Apostados sobre la entrada principal de la Uniautónoma, trabajadores de la institución realizan un plantón en rechazo al beneficio de detención domiciliaria que les fue otorgado a cinco de los presuntos involucrados en un desfalco a la institución educativa, entre ellos al exrector Ramsés Vargas Lamadrid.
La decisión judicial también dejó en libertad a otras tres exfuncionarias procesadas por este caso,lo que a juicio de los empleados y algunos miembros de la comunidad educativa atenta contra los intereses y la imagen de la Uniautónoma y pone en riesgo su patrimonio.
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"Ya ellos son exfuncionarios, pero con alguna influencia que puedan tener, ellos podrían ocultar huellas y encubrir pruebas. Además, la gente externa puede seguir relacionándolos con la universidad actual", expresó Nelson Ripoll, vicepresidente del sindicato.
Los trabajadores también rechazaron lo expresado por el juez del caso en relación con los dineros faltantes en las arcas de la Uniautónoma.Según el togado, no faltan miles de millones de pesos como se ha dicho, sino solo 30 millones de pesos.
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"Como comunidad no nos dan las cuentas, nosotros padecimos el no pago de salarios y la justificación de la universidad era que no había dinero, entonces, hoy no entendemos qué pasó, no tenemos cifras claras del exrector", agregó Nathalie Suárez, presidente de Sintrauac.
Frente a esto, el abogado de la institución, Rafael Pacheco, afirmó que precisamente "esas cantidades están siendo analizadas, porque hay muchos volantes perdidos".
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En todo caso, además de pedirle a la justicia celeridad en los procesos, los trabajadores le exigen a la actual rectoría un informe detallado de los bienes de la Uniautónoma e información sobre los dineros recaudados en efectivo durante el primer semestre del 2018, recursos por concepto de matrículas que se extraviaron y desencadenaron todo este lío judicial.