Desde el 7 de agosto de 2022, dentro de su discurso de posesión presidencial, el presidente Gustavo Petro anunció que buscaría la manera de liberar a los integrantes de la primera línea, algo que no ha sido tan sencillo porque varios jueces argumentaron que muchos de ellos no podían quedar bajo libertad.Ahora en 2024 el panorama sigue siendo complicado. Según fuentes consultadas por Blu Radio, más de 160 capturas han sido legalizadas y por lo menos el 40 % de ellos se encuentran en detención preventiva.Por otro lado, en cuanto a los gestores de paz, solo se pudo llevar a cabo esto con 10 de ellos, hasta que la Corte dejó sin efecto los actos por medio de los cuales se habían dejado en libertad. Es decir, el panorama sigue siendo bastante complejo.Es por lo anterior que desde el Congreso de la República se encuentra un proyecto del representante Eduard Sarmiento, que tiene como propósito otorgar amnistías o indultos a quienes hayan cometido delitos relacionados con la protesta social.Esta amnistía podrá ser concedida de oficio o a solicitud de parte y será decidida por el juez de control de garantías, sin importar la etapa procesal. A su vez, se podrán conceder indultos a condenados por delitos políticos o conexos, o por hechos relacionados con la protesta social.Cabe mencionar que no es la primera vez que se intenta algo así, pero que ha culminado sin ningún fruto, es decir, este panorama sigue ‘en veremos’.
Alias ‘Iván Mordisco’, comandante del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, confirmó que al joven David Estiven Fernández Soler, quien hizo parte de la Primera Línea, lo hicieron pasar como desertor para asesinarlo.La trágica historia de David Estiven Fernández Soler, de 24 años, activista social y consejero de Juventudes de la Localidad de Kennedy, tiene en alerta a las autoridades porque no sería el único caso.De acuerdo con Gareth Sella, viceministro de la Juventud, las disidencias de las Farc están reclutando jóvenes pertenecientes a procesos comunitarios salientes del estallido social de 2021.“Esta no puede ser una historia más de desaparición forzada y de continuidad del conflicto armado (...) Hoy queremos exigir al EMC que devuelvan el cuerpo de Coco y a todas las juventudes que se han llevado a punta de mentiras y amenazas”, indicó Sella en un video compartido en sus redes sociales.Y es que Fernández Soler, conocido como Coco, habría sido reclutado de manera forzada por las disidencias en noviembre de 2022 e instrumentalizado por ese grupo armado ilegal, en proceso de paz con el Gobierno nacional.Su caso fue calificado como un secuestro y su familiares acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en julio de 2023 otorgó medidas cautelares en favor del joven activista, luego de identificar que se encontraba en una “situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Colombia”.Sin embargo, este 31 de julio, alias ‘Iván Mordisco’, comandante del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, confirmó que al joven David Estiven Fernández Soler hombres al mando de alias ‘Calarcá’ lo hicieron pasar como desertor para asesinarlo.“Otros hechos aberrantes que nos lleva a calificar como fraccionalistas y traidores a este grupo descompuesto son las acciones sin autorización del Estado Mayor Central del desplazamiento y homicidio de firmantes del Acuerdo de Paz a los que no consideramos enemigos, así como el homicidio ordenado por Calarcá del joven David Steven Fernández Soler, integrante de la primera línea que buscó a la organización para refugiarse de la represión paramilitar y que hicieron pasar por desertor para asesinarlo”, indicó el disidente.La última comunicación con su familia fue el 7 de junio de 2023. Allí confirmó que se había escapado y buscaba protección. Según Angélica Soler, madre del joven, David le dijo que no creyeran lo que se decía en redes sociales, pues estaba secuestrado y obligado a hacer cosas contra su voluntad.
