En medio de la polémica desatada por la continuación del Gobierno en la contratación de juntas de acción comunal, pese a un reciente fallo del Consejo de Estado que le restaba viabilidad a esto, desde Colombia Compra Eficiente contabilizan que, en lo corrido del Gobierno, han sido asignados más de 409.000 millones de pesos.Se trata de 7264 convenios solidarios firmados con diferentes organizaciones, de los que 1.387 fueron realizados en Bogotá, más de 900 con JAC de Antioquia, otros 510 con grupos de Cundinamarca y unos 483 en Meta. El resto han sido asignados en otros 25 departamentos del país. De acuerdo con Cristobal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, actualmente estos procesos de contratación que se realizan por cuantías mínimas han permitido la racionalización del gasto en obras públicas, como vías de barrios, hasta en un 30%. "El enfoque de estas obras tiene un sentido de beneficio social, mientras que el enfoque en una visión empresarial está más en el tema de la utilidad. No es que una sea mejor que la otra, sino de entender que en el país hay unas obras que pueden hacerse bajo este mecanismo", indicó.Para el caso de estas contrataciones, explicó que se trata de proyectos coordinados con el viceministerio de Vías, cuyos recursos no son desembolsados a las JAC, sino a los negocios de barrios que realizan las cotizaciones, tales como ferreterías o tiendas. "El dinero se entrega directamente y con esto se logra un beneficio al reducirse los gastos de utilidad. Esto nos ha mostrado un nivel de eficiencia y sentido de organización", explicó el funcionario, aclarando que esto solo sería empleado para obras de mínimas cuantías.
El primer informe del Comité Transparencia por Santander es el relacionado con el proceso de licitación por más de $7.500 millones que tiene como objeto la prestación de servicios especializados de vigilancia y seguridad para varias entidades del municipio entre las que están la Casa de Tolerancia, el Archivo, el Laboratorio Ambiental, la Casa de Justicia del Norte, el antiguo colegio Villas de San Ignacio, el Teatro Santander, el Centro Cultural del oriente, el Centro de Vida Kennedy, entre otras.Sobre los requisitos, el comité hizo siete observaciones, todas relacionadas con exigencias que podrían provocar una limitación en la participación de oferentes y que estarían planteadas fuera de la norma.“Hay unas observaciones que nos llaman la atención, primero la solicitud de experiencia a través de solamente tres contratos o hasta tres contratos que sumen el 100% del presupuesto oficial teniendo en cuenta que es un presupuesto bastante elevado que supera los $7.500 millones por lo tanto es un poco reducido la cantidad de contratos con los cuales se puede acreditar el requisito de Experiencia y eso podría ser una limitante para la participación deferentes”, señaló Marcela Pabón, vocera de Transparencia por Santander.Otra de las observaciones está relacionada con el puntaje máximo que otorgan a la empresa que tenga entre 100 y 120 personas de recurso humano, con vigilantes de especialización o profundización en entidades públicas.“Es de resaltar que no se puede pedir a las empresas que cuenten con una planta de personal adicional, puesto que dicho requerimiento sería una carga difícil de cumplir para cualquier empresa, más aún cuando para el presente proceso de selección se solicitan 67 personas para la prestación del servicio de vigilancia”, dice el informe con las observaciones del Comité Transparencia por Santander.Igualmente, hubo observaciones frente a la exigencia a las empresas participantes de contar con vehículos propios para la ejecución del contrato.En el caso del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación, Inderbu, las observaciones estuvieron dirigidas están relacionadas con requisitos muy específicos en experiencia que, según Marcela Pabón, vocera del Comité de Transparencia por Santander, pondría en riesgo también la participación de empresas en una licitación para prestar servicios de vigilancia por $1.800 millones.“También encontramos en el Inderbu cosas curiosas. En el caso de la experiencia, que se acredite a través de tres contratos y que sea específicamente con entidades públicas y que de esos contratos hayan sido dos específicamente en escenarios deportivos, lo que tampoco tienen ningún tipo de relevancia porque una empresa que preste los servicios de vigilancia en cualquier tipo de edificación es igualmente idónea para prestar el servicio de vigilancia en un escenario deportivo, entonces limitar la experiencia de esa manera lo único que hace es que no vaya a haber pluralidad de oferta”, señaló Pabón.Sobre las observaciones buscamos una respuesta de la Alcaldía de Bucaramanga, pero hasta el momento no se han pronunciado, por su parte el director del Inderbu, William Niño, dijo que las observaciones fueron tenidas en cuenta y que con el equipo jurídico de la alcaldía se hicieron los cambios con base en las observaciones del Comité Transparencia por Santander.
