Por medio de redes sociales, varios políticos del Pacto Histórico y el Polo Democrático Alternativo han denunciado que la sede política de Medellín fue vandalizada por personas que aún no han sido identificadas por las autoridades. Según la denuncia, la puerta principal de la oficina ubicada en el centro de la capital de Antioquia fue dañada para poder entrar a las instalaciones.En un vídeo en donde aparece una de las funcionarias del Polo Democrático Alternativo, se ve que la entrada principal a la sede está totalmente vandalizada y que al ingresar a las oficinas se nota como los puestos de trabajo fueron desorganizados. Además, del lugar fueron sustraídos elementos de valor como una impresora y varios computadores."Nos encontramos que la puerta fue vandalizada en e la oficina de El Poblado, Antioquia. Fueron sustraídos equipos de cómputo donde registrábamos toda la información del partido y del Pacto Histórico y de la curul", denunció Leydi González, secretaria del Polo Democrático Alternativo en Medellín.Desde ambos partidos políticos aseguran que con este acto se pone en riesgo su ejercicio y por ello le exigieron a las autoridades competentes que puedan esclarecer el hecho y determinar quiénes habrían sido los responsables de vandalizar la sede del Pacto Histórico y el Polo Democrático Alternativo de la capital de Antioquia.Por su parte, el diputado de Antioquia, Manuel García, rechazó los actos cometidos en contra de las oficinas de sus partidos mientras que pidió mayor protección para la labor de oposición en el departamento."Exigimos las garantías para el ejercicio de la política, exigimos las garantías de seguridad a las fuerzas de Policía, a la Fiscalía General de la Nación para que sean identificadas las personas que han vandalizado nuestra sede. Respeto al ejercicio de la oposición política en el departamento de Antioquia", expresó el político.Finalmente, representantes de ambos partidos exigieron mejores condiciones para poder realizar su labor política en la región y que su papel dentro de las diferentes entidades continúe sin contratiempos.
La realización de una auditoría interna y externa al Transmetro, el arreglo obligatorio de toda la flota de buses y troncales de este sistema de transporte masivo, y la derogación del decreto que autoriza el alza en el valor de los pasajes son las tres exigencias incluidas en la demanda que recientemente admitió el Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla en contra de dicho sistema.La demanda, que además va en contra del Área Metropolitana de Barranquilla como autoridad de transporte, fue interpuesta por el equipo jurídico del partido Polo Democrático Alternativo en el Atlántico, en cabeza del joven veedor Juan Maza, quien sostuvo que el estado de las estaciones y buses de Transmetro está “poniendo en riesgo la vida de la gente”."Hemos estado recopilando datos de hechos preocupantes, como incendios de buses que hemos tenido recientemente, vehículos varados cada semana, accidentes que se han dado a partir de las aglomeraciones por la lenta frecuencia entre un bus y otro", expresó Maza."Al día de hoy Transmetro está funcionando con menos de la mitad de los buses con los que debería estar operando. Son múltiples incumplimientos", agregó.Maza insistió en que se deben tumbar los aumentos autorizados en las tarifas del transporte público, porque estas alzas fueron impuestas bajo una serie de promesas, como mejoras del servicio y la implementación del Sibus, las cuales no se han cumplido a cabalidad.
En un comunicado, el partido Polo Democrático Alternativo rechazó el atentado que sufrió Jaime Yesid Vera Carvajal, vicepresidente de ese partido en Barrancabermeja y, además, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio María Eugenia, en hechos ocurridos el pasado 18 de mayo cuando se encontraba en un establecimiento.“El Polo Democrático hace un llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección para que brinde las medidas de seguridad necesarias que permitan a Yesid Vera proteger su vida y continuar con su importante labor social y política en la región del Magdalena Medio. Asimismo, el PDA insta a la Fiscalía General de la Nación a investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de este atentado”, dice el comunicado.Jaime Yesid resultó ileso gracias a su perro. Según contó, se encontraba leyendo un libro en un establecimiento cuando fue atacado por hombres en moto que desenfundaron un arma de fuego, sin embargo, en ese instante, el perro del líder social empezó a ladrar y alertó al joven abogado quien salió corriendo y, aunque fue perseguido por más de una cuadra por un sicario armado, finalmente logró salvar su vida.“En Barrancabermeja ya no se puede ni leer en tranquilidad. Dos cosas para resaltar de este suceso: Primero: mi única pertenencia era un libro y las gafas, ni siquiera tenía celular ¿qué me iban a robar? Segundo: el tipo me persiguió casi 1 cuadra, cuando se cansó gritó “sigamos a ese hpta, malparido” ¿que querían que me siguieron tanto? nota: El héroe de la noche, Horus, mi perro”, escribió en sus redes sociales el líder atacado.Vera fue designado recientemente por el Presidente Gustavo Petro como delegado para el Consejo Directivo del Instituto Universitario De La Paz.