Los ocho jóvenes, entre ellos seis hombres y dos mujeres, señalados de integrar la 'primera línea' en Neiva y quienes gozan de prisión domiciliaria desde 2023, fueron dejados en libertad por el Juzgado Décimo por vencimiento de términos.Los integrantes de la primera línea, capturados en 2022, participaron en la protesta social de 2021 y, según las autoridades, habrían incurrido en hechos de vandalismo contra bienes públicos y privados de la ciudad.Richard Mauricio Gil Ruiz, uno de los abogados de los jóvenes, explicó a través de Blu Radio que, tras vencerse el término de 240 días, la juez tomó la decisión de dejarlos en libertad."En este caso puntual, el escrito de acusación se radicó en agosto de 2022 y hasta la fecha habían transcurrido aproximadamente 660 días. No obstante, había que descontar el tiempo por maniobras o por fechas en las que las audiencias no se pudieron realizar por cuenta de la defensa, y fue así como la juez descontó un total de 158 días. Con ese descuento, se contaban 502 días, razón por la cual se daba la causal de libertad, y es por eso que la juez toma la decisión de dejar en libertad a estos jóvenes", precisó el profesional del derecho.Estos son los jóvenes liberados en Neiva por vencimiento de términosLos beneficiados tras la decisión del Juzgado Décimo de Control de Garantías de Neiva son Kevin David García Mosquera, Edwin Herrera Pimentel, Anyi Carolina Cuéllar Ospina, Pablo Fernando Vargas Lima, Cristian Andrés Reyes Cuéllar, Vanessa Sánchez Cabrera, Ignacio Sebastián Zambrano Rodríguez y Andrés Felipe Yara Vargas, también conocido como el payaso 'Retazos Clown'.Cabe recordar que cuatro de los ocho integrantes de la Primera Línea de Neiva, junto con jóvenes de otras ciudades del país, fueron designados como 'voceros de paz' en 2023 por el presidente Gustavo Petro.Los integrantes de la Primera Línea de Neiva, quienes habían sido procesados por terrorismo, perturbación en el transporte público, concierto para delinquir, entre otros delitos, quedan libres, pero seguirán vinculados al proceso.
Federico Gutiérrez se unió a las voces de rechazo que se escucharon este viernes en Medellín, donde en una manifestación exmiembros de la Policía y el Ejército, veteranos de guerra y familiares de víctimas de ataques a la fuerza pública, afirmaron estar en contra de la posibilidad de que un inmueble en extinción de dominio, en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), sea otorgado a jóvenes de la Primera Línea para que lo administren.El alcalde de Medellín manifestó que el Gobierno Nacional está dando un muy mal mensaje al país y a las nuevas generaciones y lo calificó como vergonzoso, no sin antes, reiterar que al parecer esta fue una estrategia de campaña presidencial para que los jóvenes de la primera línea “incendiaran el país”."Qué mensaje tan malo le están dando al país y qué mensaje tan malo le están dando a esta nueva generación. Eso es vergonzoso. ¿Qué hicieron ellos en campaña? Les dijeron, vayan, salgan, quemen las calles, quemen las ciudades, ayúdenos a ganar y una vez ganemos, les ayudamos entonces a tener de todo, a que les quiten las penas, a excarcelarlos, a nombrar los gestores de paz y ahora hay que regalarles hoteles y edificios, no hay derecho", manifestó el mandatario.Gutiérrez aseveró que, incluso, a inicios de este año el Gobierno Nacional le solicitó que la antigua estación del tren en el barrio el Bosque le fuera entregado a la primera línea, lo que fue rechazado por la administración municipal en su momento, entre otros motivos porque allí se construirá un jardín de Buen Comienzo, según ratificó el alcalde.Mauricio Urquijo, director de la SAE Occidente, indicó que la entidad no requiere pedir permisos para tener espacios de diálogo con ninguna organización social del país, ni tampoco se requiere tener un padrino político. A la vez que indicó que así como han establecido conversaciones con jóvenes del movimiento estudiantil, también lo hicieron con quienes participaron del estallido social."Nosotros necesitamos pedirle permiso a nadie para establecer espacios de diálogo. Ninguna organización social necesita un padrino político, ninguna organización social tiene que pedirle permiso a nadie para sentarse a dialogar con la Sociedad de Activos Especiales", especificó Urquijo.Finalmente, el mandatario local le pidió a la SAE que revise todas las necesidades que tiene la ciudad y opinó que deberían reparar a las víctimas de los desmanes, a los empresarios que fueron víctimas de la violencia y perdieron sus negocios. Sobre esto, Urquijo manifestó que de hecho hay más de 30 predios en el país de la SAE que fueron destinados a la Policía Nacional, así como que ya se han sentado a conversar para hacer distintas alianzas publico populares con organizaciones de víctimas, firmantes del acuerdo de paz y la fuerza pública.