En el primer año de Gustavo Petro se crearon unos 12.000 cargos de plantas temporales en entidades públicas. La meta oficial de la entidad es llegar a un total de 100.000 cargos formalizados en lo que queda del Gobierno, reveló a Blu Radio el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César ManriqueUna de las apuestas de la administración de Gustavo Petro, desde su llegada al poder, ha sido combatir los contratos por prestación de servicios con el Estado. Según cálculos de las centrales, para 2022 cerca de un millón de personas estaban trabajando con contratos de prestación de servicios sin derecho a garantías laborales como primas, cesantías o vacaciones.Manrique también se refirió a la polémica instrucción de que solo se firmaran contratos de prestación de servicios a cuatro meses para este año y dijo que se llegó a los acuerdos necesarios."Ya no tienen ninguna disculpa para el próximo año. Ninguna entidad pública, ningún jefe de la administración pública tiene ninguna disculpa de no haber adelantado los estudios correspondientes para proceder en forma sistemática y paulatina en la formalización del empleo público. Entonces, por lo tanto, ya no vamos a hablar de cuatro meses", aseguró.Sin embargo, según actividades de asesoría, consultoría y desarrollo de software, entre otros, que corresponden a proyectos específicos y cuyo objeto no es misional ni permanente podrán contratarse bajo la figura de prestación de servicios.Las entidades que hagan contratación masiva por prestación de servicios tendrán que dar explicaciones a Función Pública, pero también a los órganos de control, advierte Manrique.Hay 155 entidades que están en procesos para ampliar sus plantas de personal, pero 543 han recibido asesoría para hacerlo.Le puede interesar
La Unidad Administrativa de Migración Colombia adelanta un proceso de contratación que tiene como objetivo la realización de una capacitación en defensa personal y técnicas de autocontrol dirigida a los funcionarios que, según Migración Colombia, hacen verificaciones, es decir, aquellos que verifican documentos de instalaciones y de migrantes en territorio.El documento de estudios previos de la contratación señala puntualmente que: “En años anteriores y recientes se han presentado hechos de agresión física en contra de los oficiales de migración que cumplen funciones de control y verificación migratoria”.Adicionalmente, advierte que estas situaciones, “han dejado como resultado funcionarios heridos e incapacitados y las cuales ponen en riesgo la integridad personal tanto de transeúntes como de los funcionarios públicos, que prestan sus servicios en las distintas zonas donde hace presencia Migración Colombia, en actividades de control fronterizo y demás”.Así las cosas, una vez culmine el proceso de contratación, serán 160 los funcionarios de Migración Colombia los que serán capacitados durante 16 horas de forma presencial y 8 horas de forma virtual.Dentro de los temas de las capacitaciones, el contratista deberá impartir enseñanzas en aspectos técnicos combate libre, lucha de piso y combate cercano; armas corporales patadas, puños, ataques de codo y ataques de rodilla; armas externas largas cortas, espontáneas y no convencionales; posiciones básicas, desplazamientos, ataques y defensas; agarres, llaves, palancas e inmovilizaciones; arrestos y conducciones, así como técnicas de Krav Maga (defensa contra armas).El valor del contrato es de 221 millones de pesos y, según el cronograma que se estableció en la resolución de apertura de contratación, el próximo 17 de julio debería firmarse el documento de adjudicación del contrato.Le puede interesar:
Después de varias semanas se negociación hay humo blanco para la reforma laboral del sector público: la promesa del Gobierno de acabar los contratos de prestación de servicios.El acuerdo final dice que las entidades públicas tendrán 60 para hacer los estudios de carga laboral y determinar cuántas gente debe ser contratada por el Estado. Los estudios serán financiados directamente por el gobierno para evitar que el acuerdo 'se embolate' por falta de plata.Con esos datos en mano, el Gobierno definirá cuáles vacantes se abren en cada entidad. La pelea será si esas serán plantas temporales como proponen algunas voces dentro del Gobierno o plantas permanentes como quieren las centrales obreras."Se va a iniciar este año de manera acelerada con los estudios de planta de personal y con la posibilidad de que este mismo año de hagan los concursos de tal manera que al final del cuatrienio esté resuelto este fenómeno tan discriminatorio con los empleados del sector público como es tenerlos en ese sistema de órdenes de prestación de servicios", dijo a Blu Radio el negociador de la CUT, Fabio Arias.El Sena es una de las primeras entidades que pasará a la fila de los concursos ya que es una de las principales usuarias de los contratos por prestación de servicios. El Ministerio del Trabajo está proponiendo la creación de 10.000 vacantes para instructores y unas 2.400 más para empleados administrativos. La decisión final depende de una reunión del Consejo Directivo en julio próximo.Quienes hoy trabajan como contratistas no tienen garantizado un cupo en las nuevas plantas y deberán competir por su lugar en un concurso junto a cualquier interesado.Todos los concursos pasan por el filtro de la Comisión Nacional del Servicio Civil así que si está interesado en trabajar con el Estado es buena idea que inscriba su hoja de vida y esté atento a las convocatorias.El cronograma de trabajo implica que en 2023 será muy poco posible comenzar en enganche de trabajadores a las nuevas plantas. Este año la contratación está limitada además por el arranque de la Ley de Garantías Electorales.Le puede interesar
Los sindicatos están admitiendo que la promesa del Gobierno de acabar con los contratos de prestación de servicios solo podrá empezar a cumplirse en 2024 por temas técnicos relacionados con el presupuesto.Aunque el Gobierno y sus sindicatos ya lograron un acuerdo en cuanto al aumento salarial para los servidores públicos (que será del 14.62 % este año), las negociaciones de la Mesa Estatal continúan porque el tema clave en discusión es justamente este: la ampliación de plantas de personal de varias entidades del estado para dejar atrás los contratos de prestación de servicio, las famosas OPS.El presidente de la CUT, Francisco Maltés, espera un acuerdo definitivo entre las partes antes del 15 de junio."Eso nos da los tiempos para que lo que aquí acordemos sea incorporado en el ante proyecto de presupuesto que elabora Planeación y pueda ser incorporada una partida adicional para la formalización en el presupuesto general de la nación del año entrante", dijo a Blu Radio el presidente de la CUT, Francisco Maltés.Los sindicatos calculan que 1,200,000 personas trabajan con el Estado a través de órdenes de prestación de servicios lo que implica que no acceden a prestaciones como primas, cesantías, vacaciones o el pago de seguridad social. Sin embargo, el objetivo no será contratar a todas esas personas, sino solamente a quienes cumplen funciones permanentes.A finales del año pasado el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió una circular para limitar a cuatro meses la contratación a través de órdenes de prestación de servicios con la idea de comenzar la formalización de una vez en 2023. Muchos de esos contratos terminaron en abril o ya están por acabarse.El plan de formalización de función pública implica crear unos 700.000 empleos temporales.Siga la discusión de la reforma laboral en vivo:
Este jueves, 16 de marzo, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó ante el Congreso su propuesta de reforma laboral. Estos los puntos más importantes de la reforma laboral:Vuelven los recargos nocturnos después de las 6:00 de la tarde: según el Gobierno esta medida implicará un aumento del 13.3 % en el costo de contratación de un trabajador de salario mínimo.Aumento salarial automático: todos los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos ($2.320.000) tienen derecho a que les suban el sueldo cada año de acuerdo a la inflación.Apps de domicilios tendrán que pagar primas, vacaciones y seguridad social: en esta reforma, se considera que los trabajadores de plataformas de entrega sean empleados con todos sus derechos. El pago de sus prestaciones y seguridad social se va a hacer de forma proporcional así que las empresas tendrán que hacer la conversión de horas