácticas de EPM al nuevo prestador que se designe a partir del 1 de julio de 2025. Asimismo, hay que destacar que los servicios se prestarán a través de su filial Aguas Nacionales y la marca Aguas del Atrato.Por su parte, mientras se conoce cuál será el nuevo operador en la capital chocoana, EPM indicó que el convenio se firmó oficialmente en el 2008 y hasta el 2015, no obstante, hace 9 años se venían firmando varios prórrogas bajo el esquema de colaboración en donde Empresas Públicas de Medellín no ha tenido remuneración por su operación con Aguas del Atrato durante estos 16 años.En este sentido y a pocos meses de entregar la operación hay que señalar que actualmente hay un 52 % de cobertura en el suministro de agua potable, un 16 % en el alcantarillado y una cobertura cercana al 100 % en la recolección de residuos sólidos. Además, EPM tiene hasta la fecha 21.532 usuarios en el servicio de acueducto, 6.562 en alcantarillado y 41.255 en el servicio de aseo.Adicionalmente, destacan desde Empresas Públicas de Medellín que Aguas del Atrato tiene una infraestructura con tres plantas de tratamiento de agua potable, una estación de bombeo de aguas residuales y una flota de nueve vehículos compactadores, así como una volqueta para la recolección de residuos.Finalmente, EPM expresó que hoy Quibdó dispone de una infraestructura adecuada para seguir prestando servicios con un personal capacitado y fortalecido por la estadía de Aguas del Atrato en la capital del departamento de Chocó.
Las tres bandas delincuenciales con presencia en Quibdó, Chocó, que se encuentran en diálogos con el Gobierno, acordaron un cese al fuego que, en principio, se extenderá hasta el 31 de enero de 2025. A este cese también se sumaron otras dos estructuras que actualmente están en acercamientos con el Gobierno.“Luego de extensas conversaciones con las personas autorizadas por la Presidencia de la República, hemos decidido acordar un cese al fuego entre las cinco estructuras aquí mencionadas. Esto implica eliminar las agresiones mutuas, lo que permitirá disminuir el crimen y los índices de violencia en la ciudad, así como lograr tranquilidad para nuestra gente. Este cese al fuego tendrá un plazo inicial hasta el 31 de enero de 2025, con el fin de monitorear su cumplimiento. Ese día emitiremos un nuevo comunicado respecto a la ampliación de este plazo inicial”, señalaron las estructuras en un comunicado.>>> Lea también: Chocó es tierra de nadie: dura denuncia del obispo de Quibdó tras el paro armadoEstas bandas hicieron un llamado al Clan del Golfo para que se una al cese al fuego. Este grupo, según denunció recientemente el Gobierno, ha intentado tomarse la capital del departamento de Chocó.“Las cinco estructuras aquí mencionadas hacemos un llamado de paz al Ejército Gaitanista de Colombia (AGC o EGC). Somos cinco estructuras que hoy queremos dar pasos firmes hacia la paz, garantizar una Navidad en calma y construir una primera etapa de un cese al fuego que debería extenderse a todas las estructuras con presencia en Quibdó. Compartimos la idea de que la comunidad merece estar segura y tranquila. Para lograrlo, los actores armados debemos poner de nuestra parte y dejar de lado la zozobra. Invitamos al AGC o EGC a unirse”, añadieron las bandas en el documento.Las estructuras involucradas en este acuerdo son ‘Los Mexicanos, ‘Locos Yam’, ‘RPS’, ‘Los Z’ y ‘Revolución Cabí’.