Polémica ha generado en Medellín el estudio, en términos jurídicos y de infraestructura, que lleva a cabo la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para otorgar un hotel para que sea administrado por jóvenes integrantes de la primera línea.La solicitud se encuentra en un comité y debe pasar por trámites habituales de debida diligencia como cualquier otra para su estudio, según aclaró la entidad. Para ello, se realizaron visitas a alojamientos en la zona nororiental de la ciudad, El Poblado y la carrera 70. Mauricio Urquijo, director regional Occidente de la SAE, indicó que esto se haría a través de alianzas público populares."Con los jóvenes de la primera línea hemos establecido diálogos, por supuesto, con el propósito de hacer alianzas público-populares para la creación de valor público. Nosotros estamos convencidos que la juventud ha sido perseguida y la Sociedad de Activos Especiales les está tratando de dar la mano", manifestó Urquijo.Por ahora, esta posibilidad ha generado polémica porque durante las protestas del estallido social en Colombia en el 2021, los integrantes de la llamada primera línea fueron protagonistas de desmanes y actos de vandalismo, además de que se enfrentaron a las autoridades.La entidad, que administra bienes tras procesos de extinción de dominio, aclaró en un evento del barrio Antioquia en Medellín que no regala estas propiedades, sino que las entrega a organizaciones que presentan un proyecto productivo para que las operen, con precios de arriendo inferiores al mercado, mientras que estas se comprometen a pagar gastos prediales y mantenerlas en buenas condiciones.Entregas de inmueblesPrecisamente en este espacio fueron entregado 10 inmuebles a organizaciones sociales y gerencias populares. Entre ellos, un terreno de 540 m² al ICBF para establecer defensorías de familia y un hotel de 0.4 hectáreas a la Asociación Regional de Mujeres del Oriente (AMOR) en El Peñol, para desarrollar un proyecto turístico que beneficiará a 50 mujeres y sus familias.
Cuatro miembros de la Primera Línea fueron condenados a más de 19 años de prisión por el magistrado Jaime Andrés Velasco de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.Wilson Reinel Moreno, Justo Ernesto Villarraga, Érika Lorena Flórez y Greissy Alexandra Perilla inicialmente no aceptaron los cargos en su contra. Sin embargo, en la sentencia actual, el magistrado Velasco confirmó las acusaciones y validó las pruebas presentadas por la Fiscalía, que demostraban su participación en los disturbios ocurridos el 21 y 22 de noviembre en el año 2021.El magistrado explicó que las interceptaciones telefónicas fueron fundamentales y no distorsionaban la realidad. Por el contrario, permitieron establecer que los acusados organizaron y coordinaron el entrenamiento de estudiantes universitarios para infiltrarse de manera violenta en las manifestaciones que afectaron a la ciudad.En particular, se señaló que Flórez Durán fue responsable de coordinar y estructurar el entrenamiento de los jóvenes en las universidades, con el fin de que se infiltraran de forma violenta en las protestas, como ocurrió.Otro argumento del magistrado fue que las evidencias demostraban que los acusados se reunieron en Soacha con una persona que estuvo vinculada a la columna Manuel Marulanda Vélez de la extinta guerrilla de las Farc, lo cual indica una conexión con grupos armados ilegales.El magistrado enfatizó que, aunque la protesta social es un derecho, los hechos ocurridos en noviembre de 2021 no pueden considerarse simples protestas, ya que se tradujeron en acciones violentas y vandálicas que afectaron principalmente a la ciudadanía.
