La JEP citó al excongresista liberal Álvaro Ashton a una audiencia única de verdad los días 21 y 22 de noviembre para determinar si finalmente lo expulsan o no.Ashton había sido expulsado, pues la jurisdicción consideró que los aportes a la verdad del exsenador, en los procesos que es investigado por parapolítica, eran insuficientes y vagos. Sin embargo, tras una apelación de la defensa de Ashton esa decisión fue revocada.Ahora la JEP lo cita a esta audiencia donde se juega su última oportunidad para permanecer en la justicia transicional y los magistrados expusieron algunos de los temas sobre los cuales deberá aportar información."El compareciente debe dar cuenta si es de su conocimiento de los fenómenos de macrocriminalidad y victimización que comprometieron a integrantes de los grupos armados ilegales con los que, al parecer, se concertó para promoverlos, así como las redes, nexos y patrones. En específico, las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), especialmente aquellas que reflejen patrones o que tengan carácter masivo, y las particularidades de la connivencia o la relación simbiótica entre el paramilitarismo y algunos representantes de la institucionalidad del Estado en todas sus ramas y niveles", señala el auto de la JEP.En concreto, se deberá entregar información sobre la connivencia entre el frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC y agentes del Estado. También deberá entregar nombres de personas naturales que participaron en la conformación, incursión, instalación, financiación y operación de las Autodefensas. Entre otras cosas, el excongresista debe contar, si sabe, sobre alianzas y acuerdos entre representantes de instituciones del Estado y las AUC.“Identificación de las personas naturales y jurídicas que se vieron perjudicadas o afectadas con la conformación, incursión, instalación, financiación y operación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), concretamente del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte. Generalidades de las acciones ilegales realizadas por los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), concretamente del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte. El impacto humano, social y político del Cani, así como sobre los derechos económicos, sociales y ambientales y las formas de afectación diferenciadas por razón del género, la edad, la etnia, la religión, la opinión, las creencias, las preferencias sexuales y la actividad profesional o económica. Concretamente: consecuencias, de todo orden, que tuvo en Atlántico la conformación, incursión, instalación, financiación y operación de grupos paramilitares”, advierte la JEP en el auto.En el mismo sentido, deberá contar, si sabe, sobre beneficios económicos, políticos o electorales de los aliados del paramilitarismo en el departamento de Atlántico, pero con episodios puntuales o específicos.“Prácticas políticas o electorales delictivas o corruptas que prolongaron el conflicto armado interno en el departamento de Atlántico. La cooptación de las elecciones regionales, la conformación de listas y los mecanismos de consecución de votos (delitos electorales). Las elecciones al Congreso de la República como instrumento de cooptación de las corporaciones públicas “desde arriba” y relación con el proyecto de “refundación de la patria”. Las finalidades específicas que tuvieron las maniobras de filtración de listas de los partidos tradicionales y la creación de partidos y movimientos políticos de coyuntura. Los proyectos de ley apoyados y direccionados al cumplimiento de los objetivos de los grupos paramilitares. La cooptación de instituciones públicas, por ejemplo, del Hospital Materno Infantil de Soledad, la Universidad del Atlántico, u otras entidades públicas, cuyos objetivos pueden dividirse en dos: por un lado, la financiación del grupo armado ilegal mediante el aprovechamiento de los recursos públicos, el manejo de la contratación de las entidades y la remuneración de piezas o nodos claves o relevantes de la estrategia paramilitar y, de otro, permear la base social ya sea mediante la entrega de dádivas o mediante la intimidación o el terror. Los detalles de la forma de selección de los posibles funcionarios y de las obras o contratos a intervenir”, señala la jurisdicción.