de trabajo o conexión por día en semanas por mes.Agricultores podrán contratar por días: se crea la modalidad de jornal agropecuario para los trabajadores del campo. En esta modalidad se hace un solo pago de todas las prestaciones y la seguridad social se hace proporcional al tiempo trabajado. Sin embargo, la unidad mínima para cotizar a salud y pensiones es una semana.Menos contratos temporales y más indemnización por despido: hoy una persona podría estar contratada indefinidamente bajo contratos a término fijo que se renuevan año a año, según esta reforma, eso se acabaría porque máximo una persona podrá estar a término fijo durante dos años. Seguirán existiendo los contratos por obra o labor y los de prestación de servicio, pero no se pueden usar para tareas permanentes de una empresa. Además, se aumenta a un mínimo de 45 días la indemnización por despido sin justa causa.Más licencia de paternidad: la licencia de paternidad sería de 5 semanas desde 2023; 8 semanas en 2024 y 12 semanas en 2025. Actualmente, la licencia de paternidad es de dos semanas, pero la madre puede ceder al padre parte de su licencia para regresar al trabajo antes.Jornada flexible para quien tiene hijos: un trabajador con responsabilidades familiares, como menores de edad o adultos mayores a su cargo, podrá proponer a su empresa la implementación de jornadas de trabajo flexibles apoyadas por la tecnología. Una vez recibe la solicitud la empresa tiene cinco días hábiles para decir si acepta, si modifica la propuesta o si niega la petición.Protección para los desplazados por la tecnología o la descarbonización: dos de los artículos de la iniciativa buscan que las empresas tomen acciones para darles nuevas oportunidades laborales a quienes perderán sus trabajos por cuenta de la tecnología o el cierre de minas y operaciones petroleras. Las empresas de minas y energía deberán crear un fondo para pagar la seguridad social de sus extrabajadores de forma temporalFutbolistas serán empleados: tanto los futbolistas como otros deportistas profesionales tendrán que ser contratados a través de un contrato laboral y no a través de un contrato civil que es la figura más usada en la actualidad.Se fortalecen los sindicatos: la reforma incluye varias medidas para quitarle obstáculos a la sindicalización de los trabajadores. Por ejemplo, se prohibirá a las compañías dar incentivos a los trabajadores por no afiliarse a un sindicato. También se amplía el derecho a la huelga (incluso a servicios esenciales) y se establece la posibilidad de tener negociaciones por sectores económicos o ramas de actividad.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Este jueves, 23 de febrero, el Consejo de Estado suspendió uno de los apartes de la Directiva Presidencial 08 de 2022, la cual hizo cambios sobre las contrataciones por prestación de servicios que se hacen con el Estado.“De manera preliminar el despacho encuentra que, en el aparte demandado, el presidente creó una incompatibilidad consistente en que una persona natural no pueda celebrar y ejecutar dos o más contratos de prestación de servicios de manera simultánea o concomitante, cuando al menos uno de ellos sea de apoyo a la gestión y esté justificado en la insuficiencia del personal de planta de una entidad del orden nacional de la Rama Ejecutiva del poder público para desarrollar una determinada labor”, indica un auto de 11 páginas.Con esta directiva, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca reducir en un 30 % los contratos de prestación de servicios.El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, manifestó en su momento que con la medida el Estado ahorraría 4 billones de pesos en los próximos cuatro años.El Consejo de Estado también determinó que toda persona, sea natural o jurídica, es hábil y capaz para contraer obligaciones y adquirir derechos pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes.El alto tribunal explicó que la medida se toma de manera provisional, mientras estudia de fondo una demanda interpuesta por Joel David Gaona Lozano y Sebastián Rojas Sánchez, quienes demandaron la directriz y solicitaron su suspensión provisional advirtiendo una extralimitación de funciones de la Presidencia con esos ajustes.Le puede interesar: 'El Camerino'