Steven Guevara Vega, miembro de la Primera Línea-Engativá, ha sido sentenciado por su participación en acciones vandálicas y ataques contra las fuerzas de seguridad durante las protestas del paro nacional de 2021.La juez 28 penal del circuito con función de conocimiento estipuló que deberá permanecer 6 años y 4 meses en prisión, además de pagar una multa económica que deberá ser consignada en el Banco Agrario. De momento se desconoce cuál será su centro de detención.Durante estos eventos violentos, se lanzaron bombas molotov y se amenazó de muerte a los guardias del centro comercial por intentar intervenir. Entre estas acciones destacan los actos vandálicos ocurridos el 28 de mayo de 2021, cuando varios establecimientos del centro comercial Héroes, ubicado en la Autopista Norte con Calle 80, fueron destruidos.La sentencia se dio mediante un preacuerdo y ninguna de las partes procesales presentó un recurso tras la decisión del juez. En enero de 2023, el Gobierno de Petro designó a Steven Vega Guevara como "vocero de paz". Con esta justificación, se pidió a un juez su liberación. No obstante, la solicitud de levantar la medida de aseguramiento en contra del joven fue rechazada debido a la existencia de un vacío legal y jurídico.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, sigue a la espera de una respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre el pedido de expedir una directriz que estipule que “los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir”, según explicó el jefe de la cartera.En Blu Radio se consultó con exfiscales generales de la Nación que se refirieron a las implicaciones de esta decisión. En especial, con los integrantes de la primera línea que se encuentran en etapa de juicio o que ya fueron condenados. Muchos de ellos por los desmanes que se presentaron durante el estallido social de 2021.El exfiscal Guillermo Mendoza explicó que la iniciativa es positiva en búsqueda de desestigmatizar la protesta social. Sin embargo, no significa que si se cumplen los requisitos dentro del código penal de un acto terrorista, se va a dejar de imputar ese delito o concierto para delinquir.“Eso no se puede quitar a través de directrices, el delito de terrorismo existe en el código penal, lo que se puede es evaluar el comportamiento de los que están protestando a ver si en realidad encajan de la descripción que da la ley del delito de terrorismo”Mendoza Diago expresó que este llamado del Gobierno tiene una intención de analizar mejor los casos dentro de la protesta “Esos actos de atacar a la fuerza pública o algo similar por ejemplo que lanzan un elemento incendiario contra un agente de policía obviamente eso puede encajar en una cosa más grave que el simple daño a bien ajeno o lesiones personales o puede ser hasta tentativa homicidio y si la persona muere se imputa el delito homicidio que es un delito sumamente grave”, afirmó.Al respecto, el exfiscal Eduardo Montealegre se refirió a la situación con las personas que ya fueron condenadas en primera instancia o se encuentran en etapa de juicio. Aseguró que en caso de expedirse esta directriz, el curso de las investigaciones seguiría con normalidad y los abogados podrían apelar a las siguientes instancias como tribunales y altos tribunales. Incluso podría recurrirse a un juicio de revisión, pero no significa que se va a otorgar la libertad de manera inmediata a miembros de la primera línea, ya que los fiscales deberían entrar a investigar caso por caso si se hizo una imputación errónea.“El fiscal Barbosa quiso convertir toda protesta social en un acto de terrorismo que era una política de estado del Gobierno Duque, que era una política de Estado y quieren convertir toda la protesta de América Latina en protesta social en actos de terrorismo”, dijo el fiscal Montealegre.Sobre esta controversia el abogado Rubén Darío Acosta quien ha defendido a varios integrantes de la primera línea señaló que para las personas que ya fueron condenadas tendrán que mostrar sus argumentos a las siguientes instancias para que se dé un giro en la sentencia teniendo en cuenta una eventual directriz expedida por la fiscal Luz Adriana Camargo."No existe ninguna posibilidad, de que un derecho constitucional pueda ser interpretado de forma punitiba, que termine convirtiéndose en un acto criminal, si eso ha sucedido ha sido una desafortunada interpretación(...) deben ser investigados las personas que cometieron delitos como terrorismo y concierto para delinquir pero no señalar toda la protesta".
