Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves de que la política de 'paz total' del presidente Gustavo Petro ha obtenido resultados limitados para reducir los abusos contra la población civil y alertó de que los grupos armados expandieron su presencia en el país el año pasado."Dos años y medio después de que el presidente Gustavo Petro asumiera la Presidencia, su estrategia de 'paz total' ha logrado resultados limitados en la reducción de los abusos contra la población civil", señaló HRW al hablar de Colombia en su Informe Mundial 2025, en el que analiza lo sucedido en materia de DD.HH. el año pasado.El mandatario asumió el poder el 7 de agosto de 2022 con la promesa de una 'paz total' que, hasta el momento, ha atravesado varios baches a pesar de que se entablaron diálogos de paz con varios grupos y se concretaron ceses al fuego con algunos de ellos.En ese sentido, el Gobierno está negociando el fin del conflicto armado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos disidencias de las FARC, una conocida como Estado Mayor Central (EMC) y la otra como Segunda Marquetalia.Igualmente, busca el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y de otros grupos armados.Al respecto, HRW destacó que si bien el Gobierno colombiano logró varios alto el fuego, "los preparativos y el seguimiento fueron insuficientes y en muchos casos los grupos armados no los cumplieron".Abusos contra la población civilLa organización aseguró que grupos armados cometieron el año pasado "serios abusos contra los civiles y expandieron su presencia en el país", pues el Clan del Golfo está presente en 392 de los 1.102 municipios de Colombia, el ELN en 232 y las disidencias de las FARC en 299.HRW también criticó a las autoridades por fallar en garantizar la seguridad efectiva de la población y el acceso a la justicia a las víctimas, además de no investigar y desmantelar los grupos armados.Entre los abusos cometidos por estos grupos, HRW recordó que en la primera mitad de 2024, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hubo 159 casos de reclutamiento de menores, que son "frecuentemente miembros de comunidades indígenas"."A más de 71.000 personas se les impidió salir de sus comunidades, situación conocida como 'confinamiento', entre enero y julio, lo que supone un aumento del 39 % en comparación con el mismo periodo de 2023. Persistieron los temores a las minas antipersona, las amenazas de grupos armados y los fuegos cruzados", agregó Human Rights Watch.En los convulsos departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, en el oeste del país, la lucha armada entre los militares y los grupos armados provocó el desplazamiento forzado de más de 34.000 personas entre enero y julio, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entretanto, recibió 138 denuncias de asesinatos de líderes sociales, la mayoría de los cuales "defendían los derechos de sus comunidades".Libertad de expresiónPor otra parte, Human Rights Watch señaló que, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), "Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas".En ese sentido, la oficina del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó el asesinato de cinco reporteros entre enero y julio del año pasado."El presidente siguió utilizando las redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos con su Gobierno", expresó HRW.Como ejemplo de ello puso que en septiembre, Petro emitió una "instrucción presidencial dirigida a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo para garantizar un entorno seguro para la libertad de expresión y los periodistas" que, "sin embargo, no la cumplió durante el acto de presentación", agregó HRW.
En medio de los diálogos que avanzan en la cárcel de Itagüí con la paz urbana impulsada por el Gobierno nacional, la Alcaldía de Medellín reconoció disputas internas entre una banda delincuencial en el Occidente de la ciudad. En esta zona de la capital antioqueña las autoridades decidieron reforzar la presencia policial.La situación de orden público en Medellín sigue preocupando a diferentes autoridades de la ciudad que advierten sobre la disputa interna entre ilegales en las comunas Altavista y Belén, misma que ha generado preocupación y temor entre las comunidades de estos sectores. Precisamente, y aunque las bandas delincuenciales que dialogan con el Gobierno nacional en Itagüí celebran reducciones en la criminalidad, en el Occidente de la capital antioqueña la presencia de grupos al margen de la ley sigue generando miedo y temor.Lo que destacaron las autoridades es que en las comunas Altavista y Belén se han venido registrando algunas denuncias ciudadanas que evidenciaría el actuar criminal en la zona, mismo accionar que ocasionó la irrupción de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín se indicó que la situación, aunque es de normalidad, ha necesitado de una atención especial.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reconoció que la función de la Policía y la Fiscalía General de la Nación se centrará en combatir a estas bandas que atemorizan a los habitantes de Altavista y Belén.“Todavía hay cosas por resolver y esas bandas tienen el mensaje muy claro, dejen de joder en la vida a la gente, vamos a seguirlos persiguiendo y la van a pasar muy mal, porque aquí estamos articulados y vamos a continuar con el combate”, afirmó.Sobre los operativos que se realizan en la zona occidental de Medellín, destacaron las autoridades que se ha reforzado la presencia policial en el territorio para tratar de llevar tranquilidad a la ciudadanía y garantizar que se mantenga la seguridad de la población que ha sufrido los flagelos de las bandas delincuenciales.Por último y en consonancia con lo dicho por el mandatario, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, insistió en su cuenta de X, "dejarle claro también a las estructuras que independientemente de si tienen conflictos internos o no, vamos detrás de ellas hasta que entiendan que aquí no toleramos a los criminales".
