El exministro de Petróleo y presidente de PDVSA Pedro Tellechea fue detenido este domingo junto a sus "más inmediatos colaboradores" por la "comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación", informó este lunes la Fiscalía.A través de un comunicado de Instagram, la Fiscalía destacó, entre "las diferentes causas que se le siguen", la "entrega del Sistema de Control y Mando Automatizado, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los Servicios de inteligencia de EE.UU., vulnerando así todos los mecanismos legales" de la soberanía de Venezuela.La Fiscalía no informó, por el momento, qué otras personas fueron capturadas junto al exministro dentro de las acciones que, asegura la institución fiscal, "se han realizado en estricto apego a la ley, con la plena cooperación constitucional del jefe de Estado, en la permanente batalla por la defensa de la integridad institucional del país".Maduro había nombrado a Tellechea presidente de PDVSA en enero de 2023 y, dos meses y medio después, lo designó también como ministro de Petróleo, en sustitución de Tareck El Aissami, que había renunciado en medio de una investigación a una trama de corrupción en la petrolera estatal, que dejó más de medio centenar de detenidos.En agosto de este año fue sustituido en la cartera de Petróleo por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y designado ministro de Industrias y Promoción Nacional, un cargo al que renunció la semana pasada, según el propio Tellechea, por motivos de salud.Tras la renuncia del funcionario, quien agradeció al presidente venezolano la "confianza" que había depositado en él para desempeñar los distintos cargos, el mandatario nombró al empresario colombiano Alex Saab -señalado como testaferro de Maduro- ministro de la cartera de Industrias que Tellechea dejó vacante.
En redes sociales, principalmente en mensajes de WhatsApp, está circulando un mensaje que informa una supuesta suspensión en el despacho de gasolina en Venezuela. Incluso, pide que se administre para las cosas más necesarias. PDVSA, la empresa de petróleos de Venezuela, salió al paso y desmintió ese texto.“Esta nota que circula en grupos WhatsApp es completamente falsa. No caigan en estos comentarios fascistas que buscan desestabilizar el país”, afirmó la compañía estatal.>>> Lea también: Cacerolazo en Caracas tras los controvertidos resultados electorales en VenezuelaAdemás, agregó que PDVSA puede garantizar la distribución de combustible a toda Venezuela, “afianzando una vez más el compromiso y deber con todos los sectores productivos, así como transportistas, motorizados y usuarios en general”.Es de recordar que PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) es una empresa estatal de Venezuela, que se encarga de la exploración, producción, refinación, transporte y comercialización de petróleo y gas tanto dentro como fuera del país.Y es que en Venezuela se han registrado varias protestas después de que el CNE diera los resultados de las elecciones presidenciales, en las que Maduro habría quedado reelegido.Al menos 11 personas fallecieron, según cuatro organizaciones no gubernamentales. Del total, cinco fueron "asesinadas" en Caracas, dos en el estado Zulia (noroeste), dos en Yaracuy (oeste), una en Aragua (norte) y otra en Táchira (oeste), y dos de ellas eran menores de edad, de 15 y 16 años, indicaron Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Provea y Laboratorio de Paz en una rueda de prensa.La coordinadora del Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, dijo que registraron un total de 210 "protestas espontáneas" en "todo el país", lo que fue respondido -denunció- con "una actuación represiva por parte del Estado venezolano".
