En una reunión que se realizó el pasado 5 de noviembre, entre los líderes del paro minero y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, las partes llegaron a acuerdos que buscan mejorar las condiciones del sector minero en Colombia, especialmente en lo que respecta a la protección de las comunidades afectadas por la declaratoria de nuevas áreas de reserva y la formalización de la minería.Uno de los principales compromisos del Ministerio de Ambiente fue no declarar nuevas reservas temporales sin antes realizar un proceso de concertación con las comunidades locales. Esta promesa fue bien recibida por los líderes mineros, quienes han denunciado que muchas de las actuales reservas se han declarado de manera inconsulta, afectando a miles de familias mineras en todo el país.Ivonne González, presidenta de Asomineros de Vetas y delegada de la coordinadora Nacional Minera, destacó que la reunión fue positiva y resaltó la declaración expresa de la ministra Muhamad sobre la no emisión de nuevos actos administrativos que declaren áreas de reserva hasta que se lleve a cabo el proceso de consulta y concertación con las comunidades afectadas. “Confiamos en que la ministra cumplirá su palabra”, indicó González, quien enfatizó la necesidad de que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas en todos los territorios.Siete propuestas clave para resolver los conflictos minerosDurante el encuentro, los pequeños y medianos mineros presentaron al Ministerio de Ambiente un paquete de siete propuestas claras y bien fundamentadas que abordan diversas problemáticas generadas por el Decreto 044 de 2024 y otras normativas que afectan a la minería en Colombia. Entre las principales preocupaciones de los mineros se encuentra la incertidumbre generada por la prohibición de la minería en determinadas áreas, lo que, según ellos, ha llevado a muchas regiones, con una larga tradición minera, a una situación de ilegalidad y pobreza.Las propuestas incluyen soluciones a los impactos socioeconómicos de la minería en territorios como Pisba (Boyacá), Sur de Bolívar, y diversas zonas de Antioquia, Santander y Putumayo. Según los mineros, estas regiones llevan años sin poder formalizar sus actividades mineras, lo que afecta a miles de trabajadores y sus familias, impidiendo el acceso a condiciones laborales dignas y generando impactos negativos en el desarrollo de las comunidades.Los mineros solicitaron durante la reunión, priorizar la formalización minera como alternativa frente a la ilegalidad.“Es fundamental que el Gobierno Nacional apoye todos los procesos de formalización minera que ya existen, independientemente de su modalidad, para que podamos avanzar hacia una minería legal y responsable, que no solo proteja el medio ambiente, sino que también brinde garantías sociales y económicas a las comunidades”, indicó la representante del gremio Ivonne González.En este sentido, también se discutió la importancia de respetar el Acuerdo de Escazú, que obliga a los gobiernos a garantizar el derecho de acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental en todos los procesos que afecten a las comunidades.La reunión, que también contó con la presencia de la Procuraduría General de la Nación y más de 30 representantes de comunidades mineras, dejó claro el compromiso de ambas partes para establecer un grupo de seguimiento a los acuerdos alcanzados. Este grupo estará compuesto por representantes del Ministerio de Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, y los alcaldes y gobernadores de las regiones mineras del país.
Fueron 32 horas de diálogos entre el Gobierno nacional, la Gobernación del Chocó y los mineros que adelantaban el paro en los municipios de Novita, Lloró, El Atrato, Tadó, Cértegui y Quibdó, exigiendo la formalización para los que adelantan labores a pequeña y mediana escala con maquinaria.Los manifestantes se comprometieron a levantar los bloqueos que sostenían en la vía entre Quibdó e Istmina, a la altura del municipio de El Atrato, pero, a la par, lograron unos preacuerdos que serán confirmados este 13 de noviembre en la Mesa Minera, así lo dio a conocer la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba.“En esa sesión concluiremos los compromisos para que en efecto pueda comenzar en el Departamento del Chocó el proceso de formalización y titulación que le permita a los pequeños y medianos mineros tener unas garantías y unas protecciones, pero también que puedan asumir sus responsabilidades con respecto al territorio y puedan trabajar dignamente, que sabemos que este es el sustento de muchas familias en el Departamento del Chocó”, dijo la mandataria.José Correa, representante de la Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó, reconoció que hay una muestra de voluntades por parte de los involucrados, aunque no todo está resuelto.“Históricamente Chocó, en una lucha de 12 años, venimos buscando la caracterización y hoy logramos avanzar en ese punto. Tenemos un punto que falta por refrendar, por falta de que el Ministerio de Defensa no vino. Creemos que hemos avanzado significativamente para el sector minero y con el preacuerdo que se hizo hoy frente al gobierno nacional, hemos visto que hay voluntades, entonces cedemos”, expuso el minero.¿Por qué protestan los mineros?Una de la razones está en que el río Atrato es sujeto de derechos, punto en el que el Gobierno estaría incumpliendo, según dijo Ariel Antonio Quinto Murillo, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó.Pero el listado de peticiones también incluye un plan de formalización y regulación para su labor, reactivación de las solicitudes de regularización y formalización radicadas por mineros tradicionales del territorio, la no destrucción de las unidades de producción minera, el reconocimiento de los Consejos Comunitarios como autoridades ambientales, además de que cese la estigmatización de los mineros ancestrales como criminales.Quinto Murillo también denunció que en Colombia se siguen dando concesiones mineras a grandes empresas, sin que se lleva a cabo la consulta previa a la ciudadanía, como dicta la ley; lo que se suma a que sus reclamos no quedaron incluidos en el reciente paro minero de Antioquia (Bajo Cauca) y Bolívar.