Una controversia sobre los positivos resultados que ha logrado Medellín en materia de homicidios al cierre del 2024 se formó entre el alcalde Federico Gutiérrez, el presidente Gustavo Petro y la senadora Isabel Zuleta.Mientras que Zuleta le atribuyó el que la capital de Antioquia lograra una tasa de 11.81 acumulada durante todo 2024 y de 8.3 en diciembre a la política de Paz Total del gobierno Petro, con el que hay una mesa con los jefes de bandas del Valle de Aburrá recluidos en la cárcel de Itagüí, la Alcaldía de Medellín se mostró en desacuerdo. La senadora y delegada del Gobierno para este proceso socio jurídico destacó los resultados."¿Eso qué quiere decir? Que se están salvando vidas desde la instalación del espacio de diálogo sociopolítico, del trabajo que se está haciendo en materia de reducción de las violencias urbanas en el Valle de Aburrá. Y es un reto enorme para la delegación del Gobierno hacer esta vigilancia, hacer este seguimiento", dijo Zuleta.En respaldo a sus afirmaciones, el presidente le pidió a la Fiscalía evaluar este resultado y “acompañarnos en la negociación socio-jurídica que adelantamos con jefes de bandas del Valle de Aburrá en la cárcel”. Destacando también a título propio que la capital antioqueña, que en el pasado reportó la tasa de homicidios más alta del mundo, de 400 por cada cien mil habitantes, ahora esté a punto de “reducir su tasa de homicidios a menos de un dígito”.Ante ello, el alcalde Federico Gutiérrez dijo que los resultados ya se dieron y que fue por el trabajo con la institucionalidad, destacando la labor de la Policía, el Ejército y la Fiscalía y su operatividad."Yo me alegro, por lo menos, que parece que ahora, por lo menos, sí están mirando para Medellín desde el gobierno nacional. Pero los resultados ya están. Entonces, de pronto no le han informado al presidente Petro, pero los resultados ya se dieron. Tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años gracias al trabajo articulado con toda la institucionalidad", dijo Fico.El mandatario destacó que en 2024 se redujeron los homicidios en por lo menos 64 casos frente al 2023 (18 % menos).
Desde la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín se advirtió que hasta que no haya una base legal clara, no será posible intervenir eficazmente en las zonas más afectadas por la violencia. Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos, ha indicado que a la fecha la administración local está por fuera del marco jurídico y que se está esperando que haya un marco normativo, para desde ahí poder intervenir."Que haya claridad, que haya articulación y coordinación tanto con el Gobierno departamental como municipal y que haya un marco jurídico que permita darle una directriz seria y ordenada al proceso que se vaya a desarrollar. Hoy estamos por fuera del marco jurídico, no podemos estar ahí porque no nos lo permite la norma y el alcalde ha dicho esperemos que haya un marco normativo y desde ahí poder intervenir", señaló Arcila.La Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín ha subrayado la importancia de articular esfuerzos a nivel local y nacional para garantizar que el proceso de paz sea transparente y funcional. La dependencia, encargada de coordinar iniciativas para la convivencia y la reconciliación, también ha manifestado que la falta de claridad en el proceso ha dificultado la ejecución de programas que busquen reducir la violencia y promover la seguridad en los barrios más vulnerables."Parceros ha sido un tema importante para prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. El alcalde lo ha dicho públicamente, si hay una voluntad y que el Gobierno nacional tiene que liderar para poder atender estos jóvenes que están en riesgo o que están vinculados a las estructuras armadas. Y en ese sentido ha sido una propuesta concreta que todavía no ha habido atención por parte del Gobierno nacional", mencionó el funcionario.Por parte del Gobierno nacional se ha asegurado que se están realizando esfuerzos para alcanzar la paz. Sin embargo, las autoridades locales insisten en que, sin las herramientas legales adecuadas, será imposible garantizar una solución duradera a la crisis de seguridad.