El presidente Gustavo Petro realizó una nueva jornada de Gobierno con el Pueblo y desde Cali el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a una posible libertad de los jóvenes detenidos en el marco de las protestas durante el Gobierno Duque.“Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la Fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar. Pero ahora con la nueva fiscal, sé que muy pronto ella va a expedirla y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”, explicó Osuna. Este martes 14 de mayo, el ministro de Justicia volvió a referirse a este tema. “La Fiscalía está revisando el tema y no ha habido una respuesta y por supuesto que acataremos y recibiremos con beneplácito cualquiera que sea su directriz”, aseguró el ministro. Osuna también agregó que la idea es que quienes no están condenados puedan enfrentar su juicio bajo la libertad condicional.“Habría que distinguir entre los que están sindicados, los que están condenados y que los abogados lo soliciten, no es automático. Pero efectivamente se podría, si hay un cambio de imputación para los que no estén sindicados y por el tiempo que ha pasado, si están privados de la libertad, podríamos estar ante una causal de libertad condicional para que atiendan el juicio en libertad”, explicó el ministro Osuna.
Tras conocerse el informe de la interventoría del avance de obras de la primera línea del metro de Bogotá, en el que se evidenciaron retrasos y desviaciones por al menos seis meses en las obras, principalmente por falta de personal en los diferentes frentes y unidades de construcción, Blu Radio conoció cuáles y cuántos son los perfiles que hacen falta para trabajar en el proyecto y acelerarlo.Actualmente, la primera línea del metro de Bogotá cuenta con alrededor de 5.200 personas que trabajan en los diferentes frentes de obra; sin embargo, hacen falta un total de 341 personas como mínimo para trabajar en distintos cargos que puede ocupar personal calificado y no calificado.“Para contrarrestar la falta de mano de obra, desde Metro Línea 1, hemos comenzado con jornadas de empleabilidad para atraer mano de obra no calificada al proyecto. Estas jornadas son convocadas mediante los grupos de WhatsApp que tenemos por tramo, y citamos a los interesados en las distintas oficinas de atención al ciudadano del proyecto”, indicó Metro Línea 1.¿Cuáles son los cargos disponibles para trabajar en el metro de Bogotá?Según la empresa Metro Línea 1, para mano de obra calificada hay alrededor de 130 vacantes en estos momentos y están en la búsqueda de perfiles de ingenieros civiles, ingenieros BIM, topógrafos y recorredores viales, entre otros. Adicionalmente, para mano de obra no calificada hay alrededor de 211 vacantes, la mayoría de ellos son cargos como auxiliares de obreros, obreros y auxiliares de tránsito, entre otros.“Las personas interesadas pueden ingresar al perfil del LinkedIn de Metro Línea 1 o a través de nuestro perfil de El Empleo. Como lo mencionamos, las personas interesadas pueden ver las vacantes a través del portal del Servicio Público del Empleo. También, se pueden acercar a las oficinas de atención al ciudadano y allí se les brindará la ayuda para registrarse y aplicar”, agregó Metro Línea 1 a Blu Radio.Con las convocatorias que están vigentes, según la compañía, han logrado contratar alrededor de 40 personas, que apoyarán en tareas importantes como la operación de maquinaria.