En una vivienda del sur de Barranquilla y apartado de la víctima, el expresidente del Polo Democrático en el Atlántico Andrés Robles Bohórquez deberá cumplir la medida de detención domiciliaria que un juez ordenó este miércoles en su contra como presunto responsable de la extorsión a un comerciante.El exdirigente político fue capturado en flagrancia cuando recibía 20 millones de pesos en efectivo en el centro de Barranquilla, hasta donde habría llegado en compañía de un funcionario de la Fiscalía para aparentemente hacer el cobro de la extorsión al comerciante. Y es que según las pruebas del ente acusador, Robles estaría presionando a la víctima para que le pagara a un funcionario de la Fiscalía y así evitar que se emitiera una supuesta orden de captura en contra del comerciante.En ese sentido, y teniendo en cuenta que el comerciante es vecino de Robles, el Juez 17 con funciones de control de garantías de Barranquilla consideró que la detención domiciliaria en un nuevo lugar de residencia y la prohibición de sostener cualquier contacto con el denunciante son “medidas necesarias e idóneas” frente a la conducta realizada y “para proteger a la víctima”."Considera este juez que sí existe una inferencia razonable para decir que el imputado puede ser el probable responsable, porque, según las pruebas, estuvo ejerciendo un constreñimiento para evitar una supuesta captura y, en mi humilde criterio, no solo incurre en extorsión quien exige el dinero, sino quien ayuda en esa situación", expuso el juez. La Fiscalía había solicitado cárcel para el líder político, pero el juez no acogió esta solicitud al considerar que Robles no tiene antecedentes, no representa un peligro para la sociedad y el ente acusador tampoco demostró que el imputado podría obstruir la justicia o que podría seguir delinquiendo.Luego, la Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión del juez, insistiendo en que Robles debe ir tras las rejas, porque el delito de extorsión sí representa un peligro para la sociedad y, además, puede haber riesgo de no comparecencia.Así las cosas, un juez de segunda instancia será quien resuelva esta solicitud.
A través de un comunicado, las directivas del Polo Democrático Alternativo en el Atlántico están llamando a la militancia del partido a nivel departamental y distrital para estudiar y reflexionar sobre la idea de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.Según las directivas, “es preciso llamar a la discusión del partido para tener así un análisis real sobre la conveniencia o no de realizar” tal Constituyente, por lo que el partido está invitando “a establecer mesas de trabajo sectoriales y barriales con todas las fuerzas, líderes comunales, mujeres, campesinado, sindicatos, empresarios, población LGBTIQ+ y concejales”, para que dinamicen este debate “con garantías amplias”."Tenemos el deber de rodear al presidente de la República, pero también tenemos la obligación política y social de estudiar a conciencia las propuestas que hace el Gobierno Nacional", dijo la presidenta departamental del Polo Democrático, Pilar Bustamante."Y hay que resaltar, por supuesto, que la misma invitación que hace el presidente es organizar mesas sectoriales, por eso la invitación desde las escuelas de formación del partido es esta", agregó.El Polo Democrático Alternativo también está convocando a sus militantes para “estudiar el Plan Nacional de Desarrollo y discutir en su agenda que los planes de desarrollo de Barranquilla y el Atlántico respondan a la necesidad del territorio”.
Un Juez con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla legalizó este sábado la captura de Andrés Antonio Robles Bohórquez, presidente del Polo Democrático Alternativo en el Atlántico, y quien fue detenido en flagrancia el pasado viernes en medio de un aparente caso por extorsión, mientras presuntamente recibía la suma de $20 millones de pesos por parte de un comerciante en inmediaciones al centro de la ciudad. La captura se produjo en la calle 30 con carrera 46, hasta donde se habría desplazado Robles Bohórquez en compañía de un supuesto funcionario de la Fiscalía para hacer efectivo el cobro de la extorsión, la cual se estaba ejecutando en el interior de un vehículo particular en billetes de $100.000 y $50.000.Según el material aportado por el ente investigador en medio de la diligencia virtual, Robles Bohórquez estaría presionando al comerciante por un proceso contra él que reposaba en la Fiscalía y que, según le indicaba, el supuesto funcionario estaba dispuesto a ayudarlo para evitar que se emitiera una orden de captura. En este sentido, la Fiscalía reveló que tanto Bohórquez Robles como el supuesto funcionario de la entidad le aseguraban al comerciante, quien sería propietario de droguerías, que solo estaban dispuestos a ayudarlo si accedía a pagar una alta suma de dinero.Pese a ello, el presidente del Polo Democrático indicó en medio de la diligencia que no se encontraba cometiendo ningún delito, pues sólo había servido de intermediario para que el comerciante, de quien no se tiene identidad, le pagara un dinero que adeudaba con el aparente funcionario de la Fiscalía.Sin embargo, en entrevistas que la presunta víctima entregó ante la Fiscalía, aseguró que no tenía deudas con el supuesto funcionario y que Robles Bohórquez lo presionaba con posibles problemas con las autoridades si no pagaba el dinero.Del presunto funcionario de la Fiscalía tampoco se tiene identidad, pues aunque también logró subirse al vehículo, logró percatarse de la presencia de unidades del Gaula Militar en la zona y se escabulló en un centro comercial cercano.Finalmente, tras la legalización de la captura de Robles Bohórquez, el togado decidió suspender la diligencia y aplazarla para el próximo miércoles 13 de marzo.
La posible llegada del exconcejal del Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo, como nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en reemplazo de Olmedo López, en medio de la polémica de los carrotanques de La Guajira, desató una serie de críticas por parte de la gerente de Asuntos Internacionales y de Gobierno de ProColombia y exjefe de comunicaciones de la campaña Petro Presidente, María Antonia Pardo.Pardo recordó un trino de mayo de 2021, en donde Carillo comparó a la funcionaria como una suerte de mala mercenaria. “La democracia es una guerra incruenta y en las guerras hay mercenarios, hasta ahí entendible, pero a los mercenarios los contratan por buenos, lo de Nany Pardo, simplemente no tiene explicación”.Ante esto, la respuesta de Pardo fue calificar a Carrillo de “bochinchero y pésimo ser humano” y de dedicarse a agredirla y ofenderla con los más rastreros ataques: “A mí, aunque no me conoce, no hizo más que hacerme daño. De su parte recibí los más rastreros ataques. Todo un patán matoneador. Un bully profesional. Si él hubiese sido tan útil como cree, si por él y su trabajo es que tenemos hoy a Petro en la Casa de Nariño, habría sido él la persona nombrada como jefe de debate y no Alfonso Prada, su eterno enemigo, y a quien también lo ha atacado sin ton ni son todos estos años. Él solo hizo bochinche y alejó con insultos a cualquier que, sin ser petrista, quería apoyar a Petro. Él no sumó ni un solo voto. Petro no le debe nada a él, al contrario. Fueron años en los que lo único que hizo fue estorbo”, señaló.Pardo finalizó su crítica a Carrillo señalando que hoy lo premian con un puesto que no se merece y para el que no está capacitado y lo califica de matoneador y bully profesional. “Los desastres en el país, que son muchos y seguiditos, no se resolverán a punta de pelotera que es para lo único que este señor sirve . No es un activista, es un bochinchero. Y un pésimo ser humano”, aseguró.
Un “sí” definitivo dieron mayoritariamente los miembros del Concejo de Barranquilla al proyecto de acuerdo que buscaba autorizar un cupo de endeudamiento por $3 billones de pesos para la Administración Distrital y que hoy, en medio de las fuertes críticas por considerarse como un “cuello de botella” para las finanzas públicas de la ciudad, es una realidad.La noticia fue anunciada por el mismo alcalde Alejandro Char, quien compartió a través de su cuenta de ‘Equis’: “Agradezco a los honorables concejales por respaldar nuestras iniciativas, que continuarán mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos. Con más mejoras de vivienda, ampliación de cupos universitarios, apoyo a madres cuidadoras, el malecón del Suroriente, internet gratuito, facultad de medicina, alimentación escolar y apoyo a la cultura y el deporte, seguiremos construyendo juntos una mejor ciudad para todos". Así mismo, el nuevo mandatario de los barranquilleros reiteró que "gracias a nuestra solvencia económica y buen manejo de los recursos públicos, el sector financiero sigue apostándole a una Barranquilla a otro nivel”.Sin embargo, la aprobación de este proyecto de acuerdo sigue siendo un ‘dedo en la yaga’ para concejales como Antonio Bohórquez, del partido Polo Democrático, quien aseguró que no es tanto hacer las obras, sino cuánto le terminarán costando a los ciudadanos."El endeudamiento tiene una íntima relación con la tributación. Eso no viene del aire, no sale del cielo, endeudada la ciudad pues se tienen que recurrir a otras formas para satisfacer las obligaciones de la banca. Dependemos de los giros de la Nación, dependemos del endeudamiento, dependemos de la tributación, entonces, siendo así, en este proyecto de acuerdo sigo expresando mi rechazo", dijo. Otra posición es la que comparte el concejal del partido Cambio Radical, Estefanel Gutiérrez, quien reiteró que, con este límite de crédito, serán posibles grandes proyectos de infraestructura y de mejora en las condiciones de vida de los barranquilleros."Esto tiene un único fin: el gasto público social. El gasto público social tiene la única finalidad de resolver los problemas y necesidades de educación, de empleo, de vivienda", explicó. Vale aclarar que, según la Secretaría de Hacienda de Barranquilla, este crédito será pagado en un plazo de 20 años con el recaudo que, mes a mes, se cobra a través de la tarifa de alumbrado público y, además, en la estampilla prohospital.A través de un comunicado emitido por el Concejo de Barranquilla, se dio a conocer el detalle de las obras que serán cobijadas bajo líneas de crédito que la Alcaldía de Barranquilla buscará para ejecutarlas, entre las que se encuentran 20.000 mejoramientos de vivienda en las distintas localidades, mejoramiento de 600 vías, que suman alrededor de 100 kms a intervenir, la intervención de 2.220 huecos en calles, que representan 102.000 m² y 130 km de malla vial a recuperar y la ampliación de vías importantes e internas de la ciudad de dos a tres carriles.Además, también se destacan la canalización de arroyos con presencia en el sur de la ciudad y la intervención del arroyo de la calle 85, dado que con esto se espera impactar en aproximadamente 12 Kms de arroyos, la construcción del gran malecón del Suroriente, transversalmente desde Barrio Montes hasta Rebolo, el cual contará con 1.360 mts lineales dotados con la más amplia oferta de amoblamiento urbano, la ampliación de carriles en la Avenida Circunvalar a la altura del barrio El Pueblo, entre otros proyectos.
El 3 de enero de 2024, Diana Marcela Otavo, ejecutiva nacional del Polo Democrático Alternativo, radicó una tutela en el Concejo de Bogotá por la serie de denuncias que se han hecho alrededor de la elección de la mesa directiva que dejó a Rolando González de Cambio Radical con la vicepresidencia de la corporación.Desde la oposición se ha señalado el nombramiento como inconstitucional, por lo cual se realizó la solicitud. A lo que la corporación, en 24 horas, emitió una respuesta de 26 páginas a Otavo donde dice que su recurso no tiene legitimación.Según la corporación, ningún partido político había registrado su declaración política ante el Consejo Nacional Electoral, dicen también que para ese momento no era exigible el derecho que tiene la oposición a ocupar la Primera Vicepresidencia de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá.Sobre la concejala Ana Teresa Bernal, por el Pacto Histórico, que solicitó el aplazamiento de la elección del primer vicepresidente. El Concejo también emitió una respuesta: “Ella aceptó la postulación, hizo parte de la votación, votó y perdió en democracia frente al otro concejal postulado, es decir, se sometió democráticamente a la elección y fue derrotada obteniendo 7 votos, frente a 31 del vicepresidente electo y 5 votos en blanco”.Tras conocerse el documento, Diana Marcela Otavo cuestionó la decisión.