Dos subintendentes y un patrullero de la Policía Nacional que están adscritos a la división antinarcóticos de la Policía Nacional resultaron heridos, luego que que desconocidos los atacaran con armas de fuego en hechos ocurridos en el corregimiento de la guayacana en la vía que de pasto conduce a Tumaco en el Pacífico nariñense.Benildo Estupiñán, secretario de Gobierno del departamento, dijo a Blu Radio que el ataque se presentó pasadas a las 12 del día de este viernes 13 de septiembre, cuando los intendentes José Alfredo Navarro Acosta y Milton Giovanni Yaguatin Achicanoy junto a otro uniformado viajaban a bordo de una camioneta particular, la cual presentó fallas mecánicas entre los kilómetros 92 y 95 en el corregimiento de la Guayacana.El funcionario aseguró que se desconoce si los tres uniformados viajaban en comisión oficial o realmente que estaban haciendo en esa zona del departamento o se trataba de un viaje de rutina.Dijo que, según las primeras versiones de algunos testigos, los uniformados, al parecer, se disponían a reparar el automotor cuando fueron atacados con ráfagas de fusil por parte varios desconocidas que sin mediar palabra alguna abrieron un fuego indiscriminado contra los uniformados.Los tres uniformados serán trasladados hacia la ciudad de Pasto en donde serán recluidos en centros asistenciales.Según el propio secretario de Gobierno del departamento se desconoce hasta el momento quiénes son los autores de este ataque contra los uniformados.De acuerdo al parte médico preliminar indican que el intendente José Alfredo Navarro Acosta presenta múltiples heridas con arma de fuego en la cabeza, mientras que el intendente Milton Giovanni Yanguatin, registra una herida en el brazo izquierdo.Las autoridades de Policía y Ejército recuperaron el control en la vía al corregimiento de la Guayacana en donde se realiza un operativo de registro y control para establecer la identidad de los responsables de este ataque contra la fuerza pública
Tras recibir información de un ciudadano sobre la presencia de tres personas y unos paquetes sospechosos al interior de un taxi en el barrio Moravia, nororiente de Medellín, la Policía Metropolitana encontró material que iba a ser dosificado en 70.000 mil cigarrillos de marihuana.Los uniformados adelantaron la requisa en el vehículo de servicio público individual y hallaron 240 paquetes de este estupefaciente, que serían comercializados en este sector de la ciudad.En el procedimiento fueron capturados tres hombres de edades entre los 24 y 37 años, por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y posteriormente, fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación. "Nos informan que se encuentra un vehículo tipo taxi en una estación de gasolina del barrio Moravia. De inmediato, las patrullas de vigilancia se dirigen a verificar este automotor. Al llegar al lugar, encuentran dentro del mismo tres individuos y cuatro paquetes grandes, 150 kilos de marihuana", señaló el teniente coronel Michael Aguilar, comandante del Distrito Nororiental de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.Según las autoridades, uno de los capturados también será procesado por el delito de fuga de presos, pues ya contaba con una medida de aseguramiento domiciliaria por el mismo delito.
A la espera de la audiencia de imputación de cargos se encuentra Liliana Monsalve, o 'Lili', como se le conoce a la rectora del colegio Star Kids en el norte de Barranquilla, que fue capturada y señalada de ser la presunta líder de una red de tráfico de drogas que tendría vínculos con la banda criminal de ‘Los Pepes’, al mando de Digno Palomino.La rectora fue capturada junto a otras 10 personas, entre ellas su hermano Sebastián Monsalve, luego de una investigación de más de un año adelantada por la Fiscalía 61 e investigadores del grupo de antinarcóticos de la Sijin Metropolitana, en la que se obtuvieron numerosas interceptaciones telefónicas.Lea también: El robo de energía tiene en jaque el suministro del servicio en el CaribeUna de estas es una conversación entre e Liliana Monsalve con su papá sobre un allanamiento que le habían practicado a su casa el pasado 8 de abril. Así lo dejó ver el fiscal durante la audiencia de legalización de allanamiento y captura.“Esta vivienda había sido allanada uno días antes y esta diligencia se declaró ilegal, pero sí se contaba con audios posteriores a esta diligencia de allanamientos en donde referían, precisamente, que el papá de Sebastián, en comunicación con Liliana, y esto sí fue legalizado, él refiere de que gracias a Dios él alcanzó a botar gran cantidad del estupefaciente y que solo le encontraron el que él utiliza para su consumo. Este es el elemento material probatorio que permite violentar nuevamente le derecho a la intimidad de la vivienda”, dijo el fiscal.El representante del ente acusador también dejó ver que habría miembros de la Policía sirviendo a esta organización y que existen al respecto algunas grabaciones.“La Fiscalía sabía que estas personas estaban avisadas de que podían estar siendo investigadas, pues también cuenta la Fiscalía con interceptaciones al parecer de la Sijín donde les informa de esto y de otra persona que trabajó también con la Policía done le dice que ya vienen siendo investigados con anterioridad. Con estas dos interceptaciones también cuanta la Fiscalía y serán utilizadas más adelante”, dijo el representante del ente acusador.Entre los capturados también se encuentran trabajadores de dos laboratorios de cultivos hidropónicos de cannabis en los municipios Manatí y Repelón, los cuales pese a tener licencia de funcionamiento, presuntamente exportaban el aceite de CBD de forma ilegal a la vez que sacaban la marihuana para traficarla y no precisamente con uso medicinal como lo indica el permiso que tienen.La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento quedó programada para el viernes 26 de abril a las 8 de la mañana.