Desde el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, integrado por firmantes del acuerdo de paz del año 2016, emitieron un comunicado en el que muestran su preocupación por la falta de financiación y el riesgo en el que se encuentran los proyectos productivos de algunos firmantes.“Menos del 10% de las solicitudes de acceso a tierras presentadas por firmantes de paz han sido atendidas, lo que constituye un obstáculo estructural para la estabilidad de sus proyectos productivos y su seguridad integral. A esto se suma que cerca del 76 % de esta población enfrenta desempleo, mientras que el número preocupante de proyectos productivos individuales ha cerrado, y los colectivos están en riesgo de seguir el mismo camino debido a la falta de sostenibilidad”, señala el comunicado del CNR.En el mismo sentido le hacen un llamado al presidente Gustavo Petro para que honre los compromisos del acuerdo de paz que firmaron las extintas Farc en el año 2016.“El cumplimiento del acuerdo de paz representa una obligación jurídica y moral, además de ser fundamental para fortalecer la confianza nacional e internacional en el proceso de paz y en los diálogos en curso con otras organizaciones armadas ilegales. Por ello, se hace un llamado al presidente Gustavo Petro para que honre los compromisos establecidos en el acuerdo final y en el Plan Nacional de Desarrollo”, señalan en el documento.Los firmantes además advierten que no les habían realizado el pago correspondiente a la asignación mensual de diciembre.
El ELN ha anunciado un cese al fuego unilateral con motivo de las "festividades de Navidad y Fin de Año", que iniciará a las 00:00 horas del 23 de diciembre de 2024 y concluirá a las 00:00 horas del 3 de enero de 2025. La decisión fue comunicada a través de la cuenta oficial de la delegación de diálogos del grupo armado, en la que se destacó que este gesto "busca promover la paz con el pueblo colombiano".A través del comunicado, la Dirección Nacional del ELN indicó que durante este periodo, todas sus estructuras deben abstenerse de realizar operaciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado.En su comunicado, el ELN destacó que esta decisión responde a un "gesto de paz" hacia los ciudadanos y al deseo de generar un ambiente más tranquilo y menos violento en el país durante estas fechas.El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a este comunicado del grupo guerrillero y aseguró, a través de su cuenta de X, que "El fin de la guerra, es el propósito nacional para el 2025".Hay que mencionar que en ocasiones anteriores, el ELN realizó anuncios similares en fechas significativas, aunque la implementación y el cumplimiento de los ceses al fuego han sido objeto de controversia y, en algunos casos, de violaciones por parte del grupo guerrillero.Este anuncio se produce en un contexto complejo para la paz en Colombia, donde los esfuerzos del gobierno por negociar con distintos grupos armados ilegales han tenido altibajos. A pesar de la "disposición" declarada por el ELN, las autoridades siguen vigilando de cerca el cumplimiento de los acuerdos, y el gobierno ha reiterado su compromiso con la búsqueda de soluciones a través del diálogo y la negociación.Pronunciamientos ante el cese al fuego unilateral del ELNPor su parte, el senador Iván Cepeda, miembro de la mesa de diálogos con el ELN, también se refirió a la decisión del ELN y destacó la intención de esta guerrilla en la paz total."Es un signo alentador, una buena señal esta tregua de carácter unilateral que hace el Ejército de Liberación Nacional. Esperamos también que sea la señal que en el año 2025 avanzaremos de manera decidida en reanudar los trabajos de la mesa de diálogos y también desarrollar los puntos de nuestra agenda para llegar a la paz que tanto anhela el país y el pueblo colombiano", señaló el congresista.
