La controversia que hay en Medellín por dos murales que han sido tapados con pintura gris en los últimos días ha generado malestar en algunos sectores artísticos, mismos que han denunciado un sesgo por parte de las autoridades. El caso más reciente tuvo que ver con un retrato deformado de Álvaro Uribe Vélez y que estaba acompañado por la frase, "yo di la orden", además, de un mensaje que decía, "las cuchas tienen razón", esto en relación a los hallazgos de estructuras óseas que se han hecho en La Escombrera.Aunque la controversia parece que no ha finalizado y, se presume, algunas personas volverán a salir a las calles para pintar más muro de la capital antioqueña, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que detrás de esta problemática está la anterior administración."Quienes destruyeron la ciudad durante cuatro años. La dejaron bien sucia y la estamos limpiando. Y hoy lo que quieren es sacar un provecho de eso. Y el mensaje es muy claro, podemos tener pensamientos diferentes, pero podemos convivir en la ciudad", destacó el mandatario.Por su parte y mientras la discusión continúa vigente en la ciudad, las autoridades han asegurado que se han intervenido estos lugares porque las personas no tenían el permiso para poder plasmar las expresiones artísticas en dicho muros. Sin embargo, Gutiérrez aprovechó la ocasión para indicar que mucha de estos murales tiene motivaciones políticas que no se van a permitir en Medellín.El mandatario reconoció que en las próximas horas se buscan acuerdos y consensos con los artistas para poder determinar en cuáles sitios de la ciudad se pueden realizar los polémicos murales."Hagámoslo bien, hagámoslo concertado y hagámoslo como lo hemos logrado, por ejemplo, en el viaducto de la Comuna 13. A la gran mayoría de los artistas urbanos que en las cuadras viven en la ciudad, no se dejen llevar por aquellos que solo quieren una discusión política o politiquera", Por ahora los ojos en la capital de Antioquia están puestos en una posible repintada del mural de La Escombrera, a la vez que se espera que en las próximas horas se haga una reunión con la mesa del grafiti en la ciudad para así llegar a acuerdos que acaben con la polémica de estos días.
Las polémicas alrededor del nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica no paran y ahora hay nuevos detalles de cómo fue la elección del exgerente de Empresas Públicas de Medellín, esta vez de la manos de los señalamientos del delegado postulado por EPM en la Junta Directiva de ISA, Carlos Raúl Yepes. Hay que recordar que hace algunos días se conoció el acta de elección en donde se evidenciaba la injerencia de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.Precisamente la información entregada por El Tiempo confirmó que Yepes estuvo ante un juez de Medellín en donde bajo juramento indicó que fue Roa quien dio la instrucción de que Carrillo fuera incluido entre los candidatos para llegar a la presidencia de ISA. Además, el expresidente de Bancolombia recalcó que una cazatalentos multinacional contratada para emitir un concepto había dicho en su momento que el nombramiento de Carrillo podía ser un riesgo.Por su parte, Yepes indicó que la elección del presidente de ISA estaba transitando con normalidad hasta que pareciese que los requisitos para elegir a la cabeza de Interconexión Eléctrica cambiaron para, según el miembro de la Junta Directiva, "para ajustarlos (los requisitos) a alguien que ellos querían poner". Asimismo, recalcó Yepes que ya el cazatalentos les había advertido a los integrantes de la Junta Directiva que Carrillo no había tenido la valoración suficiente.En este sentido y según habría manifestado Yepes ante el juez, desde enero de este año existió una alerta de Ricardo Roa, quien manifestó que Carrillo debía estar en el proceso a pesar de que no había tenido los puntajes adecuados para aspirar al puesto. Adicionalmente, la misma empresa de cazatalentos manifestó que de los candidatos el único que representaba una alerta era el exgerente de Empresas Públicas de Medellín.Por otro lado y en las actas de elección que se han conocido recientemente, se pudo constatar que el mismo Yepes registró algunas irregularidades como el testimonio de una exfuncionaria de EPM quien explicó que Carrillo le pidió una carta de renuncia sin fecha por si no cumplía con sus funciones. Estas evidencias que trató de mostrar el expresidente de Bancolombia fueron desestimadas en su momento y por ello la elección de Carrillo como presidente de ISA.
