Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, publicó este domingo 29 de diciembre, un hilo en la red social X, en la que crítico al presidente de la República, Gustavo Petro, por fallos en la renta básica y los asesinatos de excombatientes.Londoño, conocido por su pasado en las FARC como 'Timochenko', le pidió al jefe de Estado que honre el Acuerdo de Paz y el mandato popular que lo eligió."Presidente Gustavo Petro, la paz de Colombia pasa por horas difíciles y es necesario que usted tome correctivos urgentes. Usted es el jefe del Estado. Le corresponde actuar en favor de la paz de Colombia", dijo Londoño.Además, exjefe del secretario del grupo armado ilegal criticó al Gobierno por el primer borrador con las sanciones que podrá imponer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que se definirá cuáles serán las reparaciones que tendrán que hacer los comparecientes en esta corte."De igual forma, presidente, sorprendió la propuesta emitida por su ministra de justicia acerca del modelo de sanciones propias de la JEP, en la cual se emulan colonias penales", expresó.Por otro lado, en su publicación, Londoño hizo un enérgico llamado al mandatario por los asesinatos de cuatro firmantes del acuerdo de paz en diciembre, y aseguró que la cifra de desmovilizados asciende a 443, desde que se puso punto final al proceso. "Necesitamos garantías para los firmantes de paz", indicó.Incluso, 'Timochenko' habló de la renta básica de los firmantes del proceso de reincorporación, exigiéndole al presidente el desembolso de este concepto.
Un aparatoso accidente sufrió el excomandante de la guerrilla Farc, Pastor AlapePastor Alape, en vías del Nordeste de Antioquia, cuando se movilizaba hacia Medellín. Sus dos escoltas sufrieron heridas.El actual político del Partido Comunes y excandidato a la Alcaldía de Puerto Berrio, Pastor Alape, tuvo el accidente de tránsito en la vereda Montañitas de Barbosa, en la vía que del municipio de Puerto Berrío conduce a Medellín, donde el vehículo blindado quedó volteado boca abajo en toda la fachada de una vivienda sobre la vía.La primera información que se conoce es que Pastor Alape salió ileso, pero sus dos escoltas designados por la Unidad Nacional de Protección sufrieron heridas y fueron trasladados a centros asistenciales.Aunque inicialmente los dos heridos tuvieron traumas en la cabeza y laceraciones por las vueltas que dio el vehículo, según la Unidad Nacional de Protección, el conductor escolta, presenta fractura de cráneo y amputación de oreja derecha y la segunda persona de protección es valorada por dolor en el pecho.Además reveló que el primer reporte de la policía señala como posible causa del accidente, exceso de velocidad.Al momento, la Policía de carreteras adelanta con las autoridades de tránsito las investigaciones de lo ocurrido.
Con una marcha que salió desde el Parque de Bolívar hasta el sector de La Alpujarra, en el centro de Medellín, firmantes de paz se reunieron para conmemorar ocho años de la firma del acuerdo final entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc que puso fin a más de medio siglo de confrontaciones entre las partes.Sin embargo, pasado el tiempo, el balance sigue siendo agridulce para la mayor parte de la población reincorporada.Así lo indicó Luis Ospina, integrante del Consejo Nacional de Reincorporación en nombre de Comunes, quien advirtió que persisten las dificultades para el acceso a tierras y el apoyo suficiente para iniciativas que precisamente se han quedado estancadas por esta realidad."La mayoría de los firmantes de paz todavía no tienen un acceso a integrar lo que es la reincorporación económica política social y comunitaria y el sentido de estas marchas es en defensa de las transformaciones, pero también en defensa de la implementación cabal del acuerdo de paz", agregó.Sin embargo, uno de los asuntos que mayor preocupación genera está en materia de seguridad, pues 41 firmantes de paz han sido asesinados en Antioquia en los últimos ocho años y un antiguo Espacio de Reincorporación en el municipio de Ituango trasladado a Mutatá por falta de garantías.Jesús Mario Arenas, conocido como Marcos Urbano, líder de esta población en el departamento, reconoció que así como en el municipio de Remedios donde posiblemente el antiguo ETCR también sea desplazado, la situación está siendo muy grave en el municipio de Anorí.De las cerca de 140 familias que llegaron a la vereda La Plancha tras la firma de los acuerdos de paz, queda cerca de la tercera parte. Agrava la situación lo ocurrido con el ataque del ELN que dejó cinco militares muertos y cuatro heridos además de un civil."La tendencia es que nos van a sacar de Anorí y es muy difícil sostenernos. La presión es muy dura, ahorita el último atentado lo hicieron los elenos, pues se mantienen muchos grupos alrededor de la gente nuestra, entonces está siendo muy complejo", manifestó.A pesar de las dificultades en el proceso, los firmantes en Antioquia siguen apostando a sus emprendimientos y a las estrategias de paz como la única salida a los ciclos de violencia, que aseguran, no pueden seguir siendo repetitivos en el país.
El pasado 20 de agosto, en Mañanas Blu 10:30 AM, se reveló cómo el representante de Comunes Carlos Alberto Carreño tenía estructurado desde el 2018 un mecanismo para quitarle entre el 10-15 % del salario a los trabajadores de su UTL.>>> En contexto: Carlos Carreño: el congresista de Comunes que “vacuna” a su UTLDos días después, el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Misael Rodríguez, anunció una investigación preliminar de oficio para ver si había mérito para abrir un caso contra el representante. El caso le cayó a la magistrada Cristina Lombana, quien en pocos días logró citar a audiencia a varios testigos y obtuvo material probatorio muy contundente.Pero el 5 de septiembre, el representante Carreño recusó a Lombana, apelando a la causal de “enemistad grave”. Según él, la magistrada estaría impedida para investigarlo por haberse formado como jurista en la justicia militar mientras él era un cabecilla del Bloque Oriental de las FARC, conocido cómo alias 'Sergio Marín'.El expediente llegó al escritorio del magistrado César Reyes, quien debe proyectar la ponencia para que la sala en pleno decida si Cristina Lombana continua o no con el caso. ¿Qué ha sucedido desde el 10 de septiembre? Extrañamente nada. Si bien el Código de Procedimiento Penal no estipula ningún límite de tiempo para estos casos, el artículo 106 que habla sobre la Aceptación o rechazo de la recusación es claro: “Presentada la recusación, el funcionario resolverá inmediatamente mediante providencia motivada”.Han pasado cincuenta días y el magistrado Reyes no ha movido la recusación de su despacho, lo cual es clave para que la investigación siga su curso. Según varios juristas consultados, demorar casi dos meses para resolver no tiene sentido. Es algo muy poco común. Si la magistrada Lombana no puede seguir con el caso, curiosamente sería el mismo César Reyes a quien le tocaría investigar a Carlos Carreño por ser el siguiente en el orden alfabético en la sala.Ya han sido varios los casos importantes en los que la magistrada Lombana fue recusada y la investigación recayó en las manos de Reyes. Los procesos de Álvaro Uribe y Armando Benedetti, por ejemplo.Un caso con pruebas tan sólidas y que recién empieza, sería raro y poco deseable que se encalle durante meses en un trámite sencillo y que no implica recopilación de pruebas como es un escrito sobre una recusación.
En diálogo con Mañanas Blu, el senador Julián Gallo se refirió a la implementación del acuerdo de paz y los retos que aún se enfrentan en materia de justicia y derechos de las víctimas en Colombia. Por eso, expresó su preocupación por la gran cantidad de casos pendientes que aún no han sido resueltos.Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la Nación, existen más de 97.000 casos de imputaciones relacionadas con el conflicto armado. Gallo argumentó que el sistema actual de justicia no permite resolver estos casos de manera eficiente y que se necesita una estrategia más efectiva.Asimismo, el senador Gallo hizo hincapié en la importancia de reconocer y responder por los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado. Si bien el senador afirmó que las Farc han asumido “responsabilidad política” por los secuestros, no aceptan el cargo de esclavitud, considerando que no lo cometieron.“Por eso estamos diciendo nosotros, que es en los (delitos) que ya hemos reconocido responsabilidad. Nosotros, frente al caso de la esclavitud, dijimos no aceptamos ese cargo, no lo aceptamos. Por eso estamos diciendo, frente a los cuales hemos dado verdad y frente a los cuales hemos asumido responsabilidad”, recalcó.Sin embargo, recalcó el compromiso de este grupo de honrar los derechos de las víctimas y asumir responsabilidad por los delitos cometidos, como el secuestro. Esto, ante las criticas que han recibido por el poco avance en los diálogos y compromisos.Por otro lado, el senador destacó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debe asumir los casos internacionales relacionados con el conflicto, para evitar la interferencia de tribunales internacionales. En ese sentido, Gallo hizo un llamado a que se aborden estos casos dentro del marco del acuerdo de paz, garantizando el resarcimiento de las víctimas y la verdad.
El uso de los 50 salarios mínimos a los que tiene derecho cada congresista por ley para conformar su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), termina siendo, en muchos casos, una moneda de cambio para pagar favores políticos o personales o para enriquecerse de manera ilícita. Las paredes del Congreso saben bien que esa es una práctica muy extendida, y, aunque probarla ha sido muy difícil, eso se hará en esta investigación.Mañanas Blu 10:30 am tuvo acceso a un material probatorio que confirma que el representante a la Cámara del partido Comunes, Carlos Alberto Carreno Marín, conocido en la antigua guerrilla de las Farc como 'Sergio Marín', tiene montado desde hace varios años un sistema en su UTL para extorsionar a sus trabajadores con el fin de apoderarse de manera coactiva con un porcentaje de sus salarios. Esta es la historiaEl 13 de abril del 2023 le llegó un derecho de petición anónimo al representante Carreño, con copia a los demás integrantes de la bancada de Comunes, en el que le preguntan directamente “si le ha solicitado en algún momento cuotas o porcentajes de su salario a algunos de los trabajadores de su UTL”. En el documento aparecen los nombres de 17 personas que trabajaron para él y el teléfono de cada uno.Después de la aparición del derecho de petición, el partido no hizo ninguna investigación interna ni esfuerzo alguno por saber la veracidad del delicado señalamiento que constaba en el anónimo. En cambio, el representante Carreño, quien lleva seis años en la Cámara de Representantes, ocupando una de las diez curules que fueron negociadas en el acuerdo de paz de La Habana, sí actuó y encerró a su equipo de trabajo en una oficina del Congreso.Confirmamos con varias fuentes que en una reunión que duró cerca de 40 minutos, el representante gritó, insultó y amenazó a sus trabajadores. Les recordó que conocía muy bien sus actividades y las de sus familias y que no lo obligarán a mostrar la peor versión de él. Fue una amenaza contra sus vidas.El tono intimidante de la reunión fue con la intención de cortar de raíz la posibilidad que saliera cualquier información adicional sobre el tema de los aportes obligatorios. El episodio quedó en ese punto y a cada uno le siguió exigiendo un aporte mensual de su salario que debían abonar de manera obligatoria. No había excepciones ni matices.El monto del “aporte” dependía del nivel salarial de cada funcionario. Entre más alto el salario, mayor el aporte. Pero oscilaba, según varias fuentes, entre 200 y 500 mil pesos mensuales. Por esta vía, el representante obtenía ingresos mensuales entre 5 y 6 millones.¿Cómo funcionaba? Cada uno le pasaba en efectivo o por transferencia su aporte correspondiente a un funcionario que tenía la tarea de recibir los pagos y organizar con todo detalle las cuentas de este mecanismo extorsivo organizado por el congresista. El funcionario de su UTL que recibía la plata, detallaba todo en un documento que se actualizaba mensualmente y finalmente debía transferirle todo el dinero a Carreño. Esta tarea de recoger, llevar las cuentas y transferir la ha realizado diferentes funcionarios de la UTL del representante.Mañanas Blu, 10:30 a.m. habló con varios ex trabajadores de la UTL del representante y pudo corroborar cada paso del mecanismo de varias maneras.Las versiones coinciden, así como varios registros financieros en poder de Blu Radio que dan cuenta de los aportes mensuales de los exfuncionarios. Incluso, varios giros que fueron hechos directamente a cuentas del congresista. También se obtuvieron los registros de muchas transferencias bancarias que se pueden separar en dos grandes grupos: las primeras, de los funcionarios a la persona que se encargaba de recoger y llevar las cuentas, y las segundas, transferencias al representante que salían de los aportes iniciales.Pero el congresista Carreño no solo pediría porcentajes a los miembros de su UTL, Blu Radio tiene en su poder una grabación en la que el representante relata que va a contratar a alguien llamado “Wilson” en una comisión del Congreso, y que le exigirá “pasar un millón, un millón doscientos” de un salario base de cinco millones. En otra parte de la grabación, le dice a uno de sus trabajadores, con el que estaba discutiendo el tema de los aportes mensuales: “yo no peleo por plata, pero si tú me respondes por la deuda”.Según una de las fuentes, Carreño “era categórico y muchas veces entraba en ira cuando alguien contemplaba la posibilidad de no hacer los pagos”. Era claramente una orden. Quienes no pagaban “se debían atener a las consecuencias, que eran básicamente perder el empleo”, contó.Está prueba cobra relevancia, ahora que Carreño está en la mesa directiva de la Comisión Tercera en la Cámara de Representantes como vicepresidente.Escuche aquí la investigación y denuncia:
Uber Noguera España, firmante del acuerdo de paz y actual militante del partido Comunes en Dagua, Valle del Cauca, fue secuestrado y asesinado en zona rural de este municipio. El crimen fue denunciado por el partido político a través de un comunicado.El asesinato del firmante se perpetró en el corregimiento de El Queremal, cerca al río Digua. Según las primeras hipótesis del caso, los responsables serían miembros del frente Jaime Martínez, de las Disidencia de las Farc, que operan en esta zona del municipio. Según Indepaz, Noguera actualmente realizaba su proceso de reincorporación y comunitario en este municipio, además de desempeñarse como representante legal de la Asociación Viviendista 26 de marzo; con su muerte, ya son 20 los firmantes de paz que han sido asesinados en el país en lo corrido del 2024.En el comunicado del partido Comunes también se indica que el cuerpo del militante no ha sido retirado de la zona del crimen, debido a que la Fuerza Pública no ha llegado al lugar, hasta el momento las autoridades no han brindado declaraciones oficiales.
La Policía examinó en la tarde de viernes, 19 de julio, una maleta sospechosa en en el barrio Teusaquillo, en el centro de Bogotá, que, después de las investigaciones, se estableció que sí tenía un artefacto explosivo. Así lo confirmó el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.Ante esto, Gabriel Ángel, integrante del Partido Comunes, denunció que la maleta con el explosivo fue lanzada contra la camioneta de la UNP en la que él movilizaba y pidió investigar este atentado. La Policía señaló que está revisando cámaras de seguridad y tiene identificados dos vehículos que estarían relacionados con el hecho.El mandatario de Bogotá señaló en sus redes sociales que la maleta sí tenía una granada, por lo que la unidad antiexplosivos de la Policía realizó el procedimiento adecuado para realizar una detonación controlada.Minutos antes de la detonación controlada, las autoridades evacuaron varias casa de la zona de Teusaquillo para evitar afectaciones contra los residentes de la ciudad, aunque en el informe preliminar del alcalde Galán se habla de 12 a 16 viviendas afectadas. El lugar donde fue hallado el maletín es cercano al Concejo de Bogotá y es un sector residencial rodeado de restaurantes, comercios y bares.Comunes rechaza posible atentadoEl partido Comunes, a través de su cuenta en X, rechazó este hecho que pudo afectar la vida e integridad de Gabriel Ángel. Le enviaron un mensaje de solidaridad y pidieron a las autoridades competentes investigar lo sucedido para que los firmantes del acuerdo de paz del 2016 se sientan protegidos."Hacemos un llamado a todas las autoridades a investigar este hecho @FiscaliaCol @PoliciaColombia. Este es un nuevo atentado contra un firmante del Acuerdo de Paz. ¡Sin garantías de vida no hay nada!", escribió el partido en redes sociales.Asimismo, el máximo represente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, calificó de "grave" este intento de atentado contra Gabriel Ángel y pidió al alcalde "garantizar la vida a la población en proceso de reincorporación".
El excanciller Álvaro Leyva ha asegurado en diferentes ocasiones que el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc abre la puerta a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.Rodrigo Londoño, quien fue el último comandante de la extinta guerrilla de las Farc, aseguró que en el acuerdo no quedó estipulada esta idea.“El acuerdo no mandata una constituyente, el acuerdo lo que mandata es un gran pacto nacional que de pronto en el pacto nacional entre las fuerzas políticas, las fuerzas gremiales, económicas, los sectores sociales lleguemos al acuerdo de que hay que convocar una constituyente para hacer un nuevo contrato social, que es una nueva constituyente, pero sí podemos hacerlo con los mecanismos que tenemos. Aquí hicieron un cambio profundo a la Constitución, cambiaron un artículo de la Constitución. Podemos hacer reformas a la Constitución entre las partes de la implementación, pero eso debe ser fruto de un consenso, de un pacto y por eso saludo la disposición del ministro Cristo de trabajar en función de ello”, señaló Londoño.En el mismo sentido indicó que su posición se la ha manifestado al excanciller Álvaro Leyva.“Con él permanentemente estamos hablando, él conoce cuál es mi posición; yo no me niego a que haya una Asamblea Nacional Constituyente, pero ese no es el centro del debate en este momento, el centro del debate es el gran acuerdo nacional”, aseguró el excomandante de la extinta guerrilla de las Farc.‘Timochenko’ también se refirió al papel de la JEP, pues recientemente desde el Gobierno nacional y desde el partido Comunes se han hecho algunos cuestionamientos a algunas decisiones.“Hemos iniciado un diálogo constructivo con la JEP, estamos en ese diálogo y estamos convencidos de que si trabajamos y nos mantenemos en esa ruta vamos a lograr que la jurisdicción vuelva a su espíritu y a su naturaleza”, finalizó Londoño.
Este jueves, el presidente Gustavo Petro intervendrá ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. En la sesión se abordará el tema de la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.El presidente Petro va a proponer ampliar el marco de la implementación del acuerdo, ya que, aunque en un principio lo acordado debía implementarse en 15 años, el Gobierno considera que hay algunos rezagos que no permiten cumplir en el tiempo estipulado.Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, se refirió, en diálogo con Blu Radio, a esta propuesta del Gobierno.“Todos hemos estado de acuerdo en que los tiempos no van a dar porque perdimos los 4 años de Duque y en estos 2 años de Petro es poco lo que se ha avanzado, aunque se ha avanzado mucho más que en los 4 años de Duque. Creo que esa es una decisión que tenemos que discutir aquí entre nosotros, sopesarla y buscar esa idea que está en el acuerdo de un acuerdo nacional, de un pacto nacional, y en ese marco analizar de qué manera podemos prolongar la implementación de ese acuerdo, porque este acuerdo sienta las bases para construir una paz en Colombia”, señaló.El Gobierno ha dicho que si se logra prolongar el marco de implementación se tomarían unas medidas de emergencia y se haría un plan de choque, junto a los firmantes del acuerdo, para avanzar en los puntos que están más rezagados."Mientras no haya seguridad va a ser muy difícil porque ¿qué nos ganamos con tierras, con posibilidades de proyectos productivos si no hay seguridad? Estamos viendo lo que está pasando en Miravalle, que no debió haber pasado y que estaba advertido, había alertas en ese sentido. Los funcionarios del Gobierno lo sabían y nunca se quiso actuar. Ahora nos están diciendo que es que no hay plata, si no hay plata para garantizar la seguridad a los firmantes y a los líderes sociales, ahí sí decir apague y vámonos, esta sociedad se jodió", aseguró. Ante el Consejo de Seguridad, este jueves también va a intervenir por primera vez, de manera presencial, un firmante del acuerdo que era conocido en la guerrilla como Federico Montes y quien cumplirá agenda en Estados Unidos sobre algunos temas de paz.“Hoy es un día histórico para la paz de Colombia. Hoy por primera vez hay un firmante de manera presencial en Nueva York y va a intervenir a nombre de todos los firmantes del Consejo de Seguridad, pero más allá de la intervención, en este par de días va a tener la posibilidad de intercambiar con los miembros de la comunidad internacional sobre nuestra visión frente a la implementación. Lo más importante es que el Consejo de Seguridad siga unido frente al apoyo de la paz en Colombia y que eso signifique una mayor disposición de toda la comunidad internacional para brindar el apoyo a la implementación en Colombia del acuerdo de paz”, señaló Londoño.Por último, hizo un llamado a la comunidad internacional que ha apoyado la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con las extintas Farc.“Mis agradecimientos a quienes hicieron posible el viaje de Federico Montes en Nueva York, al canciller que dijo que debíamos estar de manera presencial y se materializó, pero también a Naciones Unidas y a Estados Unidos”, finalizó Timochenko.