Ecopetrol le pagó más de 15.000 millones de pesos a la sucursal de PDVSA en Colombia, en medio de los preparativos que hace esa empresa venezolana para reparar el gasoducto binacional y vendernos gas el próximo año (Ver imagen).La historia de cómo se hizo el pago es bien interesante.Según documentos conocidos por Blu Radio, primero se hizo corriendo contra el reloj y solicitando permisos de último minuto ante la Superintendencia de Sociedades porque si el pago no entraba antes del 31 de mayo, Ecopetrol habría terminado saltándose las sanciones del gobierno de los Estados Unidos a Venezuela.En segundo lugar, no se pudo hacer con una transferencia común y corriente porque PDVSA no había conseguido que le abrieran una cuenta bancaria. Por esta razón Ecopetrol pagó mediante títulos de depósito judicial en el Banco Agrario y con esa plata PDVSA ha venido pagando varias de las deudas que tiene pendientes en el país.El caso ilustra las dificultades que enfrenta PDVSA para cumplirle al país la expectativa de venderle gas natural desde el próximo año. Por ejemplo, queda la duda de si encontrará la forma legal de traer al país los más de 40 millones de dólares que costará la planta de tratamiento y si lo logrará a tiempo para que el gas llegue cuando se necesita.¿Por qué Ecopetrol le está pagando plata a PDVSA?Ecopetrol quedó con cuentas pendientes de pago a PDVSA por cuenta de las transacciones que se hicieron cuando Colombia le vendió gas a Venezuela, como lo reveló Blu Radio en enero pasado.
La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) de Colombia dijo que, en audiencia realizada este lunes, confirmó el acuerdo de reorganización de Pdvsa Gas S.A. Sucursal Colombia, para que continúe el desarrollo de sus negocios en el país."La Superintendencia, en su rol de supervisor, sometió a la entidad a control desde febrero de 2019, y con posterioridad la convocó a un trámite de insolvencia en la modalidad de reorganización empresarial, para que lograra su reestructuración operativa y financiera", manifestó la Supersociedades en un comunicado.La información añadió que PDVSA GAS S.A. Sucursal Colombia inició su proceso recuperatorio en noviembre de 2022, y mediante la celebración de un acuerdo de reorganización aprobado por el 88 % de sus acreedores, logró refinanciar un pasivo de más de 30.000 millones de pesos (unos 7,8 millones de dólares/7,3 millones de euros), el que se espera "se atienda de manera oportuna en un término inferior a dos años contados a partir del día de hoy".El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, dijo que la entidad acompaña al empresariado que desarrolla sus actividades económicas en el país y que su interés es que se proteja su continuidad, como motor de desarrollo económico nacional e internacional."En el caso de PDVSA, la Superintendencia acompañó a la empresa antes y durante su procedimiento de recuperación, hasta la celebración del acuerdo de reorganización", añadió Escobar, citado en un comunicado de su despacho.El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció en días pasados que la empresa comenzará a importar gas de Pdvsa a partir del próximo año, ante un déficit de 17 % del combustible que demanda Colombia.En 2007, Colombia y Venezuela acordaron, por medio de las estatales Ecopetrol y PDVSA, la compraventa y transporte de gas natural a través del gasoducto binacional, Antonio Ricaurte.Sin embargo esta infraestructura salió de operación en 2015, pero se quiere reactivar y tiene el respaldo del presidente colombiano, Gustavo Petro, y del venezolano, Nicolás Maduro.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención del exministro de Petróleo Tareck El Aissami por su supuesta participación en una trama de corrupción en el sector petrolero, cuyo paradero se desconocía desde hace un año, cuando renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones.Además de El Aissami, también fue detenido el exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) Simón Alejandro Zerpa, luego de "recientes delaciones de, al menos, cinco testigos" entrevistados por funcionarios del Ministerio Público (MP, Fiscalía).Explicó que se trata de la segunda fase de una operación anticorrupción relacionada con una trama en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), una investigación que "continúa abierta", por la que han sido aprehendidas más de medio centenar de personas -todas imputadas-, y no se descartan "nuevas detenciones".A través de esta operación, indicó el fiscal, "se logró detectar y desmembrar a una red de funcionarios" que "usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales" mediante "la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación" de Pdvsa.Señaló que, una vez "comercializado este crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes" a la estatal petrolera."Esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de criptoactivos, bienes, muebles e inmuebles, e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario", señaló Saab.El titular del Ministerio Público pidió un "castigo implacable" a estos exfuncionarios, cuyos planes -insistió- tenían como objetivo "acabar con la economía del país".