Operativos adelantados por las autoridades en contra del tráfico y comercialización de estupefacientes llevó al grupo de Carabineros de la Policía Nacional hasta la bodega de una empresa de mensajería en el municipio de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá.Allí los uniformados con acompañamiento de una unidad de perros especializados identificaron 33 kilos de marihuana empacados en un rollo simulado de plástico que provenía de la ciudad de Cali. El alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, aseguró que los operativos en contra de estas redes nacionales serán frecuentes en su territorio."Todos los días vamos a estar combatiendo la criminalidad en nuestro municipio. Esta es una acción que demuestra que nuestra Policía Nacional está comprometida para prevenir el consumo y para capturar y llevar a cabo acciones contundentes en contra de quienes quieran comercializar y distribuir estupefacientes en nuestro municipio."La mercancía incautada quedó a disposición de las respectivas autoridades judiciales quienes adelantan las investigaciones para determinar la procedencia del paquete y las circunstancias en las que llegó desde el sur del país hasta el Valle de AburráLe puede interesar:
En medio de las 30 muertes por sobredosis vinculadas al fentanilo que se han registrado en Colombia, una de las alertas que tiene el Ministerio de Justicia es el aumento que ha tenido el volumen de las incautaciones de ese opioide que se desvía del mercado legal médico.“Desde esas primeras incautaciones en 2018 eran incautaciones más o menos de 10 ampollas, de 20 ampollas, ya a 2023, aunque siguen siendo pocos, las incautaciones han subido en volumen, es decir, ya las incautaciones no son de 10, sino hay incluso de 100, de 280, de 400 ampollas”, indicó Gloria Miranda, directora de Política de Drogas del Ministerio.Por ese panorama, la funcionara se cuestionó si pudiera existir la hipótesis de que se esté dando un mercado de fentanilo adulterado o que el aumento de ampollas en las incautaciones esté relacionado con el desvío que tiene el medicamento en la cadena de importación hacia Colombia.“Uno puede asumir robos a farmacias, desvíos de personal médico que, pues, puede estar cooptado de alguna manera por una red ilícita, pero si se empieza a encontrar con mayor proporción, se puede asumir que se podría estar rindiendo ese fentanilo con otra cosa y la están maquilando en esas mismas ampollas”, explicó Miranda en diálogo con Blu Radio.Y es que desde el 2018 a la fecha las autoridades tienen en total 31 casos de incautación de fentanilo que se ha encontrado en laboratorios clandestinos, puertos y aeropuertos del país. De hecho, la Policía Antinarcóticos puntualizó que ese número de incautaciones se traducen en más de 1.100 unidades del opioide sintético halladas en esos lugares.De hecho, el mayor Andrés Marín de la Policía Antinarcóticos detalló que uno de esos hallazgos se identificó en un “laboratorio donde se recibieron dos muestras de encomiendas en Estados Unidos incautadas por Policía Aeroportuaria”. Según contó, en una de ellas se encontró fentanilo y análogos del fentanilo: “Esos análogos el ‘paraflujo-fentanilo’ son derivados sintéticos en la fabricación clandestina del fentanilo”.Con ese hallazgo apareció la preocupación de que el fentanilo análogo puede ser mucho más potente y nocivo que el fentanilo original, debido a que en la mayoría de los casos son fabricados clandestinamente sin control de dosificación de la sustancia, según la Policía Antinarcóticos.Hay que recordar que en Colombia no hay evidencia de que el fentanilo se esté produciendo en laboratorios clandestinos y los análogos que están llegando del opioide al país, estaría relacionado con un mercado que proviene del norte de América.