A menos de tres años de cumplir la pena de 8 años en prisión que le impuso un juez por el delito de parapolítica, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos recuperó la libertad condicional por decisión de la Corte Suprema de Justicia.Respondiendo a un recurso de apelación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte decidió otorgarle la libertad considerando que Ramos se presentó ante las autoridades al momento de ser requerido y teniendo en cuenta, además, que “estuvo dispuesto a asumir sus obligaciones penitenciarias intramurales, observando en el lugar de reclusión y durante todo el tiempo una conducta en la mayoría de los casos ejemplar, y en otros buena, dedicado al estudio y a la creación literaria; lo que a juicio de la Sala revela un adecuado proceso de resocialización o reinserción social como función y fin último de la pena en su fase de ejecución.”Así las cosas, se revoca el auto recurrido proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, mediante el cual se le había negado la libertad condicional al sentenciado y se dispondrá librar la boleta de libertad correspondiente ante la Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bello (Antioquia)50, si es que no tiene pedido de otra autoridad.Ahora bien, para que dicha decisión quede en firme, el exgobernador deberá pagar un salario mínimo legal mensual vigente correspondiente a la caución prendaria y la suscripción del acta de compromiso, por un periodo de prueba equivalente al tiempo que resta para el cumplimiento de la pena.De igual forma, a la hora de recuperar su libertad, Ramos deberá informar todo cambio de residencia; comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello; y, no salir de país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a la polémica que generó el presidente Gustavo Petro después de que sugiriera desde Bucaramanga que existe una alianza entre congresistas y narcos para que haya cambios en la política antidrogas.El presidente “no se se refería a una tacha específica o a un miembro actual del parlamento sino a esa convivencia que ha existido en nuestro país entre el narcotráfico y la política”, dijo el ministro Osuna.Además, el jefe de la cartera de justicia explicó que de momento no tiene datos si en la actualidad hay procesos judiciales pendientes de congresistas posiblemente vinculados con narcotraficantes.Cabe recordar que el presidente del Senado, Iván Name, le pidió a Gustavo Petro que respete al Congreso después de sus declaraciones. A este llamado el presidente de la República respondió que investigó la “para política” y en ese entonces se descubrió que el “35 % del senado tenían vínculos y fue encarcelado”.El rifirrafe entre Petro e Iván NameEl presidente Petro y el presidente del Senado, Iván Name, protagonizaron un nuevo enfrentamiento este miércoles, 6 de septiembre, luego de que el jefe de Estado insinuara la relación de congresistas con el narcotráfico. En la discusión, en su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que él creó la palabra "parapolítica": “Investigué las relaciones del paramilitarismo con la clase política, fui el creador de la palabra "parapolítica" y entre mis investigaciones y las posteriores investigaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia se descubrió que el 35% del Senado del entonces tenía vínculos y fue encarcelado. Ese listado de congresistas presos tenían vínculos con el narcotráfico dado que el paramilitarismo fue la principal organización narcotraficante del entonces”.Palabras que no cayeron bien en el Congreso de la República, por lo que el presidente del Senado, Iván Name, le pidió al jefe de Estado que "respete" y que si tiene pruebas de miembros con relaciones de narcos, que lo diga.Le puede interesar
El presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente del Congreso, Iván Name, se vieron envueltos en un enfrentamiento el pasado miércoles. Esto surgió después de que Name solicitara respeto al mandatario por sus declaraciones acerca de la relación entre los congresistas y el narcotráfico.El presidente Petro respondió a las críticas de Name a través de sus redes sociales, afirmando que él fue el creador del término "parapolítica". Según Petro, durante sus investigaciones sobre este fenómeno en el pasado, se descubrió que el 35 % de los senadores de la época mantenía vínculos con los paramilitares, quienes representaban la principal organización narcotraficante del país en ese momento.En una entrevista en el programa Mañanas Blu, con Néstor Morales, el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, compartió su perspectiva sobre el origen del término "parapolítica" en Colombia."Yo creo que ese término nació de una vergüenza que pasé en Caracol Televisión. Me invitaron a hacer comentarios sobre las elecciones de 2002, y me equivoqué al analizar ciertos resultados inesperados. Eso me llevó a investigar la parapolítica y descubrir sus conexiones”, relató.Valencia continuó explicando que la expresión "parapolítica" surgió durante una reunión en la que se presentaron los resultados de investigaciones sobre el tema. En esa reunión, según dijo, se estableció una relación directa entre el dominio paramilitar y los resultados electorales inusuales de 2002. Desde entonces, comenzaron a utilizar el término para describir este fenómeno político y criminal.La discusión sobre la parapolítica se intensificó en los años siguientes, y León Valencia enfatizó que Gustavo Petro lideró los debates sobre el tema en el Congreso. Sin embargo, Valencia destacó que estos debates comenzaron después de que se publicaran los resultados de investigaciones académicas que demostraban las conexiones entre los paramilitares y la política.“Yo entiendo que Petro se atribuya el tema porque él realmente fue el líder del debate en el Congreso sobre la parapolítica. Empezó a darse después, mucho después. porque los debates sobre parapolítica se empezaron a dar en el 2006, duros, después de 2005, 2006, después de que aparecieron esos resultados”, dijo.Valencia también recordó que Mauricio Romero y Claudia López, quienes estuvieron involucrados en la investigación, jugaron un papel importante en la creación del término "parapolítica". Romero, en particular, fue el director académico de la investigación y ayudó a definir el concepto.“Fue Mauricio Romero. Mauricio Romero y Claudia López eran parte de todo ese proceso de investigación. Mauricio Romero era el director académico de la investigación, era un profesor de la universidad, o es un profesor de la Universidad, yo era el director de la fundación de la Corporación Nuevo Arcoiris y él no entiendo que él fue el que el que el que el que se inventó el término en esa en esa discusión”, recordó."Hoy es residual la penetración del narcotráfico en el Congreso"Cuando se abordó el tema de si el narcotráfico sigue teniendo influencia en la política colombiana, León Valencia señaló que, aunque ha disminuido, todavía existe en algunas zonas y que el dinero sigue circulando en el sistema político debido a la inversión en campañas electorales. Sin embargo, afirmó que la presión militar de los narcotraficantes ha disminuido significativamente."Ya es una cosa residual. Ya yo creo que eso ha disminuido mucho porque también la opinión pública ha empezado a condenar eso y en el mundo social, pero sigue siendo una influencia de los narcos en la política, una influencia fuerte en algunas zonas y sigue rodando mucho dinero por el sistema político colombiano, por el tipo de sistema, por la carestía de las campañas y la inversión, digamos, de los de los narcotraficantes en la política sigue siendo importante, pero ya no es esta cosa pues nosotros registramos en ese momento 83 parlamentarios de nuestra investigación que habían sido elegidos por influencia directa de los paramilitares, dos tipos de influencia, dinero y sobre todo presión militar", indicó.Finalmente, en respuesta a la pregunta sobre las relaciones entre las FARC y ciertos congresistas, Valencia mencionó que también investigaron la "farpolítica", pero esta no fue tan notoria en los medios y tuvo proporciones diferentes en comparación con la parapolítica. Señaló que hubo una combinación de formas de lucha en los años ochenta, pero que este fenómeno fue menos prominente y tuvo sus propias características.
Una nueva tormenta política se generó en el país por cuenta de un choque de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Congreso, Iván Name, donde el concepto de parapolítica salió al debate.Name rechazó las declaraciones de Petro, en las que habló de relación entre narcotraficantes y senadores. Las calificó como una "estigmatización" del Congreso de la República.Más tarde, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, respondió, asegurando que él fue el creador de la palabra “parapolítica”, escándalo que estalló en 2006 en Colombia.Este nuevo enfrentamiento entre Petro y Name se suma a otros que han tenido lugar en los últimos meses, en los que ambos han mostrado sus diferencias sobre temas como la política económica, la reforma agraria y la reforma policial.Sin embargo, ¿qué tan cierto es que el mandatario, en ese entonces haya sido el creador de la palabra?En Mañanas Blu, Felipe Zuleta, reveló que de la palabra en sí ya se hablaba incluso a nivel internacional como en la Segunda Guerra Mundial con la Camisas Pardas en Alemania, como brazo paramilitar de Adolfo Hitler o en Argentina en los 80’.Aquí el informe:
El presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente del Congreso, Iván Name, protagonizaron un nuevo enfrentamiento este miércoles, luego de que Name pidiera respeto al primer mandatario por sus declaraciones sobre la relación entre los congresistas y el narcotráfico.En una publicación en sus redes sociales, Petro respondió a Name asegurando que él fue el creador de la palabra "parapolítica" y que, durante sus investigaciones sobre este fenómeno, se descubrió que el 35% de los senadores de la época tenían vínculos con los paramilitares, quienes eran la principal organización narcotraficante del país.“Investigué las relaciones del paramilitarismo con la clase política, fui el creador de la palabra "parapolítica" y entre mis investigaciones y las posteriores investigaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia se descubrió que el 35% del Senado del entonces tenía vínculos y fue encarcelado. Ese listado de congresistas presos tenían vínculos con el narcotráfico dado que el paramilitarismo fue la principal organización narcotraficante del entonces”, escribió Petro.Name, por su parte, rechazó las declaraciones de Petro y aseguró que las mismas son una "estigmatización" del Congreso de la República. "Nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos", dijo.“Aquí vamos a seguir en el propósito de la búsqueda de un acuerdo nacional, que ha pedido el Gobierno y que este Congreso ha aceptado como un desafío conveniente para la democracia. Pero quiero advertir que aquí el Senado tiene una dignidad intocable, que, si él tiene referencia de algunos senadores que hoy están abrazados con el narcotráfico, que lo diga, que no envilezca la condición que tenemos hoy y lo que representamos”, concluyó Name.Este nuevo enfrentamiento entre Petro y Name se suma a otros que han tenido lugar en los últimos meses, en los que ambos han mostrado sus diferencias sobre temas como la política económica, la reforma agraria y la reforma policial.
Desde el año 2019, el exgobernador de Santander Hugo Aguilar solicitó su sometimiento en la JEP, el cual fue rechazado porque se consideró que su plan de aporte a la verdad, es decir, lo que iba a contar ante el tribunal, no era suficiente; decisión que Aguilar apeló hace algunos meses.Aguilar ha sido condenado por parapolítica, especialmente por sus vínculos con el bloque central Bolívar, pero también se le adelantan otras investigaciones relacionadas con este tema."Expuso que estando recluido en la cárcel La Picota de esta ciudad, la señora Claudia García Méndez lo visitó con el encargo de transmitirle un mensaje del entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos. Le indicó que debía pagar la suma de 5.000 millones de pesos para que su condena fuera favorable. Manifestó que como no pagó, su condena fue superior a la impuesta a los demás congresistas y gobernadores involucrados en la parapolítica" señala la JEP.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFLa Sección de Apelación afirma que si bien el aporte a la verdad que ha ofrecido Aguilar no es suficiente, puede ajustarse, y ha reconocido su responsabilidad en algunos hechos que podría ampliar. Por eso lo llaman a una audiencia única de verdad en la que deberá entregar detalles y novedades sobre lo que conoce de la parapolítica, de esta manera podría ser aceptado."En el escenario que se surtirá a partir del presente auto, no tienen cabida los alegatos defensivos o exculpatorios, ni los relatos fragmentados o anecdóticos, sino que lo que se espera es un relato omnicomprensivo que no solo resuelva su situación particular, sino que abarque el ambiente que propició la comisión de las conductas delictivas y que concrete un aporte detallado y exhaustivo a la verdad y a la reparación" advierte la JEP.Le puede interesar "Accidente de avioneta en Boyacá; seis muertos, entre ellos la exsenadora Nohora Tovar":
Este martes llegó a Bucaramanga una comisión especial de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de la magistrada Cristina Lombana, para escuchar los testimonios de 15 personas dentro de un proceso de investigación que se adelanta contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y la exsenadora por el desaparecido partido político PIN, Doris Vega, por presuntos nexos con grupos paramilitares entre 2009 y 2010.Según documentos obtenidos en primicia por Blu Radio, la investigación contra Mauricio Aguilar y Doris Vega se inició por varias denuncias y pruebas que los señalan de, presuntamente, recibir el apoyo de grupos paramilitares para favorecerse en las elecciones al Congreso de la República en 2010.Los testimonios que este martes son escuchados por la Corte Suprema de Justicia son claves para avanzar en la investigación contra el actual gobernador de Santander e hijo del condenado por parapolítica, Hugo Aguilar.Sin embargo, la defensa de Mauricio Aguilar y Doris Vega han salido al paso de los cuestionamientos y han señalado que no hay prueba de delito alguno por parte de los investigados y tildó de cobardes a quienes estarían detrás de las denuncias.“Se han escuchado a unos testigos que fueron involucrados a través de un anónimo (…) Hoy llegó un señor que lo utilizaron, gente cobarde que no tiene la valentía de poner la cara”, indicó el abogado.Y agregó: “Los testimonios que se han dado, unos exjefes paramilitares han señalado de tener ni haber tenido algún vínculo con el doctor Mauricio Aguilar ni Doris Vega. Esta gente no sabe el profundo daño emocional y el estrés que causa tener una investigación penal abierta”.Para el abogado, la Corte Suprema de Justicia archivaría la investigación porque “no hay delito”.“La magistrada debe resolver, yo pienso que de oficio ordenará el archivo, pues esperemos las declaraciones que faltan. Nosotros pediremos que se archive porque no hay nada, no hay delito”, indicó.Historia familiarEn septiembre del 2022, Hugo Aguilar confesó ante la Comisión de la Verdad que recibió el apoyo de las autodefensas.“Cometí uno de los peores errores de mi vida que no me deja vivir en paz como fue permitir que las Autodefensas Unidas de Colombia a través del constreñimiento al elector. Recibí el apoyo para la elección como gobernador de Santander", dijo Hugo Aguilar.Doris Vega, exsenadora del partido PIN, es la esposa del también condenado por parapolítica Luis Alberto Gil Castillo.Luis Alberto ‘Tuerto’ Gil fue sancionado por Estados Unidos, en 2022, por recibir dineros del paramilitarismo . Según el Departamento de Estado, el excongresista (entre 2002 y 2007) aceptó sobornos de grupos paramilitares a cambio de ejercer su influencia política a su favor ante las autoridades colombianas. En la sanción, de no poder ingresar a ese país, también fue incluida su esposa, la senadora Doris Vega."Además, Gil Castillo luego intentó sobornar a un testigo en un caso penal en su contra. Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Colombia y la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen transnacional y el terrorismo”, señaló a través de un comunicado de prensa el Gobierno de los Estados Unidos.
Durante las cuatro jornadas de la 'audiencia única de aporte de verdad' ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso respondió por su presunta participación de diversos hechos en el país y de las AUC con miembros de la fuerza pública, el origen de las órdenes, los motivos y maneras de caracterizar enemigos por parte de las AUC, entre otros.La Procuraduría General de la Nación intervino durante estas cuatro jornadas y, allí, le pidió a Salvatore Mancuso más información de diversos temas, uno de ellos, por supuesto, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado en especial por su cercanía con Carlos Castaño en este hecho. Petición que también llegó de parte del Ministerio Público. Salvatore Mancuso deberá dar detalles de las víctimas del conflictoLa Procuraduría General de la Nación pidió que entregara información sobre fosas comunes donde pueden haber cuerpos de víctimas del conflicto; asimismo, el uso del Canal del Dique por parte de la AUC como "depósito de cadáveres".La entidad le pidió información a Mancuso sobre la operación 'Rastrillo', que involucraría las masacres de Macayepo y El Salado; la desmovilización de la guerrilla del EPL y el paso de combatientes a las AUC, y la posible conformación de un frente internacional de las AUC en la frontera o en Venezuela.Mancuso, a su vez, deberá dar detalles de diversos asesinatos que se dieron de periodistas independiente en los departamentos en que tenía acción y movimiento este grupo armado ilegal.Nexos con ganaderos y empresarios que aún tienen que ser esclarecidosEl representante de la Procuraduría le pidió a Mancuso profundizar en los vínculos de empresarios y ganaderos con la ‘Casa Castaño’ y el paramilitarismo; si conoció o no a David Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, y si hubo algún tipo de fusión temporal o coyuntural con miembros de las FARC dentro de su actuar como autodefensas.Sobre el modelo de “franquicias” o bloques paramilitares utilizados por las autodefensas, así como sobre la financiación con cultivos ilícitos y dineros de empresas privadas del país, con aportes voluntarios y forzados.La Procuraduría a Mancuso y de hecho insistió ante la JEP, en la necesidad de que esté aporte una verdad completa, genuina, desprovista de justificaciones o episodios que puedan resultar re victimizantes, pidiéndole a Mancuso visibilizar a quienes, “como servidores públicos, especialmente del DAS, hicieron parte de esa gran empresa del crimen, aquellos que contribuyeron con ustedes”. Así mismo que, de ser admitido por la JEP, entregue una propuesta que contemple la inclusión de la verdad y reparación a las víctimas de Justicia y Paz.Le puede interesar
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sigue dando su versión de los hechos del conflicto armado que se dieron cuando él pertenecía a las AUC. En sus declaraciones ha dado a conocer muchos nexos que existían con este grupo armado, al igual que la orden de asesinato a algunos personajes en Colombia o la financiación de campañas políticas.Le pidieron a Carlos Castaño que asesinara a Jaime Garzón, revela MancusoAnte la JEP, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió a homicidios que habrían cometido las AUC contra defensores de derechos humanos y periodistas, entre esos el del humorista Jaime Garzón, asesinado en la ciudad de Bogotá en el año 1999 por sicarios de la banda 'La Terraza', que le dispararon en cinco ocasiones mientras el periodista esperaba un cambio de semáforo.“Carlos Castaño la ejecuta sólo en el caso de Jaime Garzón porque él en algún momento hizo una referencia a Carlos Castaño en una burla, eso para Carlos fue una ofensa tremenda”, dijo Salvatore MancusoMancuso reveló que los periodistas y defensores de derechos humanos habrían recibido amenazas de celulares de coroneles del Ejército, como del extinto DAS: "El asesinato de Jaime Garzón fue una petición directa a Carlos Castaño de altos mandos militares que podré contarle a usted después en una audiencia privada por lo delicado y por la presunción de inocencia", señaló Mancuso ante la JEP.Otras víctimas del seguimiento de las AUCPor otro lado, se refirió a a Jesús María Valle, un abogado y defensor de derechos humanos, asesinado en su oficina en Medellín en 1998. Mancuso reiteró que la orden del homicidio la habría dado Carlos Castaño y habría sido ejecutada por hombres de la banda 'La Terraza'.Tras estos asesinatos, según dijo Mancuso, Carlos Castaño se habría dado cuenta de las repercusiones de los hechos y por eso no habría ordenado el asesinato de Gustavo Gallón, actual embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra."Dada la connotación del señor Gustavo Gallón para este caso específico se reversó la orden que había dado de asesinarlo en la medida en que estos hechos fueron un golpe que las AUC se autoinfringió, cuando ejecutó estas acciones por pedido de altos mandos militares que consideraban a estas personas, en el caso de Jaime Garzón, como un intermediario permanente, constante en las negociaciones que venía adelantando las guerrillas de Farc y ELN con el pago de secuestros y estas situaciones", explicó Mancuso.Por último, el exjefe paramilitar señaló que, en muchos casos, esta información la habría entregado, presuntamente, el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez."Del señor Gustavo Gallón existía una carpeta con información de su desplazamiento, las horas de su desplazamiento, dónde vivía y trabajaba. La orden era asesinarlo", señaló Mancuso.Le puede interesar: 'Lo más relevante esta semana en el FPC'
Estos fueron los temas tratados en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, este jueves, 21 de noviembre de 2024:Didac García, presidente ejecutivo de Global Reformbnb, habló del evento organizado en Colombia por Cotelco. Este encuentro busca discutir el impacto de las viviendas turísticas como Airbnb y explorar un posible marco regulatorio.Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, se pronunció respecto a la polémica en la que firmó que el Icetex no pertenece a su sector, pero es presidente de la junta directiva. El Icetex atraviesa una situación crítica debido a la falta de recursos necesarios para continuar financiando los créditos educativos.Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de WOLA, habló sobre lo que se puede esperar Latinoamérica, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.Frederico Pedreira, CEO de Avianca, reveló detalles sobre los problemas operacionales en El Dorado por cuenta del mal clima, que se suma a daños en infraestructura y equipos en varios aeropuertos del país, principalmente en El Dorado. Escuche el programa completo aquí:
Este jueves, 21 de noviembre, un trágico accidente en la Autopista Norte de Bogotá, a la altura de la calle 243, cobró la vida de una joven de 20 años tras la caída de un árbol de especie ‘alcaparro pequeño’. El incidente, causado por las fuertes lluvias que azotan la capital, ocurrió a las 8:45 de la mañana y dejó también a varias personas heridas.La víctima, quien se desplazaba como pasajera en una motocicleta de la aplicación ‘Picap’, falleció de manera instantánea al ser impactada por el tronco. El piloto de la motocicleta fue trasladado a un hospital, mientras que otras 12 personas, también motociclistas, resultaron lesionadas debido a la caída de sus vehículos o al desplome de ramas. El testimonio del padre de la joven que murióEl padre de la joven fallecida, Armando Quintero, se pronunció entre lágrimas sobre la pérdida de su hija. “Uno nunca sabe cuál es el último adiós, el último saludo, la última cena. Ojalá lo que le sucedió a mi hija no le pase a nadie más. Por favor, que la Alcaldía Mayor de Bogotá haga mantenimiento a los árboles”, declaró a Blu Radio, pidiendo acciones para prevenir más tragedias.Los bomberos de la estación Bicentenario acudieron al lugar para atender a las víctimas y coordinar las labores de limpieza. A pesar de que el árbol fue cortado y retirado del carril, los troncos aún permanecen en el lugar, a la espera de ser recogidos por las autoridades. Criminalística adelantó el levantamiento del cuerpo de la joven en medio del dolor de los familiares presentes.La tragedia ha encendido el debate sobre el mantenimiento de árboles en zonas urbanas y el impacto de la ola invernal en Bogotá, que ha generado emergencias similares. La ciudadanía exige medidas urgentes para evitar más incidentes de esta naturaleza.
Resultado de los números ganadores del sorteo de Paisita Noche de este jueves, 21 de noviembre de 2024. Todos los días hay un nuevo chance de ganar, felicidades al ganador.¿Qué número cayó por el Paisita Noche?En el último sorteo de El Paisita Noche este jueves, 21 de noviembre de 2024, el número ganador fue el , según publicaron en sus redes sociales.Tres últimas cifras: Tres primeras cifras: Cuatro cifras: Conozca todos los resultados de los sorteos anteriores de Paisita Noche .Quiere consultar los resultados de sus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí, suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador-.¿Cuánto paga Paisita Noche?Un acierto (última cifra): la uña, 5 pesos por cada peso apostado.2 aciertos (últimas cifras): la pata, 50 pesos por cada peso apostado.3 aciertos (últimas cifras): con pleno 400 pesos por cada peso apostado y con combinado 83 pesos por cada peso apostado.4 aciertos (todas las cifras): son súper pleno 4.500 pesos por cada peso apostado y con súper combinado 308 pesos por cada peso apostado.Recuerde que para premios mayores de 48 UVT, es decir $2.259.120 se genera retención en la fuente del 20 % sobre el valor del premio.¿Qué es el Paisita Noche?El Paisita Noche, conocido como Paisita 2, es una lotería que se juega todos los días en Colombia. Aquí puede revisar todos sus resultados.
En la tarde de este jueves, 21 de noviembre, funcionarios de la Procuraduría adelantan una visita preventiva al Ministerio de Hacienda y al Icetex para determinar qué está pasando con el giro de la matrícula de miles de estudiantes del país.Por eso, los propios estudiantes han lanzado una alerta al Gobierno nacional para revisar la financiación de esta entidad y así no comprometer sus estudios.¿Qué está pasando con Icetex?El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) enfrenta una situación crítica debido a la falta de recursos financieros para continuar otorgando créditos educativos. La entidad esperaba recibir 432.000 millones de pesos del Ministerio de Hacienda, pero solo ha recibido 30.000 millones hasta la fecha.Esta situación pone en riesgo la financiación de matrículas para más de 200.000 estudiantes universitarios que dependen de estos créditos. El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, ha generado polémica al afirmar que el Icetex "no pertenece a su sector", a pesar de ser el presidente de la junta directiva.La Asociación de Representantes Estudiantiles de la Educación ha expresado su preocupación por la crisis y ha advertido que la desfinanciación del Icetex es una "grave amenaza" para las instituciones de educación superior privadas y para las familias del país, especialmente las más vulnerables y de clases medias.Los estudiantes han insistido en que depende de la voluntad política del gobierno encontrar soluciones y han llamado al ministro Rojas a dejar atrás su postura "hostil" y buscar consensos para proteger el derecho fundamental a la educación superior.Consecuencias de la crisis del Icetex:Riesgo para la financiación de matrículas de más de 200.000 estudiantes universitariosAmenaza para las instituciones de educación superior privadasImpacto en los bolsillos de las familias del país, especialmente las más vulnerables y de clases medias
