Las autoridades de Colombia incautaron en el departamento del Putumayo, en la frontera con Perú y Ecuador, 820 kilos de cocaína y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de estupefacientes que pertenecía a los paramilitares 'Comandos de la Frontera', informó este viernes el Ejército.El operativo, que se realizó en el Valle del Guamuez, estuvo a cargo de tropas del Comando Contra el Narcotráfico, que también ubicaron y destruyeron 10 estructuras rústicas en las se procesaba la coca.Allí también se incautaron 2.560 galones de insumos líquidos, sólidos, maquinaria y equipos para la producción de cocaína para los 'Comandos de la Frontera', detalló el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres N.47, teniente coronel Luis Carlos Ramírez.Según InSight Crime, fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional en América Latina y el Caribe, Comandos de la Frontera es un grupo compuesto por disidencias de las FARC y paramilitares que integraron el grupo La Constru, que busca mantener el control sobre el narcotráfico en el bajo Putumayo y la frontera con Ecuador.De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa de Colombia, en los 24 meses de este Gobierno ha sido incautada la mayor cantidad de cocaína en la historia del país: 1.460 toneladas.El año pasado se logró decomisar "el máximo histórico", con 746,3 toneladas.Sin embargo, la semana pasada la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés) informó que los cultivos de coca crecieron un 10 % en Colombia en 2023 y alcanzaron las 253.000 hectáreas, lo que supone 23.000 más que en 2022, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 %.Adicionalmente, se precisó que en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Cauca y Putumayo hay cultivos de coca superiores a las 30.000 hectáreas.
En desarrollo de operaciones militares conjuntas, a través de una interdicción helicoportada, tropas del Ejército lograron la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, perteneciente a los ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia.De acuerdo con las autoridades, una vez llegaron las tropas al sitio encontraron que el lugar contenía más de 820 kilogramos de cocaína lista para su distribución. El laboratorio estaba compuesto por un total de 10 estructuras rústicas, las cuales servían cada una para adelantar diferentes labores para el procesamiento de la droga en esa zona del departamento de Putumayo.De igual forma, en el laboratorio se encontraron más de 2.560 galones de cocaína en proceso, insumos líquidos, sólidos, maquinaria y equipos para la producción de la sustancia psicoactiva. De esta manera, agrega el Ejército, se afectan las finanzas de los grupos armados organizados en más de $16.870 millones.Con este resultado se evita, destaca la autoridad, la salida al mercado nacional e internacional de más de 1,2 millones de dosis de cocaína y se impide además la muerte de miles de personas por el consumo de este estupefaciente.“El Ejército Nacional continúa comprometido con mitigar el flagelo del consumo de estos alucinógenos, atacando de manera decisiva la cadena de producción”, dijo el teniente coronel Luis Carlos Ramírez Peralta, comandante del Batallón de Operaciones Terrestres N.47 del Ejército.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lanzó una iniciativa en Puerto Asís, Putumayo, donde más de 700 familias han sustituido el cultivo de coca por sacha inchi, conocido como la "estrellita de oro", y chontaduro. Este programa no solo busca mejorar la calidad de vida de los campesinos, sino también contribuir a la construcción de una paz duradera en una región marcada por la violencia asociada a los cultivos ilícitos.Esto también tiene como objetivo que los cultivos de sacha inchi y chontaduro se integren en la producción de bienestarina, un alimento esencial que beneficia a miles de niños en el país y que serán comprados a los campesinos. Esta iniciativa no solo representa un paso hacia la diversificación agrícola, sino que también aborda la grave problemática de la desnutrición infantil en Colombia.En una reciente entrevista con Blu Radio, Noemí Delgado, una de las mujeres involucradas en esta transformación, compartió su experiencia. Aunque Noemí no cultivaba coca, su familia vivía rodeada de cultivadores. “Yo vengo de una familia que mi papá fue agricultor y todo nuestro proceso fue ganadero, platanero, yuquero, maicero… Pero los vecinos sí cultivaban coca y nuestros hermanos iban a la cosecha porque era más fácil”, relató. Su decisión de cambiar se basó en el deseo de un entorno más seguro: “Decidimos dejar atrás la inseguridad que traía la coca y buscar tranquilidad”.Este deseo de paz, tanto interior como colectiva, la motivó a involucrarse en el cultivo de chontaduro, una fruta que ofrece nuevas oportunidades económicas. “Comenzamos a inculcarle a la gente que no, que no a la coca, demostrando que otros cultivos también son buenos”, dijo. “La idea era que nuestros hijos vivan tranquilos y que la comunidad encontrara estabilidad”, puntualizó.Además, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, encabezada por Gloria Miranda, también visitó la región para anunciar una inversión de $28.000 millones destinados a desarrollar 1.200 hectáreas de sacha inchi. “El sacha inchi puede generar hasta 25 millones de pesos anuales por hectárea. Hoy, lo que nos reportan varios campesinos en Putumayo con la coca es que, a pesar de que se le invierte dinero, no se obtienen ganancias, incluso quedan endeudados”, explicó. Este cultivo no solo promete un mejor retorno económico, sino que también es esencial para la producción de bienestarina, un alimento vital para miles de niños en Colombia.De este recorrido que hizo el instituto junto con el ICBF, su directora, Astrid Cáceres, señaló la relevancia de esta iniciativa en el contexto de la seguridad alimentaria. “La bienestarina es el único producto nacional, la única industria alimentaria nacional que tenemos ahorita en el país. Necesitamos más productos nacionalizados en los que los campesinos tengan la compra directa del Estado para bajar los costos alimentarios”, aseguró. Este enfoque no solo busca sustituir cultivos ilícitos, sino también activar la economía local y ofrecer alternativas sostenibles.Una de las familias que ahora cultiva “Estrellita de oro” es la familia de Sandra Herrera, otra agricultora de la región, quien compartió su historia de transformación con Blu Radio “La transición fue en el instante en que escuchamos una convocatoria que estaban haciendo para las familias que se quisieran vincular a la siembra de sacha inchi”, relató. Aunque el proceso se detuvo durante la pandemia, Sandra destacó que su comunidad ha logrado reactivarse. “Tomamos la iniciativa de tener ese espíritu de cambio de lo ilícito a lo lícito con el sacha inchi. Era un producto nuevo para nosotros, pero decidimos arriesgarnos”, dijoEl procedimiento para transformar el sacha inchi en harina se realiza en centros de acopio. Yuleimy Arias, encargada de la clasificación en uno de estos centros, explicó el proceso. “Clasificamos el sacha inchi en varias fases. El proceso que realizamos aquí es un proceso de clasificación manual, que se va a clasificar en cuatro fases. Estoy clasificando 80 kilos diarios, pero cuando trabajo con mis compañeros, llegamos a un máximo de 190 kilos diarios”, detalló. La producción de harina de sacha inchi se está consolidando como un recurso clave para alimentar a miles de niños en el país.Blu Radio también habló con Franco Emilio Pérenguez, gerente de la cooperativa multiactiva de agronegocios del Putumayo, quien comentó sobre el ciclo de producción. “Desde diciembre de 2023, hemos comenzado la recolección y procesamiento del sacha inchi. Hacemos compras en los diferentes municipios y dependemos de la cantidad que recolectamos, que puede variar entre 600 y 3.000 kilos por día”, afirmó. Esta cooperativa actúa como un enlace entre los productores y el mercado, asegurando que las familias obtengan un precio justo por su cosecha.El impacto de esta iniciativa ya se siente en las comunidades. La bienestarina, elaborada con los nuevos cultivos, ha comenzado a distribuirse en varias regiones del país, y en los próximos meses se lanzará un nuevo sabor con chontaduro. Con esta estrategia, el ICBF y las comunidades agrícolas están avanzando hacia un futuro más seguro y sostenible, demostrando que es posible transformar realidades y construir un entorno pacífico a partir de la agricultura lícita, todo eso según lo confirma el instituto.Este esfuerzo conjunto no solo busca acabar con los cultivos ilícitos, sino también activar la economía local, creando un modelo que prioriza la seguridad y el bienestar de las familias de Putumayo.
