Falleció el sacerdote Oscar Ortiz, condenado por tener nexos con el paramilitarismo en el corregimiento San Antonio de Prado en Medellín. El hombre señalaba hasta durante las eucaristías a personas de ser guerrillerosÓscar Albeiro Ortiz Henao, quien fue párroco del sector de El Limonar en el corregimiento de San Antonio de Prado falleció en Bogotá, tras someterse a una cirugía por las afecciones de salud que sufría mientras pagaba una condena de 19 años de prisión por sus nexos con grupos al margen de la ley.El religioso fue capturado en 2010 en medio de un operativo contra una banda delincuencial conocida como “los Desmovilizados del Limonar”, cuyos integrantes eran reinsertados del bloque Cacique Nutibara de las extintas AUC.Fernando Quijano, analista del conflicto, rememoró el revuelo que generó en su momento el rol del sacerdote, cuya condena fue ratificada en 2026 por la Corte Suprema de Justicia: "Fue una persona muy vinculada con actividades del paramilitarismo urbano. Tercero, el que, obviamente, dejó una idea negativa de lo que debe ser la labor de pastores o sacerdotes. Se hablaba y le probaron de que azotaba gente. Y parece ser que le decía a los grupos quién no era deseable o deseable en el barrio. Había gente que lo quería, pero definitivamente sí estaba confirmado que tenían actuaciones que podían haber provocado que gente muriera y demás", detalló el experto.Ortiz Henao fue señalado incluso de liderar esta banda integrada por reinsertados de las AUC, que cometió múltiples asesinatos, extorsionaba y desplazó forzosamente a habitantes de la zona entre abril de 2003 y abril de 2010. Uno de los testimonios de las víctimas aseguró que “en el barrio todos ‘le copiaban’ al padre”.Incluso, la sentencia en su contra dice que hubo “afirmaciones del propio acusado en las homilías, señalando a personas como guerrilleros, quienes posteriormente fueron asesinadas; manifestaciones públicas del procesado diciendo que había ordenado la ejecución de algunas ‘pelas’; actos de violencia sexual presenciados por el padre; agresiones físicas y verbales propinadas por aquél en contra de habitantes del sector; ‘palizas’ llevadas a cabo en la casa del acusado; entregas de dinero a integrantes de las bandas por concepto de extorsiones, que tenían lugar en presencia del padre Ortiz Henao”.
La JEP citó al general en retiro Mauricio Santoyo a diferentes audiencias para que entregue información sobre los casos por los cuales ha sido procesado. Santoyo ha sido vinculado a los casos de desaparición forzada de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa y fue condenado en Estados Unidos por sus alianzas con el paramilitarismo.En las últimas horas, Santoyo hizo llegar a la JEP un documento en el que hace su aporte a la verdad frente a los hechos por los cuales ha sido investigado, teniendo en cuenta que esa jurisdicción evalúa una solicitud de las víctimas para expulsar a Santoyo, pues consideran que no ha entregado información relevante.Es importante recordar que Santoyo cumplió varios roles en la Policía Nacional, pues fue subdirector antisecuestro y antiextorsión entre diciembre de 1999 y mayo de 2001, comandante del cuerpo de élite antiterrorista de la ciudad de Medellín desde mayo 2001 hasta diciembre del mismo año y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.Blu Radio conoció en primicia el documento entregado por Santoyo a la JEP, allí se refiere a la sala de grabaciones del Gaula y a las interceptaciones telefónicas. En su aporte a la verdad el general aseguró que la sala de interceptaciones del Gaula en Medellín era utilizada por la Dirección de Inteligencia de la Policía, Dipol, y la Dirección de Policía Judicial, Dijin, que tienen su sede en Bogotá, pero que desarrollan sus labores en todo el territorio nacional.Dicha sala contaba con un jefe y con varios analistas. En el mismo sentido Santoyo dicen su relato que en el año 1998 el general (r) óscar Naranjo lo llamó para decirle que iba a enviar un personal a realizar labores de inteligencia, entre ellos llegó el teniente Edward García, de quien, según dice Santoyo, se enteró posteriormente que tenía vínculos con el paramilitarismo."En este punto hago referencia respecto de que, para el año 1998 más o menos me llama el director de inteligencia de la Policía Nacional, Dipol, de la época, el coronel óscar Naranjo y me manifestó que enviaba un personal en comisión a Medellín a adelantar unas actividades de inteligencia y solicitaba que se les facilitara la sala de grabaciones para el desarrollo de estas labores; fue así como se presentó el teniente