La Fiscalía de Perú solicitó 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, informó este viernes el Ministerio Público."El Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022", publicó la Fiscalía en su cuenta en la red social X (antes Twitter).El exmandatario se encuentra recluido desde ese día en cumplimiento de una orden de prisión preventiva de 18 meses y pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.Ese 7 de diciembre, Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.Por esa decisión, fue destituido por el Congreso y, posteriormente, arrestado por su propia escolta.La Fiscalía también pidió 25 años de prisión contra la entonces primera ministra, Betssy Chávez, por el delito de rebelión.Chávez se encuentra desde junio del 2022 bajo prisión preventiva por 18 meses de prisión como parte de la investigación por fallido autogolpe de Estado.Igualmente, el Ministerio Público solicitó 25 años de prisión para los exministros de Comercio Exterior Roberto Sánchez Palomino y del Interior Willy Huerta Olivas, así como para los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.Para el también ex primer minsitro Aníbal Torres solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión.Le puede interesar:
Un juez peruano ordenó embargar los bienes del expresidente Pedro Castillo y de su ex primer ministro Aníbal Torres hasta por 67 millones de soles (18 millones de dólares o 16,8 millones de euros), en resguardo de la reparación civil solicitada a raíz del fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre, informó este lunes la Procuraduría General del Estado.En un comunicado, la Procuraduría (defensa del Estado) anunció que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas sus solicitudes y que dictaminó el embargo de los bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres, asesor del presidente al momento en que intentó dar un autogolpe de Estado.Agregó que el juez Juan Carlos Checkley ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades del expresidente Castillo (2021-2022), las cuales se encuentran ubicadas en el distrito de Anguía, en la provincia de Chota, en la región norandina de Cajamarca y en el pueblo de Tacabamba.Por su parte, en el caso de Torres se embarga en forma de inscripción e inhibición nueve bienes, de los cuales son ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, en la capital de Perú, así como un vehículo.La Procuraduría General del Estado reiteró que ha solicitado una reparación civil de 67 millones de soles (18 millones de dólares o 16,8 millones de euros) por el golpe de Estado que intentó dar Castillo el 7 de diciembre de 2022.Debido a ese caso, Castillo fue imputado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, destituido por el Congreso y recluido en la cárcel de Barbadillo, en el este de Lima.Torres está denunciado como presunto cómplice, dado que se encontraba con el mandatario al momento en que Castillo dirigió el mensaje a la nación con el anuncio del cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia, junto a otros ministros de Estado y la entonces jefa del gabinete Betssy Chávez.Puede ver:
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue citada por la Fiscalía de su país para que declare el próximo 31 de mayo en la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo pasado.La citación fue programada desde las 09.00 hora local (14.00 GMT) del próximo miércoles y fue confirmada hoy por el abogado de Boluarte, Joseph Campos, quien dijo que esperan "con mucha expectativa ese día para efectos de poder hacer la declaración"."Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad", indicó Campos a la emisora RPP.La Fiscalía de la Nación (general) anunció el inicio de las pesquisas preliminares el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.La gobernante ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro, Alberto Otárola.En las pesquisas también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.Aunque Campos aseguró que Boluarte tiene la intención de responder a la citación, no confirmó si la diligencia se realizará en la sede del Ministerio Público o en el Palacio de Gobierno, una prerrogativa que tiene la gobernante por su alto cargo."Tendremos que determinarlo", comentó antes de recordar que el día de la citación también se realiza reunión semanal del Consejo de Ministros y se ha programado un simulacro nacional de sismo.Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) el 7 de diciembre pasado y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú.Señaló, además, que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la región sureña de Ayacucho debe ser investigada "con un enfoque étnico-racial" y que la situación podría ser considerada como "una masacre", algo que fue rechazado por el Gobierno de Boluarte.La presidenta acusó el pasado 13 de mayo a Castillo de ser el "autor de las más de 60 víctimas" de las protestas, que vinculó con "el narcotráfico y la minería ilegal"."Nosotros ya sabemos, a donde vamos nos manda su piquete Pedro Castillo, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal. No les vamos a hacer caso, nosotros seguimos trabajando", dijo.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, volvió a acusar este sábado a su predecesor, Pedro Castillo, de ser el "autor de las más de 60 víctimas" de las protestas que sacudieron el país entre diciembre y marzo pasados, y reiteró que el exmandatario está involucrado con "el narcotráfico y la minería ilegal"."Los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre de este año, ¿a quien beneficiaban? ¿A este Gobierno de una mujer andina, provinciana, o a Pedro Castillo que había dado el golpe de Estado y mandó a toda esa gente a generar la violencia en el país?", declaró Boluarte durante una actividad oficial en la localidad de Manchay.Seguidamente, la gobernante agregó: "Pues a Pedro Castillo, el asesino sentado en (el penal de) la Diroes (Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional). Es Pedro Castillo el autor de las más de 60 víctimas de esa crisis política, de ese enfrentamiento entre peruanos y peruanos que lamentamos tremendamente".Boluarte aseveró que su Ejecutivo no va a "caer en esa provocación ni en ese juego" y dijo que su gestión sigue "firme, defendiendo la democracia y la institucionalidad" del país."No nos vamos a detener con aquellas provocaciones que ya sabemos que les manda Pedro Castillo y vienen pagados, algunas personas, con dinero ilegal y no son de acá. Nosotros ya sabemos, a donde vamos nos manda su piquete Pedro castillo, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal. No les vamos a hacer caso, nosotros seguimos trabajando", indicó.Durante la crisis, Boluarte y otros funcionarios de su Gobierno afirmaron varias veces, sin pruebas, que las muertes en las protestas se debían a armas de fabricación casera o a armas de fuego y munición introducidas desde Bolivia, algo que ha sido criticado por organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW).Las protestas antigubernamentales, que estallaron en diciembre de 2022 tras el fallido autogolpe de Castillo, dejaron un saldo de 1.300 heridos y 77 fallecidos, de los cuales 49 murieron en enfrentamientos directos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia policial durante las protestas y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales".Agregó que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la localidad sureña de Ayacucho debe ser investigada "con un enfoque étnico-racial" y que la situación podría ser considerada como "una masacre", algo que fue rechazado por Boluarte. Le puede interesar:
El Gobierno de Perú denunció este miércoles una "nueva e inaceptable injerencia" del presidente colombiano, Gustavo Petro, en asuntos internos, durante su discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde volvió a defender al exmandatario Pedro Castillo, preso desde diciembre por su fallido autogolpe."Canciller (Ana Cecilia) Gervasi: Nueva e inaceptable injerencia de Gustavo Petro en asuntos del Perú, en la OEA y en violación a su carta constitutiva", expresó la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial de Twitter.Agregó que su "falta a la verdad y el irrespeto a las normas internacionales denotan un falso liderazgo en favor de un golpista y acusado de corrupción", en alusión a Castillo (2021-2022), quien cumple prisión preventiva por dos casos, uno relacionado con su presunto liderazgo de una organización corrupta durante su gestión y por haber intentado, sin éxito, disolver el Parlamento e iniciar un gobierno de excepción.El presidente colombiano, quien en febrero fue declarado como persona non grata por el Congreso peruano, abogó hoy de nuevo por Castillo ante el Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington, y criticó que el exgobernante peruano esté preso "sin sus derechos políticos"."¿Pero no miramos Perú, entonces? ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos, es decir, en contravía de la Carta Democrática?", se cuestionó."Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial quita los derechos políticos, ¿entonces por qué le están quitando los derechos políticos al pueblo sin una sentencia?", continuó.Durante su discurso, Petro también propuso rehacer la carta fundacional de la OEA y aseguró que le interesa y está "luchando" por reintegrar a Venezuela en la organización.El mandatario de Colombia, al igual que su homólogo mexicano, Andrés López Obrador, desconoce desde el inicio la Administración de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia peruana por sucesión constitucional, tras la destitución de Castillo, de quien era vicepresidenta.En reiteradas ocasiones, el Gobierno de Boluarte ha expresado su rechazo a los "actos de injerencia" de Petro en asuntos internos del país andino, pues el mandatario colombiano criticó en enero el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima y acusó a los policías peruanos de "marchar como nazis" en el contexto de las protestas antigubernamentales que azotaron al país entre diciembre y marzo.
El Ministerio Público de Perú anunció este martes que ha ampliado una investigación contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el exmandatario Pedro Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña electoral del 2021.La investigación es seguida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra Boluarte, Castillo y el empresario Henry Shimabukuro, que ha declarado ante la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la hoy presidenta durante la campaña de 2021.En esa campaña, Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia de la República en una fórmula junto a Boluarte, que aspiraba a la Vicepresidencia.La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral del partido Perú Libre en el 2021, precisó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.Boluarte, que sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe, había rechazado el domingo las acusaciones en su contra y reiteró que eran una "oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas"."No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte", señaló su despacho a través de Twitter en alusión a las recientes denuncias de haber recibido dinero no declarado de empresarios en la campaña electoral.El último domingo, Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo, denunció en el programa Cuarto Poder que Shimabukuro, un asesor en la sombra del expresidente, y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y obtener a personas cercanas en altos cargos públicos.Sobre estas acusaciones, la Presidencia comentó que "si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno".Debido a las acusaciones de Shimabukuro, la oposición en el Congreso ha anunciado una moción de destitución contra Boluarte, que puede ser formalizada esta semana durante el pleno.No obstante, la mandataria tuvo que responder el lunes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por otro caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.El pasado 1 de marzo, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias contra Asayag, como parte de una investigación abierta por la supuesta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente del sistema de seguridad social EsSalud, Aurelio Orellana.
El papa Francisco pidió este domingo la "reconciliación y la paz" en Perú, al término del Ángelus dominical celebrado en la plaza San Pedro ante miles de personas."Renuevo las peticiones por la reconciliación y la paz en el Perú. Debemos rezar por el Perú, que está sufriendo tanto", dijo el pontífice tras saludar a los peregrinos de ese país, además de grupos de fieles llegados de Madrid y Pamplona (España).El pontífice argentino se ha referido en anteriores ocasiones a la crisis política y social que atraviesa Perú, país al que pidió, ya en el pasado diciembre, "emprender la vía del diálogo" y "cesar las violencias".Una solicitud que repitió en enero: "Me uno a los obispos peruanos al decir "No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes", solicitó entonces el pontífice argentino desde la ventana del Palacio Apostólico.En su discurso de este domingo, el papa volvió a pedir por los pueblos de Ucrania, a causa de la guerra, Turquía y Siria, por el reciente terremoto, y sumó un rezo para el estado de Mississippi (EE.UU.), donde un tornado ha devastado cientos de viviendas y causado, al menos, 26 muertos. Papa Francisco: "Me siento cercano al pueblo ecuatoriano y aseguro mi oración por los difuntos"En días pasados, el papa Francisco expresó su "cercanía" al pueblo de Ecuador tras el terremoto que ha sacudido este país y que se ha saldado con al menos 14 muertos y cuantiosos daños materiales, también en el vecino Perú."Queridos hermanos y hermanas, ayer en Ecuador un terremoto ha causado muchos heridos e ingentes daños. Me siento cercano al pueblo ecuatoriano y aseguro mi oración por los difuntos y todos los que sufren", dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus dominical.El terremoto, que afectó a la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, se ha saldado con 14 muertos en el primer país: doce en la provincia de El Oro y otros dos en Azuay, ambas en el sur.Le puede interesar:
El expresidente de Perú Pedro Castillo le envió desde la cárcel una carta al mandatario Colombiano, Gustavo Petro, escrito que dio a conocer el País de España.En el texto, Castillo empezó enviándole todo su apoyo a Petro y expresando su afecto hacia el pueblo colombiano, de igual forma se contó quién será la persona encargada de su defensa.El exmandatario señaló que la persona que estaría frente a su caso, para así llevarlo a instancias internacionales, será el abogado argentino Guido Leonardo Croxatto.La carta le fue entregada a Petro el pasado jueves, 16 de marzo, en una reunión que tuvo con el abogado Croxatto, a quien recibió en la Casa de Nariño, en Bogotá.En la reunión, que duró cerca de una hora y media, según señaló el medio, se charló sobre el proceso que enfrenta el exmandatario de Perú, a quien aún Petro reconoce como presidente legítimo.Entre las acusaciones que empañan a Pedro Castillo, está el de rebelión, delito que implica cerca de dos décadas de cárcel, según señala el País, razón por la que el equipo defensor, liderado por Croxatto, se encargará de llevar el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma en la que se falló a favor del presidente Petro cuando lo destituyeron de su cargo como alcalde de Bogotá.Esta es la carta de Pedro Castillo al presidente Gustavo Petro:"Estimado hermano presidente de Colombia, Gustavo PetroDesde esta celda lo saludo con toda la fuerza y esperanza de mi pueblo a usted al hermano pueblo colombiano.Luego permítame decirle que la estrategia internacional de mi defensa va a estar liderada por el abogado argentino Guido Leonardo Croxatto a quien le encomiendo esta especial tarea y haga las coordinaciones correspondientes con el equipo y los hermanos de los países en esta justa causa.Un enorme abrazo, mi hermano presidente, mil gracias por su respaldo y solidaridad."
