Mucho se había especulado sobre el decreto de aplazamiento que tenía en vilo a la Procuraduría por un recorte en el presupuesto del Ministerio Público, sin embargo, el procurador Gregorio Eljach se reunió con el ministro de Hacienda Diego Guevara y la conclusión fue que el Gobierno no le quitará dinero a la Procuraduría General de la Nación."Entendemos las angustias fiscales, pero también defendemos la autonomía e independencia de la Procuraduría. Hemos llegado a un acuerdo que nos permite estar tranquilos", dijo Eljach.Todo esto luego de que el mismo procurador Eljach ayer mostró inconformismo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, por el decreto aplazamiento que le quitaría al menos 85 mil millones de pesos a los organismos de control, entre esos, la Procuraduría, Contraloría y Registraduría.Tras esta conversación lo que asegura Eljach es que el Gobierno no tiene ni tendrá la intención de recortar los recursos de la Procuraduría, “la conclusión es que el Gobierno nacional no ha tenido la intención, y no la va a tener, de recortar ni aplazar recursos del presupuesto 2025 a la Procuraduría General de la Nación”.Eljach aseguró que, se va a establecer un calendario para que ese presupuesto vigente se vaya ejecutando en la medida de las necesidades.
En medio de la llegada de Gregorio Eljach como procurador general de la Nación, la Sala de Consulta del Consejo de Estado hizo pública la respuesta que le dio al exministro del Interior Luis Fernando Velascox sobre los requisitos que debe cumplir una persona que quiere aspirar a ese cargo que acaba de dejar la saliente Margarita Cabello. El documento tenía una reserva que fue levantada el pasado 13 de enero de 2025, para dar a conocer el concepto que dio el alto tribunal sobre la consulta que hizo el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre los requisitos para aspirar al cargo de procurador general de la Nación.“La Sala de Consulta se basó en “el contenido del artículo 232 de la Constitución Política que establece los requisitos para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, al tiempo que analiza lo dispuesto por el artículo 280 de la carta, el cual consagra que los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo”, dice el Consejo de Estado.Con ese análisis, y ante el vacío legal que existía en la norma para establecer los requisitos y cualidades para aspirar al cargo que ahora ocupa el exsecretario del Senado, Gregorio Eljach, la Sala de Consulta acudió a una interpretación sistemática y armónica del artículo 280 de la Constitución Política para concluir que dicha norma es aplicable para aspirar al cargo de procurador General de la Nación.
El nuevo procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, inició formalmente su gestión en la Procuraduría reconociendo el primer reto que tendrá al frente de esa entidad, pues lanzó pullas al aplazamiento del presupuesto que fue establecido por el Gobierno Nacional para este organismo en 2025.Son políticas de austeridad pero no tuvieron en cuenta a los órganos de control. De 90.000 millones quedan 5.000, eso es como no tener nada fueron las palabras de Gregorio Eljach sobre el recorte del presupuesto hecho por el Gobierno nacional.“No es muy entendible ni una cosa muy amable que al que lo va a controlar a uno, yo le quito los recursos. Eso no creo que es lo que esté el gobierno pensando ni quiera hacerlo, eso además no cabe. Son políticas de austeridad que seguramente hicieron algo global, pero no es de buen recibo que le aplacen al Ministerio Público, sobre todo lo de inversión, pero mañana vamos a sacar alguna conclusión o algún plan de tareas y ya se lo vamos a hacer conocer”, dijo Eljach.Por otro lado, el nuevo procurador nombró al exministro de Justicia Néstor Osuna como delegado para los Derechos Humanos, mientras que Javier Sarmiento, quien ocupaba ese cargo, pasará a la delegada para el Seguimiento Del Cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Sobre las 8:00 de la mañana de este jueves, 16 de enero, llegó a la sede principal de la Procuraduría General de la Nación en el centro de Bogotá, el nuevo Procurador Gregorio Eljach, quien se registró e inició su recorrido por edificio de 27 pisos saludando a los funcionarios de cada dependencia.A su llegada, en diálogo con los medios de comunicación, Eljach aseguró que será un procurador respetuoso