Procedente de un laboratorio acreditado en el sur del continente, como una encomienda legal y con todas sus guías correspondientes a través de una reconocida empresa de envíos, llegaron vía aérea a Barranquilla las 290 ampolletas de fentanilo que posteriormente fueron transportadas a Medellín e incautadas en la capital antioqueña.La región Caribe se ha convertido en una plataforma de tráfico o desvíos de esta droga hacia el resto del país, pues ya se han hecho incautaciones en territorios como Cartagena, Sucre y La Guajira, según indicó el general Nicolás Zapata, director de la Policía Antinarcóticos.El oficial sostuvo que ya tienen identificados el origen y los destinatarios de las encomiendas de fentanilo y, por lo tanto, tienen bajo la mira a varios involucrados, entre esas la persona que recibió la mercancía en Barranquilla y la despachó por tierra a Medellín.“Hasta el momento hemos vinculado a cuatro personas con el desvío de ese medicamento. La investigación tendría incidencia en Cali, Medellín y Bogotá, que son las ciudades a donde principalmente se están desviando los medicamentos, ya sea con fines médicos legales o para la fabricación de drogas sintéticas, específicamente fentanilo", dijo el general Zapata.La Policía Antinarcóticos anunció que, a la par de las labores de prevención, reforzará los operativos en las terminales y rutas de transporte de carga para ejercer mayor control sobre los paquetes de encomienda.Para ello, a través de una cooperación internacional, se está capacitando al personal de la Policía y 81 perros antinarcóticos han sido entrenados en todo el país para identificar este medicamento, pues su pequeño tamaño estaría facilitando su camuflaje en paquetes que son enviados en servicio de carga.Para el oficial, “está claro que en Colombia no hay producción”, pero sí “hay un desvío que implica necesariamente una complicidad a nivel hospitalario”. “Cada ampolleta rinde hasta 20 dosis y cada dosis cuesta entre 250.000 y 400.000 pesos”, agregó.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Lo que ha informado el Gobierno es que no tienen información sobre la producción ilegal del fentanilo en el país, que está combinado con heroína o cocaína y que puede volver a la gente ‘zombie’.Sin embargo, es una alerta latente porque podría llegar al territorio y representar un problema de salud pública por lo peligroso que puede llegar a ser, es por eso, que desde la Policía Nacional están solicitando que el Congreso realice una reglamentación sobre esta nueva droga.“En la parte legal hay que tener claro que nos corresponde modificar o proponer que se modifique algunos aspectos de la ley como tal, porque en este momento no es penalizado y es lo que corresponde también a futuro proponer. Recordemos, como le he mencionado, que es una droga que utilizan en medicina normal, veterinaria inclusive, y lo que hacemos nosotros obviamente se presenta la parte judicial, pero al momento no hay una reglamentación específica que permita que la persona quede realmente con una medida de aseguramiento”, especificó el general Nicolás Zapata, director de la Policía Antinarcóticos.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFUna ampolleta de fentanilo, podría alcanzar hasta para 200 dosis, y su precio está rondando entre los 150.000 y 400.000 pesos en otros países, la llegada del fentanilo, dice el Gobierno, es la razón por la que ha bajado el consumo de cocaína y que también, los grupos criminales que tienen el tráfico de la coca estarían cambiando sus rutas al sur del continente.“Un posible decremento en el precio como al final de la del clorhidrato. Hemos determinado exactamente qué ha bajado el costo de la hoja de coca de la plantación como tal, pasando del año pasado de 77.000 a 32.000 pesos este año”, señaló el general.En septiembre llegará una delegación del FBI para la capacitación de los policías, pues con la manipulación de esta droga sus vidas también estarían en riesgo. La información que tienen las autoridades y que están investigando es que hay dos posibles intoxicados con esta droga en el país. Además, en este momento la Policia adelanta labores de inteligencia para verificar si esta droga se esta comercializando en el mercado negro.Le puede interesar "¿Colombia está en riesgo del consumo masivo de fentanilo como en EEUU?":
La Policía Antinarcóticos aseguró que en las últimas 72 horas ha logrado detectar e incautar más de 10 kilos de cocaína que delincuentes pretendían sacar desde Bogotá, ocultándola en supuestos regalos.En uno de los casos fue capturado un Stefano Corda, ciudadano italiano de 35 años, que pretendía viajar hacia Barcelona con casi cuatro kilos de cocaína ocultos en su maleta, en un espacio conocido como doble fondo.También, en otro punto del aeropuerto El Dorado, la Policía detuvo a una mujer colombiana, quien estaba por abordar un vuelo a Madrid, España, pero en su maleta tenía dos empaques de una reconocida bebida achocolatada, pero con 2.385 gramos de cocaína en su interior.A propósito de esto, en la terminal de carga del aeropuerto, la Policía inspeccionó varias encomiendas, encontrando una caja de cartón que sería enviada a Orihuela, España, con 11 figuras religiosas en yeso, alusivas a la Virgen María, pero que al ser pasadas por el escáner revelaron que tenía elementos extraños en su interior.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFLos agentes expertos revisaron la sustancia y, tras la prueba de campo, se confirmó que era cocaína: un total de 2.652 gramos.Y en labores similares revisaron otro envío, esta vez con destino a Londres, Inglaterra, que supuestamente tenía bolsas con dulces de coco, pero en realidad una de ellas había sido alterada y tenía 350 gramos de cocaína.A la fecha, la Policía Antinarcóticos ha incautado un poco más de dos toneladas de clorhidrato de cocaína, una tonelada de cocaína en operativos en todos los aeropuertos del país, que han dejado la captura de 168 personas, 10 de ellos de nacionalidad extranjera.Vea también