El gobierno de Nicolás Maduro está listo para capitalizar a la sucursal de PDVSA Gas en Colombia, pagar sus deudas y hacer las inversiones necesarias para que el gasoducto entre Colombia y Venezuela pueda operar nuevamente y que Colombia le pueda comprar gas a Venezuela.Es decir, el gobierno de Maduro pondrá sobre la mesa al menos $29 mil millones para el pago de deudas a los acreedores en Colombia más los recursos que se necesiten para que el gasoducto binacional Antonio Ricaurte vuelva a operar tras casi una década de abandono.“...la Gerencia de Finanzas de PDVSA GAS, S.A., certifica la disponibilidad y provisión de recursos a PDVSA GAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA, bajo la figura de Inversión Suplementaria al Capital Asignado (ISCA), para el cumplimiento del Acuerdo de Reorganización Empresarial de PDVSA GAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA, ante la Superintendencia de Sociedades y los acreedores, así como, los recursos necesarios para garantizar su continuidad administrativa y operación en la República de Colombia”, señala la carta enviada el pasado 29 de febrero por el gerente de finanzas de PDVSA José Abad Millán a la sucursal en Colombia.El acuerdo de reorganización en Colombia ya reunió los votos necesarios para su aprobación en la Superintendencia de Sociedades y solamente resta la celebración de una audiencia en la que se formalice la propuesta del gobierno Venezolano: Pagar todas las deudas antes de un año.El plan de negocios de PDVSA Gas de Colombia señala que “se realizarán las inversiones necesarias para la rehabilitación y operatividad del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte Tramo Colombiano, las tres (03) estaciones de seccionamiento y una (01) tipo terminal, en un plazo menor a un año contados a partir de la confirmación del acuerdo de reorganización; adicionalmente, le permitirá realizar las inversiones necesarias para el restablecimiento de la operación y cumplimiento de los Acuerdos Binacionales en materia de Hidrocarburos Gaseosos”. En otras palabras, en cuestión de meses, dice el gobierno de Maduro, Venezuela podría venderle gas a Colombia gracias a una capitalización.Según PDVSA ya se logró “el mecanismo legal y adicionalmente, bancario para el traslado de los dineros con los cuales se procederá al cumplimiento de los pagos pactados en el acuerdo de reorganización”, aunque el documento no dice exactamente cuál es ese mecanismo.La compañía venezolana dice que está lista para honrar “los contratos vigentes con Ecopetrol, y los que pudiesen suscribirse”¿Por qué Colombia quiere comprarle gas a Venezuela y qué se necesita para lograrlo?La posibilidad de que Colombia le compre gas a Venezuela ha sido objeto de críticas desde la primera semana del gobierno de Gustavo Petro cuando lo sugirió la entonces ministra de minas Irene Vélez.Le puede interesar: “En caso de que reservas de gas no fueran suficientes, podríamos recurrir a Venezuela”: MinMinasSin embargo, el gobierno colombiano ha dicho en distintas oportunidades que las necesidades de importación de gas de Colombia están creciendo y Venezuela puede ser un proveedor barato y competitivo.En los últimos días algunos gremios parecen darle la razón frente al temor de desabastecimiento. Por ejemplo, la Asociación Colombiana del Petróleo calcula que el déficit de gas para la demanda permanente del país arranca en 2026 y Asoenergía dice que el desabastecimiento se vería desde comienzos de 2025 y por eso se requieren medidas urgentes .Sin embargo, hoy el gasoducto entre ambos países acumula casi una década de abandono: Está sin mantenimiento y una parte fue desmantelada y vendida por chatarra como contamos en su momento en Blu Radio.Además, el gasoducto en Colombia parte de una estación de PDVSA cerca del complejo Ballenas en Manaure (La Guajira). Esa estación está abandonada y sin vigilancia desde hace años y habitantes de la región han retirado elementos como tejas y cables a lo largo de ese periodo.Lea: Las pruebas del deterioro del gasoducto Antonio Ricaurte para traer gas desde VenezuelaAlgunos conocedores de la industria calculan que la reparación del ducto podría tomar unos 18 meses una vez se tome la decisión de hacerla.La otra gran inquietud tiene que ver con los términos legales del acuerdoVale recordar que el levantamiento de sanciones del gobierno de los Estados Unidos a PDVSA vence el 18 de abril por lo que se pueden hacer transacciones antes de esa fecha sin sanciones.Sin embargo, Ecopetrol hizo una solicitud de una licencia especial ante la OFAC (que administra la lista Clinton) para hacer negocios con PDVSA sin terminar sancionada.En qué está el contrato entre Ecopetrol y PDVSA para la compra de gas a VenezuelaActualmente el contrato entre ambas compañías está en una fase de ‘estabilización de equipos’ es decir que está suspendido. Sin embargo en los últimos meses ambas compañías han estado revisando papeleos y todavía hay plata que Ecopetrol le debe a PDVSALe puede interesar: Ecopetrol le quedó debiendo plata a PDVSA y está negociando cómo pagarleLa suspensión del contrato va hasta diciembre de 2024 pero puede ser prorrogada unos meses más si es necesario. El contrato actual, en el que primero Colombia le vendió gas a Venezuela para luego recibir ese gas de vuelta, está vigente hasta diciembre del 2027.El gasoducto tiene la capacidad de transportar unos 450 millones de pies cúbicos (cerca del 45% del consumo de Colombia), sin embargo es posible que la capacidad inicial de venta sea menor debido a cuellos de botella en la infraestructura al interior de Venezuela.De hecho en la conferencia de prensa posterior a los resultados financieros de Ecopetrol el gerente de la compañía, Ricardo Roa, sugirió que se podrían importar unos 200 millones cúbicos de gas por día, un 20% de la demanda nacional.Aún no se conoce el precio al cual Colombia, a través de Ecopetrol, podría comprar el gas aunque en varias oportunidades el ministro de Minas, Andrés Camacho, ha sugerido que podría ser del orden de 5 dólares por BTU: una tercera parte de lo que costaría importarlo por otra vía.Escuche aquí el informe:
La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró que estará preparada en caso de que EEUU aplique "más sanciones" al país caribeño, que, por su parte, está dispuesto a ser parte de la solución del "problema energético mundial"."Si nos colocan más sanciones, nosotros nos prepararemos para ellas. Ténganlo por seguro que van a conseguir (...) una industria poderosa para enfrentar cualquier situación. (...) Venezuela está abierta para resolver y solventar el problema energético a escala mundial", expresó el presidente de Pdvsa, Pedro Rafael Tellechea, citado en una nota de prensa de la estatal.El también ministro de Petróleo aseguró que las sanciones "nunca han dejado de existir", y señaló que equipos que "ya fueron comprados" no han podido llegar al país sudamericano.No obstante, afirmó que el alivio de las sanciones estadounidenses al petróleo y gas venezolanos, que entró en vigencia en octubre pasado por un período de seis meses -que vence en abril-, ha permitido que "algunas empresas estadounidenses o transnacionales" vayan a la nación caribeña y "visualicen cualquier tipo de proyectos".EE.UU. advirtió esta semana que el alivio "se renovará en abril solo si los representantes" del mandatario Nicolás Maduro "cumplen con sus compromisos" de cara a las presidenciales de este año, entre los que mencionan la habilitación de la opositora María Corina Machado para competir en estas elecciones, un ultimátum rechazado por el Gobierno chavista.Desde que Washington flexibilizó sus sanciones, el país caribeño ha suscrito diversos convenios y memorandos relacionados con el sector energético, entre ellos con la española Repsol, la francesa Maurel & Prom, la mexicana Pemex, la Refinería di Korsou (Rdk) de Curazao y con la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago.Además, Venezuela firmó este martes un memorando de entendimiento con Turquía para la cooperación en estas áreas, un convenio que se suma al suscrito este mes con Indonesia para el desarrollo de negocios en petróleo y gas.
Ecopetrol le quedó debiendo plata a PDVSA por cuenta del contrato de compraventa de gas entre Colombia y Venezuela. Hoy la sucursal de PDVSA en Colombia está negociando con Ecopetrol cómo y cuándo le van a pagar, quiere abrir una cuenta de ahorros en el Banco Agrario, y espera que los Gobiernos de ambos países se vuelvan a reunir para analizar las propuestas de varias empresas interesadas en reactivar el gasoducto Antonio Ricaurte."Ecopetrol ha manifestado su interés de superar este tema, para lo cual se encuentran efectuando las revisiones correspondientes. Tan pronto se concrete con Ecopetrol la forma y mecanismo de pago se procederá a su remisión inmediata a su despacho", señala una carta enviada por la nueva gerente de PDVSA Colombia, Ana María Ocando, a la Superintendencia de Sociedades.La carta se refiere a una deuda que no se ha cobrado debido a la suspensión del contrato que va hasta noviembre de este año. Ambas empresas están revisando en este momento de cuánto dinero estamos hablando, según pudo confirmar Blu Radio. Establecer la cifra, requiere revisar documentos que fueron devueltos por el Gobierno de Nicolás Maduro a PDVSA, pocas semanas después de la llegada del Gobierno de Gustavo Petro al poder.“Los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se conservan debidamente, dado que, estaban en custodia en la embajada de Venezuela, y fueron entregados a PDVSA Gas S.A. Sucursal Colombia en el mes de octubre del 2022”, señala el informe del revisor fiscal de PDVSA Colombia Jorge Andrés Osorio.Además de definir cuándo se debe, hay que saber cómo se va a pagar. Debido a que hay un permiso temporal de la OFAC a PDVSA hasta mayo de este año, la compañía está haciendo la fila en el Banco Agrario de Colombia para abrir su propia cuenta de ahorros.PDVSA tiene en sus manos varias propuestas de empresas interesadas en operar el gasoducto binacional Antonio Ricaurte"Nos encontramos en la revisión de las propuestas de empresas que han manifestado su interés en la operación del gasoducto", dice la comunicación.Por su parte, PDVSA espera que el análisis de esas propuestas sea discutido entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela debido al carácter estratégico de la cooperación energética.Este lunes el Gobierno colombiano lanzó el periódico oficialista ‘Vida’ que le dedica un pequeño artículo a este tema. Según el teco con la revisión del gasoducto "y una tubería casi lista, solo restaría definir el costo de los 400 millones de pies cúbicos diarios que podrían transportarse"El gasoducto sin embargo, tiene problemas serios como revelamos hace algunos meses en Blu Radio. Un fragmento fue vendido como chatarra y la estación de recepción cerca del complejo Ballena está parcialmente desmantelada también.Le puede interesar:
El ministro de Petróleo de Venezuela y, a su vez, presidente de PDVSA, Rafael Tellechea; confirmó que entre las distintas alianzas y asociaciones que tiene planificada la empresa estatal, está una con Ecopetrol para la exportación de gas hacia Colombia.“Nosotros hemos venido haciendo los ejercicios necesarios con Ecopetrol, en conjunto, para la exportación de gas, de hidrocarburos, como una empresa transnacional que quiere venir a Venezuela”, dijo.La afirmación de Techellea fue durante la firma de un acuerdo con Repsol en Caracas, para reactivar una empresa mixta llamada Petroquiriquire, donde la compañía española tiene 40 % de participación.Agregó el ministro que, así como Repsol o Ecopetrol, le dan “la bienvenida a todas las empresas transnacionales que quieran venir a dialogar y seguir avanzando en Venezuela”.Específicamente, sobre el tiempo en que podría concretarse la exportación de gas a Colombia, el presidente de PDVSA no quiso dar detalles, pero se prevé que esté entre los planes del primer semestre del 2024.Es de recordar que esa exportación de gas se realizaría a través del gasoducto Antonio Ricaurte, que tiene una extensión de más de 220 kilómetros desde los yacimientos de gas de la región occidental de Venezuela, cerca al lago de Maracaibo, hasta la Estación Ballena, en la Guajira.Disputa con GuyanaEl ministro de petróleo venezolano además confirmó la activación de las unidades de negocio para el desarrollo petrolero en el Esequibo, y la posterior entrega de concesiones en toda esta zona rica en yacimientos de crudo y gas.“Ya las tenemos activadas, ya están trabajando, la nueva dirección de exploración y producción del esequibo ya tiene hasta nombre de representante nuestro y ya está trabajando (…) Ya va a salir en gaceta”, puntualizó.El anuncio llega después de que Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, celebraran una reunión en San Vicente y las Granadinas el pasado jueves, cuando acordaron no amenazarse ni utilizar la fuerza y abstenerse de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de cualquier controversia, como la relacionada con el Esequibo.Sin embargo, han sido justamente estas reservas, que se estiman en unos 11.000 millones de barriles de petróleo, las que incrementaron las tensiones entre Georgetown y Caracas por el Esequibo hasta llegar a la actual crisis.Le podría interesar:
La Superintendencia de Sociedades dio el pitazo inicial para la negociación de un acuerdo de reorganización que permita que PDVSA Gas, la propietaria del tramo del gasoducto Antonio Ricaurte en Colombia, pueda salir de la quiebra. La firma tiene cuatro meses para conseguir un acuerdo o se irá a liquidación.La compañía tiene deudas hoy por unos 29.000 millones de pesos. Le quedó debiendo a la Dian, a las empresas de la luz, a los empleados, a las empresas de vigilancia y a CNG Energy, que le reclamó más de 18.648 millones de pesos en el proceso (más del 60 % del total), según los documentos del expediente.Lo curioso del asunto es el CNG Energy también está en la ruina y hoy avanza su propio proceso de liquidación. Terminó en esa situación después de que la Supersociedades le hiciera una visita a la compañía en medio de una investigación por soborno transnacional en noviembre de 2018.Ese año varios exfuncionarios del Gobierno venezolano reconocieron ante las autoridades de los Estados Unidos una trama de sobornos que desvió millones de dólares de PDVSA, en medio de la adjudicación de contratos para construir transformadores eléctricos.En la visita se encontraron tantas cosas irregulares en CNG Energy que la Supersociedades la sometió a control. La compañía no solo estaba colgándose en los pagos, además, tenía problemas en sus registros contables y líos jurídicos.CNG Energy fue la última empresa en tener un contrato para hacerle mantenimiento al gasoducto Antonio Ricaurte en Colombia. El gasoducto hoy está parcialmente desmantelado y tiene serios problemas como ya Blu Radio lo había mostrado antes.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
El actual gobierno de Gustavo Petro enfrenta un desafío significativo en sus negociaciones con las organizaciones sindicales, sobre todo en lo que respecta al aumento del salario mínimo para el 2025. Desde el principio, se había anticipado que estas negociaciones se llevarían a cabo de manera más fluida, dada la afinidad ideológica política que existe entre el gobierno y los sindicatos. Sin embargo, las cosas no han salido como se esperaba, y recientes anuncios han evidenciado una creciente discordancia. Recientemente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, propuso un aumento del 6.2% para el salario mínimo en 2025, lo que sorprendió a los líderes sindicales. Fabio Arias, presidente de la CUT, expresó su descontento con esta propuesta en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, señalando que era inusual que un ministro de Hacienda se pronunciara sobre el tema antes de que la Comisión Nacional de Concertación se reuniera. La reacción de los sindicatos fue inmediata y fuerte. Durante la reunión de la Comisión Nacional de Concertación, las centrales obreras mostraron su inconformidad ante el anuncio del ministro Bonilla. Arias subrayó que este tipo de intervenciones solo complican las negociaciones, sugiriendo que el gobierno parece ir en contra de los principios de concertación.Propuestas alternativas y la informalidad laboral Arias también abordó la necesidad de revisar el modelo actual de negociación. Aseguró que el sistema tradicional ha fallado en abordar los graves problemas de desempleo e informalidad que enfrenta el país. "La informalidad laboral es un verdadero desastre, y los empresarios han tenido décadas para solucionar estos problemas sin resultados", afirmó. A pesar de las diferencias en las opiniones individuales, Arias enfatizó que el movimiento sindical está comprometido a presentar propuestas de manera unificada ante el gobierno. Dijo que han acudido a reuniones previas y se han comprometido a hacer su propuesta en un plazo determinado, buscando mantener la cohesión entre las centrales obreras.