Las polémicas en relación al cobro de la tasa de seguridad en Antioquia no paran y ahora el gobernador Andrés Julián Rendón salió a desmentir a la DIAN. Recordemos que hace apenas unos días la DIAN había manifestado que para que el impuesto pueda ser deducible del impuesto de renta para los comercios tendría que haber una reforma expedida por el Congreso.En su momento Cecilia Rico, la directora de Gestión de Impuestos de la DIAN, le dijo a Blu Radio que la idea de la gobernación de Antioquia de deducir la tasa de seguridad en el impuesto de renta debía estar consagrado en el Estatuto Tributario Nacional."Eso tiene que estar por ley. O sea, yo a través de una ordenanza, que sería lo que haría el departamento, no puedo llegar y garantizar y decirles, mira, es que esta contribución que voy a poner, no sé, para la seguridad, usted la va a poder deducir en el impuesto de renta, ¿no? Porque eso tiene que ser a través de una ley del Congreso", expresó Rico.Con este precedente la gobernación aclaró la situación explicando que el artículo 115 del Estatuto Tributario, según una modificación introducida en la Ley 2277 de 2022, establece la posibilidad para los constituyentes del impuesto de renta el deducir tributos como, por ejemplo, la tasa de seguridad de Antioquia. Asimismo, aclaró la Administración Departamental que hasta el 2022 se restringía la industria y el comercio de la deducción.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue enfático en afirmar que ese camino para cobrarle a la industria y el comercio está firme y que no hay problemas ante la ley para poder cobrarlo de esa manera."Otra cosa fue lo que dijo de manera equivocada una funcionaria de la DIAN y es que no se podía deducir la tasa de la liquidación del impuesto de renta. Nosotros dijimos la semana pasada, la tasa es perfectamente deducible, amparado en esa norma. La tasa sigue firme, la posibilidad de deducibilidad sigue también firme", confirmó Rendón.Por su parte y en relación al cobro a las personas de estratos 4, 5 y 6, el gobernador de Antioquia aseguró que el cobro de la tasa se hará por Valor+, la dependencia del IDEA que cobra el impuesto vehicular en el departamento. Sin embargo, el mandatario no especificó de qué manera se hará, pero dejando la posibilidad de que sea a través de una factura que le lleguen a las personas a sus viviendas.
Luego de que se anunciara la audiencia de imputación al personero auxiliar de Medellín, Héctor Gómez Trujillo, por presuntas irregularidades en la contratación sin cumplimiento de requisitos legales mientras era alcalde del municipio de Campamento entre el 2012 y 2015, la audiencia quedó aplazada por cuarta vez en menos de un mes. Hay que destacar que a Gómez también se le ha señalado de inconvenientes en proyectos de vivienda en el municipio del Norte del departamento de Antioquia.Sobre los anteriores aplazamientos hay que mencionar que la primera audiencia fue citada para el 20 de noviembre de 2024 y fue movida porque el personero auxiliar de Medellín tenía otra audiencia ese mismo día con un juzgado de Bogotá. Para el 28 de noviembre estaba pactada la audiencia y tampoco se pudo realizar porque Gómez presentó una incapacidad médica.Tras las cancelaciones se programó una nueva audiencia de imputación para el 5 de diciembre, sin embargo, ese día tampoco se pudo realizar el trámite porque el juzgado que lleva el caso del exalcalde de Campamento estaba estudiando un supuesto impedimento, mismo que fue confirmado este 9 de diciembre.Según señaló la jueza del caso, ella debía declarar impedida para actuar en el caso de Héctor Gómez Trujillo, puesto que su hermana ha sido contratista directa de la Personería de Medellín entre el 2016 y el 2024, y, además, la mujer en mención tiene un contrato vigente con el Ministerio Público hasta el 31 de diciembre mediante un contrato con el ITM.De momento, se desconoce cuál es la nueva fecha para la audiencia de imputación en contra del personero auxiliar de Medellín luego de que la jueza que llevaba su caso en el municipio de Campamento sustentara que su hermana tenía 100% de funciones dentro del Ministerio Público.
A través de un comunicado dado a conocer a la opinión pública, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatapé Informó la liquidación de la totalidad de sus empleados por falta de recursos y luego de no llegar a un acuerdo con la Alcaldía del municipio del Oriente del departamento de Antioquia. Ante esta denuncia la Administración Municipal respondió con contundencia y explicó qué pasa en la localidad.Según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatapé, desde el 20 de septiembre no cuentan con un contrato con la Alcaldía por lo que pararán sus funciones operativas y solamente mantendrán activos los servicios de capacitaciones; inspecciones de seguridad humana; y recargas y mantenimientos de extintores. Ante esta información el alcalde de Guatapé, David Franco, explicó que la tasa bomberil de este año era de cerca de 40 millones de pesos, sin embargo, se firmó un convenio por casi 175 millones de pesos hasta el 30 de septiembre.El alcalde Franco explicó que recientemente tuvo una reunión con el comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio y aunque aceptó que la propuesta no fue la mejor por los pocos recursos que le quedan a la vigencia del 2024, el funcionario decidió denegar la propuesta."Se le hizo el convenio más alto en la historia de Guatapé para este año 2024. Se le realizó una solicitud de adición de un nuevo contrato para terminar el año, pero el comandante de Bomberos no quiso aceptar. La falta de voluntad precisamente no ha sido de la administración, ni mucho menos mía", destacó el mandatario.Por su parte, desde la alcaldía de Guatapé destacaron que sus recursos no son los únicos que le entran a los Bomberos, ya que ellos deben realizar unas visitas a los establecimientos del municipio, procedimiento por el que cobran. Además, por realizar la recarga de los extintores también reciben un pago.El alcalde de Guatapé explicó que, por ejemplo, por las visitas de inspección a los Bomberos le podrían entrar mínimamente 210 millones de pesos al año. Por su parte, el mandatario manifestó que la Administración Municipal paga los servicios públicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Los recientes ataques y muertes de habitantes de calle en Medellín generaron el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro que habló en su cuenta en X de una supuesta campaña de limpieza. El mandatario insistió que, “siempre las campañas de limpieza terminan en el asesinato de habitantes de calle. Esconder la pobreza extrema sin solucionarla".El presidente de Colombia en reacción, por ejemplo, a un brutal ataque que sucedió en las últimas horas en la capital de Antioquia donde un habitante de calle fue atacado con un machete, aseguró que, "pensar que el habitante de calle es para sacarlo a la fuerza de la calle y no brindar los sitios de cuidados para estas personas, implica un abuso de los derechos del ser humano que hace pensar a otros que se trata de seres desechables a los que se puede y debe matar”.Ante este pronunciamiento respondió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien volvió a criticar el presidente y sus trinos, "tenemos un presidente que en vez de ayudar, estorba, esa es la realidad. El presidente miente una vez más en su trino y como es recurrente en la mayoría de sus intervenciones, miente, genera odio y genera división".Sobre este tema que ha causado tanto polémica, la alcaldía de Medellín informó que este año se han registrado 22 muertes de habitantes de calle, mientras que el año anterior a esta misma fecha eran 39 las muertes de dicha población, dejando ver una disminución en la problemática.Por otra parte, el presidente Petro hizo referencia a un video de un vendedor ambulante adulto mayor que era sacado de una zona de Plaza Mayor por parte de funcionarios de Espacio Público del Distrito. Ante esto el mandatario manifestó que, “con este tipo de fascismo no se construye una ciudad democrática, libre y hermosa. La limpieza no se logra agrediendo a la persona vulnerable. El derecho a la ciudad es democrático”.Los señalamientos del presidente recibieron respuesta inmediata de Federico Gutiérrez quien destacó que no se ha visto el acompañamiento del Gobierno nacional en los temas regionales."Para todo es la palabra fascismo, fascismo, fascismo. Mire, dos cosas que son muy importantes. Para nosotros no hay nada que el respeto por la vida. Tenemos problemas de ciudad, claro, pero lo lógico sería que quien es el jefe de estado llame a los alcaldes y los gobernadores o los líderes locales y regionales a decir en qué ayuda", indicó Gutiérrez.Los pronunciamientos del presidente Petro y las respuestas del alcalde de Medellín se enmarcan en la enésima discusión entre ambos mandatarios que cada vez parecen estar con posiciones más distantes.
En el municipio de Itagüí hay una controversia por el exconcejal Gerson Colorado, uno de los 18 asesores del alcalde Diego Torres, que viajó a Estados Unidos sin pedir un permiso e igualmente habría recibido su salario durante su estadía fuera del país.Los concejales de oposición León Mario Bedoya, Camilo Valencia y Orlando Ramírez denunciaron que la alcaldía, en un derecho de petición que suministraron a Blu Radio, aceptó que el asesor no contaba con permisos, lo que ha generado indignación teniendo en cuenta que devenga un salario cercano a los 10 millones de pesos mensuales y estaba contratado bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción.Al respecto, el concejal Bedoya manifestó que remitió un oficio a la Contraloría Municipal, para que solicite a Migración Colombia las fechas en las que viajó Colorado."Él fue remunerado durante todo este tiempo, al parecer, y cae entonces la responsabilidad de preguntar: '¿cómo un funcionario de este rango nadie lo controla?', que no está asistiendo a laborar, que no presenta un informe, que no cumple con el manual de funciones", manifestó Bedoya.Bedoya cuestionó por qué el alcalde requiere de 18 asesores, además de otros 8 que tiene el Instituto de Deportes, que se estima le costarían al municipio durante el cuatrienio 22.000 millones de pesos."Como desconsolador ante las necesidades sociales del municipio, consideramos que para pagar favores políticos no debería destinarse una suma de dinero tan representativa, sabiendo que en Itagüí hay tantas necesidades sociales", aseguró el concejal.Volviendo al tema del asesor, este llevaría dos meses fuera del país, por ello Blu Radio consultó a la alcaldía de Itagüí que a través de su equipo de comunicaciones, indicó que Colorado, “fue declarado insubsistente el 8 de octubre, por decisión del señor alcalde” a través de un acto administrativo. También señalaron que tras conocerse la denuncia, supuestamente dos días después, le dieron traslado a la oficina de Control Interno Disciplinario, para su respectiva indagación.
El diario español ABC ha desvelado una investigación exhaustiva sobre Xavier Vendrell, un ciudadano español que también ostenta la nacionalidad colombiana, y su creciente influencia en Colombia desde la llegada al poder del presidente Gustavo Petro. Según el reportaje, Vendrell, conocido por su pasado como miembro del grupo terrorista catalán Terra Lliure, ha sido beneficiario de multimillonarios contratos en el país sudamericano.En una entrevista en Sala de Prensa Blu con David Alandete, corresponsal en la Casa Blanca y quien publicó esa investigación en la ABC, detalla cómo Vendrell ha estado involucrado en proyectos de gestión de residuos en al menos doce ciudades colombianas, con contratos que suman alrededor de 500 millones de euros, equivalentes a más de 2 billones de pesos.Alandete explica que Vendrell ha estado vinculado a diversas investigaciones en España por su implicación en actos terroristas y corrupción urbanística. La relación de Vendrell con Colombia comenzó a emerger en 2018, cuando en interceptaciones telefónicas se le escuchó mencionar su interés en el país para negocios y su conexión con el entonces candidato presidencial Gustavo Petro.El reportaje también destaca comentarios irónicos de Vendrell sobre Petro. Cuenta que cuando estaba asesorando al hoy presidente, dijo: "Yo trabajo con Petro es un socialdemócrata, pero después del segundo Whisky es un anarquista", lo dice el mismo Vendrell. Otro comentario que dijo fue: "el candidato a nivel organizativo es desastroso". Aunque Vendrell ha intentado desmentir las acusaciones y ha amenazado con acciones legales, la evidencia de su implicación en corrupción y terrorismo sigue siendo sólida, según el periodista. En España, Vendrell enfrenta cargos por corrupción en un caso de recalificación de terrenos y está bajo investigación por su relación con grupos rusos.Alandete confirma que hubo advertencias del Gobierno español al presidente Petro sobre los problemas legales de Vendrell, aunque la profundidad de esta advertencia no ha sido ampliamente divulgada en Colombia.Escuche la entrevista completa aquí:
Los viajes de funcionarios públicos en Antioquia para capacitarse en diferentes países siguen causando polémica, esta vez 11 de los 12 concejales de Santa Fe de Antioquia viajaron a Cancún, México, para ejecutar un plan de preparación establecido por el Concejo Municipal.El contrato fue firmado el 29 de febrero de 2024 por un valor de $68.500.00 y fue pagado con recursos propios, según el reporte entregado por el SECOP. Además, dicho convenio se hizo con la Federación Colombiana de Autoridades, Funcionarios y Servidores Públicos.Otra información relevante que se entregó es que el Concejo tuvo que pagar al contratista el 50 % para la compra de tiquetes aéreos y reservar del hotel, mientras que el 50 % restante se realizó una vez se hizo la prestación del servicio.Según se específica en el contrato, los concejales se hospedaron en el Hotel Royal Cancún y entre los gastos incluía los traslados, tiquete ida y vuelta, conferencias, diplomas, ayudas audiovisuales, un capacitador y habitaciones con cama doble.Polémica por millonaria capacitación de concejales de Sabaneta en Dubái y TurquíaAdemás, se lee en los documentos aportados que el objetivo del viaje a México era para que los profesionales de la administración pública adquieran conocimientos y habilidades fundamentales para enfrentar los desafíos, fortalecer el liderazgo, fomentar la innovación y demás factores.Recordemos que este no es el primer caso que se registra este año con relación a las capacitaciones que hacen concejales en diferentes municipios de Antioquia, ya que los corporados en Sabaneta se fueron a Emiratos Árabes y Turquía en un contrato por un valor de 350 millones de pesos.
Tras conocerse la captura del exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, y de cuatro personas más que serían exfuncionarios de su administración, las reacciones en algunos sectores políticos del centro del Valle no se hicieron esperar.El primero en pronunciarse fue el actual alcalde del municipio, Gustavo Vélez, quien aseguró que es desafortunado enterarse de que alguien que fue un funcionario público ahora esté involucrado en hechos de presunta corrupción.Cabe recordar que una vez asumido como mandatario de los tulueños y tras el asesinato del concejal Eliecid Ávila, Gustavo Vélez acusó a la administración saliente de tener relación con la banda delincuencial La Inmaculada."La única manera de entender lo que estaba sucediendo en Tuluá y el alcance de estos criminales en el municipio, no hay otra manera, es que había una injerencia e interferencia frente a la gestión pública que permitía tener privilegios, acceso a información y control de algunos aspectos determinantes dentro de la administración", manifestó Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.Finalmente, desde la Asamblea Departamental indican que la captura del exmandatario es el resultado de un proceso de investigación donde cada día se van conociendo detalles de lo que realmente sucedía durante su mandato."Lo que realmente le pedimos a la autoridad es que actúe rápido y contundentemente. Es lamentable que funcionarios, cuya obligación es servir al municipio y sus habitantes, se vean involucrados en estos escándalos", aseguró el diputado Rafael Rodríguez.
