Musa Besaile, excongresista del Partido de La U, quedó en libertad el pasado viernes 22 de noviembre. Besaile se encontraba en el Batallón de Montería (Córdoba) y el Juzgado Segundo de ejecución de penas de esa ciudad le concedió el beneficio de libertad condicional.Lo anterior, al "acumular jurídicamente las penas quedando un total de ciento sesenta y ocho (168) meses y nueve (09) días, por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias de servidor público, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer".Esto quiere decir que el exsenador quedó en libertad por haber cumplido tres quintas partes de su pena.Cabe mencionar que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó a Besaile a una pena de seis años y 20 días de prisión, por su participación en el escándalo del Cartel de la Toga. Además, se le impuso una multa de $415.268.652 y se le prohibió ocupar cargos públicos durante 83 meses.Asimismo, en diciembre de 2023, el exparlamentario reconoció su implicación en acuerdos políticos con grupos paramilitares. En mayo de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a siete años de prisión, pues se determinó que Besaile formó una alianza con el Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dirigido por Salvatore Mancuso, que le brindó apoyo durante su campaña para la Cámara de Representantes, de cara al periodo 2002-2006. A cambio, el excongresista asignó cargos clave en la administración de Córdoba a personas vinculadas al grupo paramilitar.Recientemente, en febrero de 2024, Besaile fue sentenciado por tráfico de influencias por su participación en un esquema de corrupción que desvió fondos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). El exsenador había aprovechado su posición pública para operar una red que desfalco grandes sumas de dinero del Estado.El excongresista, según información compartida por el Inpec, no es requerido por otra autoridad.
La JEP citó al excongresista liberal Álvaro Ashton a una audiencia única de verdad los días 21 y 22 de noviembre para determinar si finalmente lo expulsan o no.Ashton había sido expulsado, pues la jurisdicción consideró que los aportes a la verdad del exsenador, en los procesos que es investigado por parapolítica, eran insuficientes y vagos. Sin embargo, tras una apelación de la defensa de Ashton esa decisión fue revocada.Ahora la JEP lo cita a esta audiencia donde se juega su última oportunidad para permanecer en la justicia transicional y los magistrados expusieron algunos de los temas sobre los cuales deberá aportar información."El compareciente debe dar cuenta si es de su conocimiento de los fenómenos de macrocriminalidad y victimización que comprometieron a integrantes de los grupos armados ilegales con los que, al parecer, se concertó para promoverlos, así como las redes, nexos y patrones. En específico, las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), especialmente aquellas que reflejen patrones o que tengan carácter masivo, y las particularidades de la connivencia o la relación simbiótica entre el paramilitarismo y algunos representantes de la institucionalidad del Estado en todas sus ramas y niveles", señala el auto de la JEP.En concreto, se deberá entregar información sobre la connivencia entre el frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC y agentes del Estado. También deberá entregar nombres de personas naturales que participaron en la conformación, incursión, instalación, financiación y operación de las Autodefensas. Entre otras cosas, el excongresista debe contar, si sabe, sobre alianzas y acuerdos entre representantes de instituciones del Estado y las AUC.“Identificación de las personas naturales y jurídicas que se vieron perjudicadas o afectadas con la conformación, incursión, instalación, financiación y operación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), concretamente del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte. Generalidades de las acciones ilegales realizadas por los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), concretamente del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte. El impacto humano, social y político del Cani, así como sobre los derechos económicos, sociales y ambientales y las formas de afectación diferenciadas por razón del género, la edad, la etnia, la religión, la opinión, las creencias, las preferencias sexuales y la actividad profesional o económica. Concretamente: consecuencias, de todo orden, que tuvo en Atlántico la conformación, incursión, instalación, financiación y operación de grupos paramilitares”, advierte la JEP en el auto.En el mismo sentido, deberá contar, si sabe, sobre beneficios económicos, políticos o electorales de los aliados del paramilitarismo en el departamento de Atlántico, pero con episodios puntuales o específicos.“Prácticas políticas o electorales delictivas o corruptas que prolongaron el conflicto armado interno en el departamento de Atlántico. La cooptación de las elecciones regionales, la conformación de listas y los mecanismos de consecución de votos (delitos electorales). Las elecciones al Congreso de la República como instrumento de cooptación de las corporaciones públicas “desde arriba” y relación con el proyecto de “refundación de la patria”. Las finalidades específicas que tuvieron las maniobras de filtración de listas de los partidos tradicionales y la creación de partidos y movimientos políticos de coyuntura. Los proyectos de ley apoyados y direccionados al cumplimiento de los objetivos de los grupos paramilitares. La cooptación de instituciones públicas, por ejemplo, del Hospital Materno Infantil de Soledad, la Universidad del Atlántico, u otras entidades públicas, cuyos objetivos pueden dividirse en dos: por un lado, la financiación del grupo armado ilegal mediante el aprovechamiento de los recursos públicos, el manejo de la contratación de las entidades y la remuneración de piezas o nodos claves o relevantes de la estrategia paramilitar y, de otro, permear la base social ya sea mediante la entrega de dádivas o mediante la intimidación o el terror. Los detalles de la forma de selección de los posibles funcionarios y de las obras o contratos a intervenir”, señala la jurisdicción.