El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley impuso este jueves 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien ya se encuentra en prisión por su fallido autogolpe de Estado, mientras es investigado por un caso de corrupción.Durante una audiencia virtual, Checkley dijo que la medida era "idónea" porque "no se trata de un juicio común, sino uno que reviste alta peligrosidad" y explicó que el exmandatario, detenido por 18 meses de prisión preventiva por el autogolpe, ha incurrido en obstaculización de la Justicia mediante el amedrentamiento de testigos, que ha llegado incluso a la misma fiscal general, Patricia Benavides.En tal sentido, el magistrado dijo que Castillo enfrenta una probable pena de 32 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.La prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.Igualmente, el nombramiento del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, prófugo de la justicia, con la supuesta intención de copar ese ministerio con funcionarios afines que faciliten "direccionar los proyectos" de infraestructura, a cargo de esa cartera.De la misma forma, el juez citó los dos millones de soles (medio millón de dólares) que la empresaria Karelim López dijo haber entregado a Castillo, a través de sus asesores en Palacio de Gobierno, para ser favorecida con una adjudicación de obras públicas.Checkley afirmó que "Castillo tuvo una participación clave" en estas "conductas ilícitas".Respecto al peligro de fuga y arraigo de Castillo, el juez supremo precisó que la detención del expresidente, en diciembre pasado, se produjo "cuando pretendía asilarse en la embajada de México", lo cual fue corroborado por las declaraciones públicas del embajador en Lima y del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.La esposa y los dos hijos menores de Castillo fueron recibidos por López Obrador y asilados por ese país, horas después del fallido golpe de Estado.Sobre el arraigo, el magistrado recordó que Castillo no tiene domicilio real actual y que no se puede considerar al penal de Barbadillo, donde está recluido desde diciembre, como su domicilio actual, como pidió su abogado.Castillo niega amputacionesEn la diligencia anterior, del pasado martes, Castillo negó "rotunda y categóricamente" que sea autor y forme parte de una organización criminal conformada durante su Gobierno (2021-2022), tal como lo acusó la Fiscalía al argumentar su pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra."Niego rotunda y categóricamente que soy autor y forme parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República", señaló Castillo en una audiencia virtual convocada por el juez Checkley."No he cometido ningún delito, señor juez, el Perú sabe, el pueblo sabe, que hoy en día quienes han hecho la acusación constitucional también en todo caso serían parte de esta presunta organización criminal, porque pasaron en su mayoría en las oficinas del despacho presidencial", señaló.Rechazó que la petición fiscal se sustente en un posible peligro de fuga cuando, según dijo, se encuentra "en un penal de alta seguridad" y que no tiene arraigo familiar, ya que su esposa y sus hijos están asilados en México."Acá no hay peligro de fuga, mi arraigo domiciliario hoy es este lugar (la prisión)", reiteró antes de decirle al juez que "tiene que demostrar que está del lado del pueblo no del lado de los enemigos".El Ministerio Público también ha solicitado 36 meses de prisión pereventiva para los exministros de Transportes y Vivienda Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, respectivamente.Silva, quien está prófugo de la Justicia desde el año pasado, es acusado del delito de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal.Le puede interesar:
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudirá en forma presencial a la Fiscalía para rendir su testimonio en la investigación por genocidio abierta en su contra, a raíz de los 70 decesos en las manifestaciones de protesta hasta la fecha, según informó su abogada este domingo a un medio local. La citación cursada a Boluarte por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es para el martes 7 de marzo en forma presencial, a diferencia de la solicitud de la Presidencia de la República que planteó hacerlo en forma virtual."La decisión de la doctora (Boluarte) de participar en la diligencia de la Fiscalía siempre ha sido positiva y con toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto", declaró la abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio. La letrada añadió que "el tema es que si la Fiscalía indica que la diligencia va a ser de manera presencial, pues irá de manera presencial". Montenegro aseguró que "nunca ha habido intención de querer, digamos, entorpecer u obstaculizar el trabajo que realiza la Fiscalía de la Nación. Jamás". En ese sentido, adelantó que este domingo tendrá una reunión de coordinación con la mandataria sobre el tema de su notificación ante la Fiscalía. Consultada el viernes en una rueda de prensa, Boluarte respondió que estaría asistiendo "con sumo agrado" cuando la Fiscalía la notifique de la diligencia.La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la jefa de Estado en enero pasado por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves debido a los decesos y heridos por las protestas antigubernamentales desde diciembre último en varias regiones del país.En la investigación preliminar están incluidos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; su antecesor Pedro Angulo; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los exministros Víctor Rojas y César Cervantes.Las protestas sociales estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y continuaron desde enero y los meses siguientes con una serie de movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.Según la Defensoría del Pueblo, 48 personas murieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes. La presidenta Boluarte confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que necesitaba llegar a Lima pero quedó retenido en los bloqueos, y Unicef informó del deceso de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la Policía. El primer ministro, Alberto Otárola, confirmó el 19 de enero pasado el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó la cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos. Le puede interesar:
