Los firmantes de paz del año 2016 reciben una renta básica mensual correspondiente al 90 % de un salario mínimo. Sin embargo, el mes de diciembre no les llegó, generando dificultades para varios de los firmantes.La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, confirmó que el Gobierno pagará la renta en la primera semana de febrero.“Según le informó el Ministerio de Hacienda, los recursos estarán garantizados para esta fecha y para toda la vigencia del 2025, lo que permitirá asegurar este ingreso básico para los más de 11.000 firmantes que avanzan con su proceso de reincorporación”, señalan desde la ARN.>>> Lea también: Corrupción UNGRD: Fiscalía interrogará a Jaime Ramírez Cobo y a exasesora de MinHaciendaEn diciembre, cuando los firmantes denunciaron que aún no les habían girado sus recursos, desde el Gobierno aseguraron que no se había podido hacer el giro debido a la situación fiscal que se presentaba en el país.Desde la ARN también confirmaron que el presupuesto de esta entidad no tendrá recortes.“Tal como lo ha afirmado el presidente Gustavo Petro, los recursos destinados a la paz están garantizados, y la implementación del Acuerdo de Paz continuará su curso. Las dificultades y retrasos que hemos enfrentado no implican, de ninguna manera, un incumplimiento del Acuerdo”, señaló Alejandra Miller, directora de la ARN.
Los firmantes del acuerdo de paz del año 2016 reciben mensualmente unos recursos equivalentes al 90 % de un salario mínimo. Lo anterior con el fin de que puedan seguir adelantando su proceso de reincorporación.La asignación mensual del mes de diciembre aún no les ha llegado, según dijo a Blu Radio Salomón Bedolla, quien hace parte del Colectivo Voces del Guayabero y se encuentra en la Macarena, departamento del Meta.“Es una situación muy compleja que se está presentando, en meses anteriores se han atrasado con la consignación, pero no tanto, ahorita esta es la fecha que ni consignan ni nos dan una razón. Aquí en la Macarena somos 45 firmantes aproximadamente y estamos inquietos por eso, es una mamadera de gallo”, aseguró Bedolla.En el mismo sentido asegura que esos ingresos los usan para apoyar a sus familias y por eso necesitan saber cuándo se harán los giros o las razones por las que no se han hecho.“A los firmantes eso nos perjudica mucho porque de esa platica mantenemos a nuestras familias, nosotros trabajamos también, pero no alcanza con lo que nosotros nos ganamos, es una afectación grande que nos están haciendo”, agregó Bedolla.Recientemente, a los firmantes de paz les llegó un mensaje por parte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) en el que se referían al tema.“Debido a la situación presupuestal que enfrente el país, el Fondo Colombia en Paz, entidad encargada de realizar los desembolsos a las personas en proceso de reincorporación y a comparecientes ante la JEP, está a la espera de la aprobación de recursos dentro del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)”, dice el mensaje que llegó por parte de la ARN.
Desde el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, integrado por firmantes del acuerdo de paz del año 2016, emitieron un comunicado en el que muestran su preocupación por la falta de financiación y el riesgo en el que se encuentran los proyectos productivos de algunos firmantes.“Menos del 10% de las solicitudes de acceso a tierras presentadas por firmantes de paz han sido atendidas, lo que constituye un obstáculo estructural para la estabilidad de sus proyectos productivos y su seguridad integral. A esto se suma que cerca del 76 % de esta población enfrenta desempleo, mientras que el número preocupante de proyectos productivos individuales ha cerrado, y los colectivos están en riesgo de seguir el mismo camino debido a la falta de sostenibilidad”, señala el comunicado del CNR.En el mismo sentido le hacen un llamado al presidente Gustavo Petro para que honre los compromisos del acuerdo de paz que firmaron las extintas Farc en el año 2016.“El cumplimiento del acuerdo de paz representa una obligación jurídica y moral, además de ser fundamental para fortalecer la confianza nacional e internacional en el proceso de paz y en los diálogos en curso con otras organizaciones armadas ilegales. Por ello, se hace un llamado al presidente Gustavo Petro para que honre los compromisos establecidos en el acuerdo final y en el Plan Nacional de Desarrollo”, señalan en el documento.Los firmantes además advierten que no les habían realizado el pago correspondiente a la asignación mensual de diciembre.