La solicitud de Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del Cartel de Cali, de ser considerado como "gestor de paz" en el marco del proyecto de paz total promovido por el presidente Gustavo Petro, ha generado una serie de reacciones y controversias en la política colombiana. La más reciente proviene del expresidente Andrés Pastrana, quien ha calificado de "delitos de lesa humanidad" las acciones del exnarcotraficante, particularmente su participación en el secuestro que sufrió en 1988.Este viernes, 20 de diciembre, Rodríguez Orejuela envió una carta al presidente Petro en la que se ofreció como facilitador en el proceso de paz con las organizaciones criminales, en un intento por contribuir a la desmovilización y reintegración de actores armados ilegales en Colombia. Su petición está enmarcada en el concepto de "paz total", una de las principales propuestas de la administración de Petro."Mi secuestrador Pablo Escobar me reveló, estando yo en cautiverio, que Los Extraditables, de los que los Rodríguez Orejuela hacían parte, eran los autores de mi secuestro. Imprescriptible delito de lesa humanidad, fue el primer secuestro político del narcotráfico en Colombia", dijo Pastrana a través de sus redes sociales.La reacción de Pastrana no se hizo esperar. En un pronunciamiento, el expresidente aseguró que Miguel Rodríguez Orejuela y su hermano, Gilberto, quienes fueron grandes capos del Cartel de Cali, son responsables de numerosos crímenes, incluyendo el secuestro que él mismo sufrió en 1988. Según Pastrana, durante su cautiverio, Pablo Escobar, le reveló que Rodríguez Orejuela formaba parte de la red de narcotraficantes y paramilitares que lo habían secuestrado, un hecho que calificó como una grave violación de los derechos humanos.Dicho secuestro, según Pastrana, ocurrido en el contexto de campaña, es uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia. Pastrana fue capturado el 19 de agosto de 1988 por miembros del cartel de Cali, en pleno apogeo de la lucha entre los grandes narcotraficantes del país. En su relato, el expresidente sostiene que, tras ser liberado, quedó claro que la alianza entre los carteles.
La noticia que se dio sobre la llegada de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', a la Mesa de Diálogos de Paz Urbana del Valle de Aburrá en donde los cabecillas de las bandas delincuenciales de la subregión adelantan conversaciones con el Gobierno nacional causó que propios y extraños cuestionaran la inclusión del exjefe paramilitar en el proceso de la Paz Total propuesto por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.Aunque aún se desconoce cómo se hará el aporte de 'Don Berna', el abogado de Murillo reconoció que están esperando que la Nación ponga sobre la mesa las posibilidades para que este hombre haga su aporte desde Estados Unidos en donde se encuentra recluido hace más de una década. Además, Michell Pineda manifestó que 'Don Berna' ya comenzó a entregar bienes en su proceso de construcción de paz."Se hizo entrega oficial de documentos que muestran la construcción de escuelas en Villanueva, Córdoba. Una represa que dio a más de 5.000 familias la posibilidad de obtener agua. Esperemos que podamos darle los medios de comunicación para que él efectivamente pueda hacer esos aportes", destacó el abogado.Precisamente lo que insistió el abogado de 'Don Berna' es que esperan que durante los seis meses en los que el exjefe paramilitar será gestor de paz se lleve una comunicación propicia y que posteriormente sea prolongado el acuerdo con el Gobierno nacional para que este hombre pueda seguir aportando desde la Mesa de Diálogos de Paz Urbana del Valle de Aburrá.Sin embargo, y a pesar de los aparentes gestos de buena fe por parte de Murillo, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, manifestó que hasta ahora 'Don Berna' no había dicho toda la verdad."Leí un libro de 'Don Berna', muy interesante, y yo digo que 'Don Berna' no dice toda la verdad, pero que todo lo que dice es verdad. Eso me parece muy importante. Nadie dice toda la verdad, pero si lo que dice es verdad, eso es muy importante", mencionó Patiño.Por último y sobre, por ejemplo, la situación en La Escombrera de la comuna 13 de Medellín en donde habrían cientos de personas dadas por desaparecidas por el conflicto armado y en donde 'Don Berna' tendría alta injerencia, el abogado del exjefe paramilitar aseguró que las reuniones se han adelantado con miembros de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas con el fin de aportar en estos casos de desaparición.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró por medio de sus redes sociales que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le había notificado el pasado sábado que le retirarían su esquema de seguridad. En el mismo sentido, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que interviniera ante esta situación.Ante ese mensaje, la Unidad Nacional de Protección (UNP) emitió un comunicado en el que asegura que en ningún momento la protección de Mancuso ha sido debilitada o anulada y que, por el contrario, cuenta con un esquema robusto.“Todo lo que ha ocurrido tiene que ver con el cambio de población. Mancuso Gómez estaba sujeto, hasta hace poco, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ahora ha pasado como gestor de la Oficina del Comisionado Consejero de Paz. Por ello, el esquema de protección ha sido unificado, consolidado y, además, extendido a su familia”, aseguran desde la UNP.En el mismo sentido, desde la entidad explicaron que tuvieron que hacerle un llamado de atención a Mancuso por el uso de su esquema de seguridad.“La UNP le hizo un llamado de atención a Mancuso Gómez, porque el protocolo de protección no permite la modificación de los vehículos ni de ningún implemento del esquema, como tampoco el acceso de personas armadas no autorizadas", agregó la UNP.