Los combates entre el Ejército y las disidencias de las Farc se registraron exactamente en la inspección Piñuña Negro, municipio de Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo. Allí de adelantaban operaciones militares, cuando de un momento a otro empezaron los combates contra esta estructura criminal liderada por un hombre identificado con el alias de ‘Kevin’.Tras los combates, las tropas del Ejército lograron determinar que abatieron a uno de los criminales; además, se incautó un fusil de alta precisión, una pistola, 23 equipos de campaña, proveedores, munición de diferentes calibres, víveres, elementos para el lanzamiento de artefactos explosivos, gran cantidad de explosivos y equipos de comunicación.Esta comisión número 48 de los comandos de frontera está direccionada por alias ‘Kevin’ con cerca de 50 hombres, quienes adelantan acciones terroristas en los municipios de Puerto Guzmán, Puerto Asís y Puerto Caicedo, departamento del Putumayo, y Piamonte, en el departamento del Cauca, generando terror entre la población civil.“El Ejército Nacional ratifica su compromiso con la seguridad de los colombianos, y continúa adelantando operaciones militares contra los grupos armados ilegales en todo el departamento, frustrando sus intenciones delictivas, y velando así por la integridad y tranquilidad de los pobladores en esta región del departamento”, indicó el coronel José Ángel Albino Álvarez , jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Vigésima Séptima Brigada de Selva.
Un disidente muerto es el balance que dejan los combates entre el Ejército Nacional y miembros de esa guerrilla en zona rural de Puerto Leguízamo, en el Putumayo, en medio de los cuales, además, autoridades incautaron 16 equipos pertenecientes a la Segunda Marquetalia del esa guerrilla.De acuerdo con los reportes preliminares que dejan los combates, los mismo se originaron por una operación que el Ejército adelantó en zonas remotas del departamento, a donde, anunciaron, enviarán apoyo aéreo para continuar con la ofensiva contra las mencionadas disidencias.Uno de los objetivos de este tipo de operaciones del Ejército Nacional en Puerto Leguízamo, una zona históricamente golpeada por el conflicto, es tratar de mitigar el riesgo al que, en muchas ocasiones, quedan expuestos habitantes de ese sector del suroccidente del país, donde operan las estructuras de las disidencias.
El Juzgado 2 Promiscuo de Puerto Asís ordenó la detención domiciliaria de un grupo de militares implicados en la controvertida operación del 28 de marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso, Putumayo, que resultó en la muerte de 11 personas.La decisión fue anunciada este miércoles por la tarde, durante una audiencia virtual a la que asistieron los abogados de las víctimas y los representantes legales de los 24 militares del Ejército involucrados en este caso. La Fiscalía les imputó cargos por homicidio y tentativa de homicidio.La jueza, tras revisar la solicitud de la defensa para revocar la medida de aseguramiento en centro penitenciario, concluyó que existían fundamentos legales para cambiar la detención intramural por arresto domiciliario. Esta medida se aplicará mientras avanza el proceso judicial en su fase de acusación.Aún no se ha fijado la fecha para la presentación formal del escrito de acusación contra los militares del Batallón contra el Narcotráfico nro. 3, quienes fueron enviados a Alto Remanso en una misión para capturar al disidente alias ‘Bruno’.No obstante, la operación, llevada a cabo durante un bazar comunitario, resultó en la muerte de 11 personas, entre ellas Pablo Panduro, Divier Hernández y Ana María Sarrias. Según el fiscal a cargo del caso, en su imputación de julio, “se vulneró 11 veces el derecho fundamental a la vida de esta comunidad campesina”.
En un rincón de la Amazonía colombiana se esconde una de las maravilla naturales más hermosas del país y se llama el Fin del Mundo. Las cascadas del Fin del Mundo ubicadas en el departamento del Putumayo, en medio de una exuberante selva, y son un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y la aventura. Cruzando un puente de roca natural, se llega a una impresionante cascada de aproximadamente 70 metros de altura, donde el agua se lanza al vacío, creando un espectáculo majestuoso. Desde la parte baja, los visitantes pueden observar un potente chorro de agua, símbolo de vida y grandeza, que, con un poco de suerte, puede ser adornado por un arcoíris y mariposas que revolotean en la zona.Desde la cima, el lugar ofrece un hermoso mirador de la serranía del Churumbelo (Auka-Wasi) y parte del casco urbano de Mocoa. Existe un camino dentro de una propiedad privada que permite descender y apreciar la cascada desde abajo, gestionado por una empresa que cobra 6,000 pesos por persona.¿Por qué se llaman cascadas del Fin del Mundo? El nombre de estas cascadas proviene de la sensación de aislamiento y conexión con la naturaleza que se experimenta al visitarlas. Rodeadas de una vegetación exuberante y con una caída de agua imponente, te sentirás como si hubieras llegado al final del mundo conocidoEs importante destacar que estos terrenos están siendo convertidos en bosques nativos en recuperación, como parte de un esfuerzo de conservación del medio ambiente y de los recursos hídricos. En el siguiente video puede ver mucho más sobre este mágico lugar:¿Cómo llegar a las cascadas del Fin del Mundo desde Bogotá?Para llegar al Fin del Mundo desde Bogotá deberá llegar primero a Mocoa, allí encontrará los servicios de ecoturismo que se encargarán de hacer la caminata hasta las cascadas que se ubican a 40 minutos o 1 hora de Mocoa.
El Consejo de Estado anuló la elección de Carlos Andrés Marroquín como gobernador del Putumayo tras determinar que incurrió en doble militancia durante su campaña electoral.En este caso, la Sección Quinta de ese alto tribunal acogió las pretensiones de las demandas presentadas, que argumentaban que Marroquín, candidato del Partido de la U, apoyó públicamente a una candidata del partido MAIS a la Asamblea Departamental, a pesar de que su propio partido había inscrito una lista de candidatos para esa corporación.Según el fallo del Consejo de Estado, las pruebas demostraron que, durante un evento político en el marco de la campaña, Marroquín Luna cedió la palabra a la aspirante del MAIS, invitando a los asistentes a apoyarla mediante expresiones como “con Karina y Marroquín hasta el fin” y “la tripleta ganadora que quiere trabajar por este bello municipio”.La decisión también señala que tanto el Partido de la U como el MAIS inscribieron sus propias listas de candidatos de manera independiente, sin que existiera una alianza formal entre ambas colectividades.No obstante, la Sala desestimó otras acusaciones de los demandantes, quienes sostenían que Marroquín Luna también había respaldado a candidatos de diferentes partidos, como Dignidad y Compromiso y el Movimiento Mira. En este aspecto, el Consejo de Estado determinó que no se configuró doble militancia.
El comercio de la cabecera del municipio de Valle del Guamuez, en el Putumayo, está cerrado por exigencia del grumo armado filial de la Segunda Marquetalia, que está en proceso de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.Habitantes de La Hormiga, población situada a 146 kilómetros de Mocoa, la capital del departamento, se quejaron por el cierre total del comercio. Según fuentes ciudadanas, el grupo armado ilegal de la Segunda Marquetalia, no solo ordenó el cierre este lunes, sino que también citó a los comerciantes a la zona rural a una reunión.Las fuentes señalan que el gremio cerró sus negocios para no hacerse acreedores a una multa de al menos $5 millones; la misma exigencia económica sería para quienes no asistieran a la cita.Trascendió, igualmente, que la organización les informaría al gremio sobre los diálogos de paz con el Gobierno. Se desconoce si, haría exigencias de tipo económico a los comerciantes.Ante el caso, ni las autoridades locales ni la regionales se han pronunciado en relación con este hecho, que otrora, era una constante de citar a los comerciantes, para hacer exigencias en las mal llamadas “vacunas”.
Los hechos se registraron la noche de este viernes, 6 de septiembre, en zona rural de la inspección Jordán Guisía, en el municipio de Valle del Guamuez, en límites de Putumayo con el departamento de Nariño y el país de Ecuador, donde ocurrió una fuerte explosión que generó un incendio. En el lugar, particulares auxiliaron a cerca de 20 personas que fueron alcanzadas por la explosión."Al parecer, la explosión se debió a alguna manipulación en esa área; estamos en investigación y recopilando más versiones", señaló el coronel Wilson Barrios, comandante del departamento de Policía de Putumayo, quien ordenó el desplazamiento de unidades al sitio de los hechos para esclarecer lo ocurrido.Versiones de la comunidad indican que el área donde ocurrió el incidente estaría controlada, al parecer, por miembros de la disidencia Segunda Marquetalia y Comandos de Frontera, por lo que la información sobre la explosión se maneja con reserva. Una de las hipótesis que investigan las autoridades es que el estallido se habría producido en un laboratorio para el procesamiento de hoja de coca, donde se manipulan químicos y gasolina para la elaboración de cocaína. Esto será verificado por la inteligencia de la fuerza pública, que se moviliza hacia esa zona veredal en el sur del Putumayo.Ante la escasa información disponible para las autoridades, debido a que el incidente ocurrió de noche, se menciona también la posibilidad de que más personas hayan sido trasladadas hacia Ecuador.Se espera que con la llegada de la Fuerza Pública al amanecer del sábado se determine cuántas personas fueron afectadas por la explosión; no se descartan posibles fallecidos.Según las autoridades, los heridos más graves, que fueron trasladados a Puerto Asís, presentan quemaduras de tercer grado. Esta situación ha generado alerta hospitalaria en el departamento.
Este jueves, 21 de noviembre, a partir de las 7:00 de la noche, Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, se convertirá en epicentro de la discusión sobre el denominado turismo musical con el lanzamiento de Green Coliving.Este evento contará con la presencia de líderes políticos, empresarios y artistas destacados y se espera que sirva como un aporte al desarrollo de la región.Durante la velada, expertos se reunirán para debatir temas clave sobre el impacto del turismo musical y su relación con el desarrollo económico, social y ambiental. En un primer conversatorio, moderado por la periodista Jessica de la Peña, se abordará cómo este ecosistema puede convertirse en un motor de transformación para la región, potenciando la empleabilidad y el bienestar. Posteriormente, la modelo y presentadora Carolina Cruz liderará una discusión centrada en el papel de la música como herramienta de crecimiento y cohesión en las comunidades.El evento no solo será un espacio para la reflexión, sino también para el disfrute del talento artístico, con presentaciones de Paulina B, Lucas Arnau -.quien celebrará sus 20 años de carrera musical- y el maestro Poncho Zuleta, leyenda del folclor colombiano, que será el encargado de cerrar la noche con su show.Juan Pablo Valencia, CEO del Grupo Privee, destacó la importancia de este proyecto como una fuente de oportunidades para Sabaneta y el Valle de Aburrá, proyectándolos como referentes nacionales e internacionales en turismo y entretenimiento.Se espera entonces que este sea el inicio de una nueva etapa para Sabaneta, consolidándola como un punto clave en el mapa del turismo musical en Colombia.
La Gobernación de Santander anunció el apoyo a jóvenes que se inscriban o continúen sus estudios en 2025 en carreras profesionales, técnicas o tecnológicas, mediante la entrega de subsidios destinados a transporte y alimentación. Este incentivo está dirigido a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, sin importar si la institución educativa es pública o privada, siempre y cuando los beneficiarios demuestren que están matriculados en un programa académico y residan lejos de su lugar de estudios.María Paola Suárez, secretaria de Educación de Santander, explicó que, la implementación de este proyecto se formalizó a través de una ordenanza que designará un recurso con destinación específica para este fin, con el objetivo de garantizar que los jóvenes puedan mantenerse en sus estudios sin la preocupación de los gastos relacionados con su educación superior.La ordenanza aprobada y sancionada es la No. 025 de 2024 por la cual se modifica el Fondo Departamental de Apoyo para la Permanencia en la Educación Superior que tendrá los siguientes recursos: “la suma de $1.000 millones provenientes de los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 2024; los recursos del balance de vigencias anteriores; el gobierno departamental asignará en el presupuesto de cada vigencia fiscal la partida presupuestal para la financiación del fondo; entre otros”, dice la ordenanza.La funcionaria detalló que, a través de un convenio con Icetex, la entidad administrativa encargada de manejar el recurso, se hará la identificación y el seguimiento de los estudiantes beneficiarios.El subsidio, que oscilará entre $400.000 y $600.000, se entregará con base en las necesidades específicas de los estudiantes, especialmente para cubrir los costos de transporte y alimentación. La secretaria de Educación aclaró que, aunque el monto inicial es de esa cantidad, se revisará la evolución del proyecto con el objetivo de aumentar los subsidios en el futuro, si se demuestra que realmente cubren las necesidades de los estudiantes.Este programa forma parte de la estrategia de la Gobernación de Santander para apoyar a los jóvenes dentro de la política nacional de gratuidad educativa. Sin embargo, Suárez resaltó que, aunque la gratuidad en las universidades públicas ha sido un avance importante, muchos estudiantes se enfrentan a dificultades adicionales, como la falta de recursos para el transporte y la alimentación.“Muchos de los jóvenes que se matriculan en universidades públicas no tienen ni para comer ni para el transporte. Con este programa, queremos garantizar que los estudiantes permanezcan en sus universidades y no abandonen sus estudios por razones económicas”, comentó la secretaria.En una primera etapa, 2.350 estudiantes podrán beneficiarse de este subsidio, una cifra que se espera crezca.