Un caballo con 14 años de servicio a la comunidad y otros dos perros expertos en rescate de personas y antinarcóticos se jubilaron y fueron entregados en adopción durante una emotiva ceremonia en Bucaramanga.Así se despidió el patrullero Juan Mejía de ‘Gamazon’, su noble caballo que lo acompañó durante 14 años al servicio de la comunidad en la Policía Metropolitana de Bucaramanga. En una emotiva ceremonia fue entregado a sus nuevos dueños.“Queremos que esté en una gran familia que lo cuide y lo proteja en lo que le queda de vida”, le dijo el patrullero al nuevo dueño.El ahora propietario de Gamazon le respondió: “me hicieron un regalo muy hermoso que nos ha presentado el día de hoy, para recibir esa prenda, ese regalo para cuidarlo hasta que Dios me lo deje, para darle un buen manejo y buena comida”.Junto a ‘Gamazon’ también se jubilaron Tatys y Cart, dos perros con seis años de servicio en la policía, donde ayudaron al rescate de personas en avalanchas y también a encontrar toneladas de droga de peligrosos narcotraficantes.“La entrega de un equino y dos caninos a personas civiles, quienes se han encargado de demostrar la calidad de personas que pueden ser en la adopción y mantenimiento de estos animales que han servido a la Policía Nacional”, señaló el capitán Juan Camilo Chacón, jefe del Grupo de Carabineros y Guías Caninos de la Policía de Bucaramanga.“Ese animal se ve que es muy tierno, muy comprensivo, me veo inmensamente agradecido a esta institución por haberme agregado este vínculo con este animalito que voy a querer y cuidar mucho porque es y será parte esencial de mi núcleo familiar”, indicó Ramiro González, el ahora propietario de los perros.Gamazon, Tatys y Cart pasan a esa lista de ocho animales que han sido entregados en adopción por parte de la Policía de Bucaramanga durante este 2023 y que ahora gozan de su jubilación con nuevos dueños que prometen amarlos para agradecerles por su labor tras varios años de servicio.
En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el general Nicolás Zapata, director de la Policía Antinarcóticos en Colombia, hizo importantes declaraciones sobre los avances y retos en la lucha contra el narcotráfico en el país.El General Zapata comenzó destacando los esfuerzos realizados por la Policía Antinarcóticos en la erradicación de cultivos de hoja de coca. "Venimos cumpliendo con las fases que se planearon a principios del año", afirmó, y mencionó que la erradicación se intensificó después del mes de abril. A la fecha, han logrado erradicar 8.963 hectáreas, aunque la meta establecida para el año es de 20.000 hectáreas.Ante la pregunta sobre cómo aspiran a cumplir con la meta cuando apenas han alcanzado aproximadamente la mitad de la misma, el general Zapata aseguró que la planeación está diseñada para lograrlo y que cuentan con la garantía de que se contratarán erradicadores adicionales para la siguiente fase."Nuestra meta para final de año, de público conocimiento, es de 20.000 hectáreas", reafirmó el comandante de la Policía Antinarcóticos. Aunque reconoció que el proceso ha sido desafiante, confía en que la operación matemática y la planificación permitirán alcanzar este objetivo.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEn cuanto a la estrategia de erradicación, el general explicó que han mantenido un promedio sostenido de al menos 100 hectáreas erradicadas diariamente desde junio. Afirmó que con este ritmo, junto con el uso de agroquímicos y herbicidas amigables con el ambiente, alcanzarán la meta de erradicación.Sobre el impacto financiero de la erradicación, el general Zapata resaltó que, a pesar de erradicar menos del 5% de los cultivos ilícitos, han evitado la producción de casi 70 toneladas de cocaína, lo que representa una pérdida de más de 2.400 millones de dólares para los grupos criminales.Acerca del fenómeno de la resiembra, el oficial informó que, hasta el momento, no han detectado evidencia de resiembra en las áreas erradicadas este año. Sin embargo, la Policía está trabajando en complementar la erradicación con el uso de herbicidas para evitar su aparición.Finalmente, se abordó el tema del programa de monitoreo con radares de los Estados Unidos. A pesar de la suspensión de este programa, el General Zapata aseguró que la Policía Antinarcóticos sigue trabajando con un sistema alterno de medición llamado SIGIMA, que les permite identificar los cultivos ilícitos.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de BogotáLa Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente.El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