El documento de la Procuraduría que analiza el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2024, revela los progresos y dificultades que enfrenta Colombia para dar cumplimiento a la Convención de Ottawa, teniendo en cuenta el recrudecimiento del conflicto armado en los últimos tres años.Según el Ministerio Público, el país enfrenta dificultades para lograr un territorio libre de minas antipersonal, ya que los municipios con seguridad relativamente estable ya han sido desminados casi en su totalidad.Las zonas pendientes, aproximadamente el 10 % de los municipios del país, coinciden con las áreas de emergencia humanitaria recurrente identificadas por la Defensoría del Pueblo y mencionadas en el Auto 894 de 2022 y son regiones con presencia de cultivos ilícitos y extracción ilegal de oro.“El conflicto armado se ha intensificado desde 2016 tras el Acuerdo de Paz y en los que los ceses al fuego en el marco de la política de paz total han facilitado el accionar en estas zonas de estructuras criminales que usan artefactos explosivos para ejercer control territorial”, dice la Procuraduría.Incluso, es imprescindible que el Estado continúe y multiplique sus esfuerzos para cumplir con los compromisos adquiridos con la Convención de Ottawa, además, Colombia ya ha presentado 2 solicitudes de extensión a la Convención, una al vencer el primer plazo de 10 años en 2011 y otra en 2021 que le fue concedida hasta 2025.En este momento se encuentra preparando la tercera solicitud para el período 2025-2030 porque a pesar de haber cumplido con la destrucción de arsenales, renunciado a la producción de MAP y haber desminado las bases militares protegidas con este tipo de AE, el país no ha podido cumplir con el Artículo 5 debido al uso indiscriminado de MAP de carácter improvisado por parte de los GAOML y a dificultades adicionales propias de la geografía y el clima, así como a las complejas condiciones de conectividad y acceso a ciertas regiones.“La extracción ilegal de oro en las que se ha recrudecido el conflicto armado desde el 2016 luego de la firma del Acuerdo de Paz, especialmente desde que el Gobierno propuso la política de paz total y dio apertura a diálogos de paz con los principales GAOML suspendiendo operaciones ofensivas por parte de las fuerzas armadas del Estado Colombiano en algunas regiones, lo que facilitó el accionar de esas estructuras criminales que se apoyan en el uso de AE como estrategia de control territorial”, dice el Ministerio Público.Por esta razón, la Procuraduría como miembro de la Comisión, ha identificado barreras en el marco de la ruta de atención y asistencia integral a víctimas de minas, especialmente en la etapa de atención urgente, toda vez que los accidentes ocurren en zonas de difícil acceso y se presentan dificultades de coordinación para la evacuación de las víctimas, su traslado a centros de salud de primer nivel y posteriormente en el seguimiento a las condiciones de salud y procesos de rehabilitación cuando las víctimas han adquirido alguna discapacidad.Además, enfatizan en que las víctimas de las minas antipersonales enfrentan dificultades en materia de acceso a educación, ofertas para la reintegración social y económica, acceso a vivienda, indemnización y restablecimiento de derechos.Finalmente, urge desarrollar y formalizar la ruta de atención y asistencia integral a víctimas, para lo cual la Comisión insiste en que se elabore un estándar nacional de Atención y Asistencia a víctimas donde se coordinen acciones de las entidades responsables en materia de salud y reparación integral.