Con 20 votos a favor de 21 posibles, el Concejo de Medellín le dio luz verde al proyecto de acuerdo que fijaba el salario mensual del alcalde, personero y contralor general de Medellín para el 2024.El concejal coordinador de la iniciativa, Alejandro De Bedout, indicó que este proyecto está acorde con las leyes nacionales y parte del decreto 0293 del 2024 que emitió el presidente de la República, en el cual se establece el límite salarial.Así las cosas, quedó en firme la propuesta de fijar el salario en $23.836.104 millones de pesos para estas tres importantes figuras en la capital antioqueña, lo que, en comparación al año 2023, representa un incremento del 10.3%. Además, añadió el concejal que el aumento corresponde a la responsabilidad del cargo y da respuesta a la variación del IPC y a las negociaciones entre el Gobierno Nacional con los sindicatos y los empleados en el país.A su vez, el concejal Carlos Gutiérrez afirmó que el incremento va ligado según la categoría del municipio y enfatizó que el aumento que se está haciendo queda por debajo del que se realizará a los servidores públicos del Distrito de Medellín.Por otro lado, la secretaria de Gestión Humana, Natalia Ramírez, explicó que el Gobierno nacional fijó el techo salarial para los alcaldes de categorías especiales. Este proyecto fija el salario mensual en $23.836.104 millones de pesos porque Medellín es un Distrito de categoría especial. Indicó, además, que este aumento da casi un punto porcentual menos que el incremento que tuvieron los servidores públicos del Distrito de Medellín para el año 2024. Finalmente, el Concejo aprobó el incremento salarial para los funcionarios con el IPC más 2.1% puntos porcentuales para el año 2025. El debate se concentró en ofrecer la posibilidad a los empleados del Distrito de un incremento que no se diluya con el crecimiento de la inflación.
La historia empezó cuando el presidente Gustavo Petro cuestionó la forma de actuar del expresidente Álvaro Uribe con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, conocida como Telecom Colombia, durante su Gobierno.El jefe de Estado aseguró que la privatización de la liquidada empresa se dio por la codicia del exmandatario.El expresidente Uribe le respondió a través de sus redes sociales y aseguró que la idea socialista de Estado colma aspiraciones burocráticas y politiqueras, pero niega servicios de primera calidad a la comunidades.“Por el bien de Colombia y de la democracia quisiera evitar noticias que titulen “rifirrafe Petro-Uribe”, que tanto aprovechan algunos. Cuando llegué a la Presidencia Telecom llevaba más de 10 años en cuidados intensivos. Los pasivos valían medio billón de la época, los jubilados estaban en gran riesgo, que se evitó con el proceso público y transparente de adjudicación a un tercero”, dijo en sus redes sociales.Además, añadió que “el actual Gobierno, que ha creado 39 mil cupos burocráticos, ya habría tenido tiempo de fundar otra Telecom que en sus sueños debería estar compitiendo con Elon Musk”.A esto se le suma que argumenta que el Gobierno neocomunista niega a las nuevas generaciones la posibilidad de construir ahorro y una pensión decente. “Colombia necesita la polarización conceptual y debe evitarse la polarización del agravio personal”, finalizó Uribe.
César Pérez Chala, alias ‘Peñaranda’, tenía un largo prontuario delictivo y una carrera criminal de 17 años liderando proyectos de expansión territorial en el departamento del Chocó. El cabecilla es responsable de delitos como el desplazamiento y reclutamiento forzado, además de confinamientos y homicidios. También estaría señalado de las acciones criminales con artefactos explosivos ocurridas en el 2022, contra estaciones de Policía en los municipios de Novita e Istmina, del departamento de Chocó.Durante más de un año, las autoridades le habían seguido la pista al delincuente, quien visitaba con frecuencia la subregión del Urabá para realizar actividades de descanso y compartir con su familia. Según el coronel Héctor Alexander Juzga, comandante de la Décima Séptima Brigada, este importante golpe a este grupo armado fue llevado a cabo por tropas de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional en un trabajo articulado con la Sijín y la Policía Nacional, quienes, en medio de un operativo desplegado en el corregimiento de Caucheras, en Mutatá, capturaron en flagrancia al presunto cabecilla de la Subestructura Carreteras, del departamento del Chocó."Este hombre fungía como el cabecilla principal de la Subestructura de Carreteras del grupo armado organizado, Clan del Golfo, que delinque en el departamento del Chocó. De tal manera que esta importante captura es una afectación vital a los intereses estratégicos del Clan del Golfo en lo que corresponde al expansionismo territorial", explicó el coronel.En el operativo fue hallado un revólver con munición, además de varios objetos de brujería, que portaba el cabecilla en un canguro que en su interior contenía figuras esotéricas, jeringas, aceites y un cuaderno con rituales de magia negra y santería, con los que, según las autoridades, alias ‘Peñaranda’ pretendía atraer riquezas y evitar ser capturado por la justicia.Es importante recordar que, en el año 2021, este cabecilla fue enviado por alias ‘Siopas’, quien fue subcomandante del Clan del Golfo y le había ordenado en aquel tiempo al delincuente trasladarse desde Urabá, donde delinquía, hasta el Chocó, debido a su experiencia en combate y capacidad armada, factor que lo hizo acreedor de ser quien materializara la expansión criminal del Clan de Golfo en el Chocó.
Mientras todo parece indicar que la llegada del primer recibo de cobro por valorización a propietarios de predios en la Vía al mar, entre Barranquilla y Cartagena, será un hecho inminente en el mes de febrero; desde estas dos ciudades siguen las voces de rechazo a este instrumento del Gobierno Nacional.El alcalde de Cartagena Dumek Turbay, quien demandó ante el Consejo de Estado la resolución del Invias que permite dicho cobro, y además coadyuvó la demanda del articulo Plan del Desarrollo del Gobierno que autoriza este impuesto por obras de infraestructura, pidió frenar el inicio de este pago de valorización hasta que se den las decisiones judiciales pendientes.El mandatario cartagenero reiteró que está en contra de la medida que considera inconstitucionalidad, pues de que permite la aprobación y aplicación de la contribución nacional de valorización hasta cinco 5 años después del inicio de la operación del proyecto.“Yo no estoy de acuerdo con el cobro, pero tengo que respetar las reglas, y la regla es que tiene que ser la justicia la que tome una decisión, mientras la justicia toma una decisión el trámite que se está surtiendo es el que ya el Ministerio ha planteado, el que Invias ha planteado, el que se ha comunicado, y de no suceder nada antes de marzo, en esa fecha nos empezarán a llegar los recibos”, sostuvo el alcalde Turbay.Sin embargo, el alcalde también fue enfático en que en caso de que se inicie los cobros, tal como lo ha anunciado la ministra de transporte, María Constanza García, exigirá que todo el dinero recaudo en la ciudad será reinvertido en Cartagena.“El presidente ha hablado de solidaridad de los colombianos, pero si a nosotros al final nos toca pagar eso, esos recursos deben reinvertirse en la ciudad, ni siquiera en Bolívar, en Cartagena, y el proyecto identificado inicialmente es la terminación de la Vía Perimetral”, señaló.El cobro de valorización se aplicará a aproximadamente a 147 mil predios ubicados entre Barranquilla y Cartagena, a partir del primer semestre de 2025, empezando por la capital de Bolívar.“Los análisis realizados nos han permitido identificar que los 147 mil predios, a los cuales se aplicará la contribución, tienen capacidad de pago.Es decir, si tras los análisis realizados se determina que el propietario o poseedor del predio no tiene capacidad de pago, no recibirá el recibo correspondiente. Los propietarios que sí lo reciban tendrán la capacidad de pagar la contribución asignada”, explicó el pasado mes de octubre desde Cartagena el director del Invias, Juan Montenegro.A su vez, el funcionario detalló que el 40% de los predios ubicados en el área de influencia del proyecto Cartagena-Barranquilla: Circunvalar de la Prosperidad, quedaron exentos de este cobro debido a aspectos como falta de capacidad de pago, ser Sisbén A y B, estar clasificados en los estratos 1, 2 y 3; o ser bienes excluidos por ley como iglesias, bienes patrimoniales, entre otros.
