Jorge Eliecer Díaz Collazos, más conocido con el alias de ’Castor’, está afinando sus acercamientos con el gobierno y con la justicia para obtener beneficios ante una eventual condena, teniendo en cuenta su papel como determinador al ser líder de la organización criminal de Los Costeños, donde se calcula que ha ordenado más de 100 homicidios en los últimos años.Para esto alista para el viernes 4 de octubre la entrega de decenas de armas, entre revólveres y pistolas, en la ciudad de Barranquilla, donde el grupo delincuencial tiene su centro de operaciones. En este, no habrá presencia de ninguno de sus miembros, sin embargo, sería un acto de voluntad para avanzar en un proceso de inclusión en la llamada paz total. Se trata de 30 armas que harán parte de una primera entrega, pues la defensa de 'Castor' prevé otras más. Esta sería la primera vez que una célula urbana delincuencial realiza un masivo desarme con armas de fuego de fabricación industrial. Aunque aún no se confirma la presencia de autoridades en el evento, hasta el presidente fue invitado a asistir, teniendo en cuenta que esto coincide con su visita a la capital del Atlántico. Por otra parte, Blu Radio conoció que 'Castor' está buscando firmar un preacuerdo con la Fiscalía para entregar información sobre la participación en diferentes homicidios. La gestión está siendo liderada por su defensa, quien indicó que ya hubo un traslado de Díaz Collazos a la cárcel La Picota de Bogotá, para avanzar con las conversaciones de este convenio. Pese a que sobre el líder de Los Costeños hay un vencimiento de término frente al proceso que actualmente lo tiene con medida de detención intramural, no buscará la libertad a través de este proceso por las conversaciones que adelanta con el Gobierno.Entre otros temas, 'Castor', estaría buscando una reducción de condena a unos 20 años, pues también lideraría la desmovilización de los miembros de su organización.
Cuando transitaba por la conocida calle 12 de octubre, en el barrio Obrero, de la isla de San Andrés, dos delincuentes en moto dispararon, sin mediar antes una palabra, contra un menor de 17 años de edad, quien perdió la vida poco después de ser llevado a un centro asistencial con varios impactos de bala en su cuerpo.Ante este hecho, cuyo móvil es investigado por la Policía Nacional, la coronel Doris Manosalva Pinto, comandante de la Policía del archipiélago, indicó que hay un ofrecimiento de una millonaria recompensa."Mediante labores de vecindario hemos logrado establecer datos importantes. En este momento personal de Policía Judicial e Inteligencia trabajan intensamente para esclarecer los hechos. Lamentamos los hechos y nos unimos al dolor de la familia", expresó la coronel Manosalva.La muerte del menor ha generado consternación en la isla, ya que afirman que la víctima se destacaba en la comunidad por su don de servicio.Otros casos que han conmocionado a sanandresanos este añoEn el mes de octubre el temor se apoderó de los habitantes de San Andrés y Providencia, tras el macabro hallazgo de una persona descuartizada, cuyos restos fueron abandonados en la Laguna Big Pond, en el sur del archipiélago, lo que llevó a desplegar un grupo especial con Policía Judicial y CTI de la Fiscalía para determinar los móviles del atroz crimen.Las autoridades encontraron el cuerpo desmembrado en el interior de una bolsa, luego de recibir una llamada a la línea 123 que alertó sobre la presencia de un paquete sospechoso en el lago por parte de la comunidad.Al llegar a la zona donde se encontraba el "paquete sospechoso", miembros de la Policía de San Andrés hallaron las partes del cuerpo del hombre que, según la versión oficial entregada, fue asesinado de manera violenta pocas horas antes de encontrar sus restos.Le puede interesar este contenido:
En la plenaria del Senado fueron citados el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el director del INPEC, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, y el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Andrés Ernesto Díaz, con el propósito de responder sobre la situación penitenciaria del país, infraestructura carcelaria y los programas de resocialización para los presos.La citación fue hecha por los senadores de la Alianza Verde - Centro Esperanza, Gustavo Moreno, Guido Echeverry Piedrahita, Jairo Alberto Castellanos Serrano y Berenice Bedoya, así como miembros de la Comisión Accidental de Seguimiento, Vigilancia y Control al Sistema Penitenciario y Carcelario.El punto de mayor preocupación por parte de los citantes es la gravedad del hacinamiento en los centros carcelarios y que lamentablemente se desbordó en los centros de reclusión transitoria como estaciones de Policía y URI, y hasta centros improvisados como casas abandonadas y bodegas; las cuales llegan hasta 170 % en promedio, pero en algunos centros, como en La Guajira, se registra hacinamiento de hasta el 2.000 %.Otro de los puntos de mayor debate fue el del desempeño de la USPEC: “El Presupuesto de las USPEC es de 1,5 billones de pesos al año: de ese dinero el 99.5 % está destinado a funcionamiento y no se ve la inversión de ese dinero. Solo el 0.14 % se está gastando en proyectos de resocialización de internos”, señaló el senador Moreno.A su turno, el ministro de Justicia resaltó que actualmente hay 195.260 personas presas, de las cuales hay 97.300 en centros carcelarios administrados por el INPEC, 71.185 están en detención domiciliaria, 2.900 detenidas en cárceles territoriales municipales y departamentales, 22.319 en estaciones de Policía y 1.561 en una Unidad de Reacción Inmediata (URI).“En las cárceles hay sobrepoblación del 19 %. El problema está en las estaciones de Policía donde tenemos un hacinamiento de 167 % y en las URI de hasta el 30 %”, señaló Osuna.Por último, el ministro señaló que desde el Gobierno se propone una reforma al sistema penal y la política criminal el país, la cual será presentada en marzo de 2023.“Proponemos una reforma al sistema penal y la política criminal del país. Lo más oportuno será presentar el proyecto en marzo del próximo año. Ya está el borrador, ya se lo he compartido a varios congresistas para comenzar a discutir y tendría varios ejes: uso racional de la cárcel, es decir menores penas; aplicar los subrogados penitenciarios; mayor resocialización de presos; buscar un convenio con facultades de medicina para que el año rural pueda hacerse en las cárceles, aplicar un sistema de justicia restaurativa; implementar brigadas jurídicas de los consultorios jurídicos de las universidades en las cárceles, entre otros. Necesitamos una política criminal humanista que priorice la resocialización y que entienda que los detenidos son seres humanos”, puntualizó el ministro.Escuche el podcast: Corazón Leopardo
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que el Gobierno retirará el polémico artículo 167 en el borrador de Política Criminal que planteaba que los medios escritos, radiales y de televisión debían por obligación hacer una campaña para sensibilizar a los colombianos acerca de la política criminal y la justicia restaurativa. Los artículos o piezas comunicativas, como estaba planteado, deberían ser del corresponsal, pero aprobados por el Consejo Superior de Política Criminal. “No lo comparto, pero primero una pequeña aclaración. Ese proyecto de ley no tiene que ver con la política de sometimiento o acogimiento, esto es una iniciativa que estamos preparando, apenas van borradores, para presentarlo en marzo del año entrante en el Congreso de la República, pero ciertamente quisimos publicar sucesivos borradores que hemos venido haciendo para abrir la discusión, porque sabemos que se generará controversia. Lo que no quiero es que genere sorpresas. La controversia tiene sentido para irlo mejorando", sostuvo el ministro Osuna. El ministro de Justicia aseguró que el espíritu de la iniciativa buscaba sensibilizar a los colombianos en cuanto a la humanización de la política penal y penitenciaria; Osuna sostuvo que la ley de estupefacientes cuenta con un artículo muy parecido. "Se busca superar el estado de cosas inconstitucional que la Corte declaró hace más de 20 años. Para eso tiene medidas de resocialización, de justicia restaurativa, en fin, un cierto tipo de medidas de humanización de la política penal y penitenciaria. Dentro de eso, ciertamente, incluimos en un borrador ese artículo que ha suscitado incomodidades y que por supuesto corregiremos", comunicó el funcionario. De acuerdo con el ministro Osuna, la norma similar a la ley de estupefacientes se encuentra presente en la actual legislación y el debate pone sobre la mesa la posibilidad de que sea derogado. "A lo mejor es una historia que hay que corregir, no solo en este borrador, sino en la legislación colombiana. La ley 30 de 1986, del gobierno de Virgilio Barco, que es la ley de estupefacientes, contiene un artículo muy parecido, dice que los medios escritos, televisión, radio, de comunicación, tienen la obligación de hacer campañas para evitar el narcotráfico y prevenir el consumo y la drogadicción y que los contenidos, o los pueden tomar, de los medios que haga el Gobierno o los puede hacer el propio medio de comunicación, pero que en ese caso requiere la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes. Eso está vigente al día de hoy", declaró el funcionario. El cuestionado artículo decía: "A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se cerciorará de la difusión de los contenidos mencionados a través de medios virtuales masivos".