En un duro pronunciamiento, el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, cuestionó la voluntad de paz del ELN y aseguró que esta guerrilla le ha tomado el pelo a este y a todos los gobiernos.“Al ELN le importa más la mesa de negociaciones que la paz de Colombia, les fascina estar sentados en una mesa hablando de paz y haciendo la guerra y daño a la población civil y las fuerzas militares”, dijo el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, quien rechazó el reciente atentado de esta guerrilla que dejó cuatro soldados muertos en Anori, Antioquia.El Ministro Cristo reconoció que el ELN “le ha tomado el pelo” al Gobierno Petro y todos los gobiernos. “Es muy triste y decepcionante esa actitud del ELN, genera rabia e indignación a todos los colombianos y a mí como víctima”, dijo.Estas declaraciones se dan luego de que tres soldados profesionales y un suboficial del Ejército fueran asesinados en un ataque con explosivos perpetrado por el ELN en el municipio de Anorí, Antioquia.Según las autoridades, miembros de este grupo armado ilegal utilizaron plataformas para lanzar los artefactos contra las tropas.El ataque ha sido atribuido a los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN, que operan en la región. Además, un oficial del Ejército, cinco soldados profesionales y un civil resultaron heridos en el incidente y están recibiendo atención médica en este momento.
Los hechos que fueron noticia en Colombia y el mundo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 21 de noviembre de 2024:Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, reveló detalles de la sanción contra el técnico Efraín Juárez, quien no podría entrar durante tres años a los estadios por su celebración en partido ante el DIM. Explicó, que, aún la sanción no está en firme, pues se apeló en segunda instancia y se encuentran a la espera de la respuesta de la Secretaría de Seguridad.Para hablar sobre las declaraciones del ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre el desfinanciamiento de Icetex para 2025, se conectó María José Castañeda, presidenta de Acrees, quien expresó las afectaciones a estudiantes. Reconoció los problemas de la entidad, y recalcó que la solución no es acabarlo.Diego López, alcalde de El Colegio, Cundinamarca, alertó de las inundaciones en el municipio, y la manera en que se está afrontando la emergencia. Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, habló de los árboles que están en riesgo de caída en la capital. Bogotá tiene cerca de 2.200.000 árboles y de esos hay cerca de 1.400.000 que están en espacio público. Explicó que se desconoce por ahora la cifra exacta de árboles que están en riesgo. Escuche el programa completo aquí:
En Colombia ha iniciado formalmente la negociación para definir el salario mínimo que regirá en 2025, un proceso que enfrenta a los sectores empresariales y a las centrales obreras en un pulso que, de no llegar a consenso, podría terminar con un decreto gubernamental. Este año, el debate se desarrolla en un contexto marcado por una inflación proyectada del 5,2 %, un crecimiento económico moderado y un déficit fiscal superior a $30 billones.El cronograma establecido para las conversaciones incluye fechas clave, como el 3 de diciembre, cuando el Dane presentará los datos técnicos, y el 11 de diciembre, cuando las partes formalizarán sus propuestas de incremento. Sin embargo, las posiciones ya empiezan a ser evidentes.Desde las centrales obreras, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defiende un aumento de dos dígitos, superior al 10 %, argumentando que es necesario un ajuste significativo para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Por otro lado, los empresarios han señalado que el incremento no debería superar el 6,3 %, en línea con las proyecciones inflacionarias y el limitado crecimiento económico.El gobierno, representado principalmente por el Ministerio de Hacienda, sugiere un aumento que parta del 6,2 %, incluyendo la inflación proyectada y un punto de productividad, pero rechaza de plano cualquier ajuste que alcance los dos dígitos. Esta postura ha sido fuertemente criticada por las centrales obreras, que consideran que el Ministerio se ha adelantado indebidamente en la discusión.El proceso está diseñado para alcanzar un acuerdo tripartito, algo que no se logró en 2024, cuando el salario mínimo se fijó por decreto en $1.300.000, con un incremento del 12,07 %. En años recientes, solo las negociaciones de 2022 y 2023 lograron un consenso, una situación que podría ser difícil de replicar este año dada la distancia entre las posiciones actuales.Si no se alcanza un acuerdo antes del 15 de diciembre, la ley establece mecanismos para continuar el debate hasta el 30 de diciembre, fecha límite para que el gobierno decrete el aumento si es necesario. La negociación del salario mínimo se convierte así en un campo de tensión entre los intereses de trabajadores, empresarios y las proyecciones macroeconómicas del país, marcando un final de año crucial para la economía colombiana.