de la Constitucional y la Ley, después de esto siguió en su proceso de empalme luego de que la saliente procuradora Margarita Cabello entregara el balance de gestión durante cuatro años.Cambios en la ProcuraduríaPor otro lado, ya se conocen los nuevos integrantes del equipo de trabajo de la Procuraduría en cabeza de Gregorio Eljach se trata del exministro de Justicia Néstor Osuna, quien fue designado como el nuevo procurador delegado para los Derechos Humanos, quien aseguró que en su cargo su foco va a ser la protección de los líderes sociales de Colombia y también los derechos de los migrantes.Además se conoció que Javier Augusto Sarmiento, quien era el delegado para los Derechos Humanos, pasa a ser procurador delegado para el Seguimiento del Cumplimiento del Acuerdo de Paz.Incluso, en su primer discurso como procurador general de la Nación, Gregorio Eljach se refirió a la polémica que ha tenido enfrentado al Gobierno con la Procuraduría en lo que tiene que ver con las sanciones a los funcionarios elegidos por voto popular, lo que ha dicho es que estas sanciones son precisamente el mecanismo para luchar contra la corrupción y en ese sentido se comprometió a trabajar con las altas cortes y el Congreso para resolver lo que él denomina como un vacío en las facultades del Ministerio Público."En buena parte las manifestaciones más grandes de corrupción involucran a funcionarios de elección popular. Una aplicación radical, mecánica, de la sentencia podría ser una talanquera en la lucha contra la corrupción por parte del Ministerio Público", dijo Eljach.Sobre su independencia, Gregorio Eljach aseguró que dará todas las garantías y que no debe haber suspicacia.“El dónde trabajó uno no tiene ninguna dependencia con lo que va a hacer. Yo no tengo jefes, fui secretario con éxito y por unanimidad durante siete elecciones...”“Nadie puede decir que Gregorio Eljach no ha aprendido a distinguir entre quiénes fueron los que votaron por él y a quiénes tiene que disciplinar eventual y excepcionalmente porque ya no es como antes, que los congresistas estaban sometidos al control del procurador directamente, sino que es ya excepcionalmente cuando no haya ninguna otra alternativa”, aseguró el nuevo procurador.
Llegó a su fin el periodo como procuradora de Margarita Cabello, posesionada en enero de 2021. Estuvo a cargo del Ministerio Público y, según lo ha manifestado en varias ocasiones, la Procuraduría estuvo enfrentada con el presidente Gustavo Petro, quien sugirió eliminar ese ente de control.Ahora, Gregorio Eljach quien fue ternado por el mismo presidente Gustavo Petro y electo por el Congreso de la República para ser el procurador para el periodo 2025-2029, tiene como reto principal mantener una distancia con el Gobierno.En el acto protocolario, la procuradora saliente, aseguró que los próximos 4 años serán de una buena administración, mientras que Gregorio Eljach resaltó la labor de Margarita Cabello en la Procuraduría.Eljach deberá asumir una Procuraduría que ha sido objeto de críticas y señalamientos a causa de las sanciones que impuso el Ministerio Público a los funcionarios públicos y también a los electos por voto popular, que además, tuvo enfrentados a la procuradora saliente Margarita Cabello y al presidente Gustavo Petro en medio de duros cuestionamientos de un lado hacia otro.Hay un punto muy importante y es que en un principio Gregorio Eljach fue uno de los candidatos de la Corte Suprema de Justicia y llegó a estar entre los 10 aspirantes y en medio de la audiencia pública en el alto tribunal por aquel entonces, Eljach aseguró que frente a las sanciones impuestas por la Procuraduría se deberían buscar otras alternativas.“En relación con la competencia de la Procuraduría para sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular, estoy convencido de que debemos respetar el control de convencionalidad, pero existen alternativas jurídicas para armonizar los mandatos de la convención con la existencia de una Procuraduría objetiva y respetuosa”, dijo Eljach en la Corte.Todo esto, porque durante la Procuraduría de Margarita Cabello en el 2024 sancionó a exaltos funcionarios del Gobierno Petro como por ejemplo el excanciller Álvaro Leyva por el lío jurídico de los pasaportes y la firma Thomas Gregorio & Sons y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero por participación política.
La Procuraduría General de la Nación expresó su enérgico rechazo ante la falta de un plan claro y estructurado para la intervención de la empresa Air-e, un proceso que, según se anunció, tiene fines de liquidación y administración temporal.En una reunión convocada de manera urgente, el organismo de control manifestó su preocupación por la ausencia de un plan concreto y estructurado, lo que pone en riesgo tanto, la continuidad del servicio, como la estabilidad del sistema energético del país.El procurador delegado para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios, Gustavo Guerrero, explicó que, hasta el momento, no se ha presentado un cronograma definido, un plan de acción ni los presupuestos necesarios para llevar a cabo el proceso de intervención."Es incomprensible que se ordene una intervención con fines de liquidación sin tener claro un horizonte de tiempo ni las acciones necesarias para resolver los problemas estructurales de la empresa", subrayó.Además, destacó que, sin un método concreto, es incierto cómo se garantizará la continuidad del servicio para los usuarios.En la reunión, el ente de control solicitó al agente interventor presentar el informe detallado que justifique la intervención y los fines de liquidación, así como los documentos que den cuenta de los desembolsos realizados desde el Fondo Empresarial, que supera los 107.000 millones de pesos, para cubrir los pasivos y gastos actuales de la empresa.También se requirió información sobre el cupo otorgado por el Fondo Nacional de Garantías para cubrir los compromisos de Air-e con los generadores de energía.Como medida de seguimiento, el Ministerio Público convocará a una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Minas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Industria y Comercio, y otros actores clave, con el objetivo de definir cómo se financiará la intervención, los plazos para la misma y el plan de acción del Gobierno nacional respecto a la empresa Air-e.
El Ministerio de Salud, a través de su secretario privado, Rodolfo Enrique Salas, recusó a la procuradora delegada para el sector salud, Diana Margarita Ojeda Visba, tras sus declaraciones sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según el Ministerio, la funcionaria emitió opiniones sin sustento técnico y con un claro tinte político, afectando la imparcialidad.El Ministerio asegura que las declaraciones de la procuradora son subjetivas y prejuzgan una crisis financiera del sistema de salud sin pruebas concluyentes. Esto, según el documento de recusación, atenta contra el correcto ejercicio de la función pública.>>> Lea también: ¿Qué es un estado de cosas institucionales? Procuraduría pide a Corte medidas por crisis en salud“Las afirmaciones de la dra. Ojeda atentan contra el correcto ejercicio de la función pública que con mucho honor, respeto y dedicación se ha venido realizando desde el Ministerio de Salud y Protección Social, en aras de garantizar el derecho fundamental a la salud en todo el territorio, en el marco de la prevalencia del interés general, soslayando el deber de respeto entre autoridades pública y el pluricitado principio de imparcialidad”, se lee en el documento.Rodolfo Enrique Salas solicita que la procuradora se abstenga de participar en temas relacionados con la UPC. El Ministerio argumenta que sus intervenciones dificultan un debate técnico y objetivo necesario para decisiones cruciales en el sector salud.La Procuraduría ya ha pedido al Gobierno reconsiderar los recursos asignados a las EPS para garantizar los servicios médicos. Esta es la tercera ocasión en que se hace un llamado similar.
La Procuraduría General de la Nación le insistió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para citar a una mesa técnica con expertos, representantes de pacientes y EPS para discutir el cálculo del aumento de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que para este año quedó en 5,36 %.La procuradora delegada para asuntos en salud, Diana Ojeda, pidió que se citen a esas mesas, pero que el ministro Jaramillo escuche las observaciones de los gremios para llegar a acuerdos que beneficien al sector de la salud."El llamado constructivo es que conforme una mesa de trabajo con todos los actores, con los gremios, con los expertos en salud, con todos quienes han hecho los estudios de insuficiencia de la UPC, los escuchen, no solamente los siente ahí y se vaya y diga, se mantiene el 5.36 %, los escucha y revise", señaló el ministro.Además, Ojeda se refirió a la petición de la Procuraduría a la Corte Constitucional de declarar el ECI por la crisis en la salud del país, aseguró que el aumento de la UPC no es una decisión técnica, sino política leyendo un trino del director del DPS Gustavo Bolívar donde critica el hundimiento de la Ley de Financiamiento“Gustavo Bolívar, dice, congresistas mandaderos de las EPS que sabotearon y negaron la ley de financiamiento, ahora salen a llorar porque la UPC quedó muy baja. Creyeron que su decisión equivocada de archivar la ley no tendría consecuencias. Dígame si eso es un fundamento técnico de que habla un funcionario del Estado respecto a que, por otro tipo de razones, no se aprobó la ley de financiamiento”, cuestionó la funcionaria.Existe gran preocupación desde diversos sectores por la crisis que afronta la salud el país actualmente.