"Priorizar al departamento de Nariño para evitar que la inversión de la región en donde están incluidos los procesos de paz que adelanta el Gobierno nacional con el grupo ilegal comuneros del sur exintegrantes del ELN y coordinadora nacional ejército bolivariano quede a medio camino por el recorte presupuestal", pidió el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar tras advertir que este departamento perderá más de 543.000 millones de pesos producto de la no aprobación de la ley de financiamiento por parte del Congreso de la república.Escobar, señaló a Blu Radio que le preocupa esta situación debido a que los acuerdos pactados con el grupo ilegal dependen de los recursos que destina la Nación y la misma gobernación para la ejecución de obras de infraestructura, proyectos productivos y programas sociales en los diez municipios donde comenzará a regir el cese bilateral de fuego por 180 días pactado en la quinta sesión de diálogos entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y Comuneros del sur una facción del ELN que desde mayo del 2024 decidió apartarse de la dirección nacional y comando central de esa guerrilla.El mandatario seccional aseguró que los últimos acuerdos demuestran que territorializar la paz en muy valioso porque se están salvando vidas a través del desescalamiento del conflicto que va a permitir una trasformación de los municipios en donde desde hace 33 años este grupo ilegal tiene una presencia militar."Lo ocurrido en Pasto con la firma del acuerdo es el fruto de todo lo que hemos venido diciendo las necesidades territorializar la paz y de que esa paz regional empieza en Nariño en las conversaciones y ante el Gobierno nacional y comuneros del sur, pues va a estar mostrando sus resultados y la rectificación de culminación de un proceso de paz con este gobierno. Creo que es muy importante y que se pueda concretar en años 2025 es muy positivo para la región", indicó Escobar.Además, señaló: “Yo creo que vale la pena todo el tiempo salvar vidas en Nariño, desde 1986 al 2024, 44.500 personas asesinadas. En el marco del conflicto no significa que hagamos el esfuerzo para construir la paz, pero no solo una paz que es desescale el conflicto, sino que transforme el territorio y creo que en eso está la gran apuesta de este año con el Gobierno Nacional".También se refirió a los avances con comuneros del Sur. "Se ha logrado en siete meses de diálogos la concentración de la totalidad de sus combatientes, de la destrucción de armas, el no, reclutamiento de niños y niñas, y encontrar condiciones para hacer la sustitución de las economías ilegales y por supuesto, que estos territorios tengan una posibilidad enorme de generar las condiciones que permitan la transformación a través de las vías a través de la salud, educación, y la universidad para los jóvenes es el plan que tenemos contemplado en la marqueta de paz con los diez municipios de esta zona que hace parte de la influencia de este grupo ilegal", indicó.El desarrollo vial que se ha empezado a implementar en la zona, no solo con recursos del Gobierno nacional, sino también de la gobernación cobija temas como la universidad en Samaniego, el fortalecimiento del hospital y el acueducto, forman parte de las inversiones rurales que se encuentran implementando en el marco de la maqueta de paz que mostraran la transformación de esos territorios, según el mandatario del departamento.También aseguró que un recorte al que Nariño pueda ascender a 543.000 millones de pesos y por eso decimos que no discutir en el Congreso. La ley de financiamiento es miserable para las regiones y eso, sin duda, afecta a los recursos de las regiones. Respaldamos al presidente Gustavo Petro. Pero también creemos que en esta búsqueda de nuevos recursos el Gobierno tiene que priorizar territorios como Nariño en donde se está dando la luz para la construcción de la paz total a nivel nacional y por eso nuestro mensaje siempre al Gobierno es que la prioridad del Gobierno nacional tiene que convertirse en esos procesos de paz que se están dando.Advirtió que contrario a otros procesos de paz "Es que no hay otros procesos que estén funcionando cómo funcionan en Nariño y creo que allá hubo un trabajo articulado entre el Gobierno nacional y el Gobierno departamental, pero lo más importante como lo digo es que nosotros estamos haciendo los esfuerzos enormes de haber aprobado cerca de 252 mil millones de pesos de recursos de regalías en 39 municipios, pero de manera especial en estos que hacen parte del proceso de los recursos para territorios en donde se está construyendo la paz territorial.Indico que el pacto por la transformación territorial para la vida, está listo para firmar en este mes de diciembre o en enero del 2025.
Según la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, estas cifras de amenazas a líderes sociales representan un aumento de cerca del 192 %, siendo la subregión más afectada por este flagelo el Nordeste y los municipios de Remedios y Segovia, los cuales han reportado un aumento de accionar bélico por parte de los grupos armados durante este 2024.Debido a esto, la Administración Departamental ofreció una ruta de atención temporal a estos líderes con apoyo económico por tres meses, asistencia psicológica y albergues ubicados en puntos estratégicos. Adicionalmente, tienen un proyecto de prevención y fortalecimiento institucional para los líderes en 43 municipios, que esperan que sean 39 municipios más los beneficiados en el 2025.María Patricia Giraldo, secretaria de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia de Antioquia, explicó cómo se brinda dicho mecanismo de atención a los líderes amenazados."Primero se le brinda toda una atención a través de unos profesionales que cuentan con ellos la Dirección de Derechos Humanos, se establecen las condiciones precisamente en que este líder o lideresa se ha tenido que desplazar desde su territorio a raíz de esas amenazas y una vez se valora, se le aplica una medida que consiste en un auxilio económico".Por su parte, explicaron que la Unidad Nacional de Protección es quien evalúa los riesgos de cada líder y son los que deciden que mecanismos de prevención y protección brindar a cada uno.Desde la Secretaría rechazaron estos hechos de violencia y alertaron sobre el aumento de los mismos, pero aseguraron que seguirán trabajando para proteger a los líderes y lideresas del departamento.
El 1 de noviembre de 1998 se dio la toma guerrillera de las extintas Farc en Mitú, Vaupés. En este lamentable hecho 56 personas murieron y 61 fueron secuestradas.Tras 26 años de la toma, un grupo de firmantes de paz y de víctimas realizaron el conversatorio “26 años de historia, en Mitú se hace memoria”, para rendirle un homenaje a las víctimas y avanzar hacia la reconciliación.“Tuvimos una velatón, se prendieron unas velas flotantes por el río Vaupés, que significan las vidas que se perdieron y esa luz brillaba en el corazón de las personas y los familiares que recuerdan a sus seres queridos que perdieron, esa luz nos indica la esperanza en la paz y en la reconciliación”, aseguró el sargento (r) de la Policía César Lasso, quien fue secuestrado durante la toma.También se realizó una Eucaristía y estos actos estuvieron acompañados por la comunidad internacional e impulsados por la Fundación Agape, que coordinó y gestionó la logística.“Al final del conversatorio tuvimos la participación de las víctimas, escuchando sus ideas, reflexiones y dolores”, agregó Lasso.La Misión de la ONU en Colombia también hizo presencia en este evento y se refirieron al tema desde su cuenta de X.“La conmemoración fue promovida por las víctimas del hecho de 1998 y de los firmantes, con el fin de impulsar iniciativas tendientes a la búsqueda de la paz, la reparación del daño causado y la no repetición permitiendo la construcción de un nuevo capítulo en la historia de Colombia”, aseguran desde Naciones Unidas.
El Gobierno y el ELN se reunieron en Caracas entre el 1 y el 7 de noviembre para evaluar la crisis del proceso de paz. Esto, teniendo en cuenta que las negociaciones se encuentran suspendidas después del ataque terrorista de ese grupo contra la base militar de Puerto Jordán, en Arauca. Este hecho dejó un saldo de 3 militares asesinados y más de 20 heridos.Tras la reunión en Caracas, las delegaciones publicaron un comunicado conjunto en el cual aseguran que se deben superar, con urgencia, los factores que tienen en crisis las negociaciones.“Coincidimos en la urgencia de superar los factores de crisis y en hacer lo necesario para avanzar al máximo en los siguientes veinte meses del actual Gobierno, y para ello trabajar sobre este nuevo modelo de negociación”, dicen las delegaciones.Por otro lado, aseguran que se debe fortalecer la mesa de negociaciones como única instancia de diálogo.“Algunas conclusiones de este trabajo conjunto han sido retomar una visión común de paz sustentada en el Acuerdo de México suscrito en marzo de 2023 y fortalecer esta mesa como única instancia de negociación y decisión”, agrega el comunicado.El jefe de la misión de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, también se refirió a las conclusiones de esta reunión: "Saludo los esfuerzos de la mesa de diálogos por retomar las conversaciones sobre el horizonte común de paz en el marco de los Acuerdos de México. Naciones Unidas seguirá acompañando a la mesa y a los colombianos y colombianas en sus esfuerzos de paz", señaló Ruiz Massieu.
El Gobierno y el ELN están reunidos en Caracas evaluando la crisis en la que se encuentran el proceso de paz, que está suspendido tras un ataque terrorista de ese grupo contra la base militar de Puerto Jordán, Arauca, un hecho que dejó un saldo de tres militares asesinados y más de 20 heridos.En ese contexto, el ELN le presentó al Gobierno 13 puntos con los que proponen reactivar las negociaciones, uno de ellos plantea un nuevo modelo de negociación.“Implementar lo que se va acordando. Construir sobre lo construido, monitoreo y verificación del cumplimiento de los acuerdos, cláusula de incumplimiento”, dice el documento presentado al Gobierno.También aseguran que se debe buscar un acuerdo de paz para impulsar la democracia, que debe haber una visión común de paz que guíe la solución del conflicto, la cual no puede ser objetada por Estados Unidos.“Meta para 2026 avanzar lo máximo posible. Principios básicos: buena fe, resolver las causas de los problemas, no sus síntomas. Cumplir lo acordado, no firmar lo que no se puede cumplir, asumir responsabilidades. Cada parte asume una sola política frente a este proceso de paz, decir la verdad al país”, dice el documento de la guerrilla.
Las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá’, es el único grupo armado ilegal que mantiene un cese al fuego vigente con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien decidió prorrogarlo por segunda vez en un plazo de seis meses hasta el próximo mes de abril del año 2025. Los encargados de las negociaciones de esta facción de las disidencias son alias ‘Mechas’ y alias ‘Andrey’.Hasta el momento se han llevado a cabo con seis ciclos de diálogos con las disidencias de alias ‘Calarcá’; sin embargo, en caso de que se evidencie delincuencia en flagrancia, según las Fuerzas Militares, se va a actuar de manera inmediata, esto si comenten delitos como secuestros, extorsiones o narcotráfico.En lo que respecta al ELN, hasta el momento no se han reanudado las mesas de negociación, luego de que estas se suspendieran tras un atentado en Puerto Jordán, Arauca, que dejó tres militares muertos y casi 30 heridos. Los diálogos están suspendidos y a la fecha se han llevado a cabo seis ciclos, en los cuales el general Hugo López hace presencia como observador militar de las FFMM.Con el bloque Comuneros del Sur en el departamento de Nariño, grupo considerado como disidencia del ELN, hasta el momento tampoco se ha pactado un cese al fuego; sin embargo, sí se han llegado a cabo cuatro sesiones de diálogos en el departamento. Actualmente, el proceso cuenta con un observador militar y la ofensiva de las FFMM contra este grupo continúa.Con las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ no existe una mesa de diálogos ni un cese al fuego, al igual que con las AGC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En lo que respecta a la Segunda Marquetalia, al mando de alias ‘Iván Márquez’, la mesa está suspendida por razones políticas y apenas se ha llevado a cabo un ciclo de diálogo en Venezuela, por lo que la ofensiva de las FFMM continúa.
En medio del inicio del sexto ciclo de diálogos entre el Gobierno nacional y las disidencias de las Farc de alias 'Calarcá', el comisionado para la Paz, Otty Patiño, confirmó que el Gobierno nacional extenderá el cese al fuego bilateral con ese grupo guerrillero."De eso estamos seguros. Lo que el presidente ha puesto de presente es que la extensión va a depender de las transformaciones territoriales y que el monitoreo no se haga solamente del cese al fuego sino debido a los planes que se hagan", dijo el comisionado Patiño. "Se le ha dado un valor un poco mítico al cese al fuego, de tal manera que lo fundamental aquí, y esa es nuestra diferencia con los gobiernos anteriores, no son los acuerdos sino los procesos donde concurren cada cual a su manera", agregó.>>> Lea también: Gobierno acepta invitación del ELN para reunirse y hablar sobre crisis del proceso de pazCabe recordar que este cese al fuego bilateral se terminará el próximo martes 15 de octubre, por lo que desde las mesas de diálogo estaban a expectativas de una prórroga entre 3 a 6 meses. En el nuevo ciclo que inició este viernes en Bogotá, e irá hasta el 19 de octubre, se abordará entonces a detalle ese aspecto fundamental para el proceso.Entre tanto, fue el mismo comisionado quien reconoció que hay territorios en el país que han sido desarrollados gracias a la colaboración entre las comunidades y las disidencias. "En muchos de estos sitios los guerrilleros han construido infraestructura, carreteras, escuelas; han hecho cultivos, que no son solamente los ilegales, sino sustitutivos. Han hecho en muchas partes lo que no ha hecho el Estado: pagan profesores, pagan médicos incluso", dijo Patiño.Para el Gobierno, no todo lo que hace un ilegal es malo, pues aseguran que es posible continuar con los proyectos positivos que realizan los guerrilleros. "El comentario del presidente fue: lo que no ha hecho el Estado, lo han hecho las comunidades y los guerrilleros allá. Ese reconocimiento me parece importante transmitirlo", continuó el comisionado.¿Y los diálogos con el ELN?En cuanto a las negociaciones con el ELN, el Gobierno nacional aseguró que las puertas siempre han estado abiertas. "Nunca ha sido el papel del Gobierno ni congelar las mesas, ni salir de los mecanismos de monitoreo y verificación. Antes de la suspensión, el Gobierno planteó una alternativa para reanudar los diálogos con temas como la discusión del modelo económico (...). Sin embargo, el ELN no quiso aceptar, por lo cual el Gobierno decidió la suspensión de la mesa porque para qué mantenerla sin ninguna sustancia", dijo el comisionado.Cabe recordar que las partes llevan desde mayo de este año sin reunirse, y desde finales de enero sin celebrar un ciclo de diálogos, por una serie de desentendimientos que llevaron a no renovar el cese al fuego, que finalizó el pasado 3 de agosto. El ELN anunció este miércoles, en un comunicado, que se dispone "a realizar una reunión con la delegación de diálogos del Gobierno para examinar la crisis en que se encuentra el proceso con presencia de países garantes y acompañantes permanentes"."Ahora el ELN habla de tener unas conversaciones para lo que ellos llaman resolver la crisis, pero la crisis ha sido fundamentalmente de ellos, ha sido provocada por ellos. De todas maneras, estamos en toda la disposición de mirar cómo se puede superar la situación de estancamiento en la cual estamos desde hace rato", finalizó el comisionado para la Paz, Otty Patiño.