Lo anterior surge debido a la orden de embargar y trasladar más de 370.000 millones a favor de particulares, los cuales serían provenientes del Sistema General de Regalías, destinados principalmente a satisfacer derechos sociales como la salud y educación de varios municipios.Así lo explicó el secretario de Transparencia Andrés Idárraga “El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional Minera ha interpuesto denuncia penal en contra del juez primero administrativo oral del circuito de Quibdó, Yeferson Romaña Tello, por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción, debido a la orden que ha dado para embargar y trasladar $370.275.657.012,15 provenientes del Sistema General de Regalías, constitucionalmente inembargables y con destinación específica, destinados a satisfacer derechos sociales, entre otros a la educación y a la salud, y que este juez ordenó trasladar a favor de unos particulares”, aseguró.Así mismo aseguró que solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que avance de manera pronta en la investigación en contra de este juez y evite que se materialice esta decisión.“Es inaudito que un juez de la república pretenda favorecer a particulares con recursos del Sistema General de Regalías”, dijo Idárraga.A su vez, también solicitaron a la Corte Constitucional para que revise acción de tutela interpuesta por más de 40 alcaldes, que tienen en riesgo la pérdida de estos millonarios recursos para la garantía de derechos.Por último, pidió al Banco de Bogotá llevar a cabo todas las verificaciones jurídicas necesarias antes de trasladar estos recursos a un particular.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el levantamiento del paro armado en el departamento del Chocó a partir de las 6:00 a.m. de este sábado, 16 de noviembre. Sin embargo, las secuelas de esta medida, que se prolongó durante una semana, dejaron un impacto significativo en la región, afectando a al menos 45.000 personas y confinando a 120 comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad.Ante esta situación, el obispo de Quibdó, monseñor Winston Mosquera Moreno, emitió un contundente pronunciamiento, calificando las acciones del ELN como "incoherentes". El líder eclesiástico criticó que el paro armado se desarrollara en medio de las graves inundaciones que ya afectaban al departamento y señaló como contradictorio que, aunque el grupo ilegal haya decidido levantar la medida, insista en que la población se abstenga de salir durante las noches.“Parece que el departamento del Chocó estuviera en tierra de nadie. ¿Quién gobierna? No sabemos quién está mandando en esta parte del territorio”, afirmó Mosquera Moreno, visibilizando la falta de autoridad estatal y el abandono que percibe en la región.El paro armado afectó a comunidades a lo largo de los ríos Sipí, Cajón y San Juan, restringiendo la movilidad y acceso a bienes básicos. La Iglesia Católica, a través de un comunicado, había pedido previamente al ELN levantar las restricciones y recordó la crítica situación humanitaria que enfrenta la población chocoana.
Monseñor Winston Mosquera, obispo de Quibdó, Chocó, hizo un llamado urgente sobre la crisis humanitaria que enfrenta el departamento tras las inundaciones registradas en los últimos días. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, dijo que varios pueblos han sufrido afectaciones y que la ayuda que ahora para la población es, sobre todo, de los bancos de alimentos."Hay bancos de alimentos que se han puesto en contacto con nosotros para darnos la mano en lo que más puedan, pero también tenemos algunas cuentas que se van a hacer públicas hoy (martes) mismo para que los que quieran hacerlo a través de esas cuentas y no a través seguramente los bancos de alimentos, también se puedan solidarizar con tantas personas que han perdido todo lo que tenían en sus casas”, mencionó.Ayuda inmediata requeridaLa situación es crítica y muchas comunidades han quedado aisladas debido a las inundaciones y al paro armado decretado por el ELN. Monseñor Mosquera instó a la nación a unirse en solidaridad y, además, calificó las acciones de ese grupo armado ilegal de “falta de humanidad”.El drástico panorama se complica aún más debido a la violencia persistente en la región. El paro no solo dificulta el acceso a ayuda humanitaria, sino que también anula el acceso a servicios esenciales como salud y educación."Han tenido la gente confinada, creeríamos que definitivamente sí falta mucha humanidad cuando se decreta un paro armado de un territorio que, además, hoy ya podemos decir es la tercera vez que en este año han decretado ellos un paro armado en ese territorio, en los ríos que hacen parte de la cuenca del San Juan (...) En estos momentos son las personas que no se pueden movilizar a raíz de ese paro armado en su territorio y lo que pedimos es que levanten cuanto antes ese paro y dejen que la gente se pueda movilizar para que puedan salir, por lo menos, a buscar lo que puedan necesitar ellos en estos momentos", sentenció.Los habitantes del Chocó enfrentan no solo el desafío medioambiental, sino también una crisis de seguridad que les priva de su derecho a vivir en paz. El obispo clamó por un diálogo efectivo entre el Gobierno y el ELN.Una deuda históricaTambién abordó la percepción de la población hacia el Gobierno y los esfuerzos por parte de este para llevar ayuda a Chocó. Mencionó que todos los gobiernos anteriores han hecho promesas, pero la ayuda tangible ha sido escasa.Así, enfatizó que Chocó posee inmensos recursos naturales y aún así vive sumido en la pobreza debido a la falta de infraestructura y a problemas sistémicos.