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que declare el estado de cosas inconstitucionales al sistema de salud, poniendo de manifiesto problemas estructurales graves en la atención y financiación.En diálogo con Mañanas Blu, Diana Ojeda, procuradora para temas de salud, argumenta que una declaración de este tipo garantizaría los derechos fundamentales de los 52 millones de colombianos afiliados al sistema de salud. "Esto significaría que se revise a fondo la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y se reconozcan los ajustes necesarios para que el presupuesto general de salud pueda atender las necesidades del país", explicó Ojeda. Crisis financieraA pesar de que el presupuesto destinado a la salud en Colombia ha aumentado de 92 billones en 2022 a 95 billones en 2023, la procuradora señala que estos fondos no llegan adecuadamente al aseguramiento. "Los recursos deben ser suficientes para garantizar la calidad de los servicios de salud, pero la realidad es que hemos visto un deterioro en la atención, especialmente para pacientes crónicos y de alto costo", añadió. La Procuraduría ha evidenciado un incremento en las tutelas relacionadas con la salud, alcanzando 245,000 el año pasado. Lo que señaló la Procuraduría es que, la decisión del Ministerio de Salud se sustentó en datos parciales y procedimientos alejados de las normas legales, refiriéndose al aumento de la UPC, y que el Ministerio de Salud habría utilizado fuentes de baja calidad y omitió validar datos financieros clave de entidades como la Nueva EPS, que representa al 23 % de los afiliados al sistema y que los argumentos del acto administrativo incluyen referencias desactualizadas, como sanciones de 2011, y no responden a los criterios técnicos establecidos en la Ley 100 de 1993.Impacto en los pacientesLos pacientes están sufriendo las consecuencias del desabastecimiento de medicamentos y la falta de recursos en los hospitales públicos. "Los pacientes con trasplantes y enfermedades crónicas son los más vulnerables", afirma Ojeda. Si la Corte acepta la solicitud de la Procuraduría, se espera que ordene medidas específicas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y el cumplimiento de la Ley Estatutaria de Salud. "Es fundamental que la Corte actúe. Este no es solo un tema ideológico, sino una necesidad urgente de garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos", concluyó. Informe de Así Vamos en SaludEl informe revela un preocupante aumento en las quejas de los ciudadanos sobre el sistema de salud colombiano, así como una alarmante desfinanciación que pone en riesgo la atención sanitaria en el año 2025. Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, dijo en Mañanas Blu que el déficit estimado en el sistema de salud alcanza los 9 billones de pesos. Este déficit es crítico y afecta directamente la capacidad del sistema para ofrecer atención de calidad. "La unidad de pago por cápita debe aumentar en un 16.5% para corregir el desfase de los últimos años", explicó.Galán criticó que el Gobierno no ha sido contundente en el reconocimiento de la desfinanciación y resaltó la importancia de la transparencia en la información financiera de las EPS, especialmente en un contexto donde muchas están bajo intervención. Escuche aquí la entrevista:
La Procuradora Margarita Cabello decidió no aceptar la recusación presentada por Álvaro Leyva Durán en el marco del proceso disciplinario que concluyó con su destitución e inhabilidad por 10 años, la decisión será remitida a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para su resolución.Leyva había argumentado ante la Procuradora General que su decisión carecía de imparcialidad para decidir en segunda instancia, señalando que el interés directo en el proceso, según Leyva, la Procuradora habría manifestado interés en obtener resultados disciplinarios antes de finalizar su periodo en el cargo.Incluso, el exministro de Relaciones Exteriores alegó un “juicio anticipado” asegurando que declaraciones públicas de Margarita Cabello en una rueda de prensa en 2023 implicaban un prejuzgamiento sobre el caso.Además, Leyva cuestionó la celeridad del proceso disciplinario y la supuesta falta de autonomía de los funcionarios que participaron en las etapas de instrucción y juzgamiento.Respuesta de la ProcuraduríaEn su pronunciamiento, la Procuradora General desestimó los argumentos de Leyva, y aclaró que las declaraciones realizadas en la rueda de prensa no constituyen un prejuzgamiento, sino un cumplimiento de su deber constitucional de informar sobre el estado de los procesos en la entidad.“No existe evidencia que demuestre un interés directo o parcialidad en el caso, y las afirmaciones de Leyva carecen de sustento probatorio”, apunta la decisión.El caso ahora será evaluado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, instancia encargada de decidir sobre la recusación. Mientras tanto, la decisión de destitución e inhabilidad contra Leyva continúa vigente.