A menos de tres años de cumplir la pena de 8 años en prisión que le impuso un juez por el delito de parapolítica, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos recuperó la libertad condicional por decisión de la Corte Suprema de Justicia.Respondiendo a un recurso de apelación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte decidió otorgarle la libertad considerando que Ramos se presentó ante las autoridades al momento de ser requerido y teniendo en cuenta, además, que “estuvo dispuesto a asumir sus obligaciones penitenciarias intramurales, observando en el lugar de reclusión y durante todo el tiempo una conducta en la mayoría de los casos ejemplar, y en otros buena, dedicado al estudio y a la creación literaria; lo que a juicio de la Sala revela un adecuado proceso de resocialización o reinserción social como función y fin último de la pena en su fase de ejecución.”Así las cosas, se revoca el auto recurrido proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, mediante el cual se le había negado la libertad condicional al sentenciado y se dispondrá librar la boleta de libertad correspondiente ante la Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bello (Antioquia)50, si es que no tiene pedido de otra autoridad.Ahora bien, para que dicha decisión quede en firme, el exgobernador deberá pagar un salario mínimo legal mensual vigente correspondiente a la caución prendaria y la suscripción del acta de compromiso, por un periodo de prueba equivalente al tiempo que resta para el cumplimiento de la pena.De igual forma, a la hora de recuperar su libertad, Ramos deberá informar todo cambio de residencia; comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello; y, no salir de país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a la polémica que generó el presidente Gustavo Petro después de que sugiriera desde Bucaramanga que existe una alianza entre congresistas y narcos para que haya cambios en la política antidrogas.El presidente “no se se refería a una tacha específica o a un miembro actual del parlamento sino a esa convivencia que ha existido en nuestro país entre el narcotráfico y la política”, dijo el ministro Osuna.Además, el jefe de la cartera de justicia explicó que de momento no tiene datos si en la actualidad hay procesos judiciales pendientes de congresistas posiblemente vinculados con narcotraficantes.Cabe recordar que el presidente del Senado, Iván Name, le pidió a Gustavo Petro que respete al Congreso después de sus declaraciones. A este llamado el presidente de la República respondió que investigó la “para política” y en ese entonces se descubrió que el “35 % del senado tenían vínculos y fue encarcelado”.El rifirrafe entre Petro e Iván NameEl presidente Petro y el presidente del Senado, Iván Name, protagonizaron un nuevo enfrentamiento este miércoles, 6 de septiembre, luego de que el jefe de Estado insinuara la relación de congresistas con el narcotráfico. En la discusión, en su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que él creó la palabra "parapolítica": “Investigué las relaciones del paramilitarismo con la clase política, fui el creador de la palabra "parapolítica" y entre mis investigaciones y las posteriores investigaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia se descubrió que el 35% del Senado del entonces tenía vínculos y fue encarcelado. Ese listado de congresistas presos tenían vínculos con el narcotráfico dado que el paramilitarismo fue la principal organización narcotraficante del entonces”.Palabras que no cayeron bien en el Congreso de la República, por lo que el presidente del Senado, Iván Name, le pidió al jefe de Estado que "respete" y que si tiene pruebas de miembros con relaciones de narcos, que lo diga.Le puede interesar
El presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente del Congreso, Iván Name, se vieron envueltos en un enfrentamiento el pasado miércoles. Esto surgió después de que Name solicitara respeto al mandatario por sus declaraciones acerca de la relación entre los congresistas y el narcotráfico.El presidente Petro respondió a las críticas de Name a través de sus redes sociales, afirmando que él fue el creador del término "parapolítica". Según Petro, durante sus investigaciones sobre este fenómeno en el pasado, se descubrió que el 35 % de los senadores de la época mantenía vínculos con los paramilitares, quienes representaban la principal organización narcotraficante del país en ese momento.En una entrevista en el programa Mañanas Blu, con Néstor Morales, el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, compartió su perspectiva sobre el origen del término "parapolítica" en Colombia."Yo creo que ese término nació de una vergüenza que pasé en Caracol Televisión. Me invitaron a hacer comentarios sobre las elecciones de 2002, y me equivoqué al analizar ciertos resultados inesperados. Eso me llevó a investigar la parapolítica y descubrir sus conexiones”, relató.Valencia continuó explicando que la expresión "parapolítica" surgió durante una reunión en la que se presentaron los resultados de investigaciones sobre el tema. En esa reunión, según dijo, se estableció una relación directa entre el dominio paramilitar y los resultados electorales inusuales de 2002. Desde entonces, comenzaron a utilizar el término para describir este fenómeno político y criminal.La discusión sobre la parapolítica se intensificó en los años siguientes, y León Valencia enfatizó que Gustavo Petro lideró los debates sobre el tema en el Congreso. Sin embargo, Valencia destacó que estos debates comenzaron después de que se publicaran los resultados de investigaciones académicas que demostraban las conexiones entre los paramilitares y la política.“Yo entiendo que Petro se atribuya el tema porque él realmente fue el líder del debate en el Congreso sobre la parapolítica. Empezó a darse después, mucho después. porque los debates sobre parapolítica se empezaron a dar en el 2006, duros, después de 2005, 2006, después de que aparecieron esos resultados”, dijo.Valencia también recordó que Mauricio Romero y Claudia López, quienes estuvieron involucrados en la investigación, jugaron un papel importante en la creación del término "parapolítica". Romero, en particular, fue el director académico de la investigación y ayudó a definir el concepto.“Fue Mauricio Romero. Mauricio Romero y Claudia López eran parte de todo ese proceso de investigación. Mauricio Romero era el director académico de la investigación, era un profesor de la universidad, o es un profesor de la Universidad, yo era el director de la fundación de la Corporación Nuevo Arcoiris y él no entiendo que él fue el que el que el que el que se inventó el término en esa en esa discusión”, recordó."Hoy es residual la penetración del narcotráfico en el Congreso"Cuando se abordó el tema de si el narcotráfico sigue teniendo influencia en la política colombiana, León Valencia señaló que, aunque ha disminuido, todavía existe en algunas zonas y que el dinero sigue circulando en el sistema político debido a la inversión en campañas electorales. Sin embargo, afirmó que la presión militar de los narcotraficantes ha disminuido significativamente."Ya es una cosa residual. Ya yo creo que eso ha disminuido mucho porque también la opinión pública ha empezado a condenar eso y en el mundo social, pero sigue siendo una influencia de los narcos en la política, una influencia fuerte en algunas zonas y sigue rodando mucho dinero por el sistema político colombiano, por el tipo de sistema, por la carestía de las campañas y la inversión, digamos, de los de los narcotraficantes en la política sigue siendo importante, pero ya no es esta cosa pues nosotros registramos en ese momento 83 parlamentarios de nuestra investigación que habían sido elegidos por influencia directa de los paramilitares, dos tipos de influencia, dinero y sobre todo presión militar", indicó.Finalmente, en respuesta a la pregunta sobre las relaciones entre las FARC y ciertos congresistas, Valencia mencionó que también investigaron la "farpolítica", pero esta no fue tan notoria en los medios y tuvo proporciones diferentes en comparación con la parapolítica. Señaló que hubo una combinación de formas de lucha en los años ochenta, pero que este fenómeno fue menos prominente y tuvo sus propias características.
Una nueva tormenta política se generó en el país por cuenta de un choque de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Congreso, Iván Name, donde el concepto de parapolítica salió al debate.Name rechazó las declaraciones de Petro, en las que habló de relación entre narcotraficantes y senadores. Las calificó como una "estigmatización" del Congreso de la República.Más tarde, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, respondió, asegurando que él fue el creador de la palabra “parapolítica”, escándalo que estalló en 2006 en Colombia.Este nuevo enfrentamiento entre Petro y Name se suma a otros que han tenido lugar en los últimos meses, en los que ambos han mostrado sus diferencias sobre temas como la política económica, la reforma agraria y la reforma policial.Sin embargo, ¿qué tan cierto es que el mandatario, en ese entonces haya sido el creador de la palabra?En Mañanas Blu, Felipe Zuleta, reveló que de la palabra en sí ya se hablaba incluso a nivel internacional como en la Segunda Guerra Mundial con la Camisas Pardas en Alemania, como brazo paramilitar de Adolfo Hitler o en Argentina en los 80’.Aquí el informe:
El presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente del Congreso, Iván Name, protagonizaron un nuevo enfrentamiento este miércoles, luego de que Name pidiera respeto al primer mandatario por sus declaraciones sobre la relación entre los congresistas y el narcotráfico.En una publicación en sus redes sociales, Petro respondió a Name asegurando que él fue el creador de la palabra "parapolítica" y que, durante sus investigaciones sobre este fenómeno, se descubrió que el 35% de los senadores de la época tenían vínculos con los paramilitares, quienes eran la principal organización narcotraficante del país.“Investigué las relaciones del paramilitarismo con la clase política, fui el creador de la palabra "parapolítica" y entre mis investigaciones y las posteriores investigaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia se descubrió que el 35% del Senado del entonces tenía vínculos y fue encarcelado. Ese listado de congresistas presos tenían vínculos con el narcotráfico dado que el paramilitarismo fue la principal organización narcotraficante del entonces”, escribió Petro.Name, por su parte, rechazó las declaraciones de Petro y aseguró que las mismas son una "estigmatización" del Congreso de la República. "Nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos", dijo.“Aquí vamos a seguir en el propósito de la búsqueda de un acuerdo nacional, que ha pedido el Gobierno y que este Congreso ha aceptado como un desafío conveniente para la democracia. Pero quiero advertir que aquí el Senado tiene una dignidad intocable, que, si él tiene referencia de algunos senadores que hoy están abrazados con el narcotráfico, que lo diga, que no envilezca la condición que tenemos hoy y lo que representamos”, concluyó Name.Este nuevo enfrentamiento entre Petro y Name se suma a otros que han tenido lugar en los últimos meses, en los que ambos han mostrado sus diferencias sobre temas como la política económica, la reforma agraria y la reforma policial.
Desde el año 2019, el exgobernador de Santander Hugo Aguilar solicitó su sometimiento en la JEP, el cual fue rechazado porque se consideró que su plan de aporte a la verdad, es decir, lo que iba a contar ante el tribunal, no era suficiente; decisión que Aguilar apeló hace algunos meses.Aguilar ha sido condenado por parapolítica, especialmente por sus vínculos con el bloque central Bolívar, pero también se le adelantan otras investigaciones relacionadas con este tema."Expuso que estando recluido en la cárcel La Picota de esta ciudad, la señora Claudia García Méndez lo visitó con el encargo de transmitirle un mensaje del entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos. Le indicó que debía pagar la suma de 5.000 millones de pesos para que su condena fuera favorable. Manifestó que como no pagó, su condena fue superior a la impuesta a los demás congresistas y gobernadores involucrados en la parapolítica" señala la JEP.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFLa Sección de Apelación afirma que si bien el aporte a la verdad que ha ofrecido Aguilar no es suficiente, puede ajustarse, y ha reconocido su responsabilidad en algunos hechos que podría ampliar. Por eso lo llaman a una audiencia única de verdad en la que deberá entregar detalles y novedades sobre lo que conoce de la parapolítica, de esta manera podría ser aceptado."En el escenario que se surtirá a partir del presente auto, no tienen cabida los alegatos defensivos o exculpatorios, ni los relatos fragmentados o anecdóticos, sino que lo que se espera es un relato omnicomprensivo que no solo resuelva su situación particular, sino que abarque el ambiente que propició la comisión de las conductas delictivas y que concrete un aporte detallado y exhaustivo a la verdad y a la reparación" advierte la JEP.Le puede interesar "Accidente de avioneta en Boyacá; seis muertos, entre ellos la exsenadora Nohora Tovar":