García Edward junta con dos o tres analistas no recuerdo exactamente; llame al jefe de la sala de grabaciones y le manifesté que les prestara toda la colaboración que requirieran para el desarrollo de las misiones que fueran a cumplir; si no me falla la memoria, cuando en diciembre de 1999 dejé de ser comandante del Gaula, todavía permanecían allí", dijo a la JEP el General Santoyo.Sobre el teniente García dice que "Para la época pertenecía a la Dirección de Inteligencia, Dipol, es uno de los oficiales de la Policía a los cuales me he referido en anteriores ocasiones como uno de los funcionarios de quienes me entere de que tenía vínculos con las autodefensas y con otras organizaciones criminales".Advirtió además que a él no le entregaban información de esas investigaciones que se adelantaban."Como comandante del Gaula, nunca se me informaba, ni tenía conocimiento del contenido de las investigaciones que adelantaban, ni de las labores de inteligencia que desarrollaban, ni de las interceptaciones telefónicas que hacían agentes de otras direcciones o unidades policiales, pues siempre se trabajaba de una forma totalmente compartimentada, es decir, que cada unidad responde a sus propias misiones de trabajo sin tener que informar a aquellos que no son jerárquicamente superiores o que no pertenecen a la misma dirección o unidad policial. Lo único que hacía el Gaula era facilitar la sala de grabaciones para que ellos desarrollaran su actividad.", agregó Santoyo.En el mismo sentido, se refirió a las versiones de algunos exmiembros de las Autodefensas, según las cuales Santoyo tenía alianzas con el paramilitarismo. En este punto, asegura que esas declaraciones no son ciertas y que demostrará las imprecisiones y falsedades de dichas afirmaciones. Sobre las desapariciones de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, dice que en ese momento él ya no se encontraba en el Gaula de Medellín, pues el comandante para la época era el teniente coronel Germán Eduardo Flórez Sánchez. Es por esto que Santoyo advierte que no aceptará responsabilidad en dichos casos.Posteriormente, el general en retiro aporta el nombre de algunos oficiales que, según él, habrían tenido vínculos con el paramilitarismo."He aportado a la verdad manifestando el nombre de algunos oficiales de la Policía y un suboficial de quienes tuve conocimiento tenían relación con grupos de autodefensas y otros sectores delincuenciales. Los cuales relaciono a continuación: teniente coronel Danilo González Gil, mayor Byron Ordóñez Portilla, capitán Edward García Arboleda, sargento José Gerlein García Galeano", se lee en el documento entregado a la JEP.Incluso advierte que el coronel Danilo González le comentó personalmente sobre sus vínculos con las Autodefensas, asegurando que se dieron cuando hizo parte del Bloque de Búsqueda, e incluso advirtió que González le había dicho que la información que le entregaban las Autodefensas había sido utilizado por la Policía para realizar operaciones contra capos del narcotráfico."Me enteré de la relación de mi coronel Danilo González con las autodefensas porque él mismo me lo comentó; desde que recibí a finales de julio de 1996 el Gaula de Medellín; él se encontraba trabajando, no recuerdo, si era el comandante del Gaula de Bogotá o trabajaba con el Zar antisecuestro; me manifestó que tenía informantes que conseguían muy buena información, que él cuando estuvo en el bloque de búsqueda de lucha contra Pablo Escobar había conocido a Fidel Castaño, Carlos Castaño, alias Don Berna y a otras personas que eran informantes y que conocía mucha gente que tenía muy buena información. De esta relación me entero porque él mismo me lo comenta, por boca de él mismo, me manifestó que se entrevistaba con frecuencia con ellos y además recuerdo que me dijo que ellos eran quienes les habían dado la información para el procedimiento que realizó la policía contra alias Chepe Santacruz", dijo a los magistrados el general (r) Santoyo.Por último, le pide a la JEP que se tengan en cuenta estos aportes a la verdad, pero reitera que hará uso de su derecho fundamental a no autoincriminarse y a exigirle al estado Colombiano que le permita defenderse con todas las garantías.Respuesta del general (r) Óscar NaranjoBlu Radio contactó al general (r) óscar Naranjo para obtener su respuesta frente a lo dicho por Santoyo, quien aclaró que todas las operaciones que él ordenó y desarrolló se hicieron en el marco de la legalidad y que el teniente García será quien explique a la JEP los objetivos de las operaciones que se le ordenaron en su momento.
El expresidente Álvaro Uribe acusó al presidente Gustavo Petro de que, estando cerca de la campaña a la presidencia y las elecciones, la búsqueda de desaparecidos se esté politizando.“Con la aproximación de las elecciones no tienen alternativa diferente a afectarnos con la mentira”, destacó en un extenso comunicado el expresidente.Según Uribe, la JEP y el gobierno “petro santista” lo que hacen es política con las víctimas de La Escombrera, luego de que justamente esta jurisdicción anunciara que llamaría a 10 comparecientes a versión libre para que aporten a la verdad de lo que pasó.Justamente sobre el anuncio del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, Uribe manifestó que prima "la indulgencia con los terroristas y el sesgo contra los militares y el gobierno que presidí"."Antes era un centro de crimen, hoy es un centro de arte y cultura. Nunca apoyamos la impunidad, pero la JEP y el gobierno Petro- Santos lo que hacen es política con las víctimas de La Escombrera. La comunidad cuenta que la delincuencia ha arrojado cadáveres a la escombrera desde 1978 y recuerden hasta Orión aquí no podía entrar el ejército", dijo.Sobre los desaparecidos manifestó que "nunca apoyaron la impunidad" y enunció las denuncias de las víctimas de que en este sitio han arrojado cadáveres desde 1978, razón por la que en 2019 las víctimas pidieron que se cerrara este depósito de escombros que se convirtió en la fosa común a cielo abierto más grande del mundo.Destacó que la Operación Orión, en el año 2002, fue adelantada dos meses después del inicio de su Gobierno y que se llevó a cabo para recuperar el territorio de los integrantes del ELN, las Farc y los paramilitares que había en la zona."Orión se realizó con los mismos comandantes de la Fuerza Pública que estaban en Medellín cuando llegó nuestro gobierno. Orión fue ejecutada en forma conjunta por Policía, Ejército, Gaula, Das, CTI, Fiscalía, Procuraduría y la Alcaldía de Medellín. Eso no fue que llegó el Ejército aquí invasor", expuso.Justo sobre este punto, el presidente Gustavo Petro se pronunció diciendo que estas entidades a cargo de la Fiscalía en dicha época estaban en manos "del paramilitarismo". “Actuaron en asocio con otros cabecillas y delincuentes: los paramilitares de Don Berna que se quedaron con el territorio y desaparecieron más de 500 personas y desplazaron miles fuera de la comuna", dijo en su cuenta de X.También exaltó que las autoridades decomisaron armas, municiones y equipos de comunicación, además de que capturaron a 23 cabecillas y 243 integrantes de las organizaciones criminales. Según el expresidente, antes de la Operación Orión, en los cinco años anteriores hubo 15.243 homicidios en Medellín, mientras que los cinco años siguientes a esta intervención fueron 4.606 los casos.Finalmente, dijo que el "Petro- Santismo" ante la derrota los quieren afectar con la mentira y que están convirtiendo más de 700 municipios en nuevas escombreras, que su aporte ha sido "llevar y crecer criminales", no sin antes aprovechar para hacer campaña: “Ganemos las elecciones del 26 para que esos 700 municipios, la patria entera, tengan seguridad, alegría, inversión, bienestar social, transparencia y austeridad en el Estado. La corta muestra que de esto se tuvo fue hurtada por sus guardianes del Petro Santismo", dijo Uribe en su declaración este viernes.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Rubén Giraldo Giraldo, conocido como alias Raúl o Germán, exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La detención se llevó a cabo en una zona rural de Palomino, La Guajira, con el propósito de hacer efectiva la condena de 25 años de prisión en su contra por los delitos de homicidio y desplazamiento forzado.Un juez penal especializado de Santa Marta emitió la sentencia que también impone una multa de 1.100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 10 años. Según el fallo, Giraldo Giraldo ordenó el asesinato del edil y presidente de la Junta Administradora Local (JAL) del corregimiento Taganga, Rafael Pinto Navarro, ocurrido el 27 de febrero de 2003.La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, presentó pruebas que demostraron que alias Raúl, en su rol como cabecilla paramilitar, dirigió estructuras armadas responsables del homicidio de Pinto Navarro y promovió amenazas que forzaron a varios líderes sociales y representantes comunitarios a abandonar sus tierras.Rubén Giraldo Giraldo es sobrino de Hernán Giraldo Serna, alias 'El Patrón' o alias 'Taladro', máximo líder del Frente Resistencia Tayrona. Además, está vinculado a múltiples procesos judiciales por homicidios y otras actividades criminales. Aunque se desmovilizó en 2006 y fue postulado a la Ley de Justicia y Paz, fue expulsado del proceso al incumplir compromisos de confesión, reparación y colaboración con la justicia.
La mañana de este martes, en medio de la requisa a las celdas, Policías a cargo de la seguridad en la URI Zonal ubicada en la calle 110 con carrera 37, en el barrio Las Estrellas, en Barranquilla, notaron que una de estas estaba vacía y que dos de los reclusos que se habían fugado.Se trata de Ederman Nieto Anaya, un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien enfrenta un proceso por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. Esta persona, dicen las autoridades, además estaría siendo investigada por el asesinato de un sindicalista en el departamento del Cesar.Junto a este hombre también se fugó Brayan Bonett Anguila, recluido por el delito de acto sexual con menor de 14 años.Ambos privados de la libertad abrieron un hueco en el techo de su celda y escaparon. Por el momento, la Policía adelanta un plan candado para dar con sus paraderos.
Los 18 exjefes paramilitares que fueron designados como gestores de paz por parte del presidente Gustavo Petro aceptaron esa designación en las últimas horas. Lo hicieron en una carta que enviaron directamente a Petro.“Queremos expresar nuestra aceptación al nombramiento en calidad de gestores de paz tal y como ha quedado consignado en la Resolución 453 del 8 de noviembre de 2024. Con este acto, nos sumamos a la agenda de paz que usted lidera, señor presidente, y que interpreta mientras el mundo se aboca a un conflicto nuclear, la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano de transitar a una Colombia próspera y en paz”, se lee en el documento.En la lista de gestores de paz aparece Hernán Giraldo, quien fue expulsado de Justicia y Paz tras una acusación en su contra por abuso de menores.Otros gestores de paz son Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’ y Carlos Mario Jimenez, conocido como ‘Macaco’.“Como usted mismo lo ha expresado públicamente, decide retomar un proceso inconcluso que el país conoció como “la negociación de Ralito” para ajustarlo y suscribirlo, a la luz de los desarrollos y estándares en materia de justicia transicional y restaurativa. Este diálogo se suma a la decena de diálogos y negociaciones abiertas y dirigidas por la Alta Consejería para la Paz, sin embargo, señor presidente, es el único diálogo en el cual no median los fusiles y eso lo eleva a una categoría honrosa entre dos partes que quieren darle valor a la palabra empeñada”, le dicen a Petro en la carta.Es importante recordar que el Gobierno anunció que esta gestoría de paz se hacía con el objetivo de revisar el acuerdo que firmaron los exjefes paramilitares durante el Gobierno Uribe, pues el presidente Petro considera que ese proceso aún no ha terminado.
En un pronunciamiento realizado este jueves, la jefe del Ministerio Público rechazó con firmeza la designación de ciertos excombatientes como gestores de paz, argumentando que estas acciones podrían revictimizar a las sobrevivientes de violencia basada en género y sexual, y poner en riesgo los esfuerzos por construir una paz genuina y sostenible.Entre los nombramientos más controvertidos se encuentra el de Hernán Giraldo Serna, un exparamilitar que ha sido condenado por crímenes de guerra, incluidas múltiples violaciones y abusos sexuales cometidos contra niñas en las regiones bajo su control.”Este señor no puede pasar de depredador sexual a gestor de paz, una designación que revictimiza y ofende y que desde ya lo anticipo, no contribuye a la consecución de la paz (…) sé que lo que estoy diciendo puede afectar mi propia seguridad, pero no podemos permitir que eso ocurra”, dijo la procuradora.Además, habló también sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y su macro caso basado en violencia de género durante el conflicto armado en Colombia, al respecto aseguró que, “desde la Procuraduría hemos sido claros, las víctimas primero y no permitiremos que las mujeres sean invisibilizadas en el camino hacia la paz. La justicia debe ser para ellas, y el Estado tiene el deber de actuar con diligencia para proteger sus derechos”.Por último, la procuradora advirtió que la designación de gestores de paz con antecedentes de delitos graves no contribuyen en absoluto a la reparación de las víctimas de este flagelo.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, condenó al entonces máximo cabecilla del extinto Bloque Catatumbo de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso y a 45 exintegrantes de esa organización ilegal por 1.323 hechos criminales ocurridos entre mayo de 1999 y diciembre de 2004, en Norte de Santander.La decisión da cuenta 568 hechos de homicidios, entre ellos los perpetrados durante las masacres de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú; 55 casos de desaparición forzada, la mayoría relacionados con población civil y representantes de las comunidades que fueron retenidos en zona rural y sobre los cuales se desconoce su paradero; y 700 eventos asociados con desplazamientos forzados.Para la Fiscalía, las diferentes estructuras armadas del Bloque Catatumbo, por directriz de los máximos cabecillas, adoptaron patrones de macrocriminalidad constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos. Las víctimas de estas conductas fueron personas protegidas, entre población civil y representantes de las comunidades, quienes fueron instrumentalizados para ejecutar actos delictivos en la región o señalados equivocadamente de colaborar con otros grupos armados al margen de la ley.Los condenados deberán pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sobre todos aplica la pena alternativa de 8 años de prisión, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz. El fallo conocido ordena a los exintegrantes de las AUC reparar patrimonialmente los daños morales y materiales causados a las víctimas acreditadas en el proceso.
En el corregimiento de Mandinguilla, jurisdicción de Chimichagua, Cesar, el predio La América, de 1.455 hectáreas, se convirtió en ejemplo de la recuperación territorial en Colombia. Este terreno, antes vinculado a actividades ilícitas, fue entregado por la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales al Fondo de Tierras, beneficiando a 150 familias campesinas en el marco de la Reforma Agraria.Durante la diligencia judicial, en la que participaron 150 hombres de la Policía Nacional, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Ministerio Público e ICBF, se caracterizó a las seis familias que ocupaban el predio. Tras ser informadas sobre el proceso, estas desalojaron voluntariamente el lugar, con acuerdos para retirar sus bienes muebles. Felipe Harman, director de la ANT, afirmó “Damos por culminada la aprehensión material del predio La América, sin usar la fuerza. Este es un paso importante para garantizar justicia y avanzar hacia la paz rural”. El terreno llamado "La América" está plagado de vínculos con actividades delictivas. En su historial de propietarios figuran personajes como el Ñeñe Hernández, asociado al narcotráfico y el paramilitarismo; Jaime Blanco Maya, procesado por ordenar asesinatos de sindicalistas; y Hugues Rodríguez, alias Comandante Barbie, condenado por desplazamiento forzado y solicitado en extradición por los Estados Unidos.En 2007, la Fiscalía embargó la empresa Inversiones Rodríguez Fuentes, relacionada con el predio. En 2023, este fue adjudicado al Fondo de Víctimas por orden judicial, aunque la empresa nunca abandonó el terreno. Finalmente, el Gobierno Nacional logró recuperar el terreno que pasó a la ANT para su redistribución a comunidades campesinas.Además de La América, el presidente Gustavo Petro y la ANT entregaron 7.500 hectáreas a organizaciones campesinas en Aguachica, Astrea, Gamarra, La Gloria, San Martín y Valledupar. Estas tierras, distribuidas entre 739 familias, incluyen a víctimas de casos emblemáticos como el de la hacienda Bellacruz, donde más de 200 familias fueron desplazadas por la violencia paramilitar.Por otra parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, calificó el evento como un día histórico: “Estas tierras, antes epicentro de la violencia, serán la base para convertir al Cesar en una potencia agroalimentaria y un modelo de paz. Este Gobierno está saldando una deuda histórica con el campesinado”.Entre las asociaciones beneficiadas destacan la Federación de Campesinos de Chimichagua (Fedecamchi), la Asociación de Víctimas Agrovicmar y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Colectivos que impulsan proyectos de seguridad alimentaria y desarrollo rural.“Estamos devolviendo la tierra al campesinado, haciendo justicia social y garantizando que estas tierras sean usadas para producir alimentos y construir paz”, expresó el presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de entrega.Por otra parte, el director Felipe Harman denunció la oposición del alcalde de Chimichagua, quien según la ANT intentó obstaculizar el desalojo: “En las más de 200.000 hectáreas entregadas en el país, no había visto un alcalde que se opusiera a un procedimiento legítimo”. Además, se detectaron irregularidades en el folio de matrícula inmobiliaria del predio, que mostraba una inscripción exprés a favor de un reclamante.En total, el Cesar ha recibido 22.500 hectáreas en lo que va del año, consolidando uno de los avances más significativos de la Reforma Agraria en el país.
La Sala de Reconocimiento de la JEP citó a Luis Gonzalo Gallo a rendir versión nuevamente. Gallo ha sido procesado en la justicia ordinaria por concierto para delinquir, destrucción y apoderamiento de bienes protegidos y desplazamiento forzado, pues, según las investigaciones, habría participado en actividades de despojo de tierras en el Urabá, coordinadas entre empresarios del Fondo Ganadero y paramilitares de la casa Castaño.Gallo ya ha rendido otras versiones en las que se ha referido a la violencia en el Urabá durante el conflicto.“En las sesiones de versión voluntaria el despacho relator ha profundizado con el compareciente, entre otros, los aportes a la verdad sobre: preguntas de carácter personal, su perfil y experiencia profesional; conocimiento del contexto de la región de Urabá en la época de los hechos bajo investigación; el conocimiento previo sobre proyectos de desarrollo portuario, de infraestructura y de explotación de recursos forestales; las dinámicas diferenciales del conflicto armado interno en Urabá -con especial énfasis en la región geográfica de Tulapas-; la creación del FGC, su participación como accionista y miembro de la Junta Directiva, y la implicación del Fondo en el proyecto paramilitar; las dinámicas de despojo y de desplazamiento forzado que victimizaron a la población de la región; los proyectos agroindustriales que a partir de ese momento se adelantan en los predios por éste adquiridos; la forma cómo se realizó la legalización de los predios despojados; el rol de la Fundación por la Paz de Córdoba – Funpazcor, y la intervención de entidades públicas como el Instituto Colombiano de Reforma Agraria – Inocra (hoy Incoder), las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, notarias, y la participación de civiles y empresas en los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado en la región de Urabá; y las propuestas de reparación y restauración que presentó a la Jurisdicción”, explicó la JEP.Además, en una de estas sesiones Gallo pidió imponer medida cautelar en contra de los bienes comprados por el Fondo Ganadero de Córdoba en la zona de las Tulapas, así como de los contratos celebrados por el fondo con RIA y con otras empresas madereras, y también de los bienes del Fondo Ganadero de Córdoba representados por la finca El Corazón de la Montaña.La magistrada relatora del Caso 04 decidió citar a Gallo nuevamente, advirtiendo que el empresario podría ser eventualmente un máximo responsable en los hechos investigados.“Los hechos victimizantes ocurridos en el territorio y contra las comunidades campesinas de la zona de la región de Urabá contaron con la participación del señor Luis Gonzalo Gallo Restrepo, en su calidad de miembro de la Junta Directiva y accionista del Fondo Ganadero de Córdoba en el momento de la ocurrencia de los hechos bajo investigación, por lo que podría eventualmente considerarse máximo responsable por su rol esencial en la referida dinámica regional de desplazamiento forzado que investiga el referido despacho relator”, señala el auto.La versión se hará el 11 de diciembre a las 9:00 de la mañana y contará con la participación de los representantes de víctimas.En el auto la magistratura explica que “continuará recibiendo los aportes a la verdad del señor Luis Gonzalo Gallo Restrepo. Lo anterior, cobrando nueva relevancia en la consideración de su solicitud de medidas cautelares ya referida, por lo que en la presente decisión se convocará a diligencia de continuación de versión voluntaria con el fin de recaudar información relevante sobre los hechos señalados”.
