El monumento a la Resistencia sigue siendo un foco de discusión entre la ciudadanía caleña. Algunos lo perciben como un símbolo de resiliencia mientras que otras personas aseguran que es un recuerdo de los difíciles momentos que la ciudad atravesó durante el Estallido Social del año 2021.Nuevamente salió a flote la pregunta sobre cuál será el futuro de este monumento, pues cabe recordar que la Personería Distrital ha manifestado que este no cumple con la normativa necesaria para permanecer en el sector de Puerto Rellena, al suroriente de Cali.El director del departamento administrativo de Planeación Distrital, Diego Hau, le aseguró a Blu Radio que el monumento está siendo analizado para normalizar permisos y autorizaciones, sin embargo, la posibilidad de trasladarlo aún no se descarta."Sobre el movimiento o traslado del monumento es una de las alternativas que se está revisando. Justamente en el proceso de diálogo abierto, estamos buscando cuál puede ser la mejor opción para encontrar una solución que reconcilie a los caleños alrededor de este monumento", señaló el director de Planeación.Por su parte, colectivos de jóvenes defensores de los derechos humanos, aseguran que el traslado no es viable debido a que fue construido en un sitio estratégico en el estallido social. Peter Sepúlveda, líder comunitario de Puerto Resistencia, asegura que este ícono representa la unidad de una ciudad que el progreso ha dividido en dos. La decisión de trasladar el monumento a la Resistencia se tomará a través de los diferentes comités organizados entre la administración distrital, la comunidad y entes de control. Lo que se ha confirmado por parte de las autoridades, es que no se permitirá que el monumento siga siendo objeto para crear división entre la ciudadanía.
Los ciudadanos en Bogotá mostraron su preocupación e incertidumbre por la instalación de gigantescas antenas de telecomunicaciones, principalmente en la localidad de Chapinero.Desde hace varios días las preguntas pertinentes son ¿quién autorizó las instalación de estas antenas? Y ¿a quién pertenecen? Y aunque no se tuvo respuesta en su momento, Margarita Caicedo, subsecretaria de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la instalación de algunas antenas de telecomunicaciones en el norte de Bogotá.“En los puntos de instalación las entidades de control urbano verifiquen la aprobación. La Ley 2108 del 2021 definió la Internet como servicio público esencial y hay que partir de esa premisa y pues se necesita infraestructura para operar y el Distrito se vio obligado a reglamentar el tema de los permisos y así venimos regulando”, señaló.Además aclaró que en el caso de los permisos para la instalación de las antenas hay dos tipos de solicitudes y para eso se establecieron estrategias para garantizar estética en el paisaje urbanístico en la ciudad.“La ley nos obliga a que tenemos que proveer un servicio público esencial y reglamentamos un procedimiento que se hace desde el 97”, indicó.¿Quién autoriza la instalación de antenas en Bogotá?La funcionaria indicó que, en un principio, la norma establece que se debe ubicar el permiso para la instalación y luego se hace la verificación de los cumplimientos de dicha norma.“Se verifica que se cumpla con las normas y a partir de eso aprobamos o denegamos. Para el caso puntual, revisamos los archivos y en esa instalación exacta no habíamos expedido un permiso, lo que no quiere decir que no las expidamos, pero en esa localización no la emitimos”, enfatizó.Aunque no se entregó con claridad la información, al funcionario señaló que a se sale un poco de las manos el control urbanístico que se haga sobre ellas y que estas decisiones se comunican a las alcaldías locales.Finalmente, la funcionaria descartó, según ella, afectación a la salud de las personas que se encuentran cerca de dichas antenas. Pues han realizado todas las investigaciones para determinar esto.Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra las directivas de Findeter y los miembros del Comité Fiduciario desde 2017, por presuntas irregularidades en la reconstrucción del sistema de acueducto de Mocoa, luego del desbordamiento del río que dejó varios muertos. El contrato tenía plazo de un año para ejecutarse, pero fue prorrogado hasta 2022.La investigación es por presuntas irregularidades en la reconstrucción del sistema de acueducto de Mocoa, que debía ejecutarse mediante un contrato y un convenio interadministrativo celebrados por el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con Findeter y el municipio de Mocoa.El contrato tuvo lugar luego del desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, así como de las quebradas Taruca y Taruquita, el 31 de marzo de 2017. La catástrofe dejó 336 muertos y más de 400 heridos.El Ministerio Público investigó posibles irregularidades en la planeación y ejecución de este proyecto, en el que se habrían invertido recursos públicos por más de $27.000 millones para atender una emergencia, cuyo plazo inicial de ejecución fue definido en 12 meses, contados a partir del 27 de junio de 2017, pero acorde con el Comité Extraordinario Fiduciario de febrero de 2022, fue prorrogado para su terminación hasta mayo de 2022.La Procuraduría investiga de las directivas de Findeter a Juan José Oyuela Soler, vicepresidente técnico; Jaime Luque Ramírez, vicepresidente financiero (e); José Andrés Torres Rodríguez, vicepresidente técnico (e); Richard Orlando Martínez Hurtado, vicepresidente financiero; Laura Mercedes Peña Rodríguez, vicepresidente de Planeación; Iván Alirio Ramírez Rusinque, técnico especialista con funciones de coordinador de Asuntos Legales de la Vicepresidencia Técnica, y Mauricio Betancourt Jurado, gerente de Agua y Saneamiento Básico.Además de los miembros del Comité Fiduciario desde 2017: Diana Patricia Tavera, gerente de Agua y Saneamiento Básico; Ana María Palau, vicepresidente de Planeación; Alejandro Callejas Aristizábal, vicepresidente técnico; Fabián Elías Paternina Martínez, secretario general; Laura Patricia Román Pavajeau, vicepresidente comercial, y Liliana María Zapata Bustamante, secretaria general.Recordemos que por estos hechos la Procuraduría también abrió investigación contra los viceministros de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fernando Andrés Vargas Mesías y José Luis Acero Vergel.De la Fiduciaria de Bogotá son investigados Carolina Lozano Ostos, Julian García Suárez y Andrés Noguera Ricaute.Por su parte, en la alcaldía de Mocoa se abrió investigación para alcaldes de entonces John Jairo Imbachi López (2020 – 2023) y José Antonio Castro Meléndez (2016 – 2019).Finalmente, se conoció la investigación a Edgar José Uribe Schoreder y Víctor Manuel Pérez Pastor, funcionarios de la firma Interventoría Euco S.A.S.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca el impacto de los ‘Petrovideos’ en la campaña del Pacto Histórico:
El exconcejal de Bogotá Andrés Forero, aspirante a la Cámara de Representantes, habló en Mañanas BLU sobre sus denuncias por una supuesta 'feria' de contratos con el Distrito por parte de Felipe Alberto Morales, esposo de la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo. De acuerdo con Forero, el monto de los contratos suscritos por Morales asciende hasta 860 millones de pesos.En respuesta, Alcaldía de Bogotá comunicó los contratos de Morales están acordes a lo establecido en las tablas legales y que no es un contratista nuevo, puesto que ya tenía vínculos contractuales con alcaldías anteriores como Luis Eduardo Garzó, Samuel Moreno y Enrique Peñalosa.Según el concejal Forero, aunque legalmente no se plantee alguna irregularidad, el tema pasa por un conflicto ético que debería tenerse en cuenta."Estuve revisando los contratos previos al señor Morales en las administraciones pasadas y uno se da cuenta que sumando esos 13 años de contratos da 5600 millones de pesos y en tres años de Claudia López ha contratado hasta 860 millones de pesos", sostuvo.“Claudia López está violando uno de los principios que dijo que no iba a violar, que iba a dejar los amiguismos si llegaba al Gobierno y habló de un programa que se llamaría Talento no palanca, pero en su administración sí hay amiguismo”, agregó el cabildante.
La renuncia del subdirector general territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Diego Dorado, se dio por diferencias técnicas y de manejo. Así lo declaró en Mañanas BLU la directora de la institución, Gloria Alonso.“Él sí presentó la carta de renuncia, es un cargo de libre nombramiento y remoción. Yo no soy la nominadora, no me corresponde aceptar o no la renuncia, pero en una entidad técnica, en un cargo de libre nombramiento y remoción hay discusiones”, dijo la funcionaria.“Hay discusiones técnicas, eso es normal. En un cargo de libre nombramiento y remoción, hay diferencias de estilo en el manejo, entonces pues por eso él presentó renuncia”, agregó.Le puede interesar: Subdirector de Planeación renunció en medio de acusaciones de acosoSobre versiones de que el funcionario había sido denunciado anónimamente por acoso sexual y laboral, Gloria Alonso también se pronunció.“A mí no me compete la decisión de si se acepta o no. Ahí hubo algunas denuncias internas, pero esa no es la razón por la cual él renunció, o por la cual se le aceptaría la renuncia”, añadió.“Esta es una entidad técnica, en la cual puede haber simplemente discusiones diferentes en el manejo, en el estilo. Él está en libertad de tomar las decisiones que a él mejor le parezcan”, agregó.“Recibimos un anónimo, pero eso siguió su curso normal en una investigación”, reconoció la funcionaria.Gloria Alonso también se refirió a las modificaciones en el Plan de Desarrollo, en concreto a los cambios frente a comunidades indígenas, pasivo pensional y sobretasa al servicio de energía.Escuche esta entrevista:
El director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, quien se declaró preocupado por las propuestas de varios candidatos presidenciales para acabar el programa Ser Pilo Paga, pidió abrir debates públicos en caso de que se piense modificarlo. También garantizó que los beneficiarios tendrán acompañamiento hasta terminar sus carreras.Vea aquí: ¿Qué hará nuevo presidente con el programa Ser Pilo Paga? Debate"Tenemos a 40.000 beneficiarios en este programa, lo que se hizo fue evaluar la probabilidad de acceso de los estudiantes más pilos a las universidades acreditadas, de alta calidad. Encontramos que antes de Ser Pilo Paga los estudiantes de estratos 1 y 2, que son los beneficiados especialmente del programa tenían una probabilidad de acceso alrededor del 33%... En un periodo muy corto el programa logró equiparar esta posibilidad de acceso en 63 o 64%”, explicó Luis Fernando Mejía."Nuestro llamado no es a que no se pueda modificar el programa, cosa diferente a acabarlo. Se deben abrir debates para revisar qué cambios se pueden hacer en pro de la educación”, pidió el funcionario.
Al menos 80 expertos formularon una lista de recomendaciones para el Gobierno distrital, frente al diseño del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que se viene desarrollando y que desde el último realizado en el año 2000, ha tenido modificaciones a través de diversos decretos y proyectos de acuerdo para la reglamentación de los usos de suelos en la capital. Son seis ejes principales por los que se mueven las propuestas que, además, acompaña la Cámara de Comercio de Bogotá: Movilidad, Medio ambiente, Integración regional, Hábitat, Seguridad ciudadana y ruralidad. Vea aquí: Corte Suprema ordena al Gobierno protección inmediata de la Amazonía Colombiana SeguridadFrente a las cifras entregadas que indican el mayor número de hurtos a personas concentrados especialmente en Santa Fe, Mártires y Ciudad Bolívar, se propuso, además de la instalación de equipos de seguridad ciudadana, defensa y justicia, ampliar las cárceles, relocalizar establecimientos carcelarios en la periferia de la ciudad, implementar localización de centros para realizar denuncias en sectores residenciales, promover espacios de parqueaderos nuevos y evitar el hurto a vehículos.HábitatCon el crecimiento de la urbanización y la alta densificación de Bogotá, se propuso mejorar los instrumentos de planificación y modificar los planes parciales de desarrollo para contribuir en la generación de vivienda y entornos urbanos sostenibles, ya que el déficit de viviendas llega a la cifra de 220.000; utilizar zonas estratégicas que no son aprovechadas y mejorar espacios públicos que se encuentran deterioradas, sumado a la garantía total de prestación de servicios, ya que la principal demanda en algunos sectores es el alcantarillado. Medio ambienteCon la prioridad de recuperar y preservar los ecosistemas críticos de la capital como humedales y quebradas, las propuestas circulan entre otras, en incrementar las coberturas de áreas verdes por habitante teniendo en cuenta estándares internacionales, definir de forma conjunta las estrategias en los cerros orientales, el manejo de cuenca POMCA del Río Bogotá, y considerar la Reserva Thomas Van Der Hammen un elemento de restauración y preservación. Adicional, se relacionó la importancia de reubicar las actividades que impactan la calidad del aire. Integración regionalEl futuro de la región está en la mesa de los expertos, quienes han concluido que debe ser construida de manera colectiva en el marco del Comité de Integración Territorial (CIT), sumado a la incorporación de acuerdos en equipamientos regionales y servicios públicos, fortaleciendo la gobernanza regional de largo plazo. Por otro lado, se puso en consideración un modelo de ocupación territorial al rededor del aeropuerto El Dorado. Vea aquí: Ecopetrol aumenta a 878 personas para atender emergencia ambiental en SantanderRuralidadSe indicó que el 70 % del suelo bogotano es rural y, por esta razón, se propuso incorporar la figura de Zona de Reserva Campesina para frenar fronteras urbanas; la dotación de plazas de mercado para vincular a los campesinos, mejorar los servicios públicos de las viviendas rurales, preservar los acueductos veredales y dejar definidos los límites de sostenibilidad de actividades agrarias en Santa Fe, Suba y Chapinero. MovilidadSin duda, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, se pone en la mesa ya que, de acuerdo con lo reportado, una persona tarda en promedio dos horas desplazándose por las vías de la capital, por lo que se pidió priorizar los medios de transporte sostenible con proyectos de densificación y renovación urbana en los corredores de transporte masivo. De acuerdo con las proyecciones de los planes Lagos de Torca, Ciudad Río y Lagos de Tunjuelo, en los que se pretende la construcción de unas 300.000 viviendas, se planteó ver las posibilidades reales para mejorar la infraestructura en movilidad. A su vez, se puso en la mesa la necesidad urgente de alternativas para los biciusuarios y mejorar la infraestructura para los peatones, ya que en el último año fallecieron 272 peatones. Omar Oróstegui, director de Bogotá Cómo Vamos, manifestó que las recomendaciones están prestas para que de forma colectiva y con la participación de los ciudadanos se piense una ciudad en 15 o 20 años, que sea adecuada para el crecimiento que también debe ser debatido si será de forma horizontal o vertical. Añadió que el medio ambiente, la movilidad y las alternativas de inclusión, son ejes fundamentales para una Bogotá sostenible y fuerte.
El gobierno del alcalde Enrique Peñalosa propone nuevamente una delimitación de la reserva Van Der Hammen para ampliar su área y permita a los ciudadanos disfrutar de este espacio verde que ha sido criticado por los posibles impactos ambientales que tendría una eventual intervención.Vea aquí: Distrito radicó proyecto que abriría paso a construcción de vías en Van Der Hammen “Lo que se está proponiendo es, primero que todo, hacer realidad la reserva. Quedaría con 535 hectáreas públicas. Y la propuesta que estamos sometiendo a las autoridades ambientales tendría 1.435 hectáreas públicas. Las zonas que serían de bosques y humedales pasarían a 1.104 hectáreas de restauración ambiental”, dijo Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá, en Mañanas BLU.Asimismo, se refirió a las vías que harían parte de este megaproyecto. “Pensamos en la conexión y la funcionalidad, y creemos que Bogotá hacía el norte no puede seguir dependiente de la autopista, por eso es necesario la doble calzada. Las vías que consideramos dentro de los estudios de movilidad claves son la 170 Cota, Boyacá para conectarla Chía-Cajicá -Zipaquirá y tener dos alternativas por el norte, y la ALO que prestará todo el abastecimiento”, explicó.Estas vías cruzarían a través del paso de fauna por encima y de manera subterránea, y tendría un diseño de la vegetación para que las aves puedan pasar de un lado al otro. En la zona, además, no se construirían paraderos ni parqueaderos.En la propuesta presentada este lunes tras 18 meses de investigación y un estudio de más 1.200 páginas también solicitan a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que la Van Der Hammen sea recategorizada a reserva protectora que es el nivel más alto que existe en el tema ambiental. “Al interior de la reserva que estamos proponiendo no se podría construir nada, ni viviendas, ni oficinas, ni comercio. Lo único que podría haber es parques lineales con canchas, bosques y humedales porque también nos interesa el tema social”, señaló.Finalmente, Ortiz aclaró que esta propuesta no fue presentada a Camacol y los 1.425 propietarios de la tierra que existen en esa zona norte de la capital del país “recibirían los mismos beneficios” y todo será a través del reparto equitativo de cargas y beneficios, es decir, esos dueños deberán aportar la tierra y los dineros para la restauración ambiental.Escuche la entrevista completa aquí:
La Secretaría de Planeación de Bogotá dio a conocer que 90 de las 45 mil manzanas en la ciudad subieron de estrato de un día para otro tras un estudio en el que se examinaron las características urbanísticas y arquitectónicas de estos sectores. “Se miraron las calles, el barrio, las aceras y la calidad de las viviendas. Este análisis es lo que define el estrato y es un procedimiento que se hace regularmente”, explicó Andrés Ortiz, secretario de Planeación de la capital.Agregó que otra característica que se tuvo en cuenta en el estudio fue los proyectos o cambios en los barrios que se adelantaron en los últimos cuatro años.“Cinco manzanas subieron dos estratos y el resto un estrato. La mayoría están en Usaquén, Engativá, Kennedy y Ciudad Bolívar. El estrato es importante para el subsidio de los servicios públicos”, dijo.Vea aquí: Amazonas tiene el peor índice de acceso a la justicia: Planeación Nacional En los últimos 20 años se han hecho siete estudios de este tipo para medir el estrato de los bogotanos.
¿Con qué Plaza de La Paz soñamos quienes vivimos en Barranquilla? ¿Una llena de zonas verdes con espacios para el esparcimiento y la diversión o una majestuosa donde se puedan realizar eventos culturales y deportivos y hasta manifestaciones políticas? En busca de respuestas a esas preguntas la Gobernación del Atlántico, en alianza con la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta y la Fundación Naturaleza Social y con la valiosa colaboración de la Alcaldía de Barranquilla, realizó ayer el Foro Atlántico Líder en Espacios Urbanos como Generadores de Desarrollo Social, Convivencia y Paz en el marco del proyecto Mi Plaza, liderado por el secretario privado de la Gobernación, Pedro Lemus. Durante el evento se escucharon voces de expertos, como el ex alcalde de Bogotá, Paul Bromberg, especialista en urbanismo y cerebro del programa "Cultura Ciudadana", sin duda el más exitoso en la historia del país en lo que tiene que ver con el comportamiento de los habitantes de centros urbanos y su relación con su entorno físico, social y ambiental. "La plaza debe seguir siendo el punto de encuentro de la ciudadanía. No puede dejar de ser protagonista del desarrollo de la ciudad", dijo Bromberg en su intervención. También se llevó a cabo un panel con expertos, como Katia González, Carlos Bell y Adolfo Schlegel, quienes -cada uno desde su óptica- expresaron los usos y servicios que debería prestar la Plaza de La Paz, una vez se construya su segunda fase, proyectada para el 2018. En total serían unos 30 mil metros cuadrados que estarían disponibles para el uso de los habitantes de la ciudad. La discusión sobre el uso de la Plaza de La Paz, su diseño y su integración urbanística con su entorno, es un tema de ciudad que merece toda la atención de los barranquilleros, quienes deben aprovechar la oportunidad para expresar públicamente cuál es la Plaza con la que sueña. De eso se trata, de buscar consensos que nos permitan aproximarnos a la Plaza para poder encontrarnos y reconocernos como miembros de una sociedad. Recuperar el protagonismo de las plazas del Departamento no será una tarea fácil y en ese sentido el programa Mi Plaza jugará un papel fundamental. El conflicto armado dejó graves secuelas en la población, entre ellas el alejamiento de los habitantes de pueblos y veredas de las plazas del país. Las plazas vivas dieron paso a las plazas desoladas. Recuperar su vitalidad es compromiso de todos, no sólo de los gobernantes. En la medida en que los habitantes se apropien de las plazas, las plazas vuelven a vivir. Hacer de la Plaza de La Paz el gran sitio de encuentro de los barranquilleros debe ser la tarea en la que tendremos que empeñarnos todos los que vivimos en la ciudad.