La polémica alrededor de la sanción interpuesta al técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, por presuntamente provocar a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay sigue dando de que hablar, ahora de cuenta de los inspectores de la capital de Antioquia quienes emitieron un comunicado en donde rechazan que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, haya considerado desproporcionada la sanción interpuesta por una inspectora en primera instancia.Hay que recordar que la decisión fue que el técnico mexicano deberá estar ausente de todos los estadios del país por un periodo de 36 meses y, además, le fue impuesta una multa económica 26 millones de pesos. Asimismo, según se ha podido establecer esta decisión está amparada bajo la Ley del Fútbol y es la sanción mínima que se le puede imponer a un protagonista directo de un espectáculo deportivo, en este caso el director técnico de un equipo de fútbol.Pero hay que decir que la cuestionada decisión ha causado reacciones desde varias orillas como en el Concejo de Medellín en donde el actual corporado y expresidente de Atlético Nacional, Juan Carlos De la Cuesta, solicitó que se investigue el accionar de la inspectora que, supuestamente, desconoce situaciones del fútbol."Hablar de tres años de sanción por Dios, ¿eso a quién se le ocurre? Yo sí solicito que a la mesa directiva, todo lo que tiene que ver con la política nacional de la cultura del fútbol, investiguen la actuación de esta persona que está impartiendo esta sanción, que de verdad está en todo despropósito y que aprenda por favor un poco de fútbol", denunció De la Cuesta.Ante esta petición llegaron las voces de rechazo desde los inspectores de Medellín, quienes le expresaron a Blu Radio que la decisión se tomó conforme a la ley tal y como lo aseguró la inspectora Claudia Flores, quien también manifestó que se está satanizando a los funcionarios públicos."No queremos darle ningún tipo de matiz, ni matiz de fútbol ni político. Entonces no vemos bien que se nos este satanizando o indicando que no tomamos decisiones en derecho o que son absurdas nuestras decisiones", afirmó Flores.Por su parte, otra voz de rechazo fue la de la inspectora Ana Vergara, que explicó que en las próximas horas habrá una reunión del colectivo para determinar otras acciones como, por ejemplo, una manifestación en el Centro Administrativo La Alpujarra. "Las decisiones de las autoridades de Policía deben ser respetadas y acatadas por todas las personas, incluidos el alcalde de Medellín. Para ello, las decisiones son susceptibles de los recursos", destacó la inspectora.Sin embargo, no solo la decisión de la inspectora generó polémica, puesto que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su desacuerdo y calificó la sanción como desproporcionada."Lo único que le faltó fue ese charlo de la ciudad, absurdo, claro, pueden haber sanciones, pero una sanción que me digan a mí, que quede expulsado del estadio el técnico de Nacional durante tres años, es una cosa absolutamente desmesurada, desproporcionada y que de nada contribuye a la solución", mencionó el mandatario.Precisamente estas declaraciones del mandatario podrían enredar aún más la situación, ya que según el inspector Carlos Jaramillo, Gutiérrez emitió un prejuicio que le impediría, según la ley, a la alcaldía de Medellín, en este caso a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, dar una sanción en segunda instancia."Eso es un prejuicio y en legalidad, la ley, la ley establece que yo no puedo prejuiciar ante situaciones que a posterior voy a conocer. Eso genera un impedimento o puede ser objeto de una recusación para que nos conozcan de esa segunda instancia", manifestó Jaramillo.En este caso y si en efecto la Administración Distrital queda impedida como aseguran los inspectores, sería el Ministerio del Deporte quien entre a dar una sentencia final en contra del entrenador extranjero.Por último y como pudo conocer Blu Radio, la decisión de que todo el proceso fuera llevado hasta una Inspección de Policía habría sido tomada por el delegado de la alcaldía de Medellín en el Puesto de Mando Unificado del partido en discusión, por lo que los inspectores han evidenciado su sorpresa por las declaraciones de Gutiérrez que eventualmente complicarían mucho más el proceso contra el técnico de Atlético Nacional.