“La Secretaría Jurídica dice hoy que una resolución y un reglamento interno son superiores a la Constitución y que por eso es viable robar la curul de la oposición en el Concejo de Bogotá. Vergonzoso alcalde Galán”, añadió Otavo.Al respecto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, había asegurado horas antes de la respuesta, que en su Gobierno se darían garantías a la oposición."Durante toda mi carrera he sido respetuoso de la oposición. Como alcalde, mi compromiso no es distinto: en Bogotá la oposición debe tener todas las garantías para que pueda ejercer su función política. Es a partir del respeto por las diferencias que construimos la ciudad que soñamos", dijo en su cuenta de X.Cabe mencionar que el Concejo en otro apartado reitera que, amparándose en los artículos 6 y 9 de la Ley 1909 de 2018, la Sentencia C-018 de 2018 de la Corte Constitucional y en la doctrina y precedentes del Consejo Nacional Electoral, Se podrá acceder a ese puesto siempre y cuando se haya hecho el procedimiento en el CNE y empiece a tener validez ese puesto de oposición en el segundo año del periodo constitucional.Vea también
A través de un comunicado el Polo Democrático Alternativo se desmarcó y rechazó los comentarios del directivo de ese partido Germán Navas Talero, después de que, a través de sus redes sociales, se fuera en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en un comentario relacionado con la campaña electoral por la Alcaldía de la capital.En el comunicado, el Polo indicó que “rechaza los comentarios misóginos y desobligantes hacia mujeres que ejercen cargos de representación política en el país, expresados por el directivo de este partido excongresista Germán Navas Talero”.Asimismo, aseguraron que ese comentario no representa el “ideario” de la unidad del partido y tampoco representa los objetivos de justicia social, ambiental, económica y equidad entre los sexos por los que han “trabajado durante toda su trayectoria”.“Rechazamos estos comentarios y reafirmamos el compromiso de este partido por feminizar la política, alcanzar la equidad en cargos de representación y participación política, y luchar contra toda forma de violencia simbólica, psicológica y física contra todas las mujeres”, cierra el comunicado.El comentario de Navas Talero desató una tormenta política en redes sociales y una de las que reaccionó fue la exdirectora del ICBF Cristina Plazas le solicitó a la Fiscalía que investigue al directivo del Polo para condenar las acciones discriminatorias y de hostigamiento hacía las mujeres de la política colombiana.Le puede interesar:
Una fuerte crítica al cese al fuego y a la apuesta de paz total hizo el gobernador Andrés Julián Rendón, por lo sucedido en la vereda La Plancha, en zona rural de este municipio del nordeste de Antioquia, donde miembros del los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN habrían atacado una unidad militar en el antiguo espacio territorial.El mandatario calificó como desalmado este ataque y señaló que el ELN delinque en esa zona del departamento en connivencia con el Estado Mayor Central de las Farc “la paradoja, quienes pretenden estar negociando con el gobierno, atacando a firmantes de paz que han negociado y han honrado la palabra con el gobierno nacional en otros contextos”, dijo.Aunque ya son cinco los muertos en medio de esta ofensiva con explosivos, el Ejército confirmó las identidades de cuatro de ellos, que son el suboficial Freddys Robles y los tres soldados identificados como Fabián Rengifo, Iván Reina y Carlos Ramos. Además, cuatro soldados y un civil también resultaron heridos en esta acción criminal y fueron trasladados a Medellín.Para el gobernador Rendón, una vez más se demuestra que “no tienen voluntad de paz”.“Yo no sé cuántas cosas más tienen que acontecer en Antioquia, en el resto del país para que el gobierno comprenda que la mal llamada paz total es un fracaso y que lo único que se necesita para imponer la paz es soltarle las manos a la fuerza pública, dotarla, equiparla bien, liderarla para que produzcan resultados contundentes en contra del crimen cualquier bandido de cualquier pelambre y en favor de la protección de los antioqueños y de los colombianos”, agregó.Los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN en zona rural de Anorí ya completa dos semanas, dejando una grave crisis humanitaria, pues al menos 150 familias han salido desplazadas de veredas como Tenche y Los Trozos y 78 niños están desescolarizados.
Un gigantesco cráter se abrió este mediodía en la calzada Bogotá-Girardot, a la altura del sector San Raimundo. El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde del jueves, en una zona donde actualmente se desarrollan obras de manejo de aguas y ampliación a un tercer carril.La falla en la estructura del pavimento se produjo debido a una caída en la banca, posiblemente relacionada con las intervenciones en curso. Entregarán en diciembre 21 kilómetros del tercer carril en la vía Bogotá El presidente de la ANI, Francisco Ospina Ramírez, informó que a lo largo del 2024 se han logrado avances importante, pasando de un 44,4 % de ejecución al inicio del año a un 65,1 % en la actualidad. Antes de que finalice el año, se entregará un tramo clave: 21 kilómetros de tercer carril, que comprenden importantes obras como:El puente vehicular del Boquerón.13 kilómetros de tercer carril en el sector de Chinauta.La conexión desde la salida del túnel Sumapaz hasta la intersección Jaibaná en Fusagasugá.Estructura del proyectoEl proyecto está dividido en ocho unidades funcionales, con intervenciones estratégicas a lo largo del corredor Bogotá-Girardot. Hasta la fecha, se han entregado cuatro tramos que benefician directamente a los usuarios de los municipios de:Soacha y Sibaté: Ampliación de calzadas para reducir congestión.Silvania y Fusagasugá: Mejora de accesos y fluidez en tramos críticos.Melgar, Ricaurte y Girardot: Incremento en la capacidad vial, facilitando el acceso turístico y comercial.
La reciente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha despertado inquietudes en América Latina, especialmente en los contextos políticos de Colombia y Venezuela. Las preguntas giran en torno a cómo el nuevo Gobierno estadounidense, liderado por Trump y con figuras como Marco Rubio en posiciones clave, podría afectar las dinámicas políticas en la región.Por ejemplo, emergen interrogantes sobre una posible negociación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la administración Trump, tras la revelación de que delegados del régimen venezolano se han reunido con personas cercanas al presidente.¿Qué puede esperar Latinoamérica ahora?En diálogo con Mañana Blu con Camila Zuluaga, el director para la veeduría de defensa de WOLA, Adam Isacson, apuntó a que dentro de la Casa Blanca existirán divisiones notables. Por un lado, algunos miembros del gabinete priorizan la migración y la deportación de venezolanos, mientras que, por otro, Rubio se sienta a la mesa con una agenda que busca seguir presionando al régimen de Maduro."Es imposible saber todavía, pero hay una fuerte probabilidad de que entre este Gobierno en frente de Trump va a haber una división interna bastante aguda. Es que, digamos, en la Casa Blanca los oficiales que ya han nombrado son quienes priorizan mucho el tema de la migración, que quieren excluir a los migrantes. Y hay como 600.000 migrantes venezolanos que han entrado a Estados Unidos durante los últimos tres o cuatro años y quieren devolverlos también. Esos mismos de la Casa Blanca son obsesionados con la inmigración y también obsesionados con acceso al petróleo", indicó.Esto, añadió, podría generar una brecha significativa en las estrategias adoptadas. En ese sentido, habló también de Colombia, pues la administración de Gustavo Petro podría enfrentar “retos” con el nuevo Gobierno de EEUU.Un enfoque más duro en las sanciones hacia Venezuela podría implicar mayores flujos migratorios hacia Colombia, poniendo presión al Gobierno Petro, según dijo Isacson."Para Colombia van a haber, especialmente para el Gobierno de Petro, varios retos; más retos que ventajas. Sobre el tema de Venezuela no sé exactamente cómo entrar, porque lo que están pensando la gente como Rubio es endurecer sanciones a cosas que tal vez resultarían en más sufrimiento dentro de Venezuela y más migrantes saliendo de Venezuela entrando a Colombia. Eso sí es un reto, pero veo retos más grandes en el tema de inmigración y drogas", sostuvo.En este sentido, mencionó que la estabilidad de la política colombiana está en jaque, ya que el péndulo político podría inclinarse hacia la derecha en respuesta al ascenso de Trump, afectando la popularidad del actual Gobierno de izquierda.Explicó que la tendencia de construir un bloque de derecha en América Latina puede intensificarse con la influencia de Trump y sus aliados.