Indefinido seguirá siendo el paro de mineros, que adelantan manifestaciones en Novita, Lloró, El Atrato, Tadó, Cértegui y Quibdó, en Chocó, por lo que consideran falta de voluntad política del Gobierno nacional para ofrecer soluciones para los pequeños y medianos, quienes adelantan labores con maquinaria, además de los consejos comunitarios y las comunidades.Los manifestantes tienen bloqueada la vía entre Quibdó e Istmina, a la altura del municipio de El Atrato, pese a que este miércoles se adelantó un espacio de diálogo entre Mesa Minera Permanente del Chocó y la viceministra Johana Rocha, además de la Gobernación de ese departamento, tras no lograrse una acuerdo sobre el pliego de peticiones, que remitieron desde el 28 de octubre.Una de la razones está en que el río Atrato es sujeto de derechos, punto en el que el Gobierno estaría incumpliendo, según dijo Ariel Antonio Quinto Murillo, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó. Pero el listado de peticiones también incluye un plan de formalización y regulación para su labor, reactivación de las solicitudes de regularización y formalización radicadas por mineros tradicionales del territorio, la no destrucción de las unidades de producción minera, el reconocimiento de los Consejos Comunitarios como autoridades ambientales, además de que cese la estigmatización de los mineros ancestrales como criminales.Por ahora, piden la presencia del ministro del Interior, el de Defensa y la ministra de Ambiente Susana Muhammad para poder lograr una concertación."El gobierno viene vociferando y diciendo que está formalizando mineros, pero son los mineros parejeros, que no necesitan formalización, que con solo inscribirse en la alcaldía tienen ya, les da la garantía para que sigan trabajando. Entonces no entendemos, se están engañando al pueblo colombiano, nosotros necesitamos que se formalice la minería mecanizada, de pequeña y mediana escala", manifestó el vocero de los mineros. Quinto Murillo también denunció que en Colombia se siguen dando concesiones mineras a grandes empresas, sin que se lleva a cabo la consulta previa a la ciudadanía, como dicta la ley; lo que se suma a que sus reclamos no quedaron incluidos en el reciente paro minero de Antioquia (Bajo Cauca) y Bolívar."Y sucede que los bonos ambientales también ya están en manos de unos pocos. Pregunto, ¿qué va a hacer la comunidad si acá no hay más fuente de empleo? Creemos que el medio ambiente hay que cuidarlo, pero el medio ambiente se cuida con planificación del desarrollo minero. Si no hay la formalización, no podemos planificar desarrollo minero", cuestionó. Finalmente, desde el ministerio de Minas manifestaron su voluntad “para atender y resolver las solicitudes de las comunidades mineras de manera pacífica y construir soluciones”. A la par, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, manifestó que se siguen evaluando las peticiones.
La COP16 en Cali marcó también el inicio de protestas por parte de los mineros en todo el país, quienes están descontentos con los nuevos decretos firmados por el Ministerio de Ambiente. Ellos aseguran que debieron ser convocados a la conferencia para discutir estos temas. El Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, habló sobre las preocupaciones de los mineros en Mañanas Blu con Camila Zuluaga. Uno de los temas a tratar es la formalización que se presenta como una medida indispensable, no solo para apoyar a los mineros que generan recursos para sus familias, sino también para garantizar que se lleve a cabo una minería responsable y ordenada. Camacho indicó que la formalización de la minería debe acompañarse de un diálogo constante y respetuoso con las comunidades. "El camino es la formalización de la minería. La normatividad anterior dejó por fuera a los pequeños mineros. Sí no se tiene un título, si no se tiene un contrato de minería, pues no hay posibilidad de tener a una actividad institucional regular normalizada, entonces los pequeños mineros históricamente fueron sacados del sistema y lo que nosotros estamos haciendo, desde este Gobierno, es habilitar canales de formalización que les permitan, a las asociaciones de pequeños mineros, tener participación", explicó el ministro Camacho. Sobre la seguridad de los minerosLos mineros están preocupados por la pérdida de su equipo de trabajo ante hechos criminales, por lo que Camacho aseguró que el Gobierno está trabajando en un marco de garantías que permita a los mineros operar de manera formal y que no sean víctimas de la delincuencia organizada. "La formalización también es un mecanismo para luchar contra la criminalidad en las operaciones mineras. Aquí lo importante es cómo logramos distinguir entre lo que es la criminalidad y las mafias que están al interior de la minería, para eso necesitamos censar, acompañar, darles garantías para que se acerquen a la institucionalidad. Estamos habilitando puntos de atención de la Agencia Nacional de Minería y allí lo que hemos construido ha sido un marco de garantía para que ellos puedan hacer el proceso de formalización en buenas condiciones, de tal manera que no sean víctimas de estos grupos. Así que el decreto continúa y, con quienes están interesados, desarrollar realmente la pequeña minería, una minería de subsistencia. Estamos construyendo, incluso, mecanismos para la no estigmatización de esas actividades", enfatizó.La caracterización de los mineros y el territorio están en marcha en el Bajo Cauca, y se están estableciendo espacios de diálogo con las empresas mineras para buscar un equilibrio entre la gran minería y los pequeños mineros. "Parte de los acuerdos también está en mediar con las empresas para que logremos que ellos entreguen parte de sus títulos o que logremos acuerdos para que les dé una mayor participación a los pequeños mineros y así superemos también conflictos que hay entre la mediana minería con la pequeña minería", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
En las últimas horas, las autoridades hallaron cuatro cuerpos, al parecer mineros informales, en el corregimiento Pinguro, en límites entre los municipios de Buriticá y Giraldo, al occidente del departamento de Antioquia.Se trata de Dairo Tuberquia Toro, de 40 años de edad; Pedro Pablo Salas Ochoa, de 28, ambos oriundos de Buriticá; y Over Luis Aguilar Parra, del municipio de Arboletes. El otro cuerpo aún no ha sido identificado, pero al parecer se trata de un trabajador oriundo de Uramita.La Policía del departamento confirmó que fueron hallados envueltos en materiales plásticos y telas, y que por ahora la hipótesis probable de la muerte fue inhalación de gases en un socavón de minería, y presuntamente fueron sacados de allí hasta la vía pública. A su vez, detallaron que los cuerpos de los hombres no presentaban signos de violencia.Hasta el sitio, ubicado entre los kilómetros 91 y 92 de la vía que conduce del Pinguro hasta el municipio de Santa Fe de Antioquia, llegaron los bomberos del municipio de Giraldo y la Sijín de la Policía para atender la situación, tras ser alertados por la línea de emergencias 123. Vale la pena recordar que en la zona está ubicada la mina de la empresa Zijin Continental Gold, en Buriticá, donde se mantiene una lucha constante entre los mineros no formales y la compañía, que cuenta con licencia de explotación de este sitio. Incluso ha habido diversas protestas en la región.De manera extraoficial se estima que este año van 14 muertos en estos socavones, contando este caso.
Aunque las vías que tenían bloqueos por el paro minero en Antioquia ya están habilitadas, los rezagos continúan, pues la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), alertó haber tenido pérdidas millonarias en los cinco días que se extendieron estas manifestaciones por los vehículos que dejaron de circular hacia el norte del país, teniendo en cuenta que los epicentros de estas manifestaciones fueron los municipios de Valdivia, Caucasia y Santo Domingo. Felipe Muñoz, director regional de Colfecar, alertó que fueron 1.300 vehículos al día los afectados, por ser la conexión entre Valdivia y Caucasia, por la vía Medellín- Costa Atlántica, un corredor estratégico para las exportaciones, por ejemplo del aguacate Hass y los cítricos."Esta vía es supremamente importante para el comercio exterior y el abastecimiento interno de Antioquia. Colombia importa por el Pacífico, es decir, por Buenaventura, pero exportó hacia el norte, Estados Unidos y Europa. Es decir, que no solamente Antioquia, todo el tema del norte del valle y el eje cafetero exporta sus productos por Cartagena, Barranquilla y Santa Marta", detalló.Muñoz manifestó que el sector transporte no puede seguir siendo el fusible para quemar en todas las necesidades sociales, pese a las justas causas que tengan las comunidades, pero reiteró que el transporte de carga y el de pasajeros, son un servicio público y que debe permitirse su circulación.A ese panorama, dijo el director, se suman las pérdidas de buques de exportación, lo que impacta a los campesinos de a pie, que lideran los procesos de producción. "Cuando yo pierdo el buque de exportación, ese campesino que duró todo un proceso de tiempo para sacar su producto de exportación, perdió todo ese tiempo", agregó.Pero no fueron los únicos que tuvieron pérdidas, pues el presidente de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, Juan Pablo Acosta, dio a conocer que fueron 100 mil personas se dejaron de movilizar por los bloqueos, generando pérdidas en el país por más de 5 mil millones de pesos.
Por alrededor de cuatro días se extendieron los bloqueos en el puente San Jorge, a la altura de La Apartada en Córdoba, por cuenta de un grupo de mineros del departamento que también exigían atención del Gobierno nacional y puntos de concertación, en respuesta al decreto que permite que la Fuerza Pública destruya la maquinaria amarilla que se utiliza para desarrollar las labores de minería.La jornada, que se dio de manera pacífica, restringió el paso por esta ruta que conecta a la Costa Atlántica con el interior del país por casi 100 horas. Los bloqueos se dieron de manera intermitente, es decir, que cada cuatro horas se habilitaba una especie de corredor humanitario para permitir el paso de camiones cargados de alimentos, ambulancias, entre otro tipo de vehículos de urgencia para evitar el desabastecimiento de productos, medicinas, entre otros. Además del decreto 1035 de 2024, también rechazaban el decreto 044 de 2024 que consideraban una “exageración” y que, según los mineros, afectaría a más de 1.500 personas dedicadas a actividades mineras entre el sur de Córdoba y Antioquia. Y es que, a tan solo dos días del paro minero, algunos productos como la zanahoria pasaron de $1.000 a $1.500 pesos; mientras que la libra de cebollín, que costaba 2.000, pasó a 3.500, es decir, 7.000 el kilo, producto del alza en los precios que ocasionó el paro minero en esta zona de la costa norte colombiana, teniendo en cuenta el aumento de los fletes por las demoras en los traslados de los camiones con alimentos. Alejandro Lobo, representante legal de los mineros en el sur de Córdoba, quienes explotan oro, aseguró en medio de las jornadas de bloqueos que con esta movilización piden "la formalización de su actividad y los permisos para el uso de maquinaria amarilla".
Aunque el paro minero se tomó por lo menos tres principales vías en Antioquia por cerca de 100 horas, la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento confirmó que tras los consensos, todas ya están habilitadas. Recordemos que los bloqueos fueron en los municipios de Caucasia, Valdivia y Santo Domingo, obstaculizando las conexiones de Medellín con la Costa Atlántica y el corredor del Nus, en el Nordeste.Los cinco días de protestas venían causando afectaciones en Caucasia, epicentro de los diálogos con el Gobierno nacional, donde ya escaseaba el combustible y algunos productos, además en municipios como El Bagre, los comercios cerraron por el temor a que estas manifestaciones se salieran de control. Pese a esto, el alcalde de Caucasia, Johan Montes, destacó que las protestas fueron pacíficas."Nuestros comerciantes, la gente de bien, puede salir normalmente a desarrollar sus actividades y llevar el sustento a su familia. Todo el sector minero a través del diálogo, respetando la propiedad pública y privada, lo podemos decir así, de esa manera, respetando el correo humanitario. Y hoy es un hecho que los diálogos son importantes", expuso el mandatario.Los bloqueos dejaron pérdidas económicas de 500 millones de pesos al día para los transportadores de pasajeros en Antioquia, que dejaron de movilizar más de 13.000 personas diariamente, además con las decenas de toneladas de carga que no se pudieron entregar o salir de la región; con las demoras para llegar, por ejemplo, a Cali en donde los tiempos de viajes aumentaron hasta cuatro horas. Además, el precio de varios alimentos registraron un alza considerable por los cinco días de paro.También, Indeportes Antioquia informó horas antes del fin del paro minero que debido a las dificultades de orden público tomaron la decisión de aplazar el subregional del Norte y Bajo Cauca de los Juegos Deportivos Departamentales 2024 que estaba pactado entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. No obstante, con la finalización de las manifestaciones se desconoce si habrá o no retractación.
El paro minero que se realizó en Antioquia durante cinco días llegó a su fin, luego de que los representantes de los mineros, autoridades locales y delegados del Gobierno nacional llegaran a un acuerdo. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, confirmó la noticia a través de su cuenta de X.El funcionario, que estuvo encabezando las mesas de diálogos en el municipio de Caucasia, aseguró: "Hemos logrado acuerdo en el Bajo Cauca Antioquia, con lo cual se da por terminado el paro minero y avanzamos en mecanismos de garantía para la formalización, la recuperación ecológica del territorio, el fomento de prácticas sostenibles y descarbonizadas, todo ello en el marco del Distrito Agrominero y Pesquero del Bajo Cauca".>>> Lea también: Desabastecimiento y sobrecostos en sector avícola de Santander por paro campesinoEs de recordar que, sobre el mediodía de este viernes, el mismo ministro de Minas y Energía reconoció que se había adelantado siete acuerdos con los delegados de los mineros y que, en ese momento, quedaban tres ítems que iban a seguir siendo discutidos.Aunque se desconoce, de momento, cuáles fueron los acuerdos, según el alto funcionario, uno de los puntos más álgidos dentro de la conversación fue el control y los operativos a maquinaria amarilla que utilizan mineros informales para desarrollar su actividad.Se espera que pronto tanto la delegación minera como el Gobierno nacional den a conocer los compromisos adquiridos en las mesas de diálogos. Sin embargo, lo que se sabe este viernes es que los bloqueos en Caucasia, Valdivia y Santo Domingo se levantarán con el pasar de las horas.
Tal y como se había acordado desde la madrugada de este viernes, la reunión que sostiene el gremio minero del Bajo Cauca, Nordeste de Antioquia y Sur de Córdoba con el Gobierno nacional en el municipio de Caucasia ya suma cerca de 10 horas y hasta ahora no se han llegado a acuerdos definitivos para acabar con el paro minero.El objetivo primordial era que las partes se pusieran de acuerdo en relación con los tres puntos faltantes del documento que construyeron las partes y con el cual una vez avalado se darían por finalizados los bloqueos. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que se continúa trabajando para que la movilización que ha generado importantes afectaciones a la movilidad y la economía de la región llegara a su fin.Según el alto funcionario, uno de los puntos más álgidos dentro de la conversación está relacionado frente al control y los operativos a maquinaria amarilla que utilizan mineros informales para desarrollar su actividad y la cual argumenta se está incautando y destruyendo de manera injusta.Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió a los actores de la mesa encontrar rápidamente soluciones para evitar que las afectaciones por la movilización sean las mínimas posibles: "Nosotros estamos muy atentos de atender la situación de seguridad, de buscar que esto ojalá pueda surtirse muy rápidamente. Esperamos que esto que está afectando tanto a la economía, al transporte, se pueda resolver", expresó el mandatario.Según el reporte más reciente de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Antioquia, en el departamento siguen activos tres bloqueos con pasos intermitentes. El primero en jurisdicción del municipio de Santo Domingo en el kilómetro 20 sector Porcesito donde se concentran unas 400 personas; el segundo se encuentra en el municipio de Valdivia el kilómetro 101 de la vía que conduce a la Costa Atlántica con 150 personas; y el tercero en la salida al puente Carlos Lleras del municipio de Caucasia, en el barrio Villa Arabia.
En las últimas horas, la Policía logró capturar a uno de los sicarios más peligrosos del sur de Bogotá junto con cinco de sus cómplices, entre ellos dos mujeres, quienes se dedicaban al tráfico de armas, drogas y asesinatos en la localidad de Ciudad Bolivar, sur de Bogotá. Se trata de alias ‘La Máquina’, líder de ‘La Catorce’, una banda que delinque en ese punto de la capital del país.Según indicó el coronel Germán Gómez, comandante de la estación de Policía en Ciudad Bolívar, esta peligrosa banda controlaba la venta de drogas en esa zona de la ciudad y sostenía una violenta guerra con otra banda delincuencial.“Tenía una disputa por control territorial con el delito de inseguridad denominado Las Marraneras y Bellaflor. Es así como se logra la captura en una de estas invasiones del sector de Paraíso. Al igual, posteriormente en otra intervención a este mismo grupo delincuencial, se logra evidenciar que en un taxi están transportando estupefacientes y armas de fuego”, agregó el coronel.Alias ‘La Máquina’, agregó el coronel Gómez, es una persona reconocida en este sector y está relacionado con varios homicidios en los que es no solo es autor material, sino también actor intelectual de los hechos que se le atribuyen.“Vamos a seguir actuando de manera contundente con esta estrategia de los microterritorios de contención frente al homicidio y a su vez con el fin de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Se tiene evidenciado que ha hecho parte de ocho homicidios”, finalizó el coronel.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de BogotáLa Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente. El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.En desarrollo...
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