Este martes llegó a Bucaramanga una comisión especial de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de la magistrada Cristina Lombana, para escuchar los testimonios de 15 personas dentro de un proceso de investigación que se adelanta contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y la exsenadora por el desaparecido partido político PIN, Doris Vega, por presuntos nexos con grupos paramilitares entre 2009 y 2010.Según documentos obtenidos en primicia por Blu Radio, la investigación contra Mauricio Aguilar y Doris Vega se inició por varias denuncias y pruebas que los señalan de, presuntamente, recibir el apoyo de grupos paramilitares para favorecerse en las elecciones al Congreso de la República en 2010.Los testimonios que este martes son escuchados por la Corte Suprema de Justicia son claves para avanzar en la investigación contra el actual gobernador de Santander e hijo del condenado por parapolítica, Hugo Aguilar.Sin embargo, la defensa de Mauricio Aguilar y Doris Vega han salido al paso de los cuestionamientos y han señalado que no hay prueba de delito alguno por parte de los investigados y tildó de cobardes a quienes estarían detrás de las denuncias.“Se han escuchado a unos testigos que fueron involucrados a través de un anónimo (…) Hoy llegó un señor que lo utilizaron, gente cobarde que no tiene la valentía de poner la cara”, indicó el abogado.Y agregó: “Los testimonios que se han dado, unos exjefes paramilitares han señalado de tener ni haber tenido algún vínculo con el doctor Mauricio Aguilar ni Doris Vega. Esta gente no sabe el profundo daño emocional y el estrés que causa tener una investigación penal abierta”.Para el abogado, la Corte Suprema de Justicia archivaría la investigación porque “no hay delito”.“La magistrada debe resolver, yo pienso que de oficio ordenará el archivo, pues esperemos las declaraciones que faltan. Nosotros pediremos que se archive porque no hay nada, no hay delito”, indicó.Historia familiarEn septiembre del 2022, Hugo Aguilar confesó ante la Comisión de la Verdad que recibió el apoyo de las autodefensas.“Cometí uno de los peores errores de mi vida que no me deja vivir en paz como fue permitir que las Autodefensas Unidas de Colombia a través del constreñimiento al elector. Recibí el apoyo para la elección como gobernador de Santander", dijo Hugo Aguilar.Doris Vega, exsenadora del partido PIN, es la esposa del también condenado por parapolítica Luis Alberto Gil Castillo.Luis Alberto ‘Tuerto’ Gil fue sancionado por Estados Unidos, en 2022, por recibir dineros del paramilitarismo . Según el Departamento de Estado, el excongresista (entre 2002 y 2007) aceptó sobornos de grupos paramilitares a cambio de ejercer su influencia política a su favor ante las autoridades colombianas. En la sanción, de no poder ingresar a ese país, también fue incluida su esposa, la senadora Doris Vega."Además, Gil Castillo luego intentó sobornar a un testigo en un caso penal en su contra. Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Colombia y la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen transnacional y el terrorismo”, señaló a través de un comunicado de prensa el Gobierno de los Estados Unidos.
Durante las cuatro jornadas de la 'audiencia única de aporte de verdad' ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso respondió por su presunta participación de diversos hechos en el país y de las AUC con miembros de la fuerza pública, el origen de las órdenes, los motivos y maneras de caracterizar enemigos por parte de las AUC, entre otros.La Procuraduría General de la Nación intervino durante estas cuatro jornadas y, allí, le pidió a Salvatore Mancuso más información de diversos temas, uno de ellos, por supuesto, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado en especial por su cercanía con Carlos Castaño en este hecho. Petición que también llegó de parte del Ministerio Público. Salvatore Mancuso deberá dar detalles de las víctimas del conflictoLa Procuraduría General de la Nación pidió que entregara información sobre fosas comunes donde pueden haber cuerpos de víctimas del conflicto; asimismo, el uso del Canal del Dique por parte de la AUC como "depósito de cadáveres".La entidad le pidió información a Mancuso sobre la operación 'Rastrillo', que involucraría las masacres de Macayepo y El Salado; la desmovilización de la guerrilla del EPL y el paso de combatientes a las AUC, y la posible conformación de un frente internacional de las AUC en la frontera o en Venezuela.Mancuso, a su vez, deberá dar detalles de diversos asesinatos que se dieron de periodistas independiente en los departamentos en que tenía acción y movimiento este grupo armado ilegal.Nexos con ganaderos y empresarios que aún tienen que ser esclarecidosEl representante de la Procuraduría le pidió a Mancuso profundizar en los vínculos de empresarios y ganaderos con la ‘Casa Castaño’ y el paramilitarismo; si conoció o no a David Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, y si hubo algún tipo de fusión temporal o coyuntural con miembros de las FARC dentro de su actuar como autodefensas.Sobre el modelo de “franquicias” o bloques paramilitares utilizados por las autodefensas, así como sobre la financiación con cultivos ilícitos y dineros de empresas privadas del país, con aportes voluntarios y forzados.La Procuraduría a Mancuso y de hecho insistió ante la JEP, en la necesidad de que esté aporte una verdad completa, genuina, desprovista de justificaciones o episodios que puedan resultar re victimizantes, pidiéndole a Mancuso visibilizar a quienes, “como servidores públicos, especialmente del DAS, hicieron parte de esa gran empresa del crimen, aquellos que contribuyeron con ustedes”. Así mismo que, de ser admitido por la JEP, entregue una propuesta que contemple la inclusión de la verdad y reparación a las víctimas de Justicia y Paz.Le puede interesar