Blu Radio tuvo acceso a nuevos detalles de un encuentro en la Casa de Nariño el 6 de noviembre de este año, que contó con la participación del presidente Gustavo Petro y sería determinante en la intervención de los Estados Unidos dentro de la polémica por la compra del software Pegasus.Un día después, 7 de noviembre, el diario El Tiempo publicó la declaración de altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden, quienes afirmaron que ese país fue el responsable de la compra del software espía Pegasus con el objetivo de implementarlo en la lucha contra el narcotráfico. Además, señalaron que el Gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022) no tuvo conocimiento del negocio pactado con la firma NSO Group por 11 millones de dólares.Además, los funcionarios norteamericanos expresaron que la compra se efectuó por dos montos de 5.5 millones de dólares. La fiscal Luz Adriana Camargo, quien abrió una investigación, afirmó que el sistema financiero de Israel registró el ingreso de dinero y declaró que “la operación por 11 millones de dólares existió”.¿Quién tuvo acceso a Pegasus?Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, qué miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países( Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir la herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial(Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.La reunión en PalacioEl 6 de noviembre de este año se llevó a cabo, en la Casa de Nariño, un encuentro crucial entre el presidente Gustavo Petro y un alto dignatario del gobierno de Estados Unidos, tan solo unas horas después de la elección presidencial en ese país, donde fue electo Donald Trump.La fuente anónima argumentó a Blu Radio que las recientes publicaciones en medios, que salpicaba aún más a la línea de mando de la Policía y al gobierno Duque, incluyendo ministros y funcionarios, así como la actuación penal contra importantes aliados en la lucha contra las drogas, como el exministro de Defensa Diego Molano y el general Jorge Luis Vargas, motivaron la intervención y la llegada de esta figura importante de la política norteamericana. Este dignatario estuvo acompañado en todo momento por un esquema de seguridad extranjero durante las pocas horas que permaneció en territorio colombiano.Lo llamativo de la reunión es que en ella se habría informado al Primer mandatario sobre una versión desconocida en ese momento por la opinión pública sobre la participación de Estados Unidos en la compra de Pegasus. No obstante, no fue sino hasta la revelación de El Tiempo y la reunión sostenida entre el embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca con funcionarios del gobierno Biden que el presidente Petro emitió un pronunciamiento en su cuenta de X: “Si esto es cierto, sí que serían peor las cosas”.Otro de los puntos que pudo conocer este medio fue que la persona encargada de responder las preguntas del embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca en Washington fue Todd Robinson, político estadounidense con una larga experiencia en la lucha contra el narcotráfico y la persona que designó Estados Unidos para permitir un mayor entendimiento, teniendo en cuenta la estrecha relación de Robinson en asuntos de América Latina.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, tambien por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
Emilio Tapia, principal involucrado en el escándalo de corrupción relacionado con el caso Centros Poblados, alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación este martes, en el que admite su responsabilidad en los hechos que resultaron en la pérdida de más de $70.000 millones destinados a conectar con internet a escuelas rurales en Colombia. Este caso, que estalló durante el gobierno del expresidente Iván Duque, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.Detalles del preacuerdoEl preacuerdo entre Emilio Tapia y la Fiscalía contempla cuatro puntos clave que definen las condiciones de su colaboración y su castigo:Condena de seis años de cárcel: Tapia aceptó cumplir una pena privativa de la libertad que, aunque reducida, refleja la gravedad de los delitos cometidos.Devolución de $5000 millones: el empresario deberá reintegrar parte de los fondos desviados. De este monto, ya entregó $2500 millones en efectivo. Los otros $2500 millones serán restituidos mediante bienes que se encuentran en Girardot y zonas rurales de Medellín, según lo confirmó su defensa.Testigo clave para la Fiscalía: Tapia se comprometió a colaborar como testigo en las investigaciones, lo que podría revelar información crucial sobre otros implicados en la red de corrupción.Aceptación de tres delitos: el empresario admitió su responsabilidad en los cargos imputados, consolidando su disposición para cooperar con la justicia.El escándalo de Centros PobladosEl caso Centros Poblados estalló cuando se descubrió que los recursos destinados a llevar conectividad a zonas apartadas del país, mediante un contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), fueron desviados mediante documentación falsa y una red de corrupción liderada por Tapia.El contrato, valuado en $1,07 billones, fue cancelado después de que se conociera que las empresas contratistas no tenían la capacidad técnica ni financiera para ejecutar el proyecto. Este hecho salpicó a funcionarios del gobierno de la época y desató una crisis de credibilidad en las instituciones.