En menos de un mes, dos buses han sido incinerados en la vía Medellín- Quibdó. El gremio de los transportadores de pasajeros pidió al Gobierno nacional seguridad, mientras que el de carga alertó que van seis quemas de vehículos en esta misma vía durante el Gobierno de Gustavo Petro.En alerta están los transportadores de carga y de pasajeros en Antioquia, pues en los últimos dos años se han presentado varios casos de quemas de vehículos en la vía Medellín- Quibdó, por parte de actores armados que delinquen en la zona.Seis casos en los últimos dos años y dos en menos de un mes es el panorama por el cual le piden al Gobierno nacional brindar garantías de seguridad para transportar los viajeros y las mercancías hacia otros departamentos. Tras el reciente caso ocurrido en el sector El 10 de El Carmen de Atrato, con un bus de la empresa Rápido Ochoa que llevaba 21 pasajeros, el director de la Asociación de Transportadores de Carga en Antioquia, Anderson Quiceno, rechazó lo sucedido.“Los atentados terroristas en cuanto a incineraciones podemos estar hablando de unas seis oportunidades y lo otro, pues es el coro desde que te hace es ilegales o estaciones de dibujadas de peajes, eso también son acciones terroristas”, aseguró.Juan Acosta, presidente de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, dijo que este gremio es el más vulnerable, por la economía y la situación de orden público, y que lo mínimo que piden son garantías de seguridad para poder operar: “Nuestras empresas de transporte se están volviendo el fusible, nosotros somos muy vulnerables, tenemos situaciones de orden público, ese es el llamado. Es dificil sector productivo si se presenta un bloqueo actuar”, afirmó.Finalmente, la Policía Nacional señaló que, al parecer, los dos sujetos que quemaron el bus este fin de semana eran integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que además viene adelantando otro tipo de intimidaciones en la zona.“En los últimos meses pues está saliendo la vida realiza temas de grafitis a la vida señales de tránsito, unas oportunidades a los vehículos que que transita pues son grafiteados”, aseguró el teniente coronel Jorge Rojas, comandante de Policía Chocó.El otro caso reciente ocurrió el 29 de septiembre, cuando encapuchados incineraron un bus de servicio público en el que viajaban estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH). Esto, en inmediaciones del sector El Seis, cuando los ocupantes se bajaron a comer y un delincuente entró, intimidó a las personas, roció gasolina y quemó el bus. Por fortuna, no se registraron heridos en ninguno de estos hechos.
Un grave hecho de orden público se registró en las últimas horas en la vía que comunica a Medellín con Quibdó tras la quema de un bus de servicio público por parte de desconocidos.Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un restaurante en el sector conocido como El Seis del municipio de El Carmen de Atrato, donde el vehículo, que transportaba a algunos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chocó, hizo una parada para que los pasajeros se alimentaran.Según indicó a Blu Radio Jaime Arturo Herrera, alcalde de esta localidad, fue ese momento el que aprovecharon dos hombres encapuchados que se movilizaban en una moto para intimidar a las personas y prender fuego al vehículo."Bajaron como a cenar o comer algo y llegaron ahí a intimidar la gente y se montó un delincuente, le echó gasolina y quemó el bus", expresó el mandatario.Hasta el momento se desconocen si los hombres pertenecían a algún grupo armado o a cualquier otra estructura criminal local. Se espera que con la ayuda de las cámaras de seguridad de la zona puedan ser identificados los responsables de este suceso ocurrido en la vía Medellín-Quibdó.En el lugar también se reforzó la presencia del Ejército Nacional para garantizar la seguridad por la vía del occidente del país.
El alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para enfrentar la crisis de seguridad que vive la capital del Chocó, especialmente en relación con el reclutamiento forzado y la violencia que afecta a los jóvenes de la ciudad. En una entrevista con Mañanas Blu, Bolaños detalló la gravedad de la situación y advirtió sobre la creciente presencia de grupos criminales, como el Clan del Golfo, que buscan consolidar su control en la región. Aumento alarmante de homicidios de jóvenesDurante su intervención, el alcalde Bolaños destacó que, en lo que va del año, la cifra de jóvenes asesinados en Quibdó ya ha superado los 109 casos, una cifra que excede los homicidios registrados durante todo el año anterior. “La situación en materia de seguridad en el municipio es crítica”, afirmó el alcalde, quien agregó que “los barrios están plagados de grupos delincuenciales que reclutan jóvenes permanentemente”.Bolaños explicó que muchos jóvenes que se niegan a unirse a estos grupos enfrentan represalias violentas. “Cuando no acceden al reclutamiento, muchos jóvenes son amedrentados y, en ocasiones, son asesinados”, relató, describiendo la complejidad del panorama que afecta a las nuevas generaciones en Quibdó.Este fenómeno de violencia y cooptación de menores es parte de una problemática estructural en la región, donde el desempleo, la falta de oportunidades y el abandono estatal han creado un caldo de cultivo para que los grupos armados ilegales prosperen. Según el alcalde, “necesitamos soluciones que generen oportunidades para estos jóvenes”, haciendo énfasis en que la intervención no debe limitarse solo al refuerzo de la fuerza pública.La amenaza del Clan del Golfo y otros grupos criminalesA la violencia asociada al reclutamiento de jóvenes se suma la creciente amenaza de grupos como el Clan del Golfo, que según el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, está intentando tomar el control de Quibdó. Aunque el alcalde Bolaños no confirmó la existencia de un comunicado oficial de dicho grupo, señaló que “la forma en que se ha presentado esta disputa territorial, en donde el Clan del Golfo ha ganado muchos espacios, muestra una clara intención de llegar a algunos sitios específicos”.Sin embargo, no es solo el Clan del Golfo el que preocupa a las autoridades locales. El alcalde mencionó que varios grupos delincuenciales operan en la ciudad, complicando la situación y haciendo que las capacidades de respuesta de las autoridades sean insuficientes. “Nuestras capacidades de respuesta han sido alcanzadas”, declaró Bolaños, subrayando la urgencia de recibir apoyo del Gobierno Nacional para enfrentar esta crisis.Exigencias al Gobierno NacionalRafael Bolaños, quien se encuentra en Bogotá buscando ayuda, ha exigido al Gobierno de Gustavo Petro una respuesta contundente frente a la inseguridad en Quibdó. El alcalde pidió el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública —incluyendo el Ejército, la Policía y la Armada— pero insistió en que esto debe ir acompañado de políticas que aborden las causas profundas del conflicto. “Requerimos el apoyo inmediato en soluciones que generen oportunidades para todos estos jóvenes”, reiteró. Para el alcalde, la falta de empleo y las pocas alternativas de desarrollo han hecho que la juventud de Quibdó sea particularmente vulnerable a las redes delictivas. Asimismo, pidió una mayor inversión en educación y programas sociales que ofrezcan una alternativa real a la violencia. Bolaños aprovechó para recordar que esta situación no es nueva, pero ha empeorado en los últimos meses, lo que pone en riesgo no solo la seguridad de los jóvenes, sino la estabilidad general de Quibdó. La capital del Chocó, una de las regiones más pobres y marginadas de Colombia, ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan controlar rutas de narcotráfico y otros negocios ilícitos. Contexto nacional y omisión del GobiernoA pesar de las reiteradas denuncias sobre la gravedad de la situación en Quibdó, el Gobierno Nacional aún no ha tomado medidas de fondo. Esta falta de acción ha sido criticada por diferentes sectores, especialmente tras las declaraciones del alto comisionado para la paz, quien denunció públicamente la intención del Clan del Golfo de hacerse con el control de la ciudad.La situación de Quibdó refleja una problemática que afecta a muchas ciudades intermedias de Colombia, donde la presencia del Estado es débil y los grupos armados encuentran terreno fértil para expandir su control. Para el alcalde Bolaños, es crucial que el Gobierno actúe cuanto antes, no solo con medidas de seguridad, sino con un enfoque integral que incluya la inversión social.“Es una historia terrible, terrible”, lamentó el alcalde al finalizar la entrevista, dejando en evidencia el dolor que causa ver cómo la juventud de su ciudad queda atrapada en una espiral de violencia que parece no tener fin.
En las últimas horas, y durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, el comisionado para la paz, Otty Patiño, advirtió que el Clan del Golfo está tratando de apoderarse de Quibdó, la capital del departamento del Chocó.“Hay un problema tenaz que hoy quiero plantear en el consejo de seguridad, hoy el Clan del Golfo ha tomado la decisión de apoderarse de Quibdó, la capital de un departamento, no es cosa menor. Lo está haciendo, asesinando, creando el temor y apoderándose allí de las bandas”, señaló el Comisionado de Paz.Tras las declaraciones en Blu Radio hablamos con Monseñor Mario Álvarez, Obispo de Istmina-Tadó y Administrador Apostólico de Quibdó, quien explicó que en esa zona del país desde hace al menos dos semanas se han incrementado las hostilidades de algunas estructuras."El conflicto se ha venido intensificando en las últimas dos semanas las AGC al parecer quieren tener el dominio de toda la ciudad de Quibdó, esto da razón a que se haya venido recrudeciendo el conflicto interno entre los diferentes grupos para impedir ese avance de las AGC", señaló Álvarez.En Quibdó, hace más de un año el Gobierno instaló una mesa de diálogo sociojuridico con tres bandas que tienen presencia en esa zona del país."Estamos viviendo momentos particularmente difíciles todos los que habitamos acá en la ciudad de Quibdó. Nos sentimos en un campo de batalla, todos estos grupos están declarados en guerra. Es urgente que el Gobierno y el Comisionado de Paz retomen con seriedad los diálogos sociojuridicos", advirtió monseñor Álvarez.