El contrato de asesoría que firmó la Presidencia de la República con la oficina del exministro y exconsejero de Estado Enrique Gil Botero no solo es para examinar posibles cambios en el contrato de la primera línea del Metro de Bogotá, también contempla un acompañamiento en el tema de formalización laboral y de las circulares que han señalado que las OPS no se pueden firmar por más de cuatro meses, salvo algunas excepciones.En el contrato se pide a la firma de abogados que, entre otros, se establezca la diferencia entre los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, así como la viabilidad de celebrar más de uno de estos contratos.Sin embargo, en la justificación del contrato se expresan los problemas que pudieron causar las circulares de Función Pública y de la propia Presidencia en el avance hacia la formalización laboral.“Este instrumento normativo ha generado en las entidades algunas inquietudes sobre si definitivamente existe una prohibición de que una misma persona natural pueda celebrar más de un contrato de prestación de servicios, sea para la prestación de servicios profesionales o para servicios de apoyo a la gestión, por lo que se requiere de un análisis, diagnóstico y conclusiones de parte de una oficina altamente especializada”, señala el documento.Por otro lado, advierte que el 29 de diciembre de 2022, se emitió Circular Conjunta No. 100-005 por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, mediante la cual se establecen algunos lineamientos de política pública sobre el Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad- vigencia 2023 en la que se indicó, entre otras cosas, que los contratos de prestación de servicios para el 2023 no podrían tener un plazo de ejecución mayor de cuatro meses, tiempo que las entidades consideran suficiente para crear sus plantas temporales.“Esta circular ha generado muchas inquietudes en las entidades, en particular, debido a que todas habían elaborado sus planes anuales de adquisición y ajustado sus presupuestos para hacer contratos por la vigencia fiscal completa. Tampoco existe claridad sobre si esa circular resulta obligatoria, dado que se trata un departamento administrativo que, si bien es cabeza del sector de función pública, no tiene directamente entre su objeto, ocuparse de temas relacionados con la contratación estatal”, añade.
Contratos en el sistema público de contratación Secop II, fotografías de la atención de diferentes desastres invernales en Medellín y testimonios de algunos de los contratistas del Dagrd dan cuenta de la irregularidad que se vive en el departamento de atención de emergencias y desastres.El concejal Daniel Duque explicó que "a algunos les hicieron prórrogas máximo hasta el 13 de enero, pero desde el 13 de enero más de 100 contratistas están sin contrato en este momento y trabajando".Según el corporado, entre los contratistas que estarían asistiendo eventualidades sin estar contratados hay operadores del 123, comunicadores, geólogos e ingenieros que, incluso, se están movilizando a zonas de emergencia sin contar con EPS y ARL."Hay personas a las que están mandando a atender las emergencias de la ciudad en medio de inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales, movimientos en masa y que no tienen ARL, que no tienen seguridad social, que están sin contrato, que no les están pagando, eso a todas luces, es irregular", añadió el concejal.En conversación con Mañanas Blu, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aclaró que estos contratistas de apoyo que aún no tienen contrato no afectan la capacidad del Dagrd para atender las emergencias."El Dagrd funciona normalmente. Lo que tenemos es unos apoyos adicionales de contratistas que obviamente cierran el proceso en diciembre, arrancan en enero y están surtiendo los tiempos normales, pero no hay falta de personal en absoluto", puntualizó el alcalde.Desde Blu Radio hemos intentado hablar con algunos de los contratistas de estos, pero hasta el momento no han aceptado explicar la situación que están afrontando, lo cierto es que tras buscar contratos de algunos de ellos en el Secop II, a la fecha solo se encuentran los contratos terminados el 30 de diciembre de 2022.Le puede interesar:
