El Gobierno nacional expidió un decreto con el cual se establece el permiso especial de permanencia para representantes legales o custodios de niños y adolescentes venezolanos. Este permiso empezará a implementarse en los próximos 3 meses."El mecanismo permitirá que los representantes o custodios de los más de 270 mil niños, niñas y adolescentes venezolanos que se encuentran en el país y que ya cuentan con un Permiso de Protección Temporal (PPT) regularicen su situación migratoria", señaló la Cancillería."De igual forma, con este permiso podrán acceder a los servicios financieros y sociales que ofrece el Estado, particularmente salud y educación; tramitar licencias de conducción y tarjetas profesionales; y convaliden sus títulos profesionales, todo lo anterior sin perjuicio de los demás requisitos que sean requeridos ante las entidades nacionales", añadió la entidad.La expedición del permiso la hará Migración Colombia y los requisitos para poder acceder al mismo son: ser representante legal o custodio del menor titular de un PPT, vigente al 31 de diciembre de 2023. Además, el custodio o representante no puede tener medidas de expulsión, deportación o sanciones económicas vigentes."La expedición de este decreto no solo cumple la orden de la Corte Constitucional mediante la sentencia T-166 de 2024, mediante el cual se instaba al Ministerio y a Migración Colombia a incorporar el enfoque diferencial y la prevención de violencias, entre ellas las basadas en género. Además, da un paso más en el compromiso del Estado para la integración socioeconómica de la población migrante en la región y la protección de los derechos de los niños y adolescentes en Colombia", se lee en el documento de la Cancillería.
La Fiscalía, en trabajo conjunto con Migracion Colombia, logró poner en evidencia a una red criminal señalada de tramitar de manera ilegal permisos y autorizaciones que les permitían a ciudadanos extranjeros transitar o permanecer en Colombia.Uno de los capturados es Jaime Quintero Pinilla, quien se desempeñó como director de Migración Colombia en Tolima y usó su cargo para ingresar y vulnerar los sistemas de la entidad, y tramitar directamente permisos a ciudadanos de China, Venezuela, Cuba, México y Ecuador.Esta estructura criminal cobraba entre 3 y 30 millones de pesos para falsificar extractos bancarios, cédulas de ciudadanía, certificados de Cámara de Comercio y registros civiles, entre otros, documentos que usaban con el propósito de gestionar nacionalidades o la expedición de visas y pasaportes a migrantes que no cumplían los requisitos de ley.Junto a Quintero Pinilla fueron capturadas otras cuatro personas, quienes aceptaron los cargos por la comisión de los siguientes delitos: concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público y privado, y acceso abusivo a redes de información.El exfuncionario de Migración Colombia deberá cumplir una condena de seis años y ocho meses de prisión, y pagar una multa equivalente a 130 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los otros implicados deberán cumplir penas que oscilan entre los cuatro y los siete años de prisión.Escuche el podcast ‘Titanes del Ciclismo’ y conozca más del ‘toro’ de Urrao, Rigoberto Urán, el paisa de mil batallas:
Entre enero y febrero del 2022, el 84.6 % de los venezolanos residentes en Colombia le dijeron al Dane que no cuentan con el Permiso Especial de Permanencia (PEP), el documento que permite su estadía legal en el país.La mayoría de quienes sí lo sacaron lo hicieron en el año 2018 o antes y apenas el 11 % lo ha hecho entre 2021 y 2022, es decir, después del lanzamiento del Estatuto Temporal de Protección. Sin embargo, la canciller Marta Lucía Ramírez aseguró a finales de marzo que el país ya había entregado unas 700.000 tarjetas del Estatuto Temporal de Protección.El mayor rezago en el acceso al Permiso Especial de Permanencia está entre los adultos mayores, mientras que las personas entre los 24 y los 55 años son las que más han buscado tenerlo.El 85 % de la población venezolana en Colombia tuvo dificultades este año para tener un trabajo pago, especialmente las mujeres, y más de la mitad de los migrantes ganó un salario mínimo o menos.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
El proyecto de Ley 062 de 2019 de Senado aprobado y conocido como “Borrón y cuenta nueva”, busca beneficiar a las personas que no han podido cumplir con sus obligaciones y fueron reportados en centrales de riesgo.La ley de “borrón y cuenta nueva” además busca que los colombianos, que se hayan puesto al día con sus obligaciones con el sistema financiero, puedan salir de los registros en centrales de riesgo.Una de las iniciativas que trae la ley es el año de amnistía que servirá para ser eliminado de las centrales de riesgo si se pone al día con sus obligaciones durante ese periodo, si una persona tiene una mora igual o mayor a 6 meses y hace el pago durante la amnistía el dato negativo permanecerá solo 6 meses, contados desde que cumplió con su obligación.Un segundo caso, si la persona tiene una mora igual o mayor a 6 meses y realiza el pago antes de la entrada en vigencia de la ley, el dato negativo permanecerá 6 meses contados desde que pagó su deuda.Un tercer caso, si la persona tiene una mora inferior a 6 meses y cumple con su obligación antes o durante la entrada en vigencia de la ley, el dato negativo permanecerá el mismo tiempo de mora contados desde que realizó el pago.En otro escenario, si la persona tiene una mora igual o superior a 6 meses y realiza el pago de su deuda antes a la entrada en vigencia de la ley y ya cumplió con 6 meses de permanencia, el dato negativo se eliminará inmediatamente.Otro de los cambios que trae la ley, es la permanencia, para aquellas personas que nunca cancelan su deuda es decir insoluta, se borrará el reporte negativo a los 8 años, anteriormente era a los 14.Y, por otra parte, la ley también propone un cambio en el acceso gratuito a la historia de crédito, ya que en este momento solo se puede acceder gratis una vez al mes, la ley propone que lo puedan hacer de esta manera en cualquier momento.
El presidente Iván Duque presentó en el Palacio de San Carlos el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos que busca la regularización masiva de cerca de 1 millón de venezolanos que viven en Colombia. ¿POR QUÉ?Teniendo en cuenta que más del 56% de los venezolanos que se encuentran en Colombia están en condición irregular y entendiendo que la irregularidad afecta no solo al migrante, sino también al país.¿QUÉ CAMBIA?Los migrantes venezolanos que se encuentran en un régimen de protección temporal pasarán a un régimen migratorio ordinario. Obligatoriamente debe hacerse la transición de PEP a Permiso por protección temporal para unificación y control.¿CUÁL ES SU VIGENCIA?Los migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes.¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?Migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia de manera regular, beneficiarios de un permiso de ingreso y permanencia, porque realizaron una prórroga de permanencia o porque cuentan con un PEP.Migrantes venezolanos solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC-2, es decir, que están tramitando una visa ante la Cancillería.Migrantes venezolanos en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia a 31 de enero de 2021.Como una medida para desincentivar la irregularidad, aquellos migrantes venezolanos que ingresen de manera regular al país durante los primeros dos años de vigencia del Estatuto.¿QUÉ PASA CON LOS MIGRANTES IRREGULARES?Para los migrantes irregulares en Colombia a la fecha de entrada en vigencia del Estatuto, este tiempo será amplio y suficiente para obtener su permiso por protección temporal y posteriormente acumular el tiempo de permanencia requerida para aplicar a la visa de residente.El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, contempla dos herramientas jurídicas:El Registro Único de Migrantes Venezolanos bajo régimen de protección temporalEl Permiso por Protección Temporal.¿SE EXPEDIRÁN MÁS PERMISOS ESPECIALES DE PERMANENCIA?A partir de la entrada en vigencia del Estatuto, NO se expedirá ni prorrogará ningún Permiso Especial de Permanencia y, aquellos que se encuentren vigentes, harán tránsito al Permiso por Protección Temporal.DOS FASES DE IMPLEMENTACIÓN90 días después a la publicación del Decreto que pone en marcha el Estatuto, se implementará en dos fases:Fase 1: Registro único de Migrantes Venezolanos que hace parte del Proyecto de Identificación y Registro de Ciudadanos venezolanos.Fase 2: Expedición del Permiso por Protección Temporal.IMPORTANTE Quienes se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir visa de residentes. Una vez termine la vigencia del Estatuto, todo migrante venezolano deberá solicitar una visa para vivir en Colombia y el que no lo haga incurrirá en permanencia irregular y será objeto de las medidas administrativas sancionatorias correspondientes, entre ellas la deportación.
Los ciudadanos venezolanos ya pueden, desde este lunes, iniciar los trámites para renovar el Permiso Especial de Permanencia, el documento que garantiza su estado regular en el país, según informó Migración Colombia.El director del organismo, Juan Francisco Espinosa, la renovación se hará totalmente en línea, a través de la página web de Migración Colombia y no tendrá ningún costo.Así puede renovarlo:Ingrese a la página: www.migracioncolombia.gov.coClic en sección Venezuela, busque el ícono PEP y haga clic en renovación PEP Fase 4Actualice sus datosConteste la encuestaClic en guardarInmediatamente se generará una archivo PDF que se pude descargar y guardar.Más en este video de Migración Colombia.Según Migración Colombia, el PEP le autoriza a permanecer temporalmente en condiciones de regularización migratoria y acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para el ejercicio de las actividades reguladas.
A través de un proyecto de decreto, el Ministerio de Trabajo muestra su plan para regularizar a los migrantes venezolanos con el fin de que puedan acceder al sistema educativo en los niveles de preescolar, básica, media “y en lo referente a la formación para el trabajo articulada con la media, así como al reconocimiento de aprendizajes previos a través de la evaluación y certificación de competencias”.Según información de Migración Colombia, para junio de 2019, 1.408.055 venezolanos estaban en Colombia y 665.665 de ellos no poseía un documento migratorio válido para permanecer en el país.Por un lado, la cartera propone la creación del Permiso Especial de Permanencia para el sector educación (PEP-E) dirigido a los venezolanos que ya están matriculados en el sistema educativo del país, pero que están irregulares en el territorio, y que servirá como documento de identificación. Este solo se les entregará a los venezolanos que estén matriculados en el Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT, en calidad de estudiante en los niveles preescolar, básica o media; que no tengan antecedentes judiciales; que no sean sujeto de medidas de expulsión o deportación vigentes; que no tengan otro Permiso Especial de Permanencia; que no posean visa.Lea también: La mayoría de venezolanos irá al régimen de salud subsidiado: MinSaludPor otro lado, el ministerio también habla de un Permiso Especial de Permanencia para la formación y el reconocimiento de aprendizajes previos (PEP-FR) para los venezolanos que ya están matriculados en “la formación para el trabajo, incluyendo la articulación con la educación media de esta última, o que deseen acceder al reconocimiento de aprendizajes previos a través de la evaluación y certificación de competencias, y que no poseen un documento de identificación válido en el territorio nacional”. En este caso, los requisitos son los mismos que los del PEP-E, salvo por el primero, que es estar registrado en el SENA y que lo hayan seleccionado para cursar un programa de formación técnico laboral.Según la información de la cartera, este decreto no tiene ningún impacto económico adicional sobre las finanzas del Estado ni para los particulares.
