Luego de la atropellada votación para elegir el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, son varias las reacciones que se generaron por cuenta de la aparición de tarjetas de elección adicionales. Tras una jornada que causó revuelo en el Congreso, el senador Juan Carlos Garcés detalló lo ocurrido durante la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional , en la que se detectaron 104 votos, un número superior al de los senadores habilitados para sufragar.En diálogo con Mañanas Blu, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia advirtió sobre la importancia de la elección del próximo magistrado para la Corte Constitucional. La senadora aseguró que "Evidentemente esta es una elección muy importante porque el gobierno, y es muy bien sabido en el Congreso, está buscando tener mayorías. En la corte se hablaría de la posibilidad de que avalen una constituyente".Y agregó, "es una versión que no es de esta semana ni del anterior anterior, sino de tiempo atrás. Entonces digamos que en el Congreso sí hay una preocupación genuina en torno a la idea del presidente Petro de tener una constituyente".En ese sentido, la senadora Paloma Valencia explicó que la versión que le han contado es que "quieren repetir la manera como se hizo la constituyente de la Constitución del 91, que fue un decreto de emergencia del presidente Virgilio Barco, quien tenía mayorías en la Corte Suprema y en la Corte Suprema. El decreto de emergencia pasó con la constituyente y avaló en contra decía la constitución, pero como era la sala Constitucional y así lo dijo pues la Asamblea Nacional Constituyente".Hay que decir que luego de la atropellada votación, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pidió levantar la sesión y revisar las cámaras de seguridad después de que apareciera el voto adicional no registrado. "Hoy no hubo transparencia, se violó la ley. 102 senadores depositaron 103 votos, por eso no se ha podido seguir con la plenaria", aseguró.Escuche aquí la entrevista:
La controversia en relación con el proyecto de descentralización en Colombia ha cobrado fuerza, especialmente con la posición firme adoptada por la senadora Paloma Valencia, quien fue la única en votar en contra. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, expresó su apoyo por un cambio, pero enfatizó en la necesidad de no comprometer la estabilidad macroeconómica del país."Yo creo en la descentralización y, por supuesto, quiero más recursos para las regiones, pero no puedo poner en riesgo el Estado central ni la estabilidad macroeconómica de la Nación", afirmó Valencia.Argumentó que el proyecto actual carece de claridad sobre las competencias que se transferirán a los municipios y departamentos. En ese sentido, dijo que es fundamental saber qué van a hacer y cuánto costará antes de pasar dichos recursos.“Creo que aquí había unos porcentajes que podían ser del 30, que hubieran sido un gran cambio, pero, sobre todo, a mí me parece que esto se está haciendo a las patadas. Lo que se tendría que decir es cuáles son las competencias que le va a trasladar a los municipios a los departamentos, qué es lo nuevo que van a empezar a hacer. Luego, sacar los cálculos y decir bueno, si ellos van a hacer esto, esto vale tanto y usted lo despacha y lo manda”, indicó.La senadora Valencia también destacó el hecho de que la Nación debe responder por la deuda pensional, la deuda pública y otros compromisos, lo que deja un margen limitado para la descentralización de funciones y recursos. Señaló que esta situación genera preocupación acerca de cómo se manejarán las finanzas públicas si se aprueba el proyecto en su forma actual.Enfatizó que se debe garantizar que los recursos lleguen a la ciudadanía de manera efectiva y que la descentralización no se convierta en una herramienta de fortalecimiento de clanes políticos o mafias, como ha ocurrido en el pasado, según aseveró.“Aquí están girando una plata y después toca ver qué es lo que van a poner a hacer. A mí me parece esto es muy difícil, que trasladen competencias de la Nación por los montos que han trasladado (…) Entonces yo creo que aquí las cuentas que se hicieron fueron bien alegres. Me preocupa que esto va a tener un impacto muy negativo sobre las finanzas públicas. Yo estoy de acuerdo en hacer procesos de fortalecer las regiones, pero hay que hacerlos al derecho”, recalcó.Los problemas de ejecución de recursos en alcaldías y gobernaciones son otro punto de su preocupación. Según cifras recientes, se estima que hay montos significativos que no han sido ejecutados, lo que suscita dudas sobre el sentido de girar más recursos si no se supervisa su adecuada utilización. "Primero hay que establecer competencias claras y luego decidir cómo se distribuirán los recursos".Además, la senadora advirtió que el impacto de este proyecto podría traducirse en un encarecimiento de la deuda pública. "Ya se están sintiendo las consecuencias; el Banco de Bogotá publicó un informe que muestra que los tests están perdiendo calificación", advirtió.
La Corte Constitucional, a través del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, admitió la demanda presentada por la senadora y líder de la oposición Paloma Valencia contra la reforma pensional. Son varios los puntos que serán objeto de revisión.Según la senadora Valencia, la Cámara eludió el debate al acoger el texto aprobado por el Senado de la República sin que hubiese deliberación ni explicación de los ponentes de las diferencias existentes con la ponencia de segundo debate.Además, el presidente de la Cámara decretó la suficiente ilustración sin cumplir con el tiempo requerido, y no se discutieron las 700 proposiciones radicadas.Lea también: Reforma pensional: ¿Cómo se pagarán las pensiones en el nuevo sistema?Otro punto que será revisado por la Corte Constitucional es el relacionado con el régimen pensional especial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos, a pesar de la prohibición expresa en la Constitución.Esto implica que el Gobierno definirá discrecionalmente las condiciones de jubilación (edad y semanas) del 41 % de la población colombiana, de acuerdo con la demanda de la senadora.Y se solicita la constitucionalidad condicionada del impuesto a las pensiones, solo gravando las pensiones que excedan de 1.000 UVT mensuales, no anuales. Según la senadora, esto fue lo que la Cámara había corregido, pero al adoptar el texto del Senado quedó sin resolución clara.La senadora Valencia agregó que la reforma pensional del gobierno de Petro deja una deuda impagable a los jóvenes colombianos. Por lo que la Corte Constitucional ahora tiene la tarea de analizar estos puntos y decidir si la reforma pensional es constitucional o no.
La senadora Paloma Valencia hizo análisis crítico de los primeros dos años de Gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Según la senadora, estos dos años han sido muy difíciles para el país, que enfrenta problemas estructurales en términos de pobreza, educación, desempleo, seguridad y salud."Creo que han sido dos años muy difíciles para el país, que tiene unos problemas estructurales en términos de pobreza, problemas estructurales para una economía donde más del cincuenta por ciento 50 % es informal. Y lo grado de estos dos años es que uno no ve avances en esos problemas estructurales, sino todo lo contrario”, dijo Valencia. Valencia destacó que uno de los problemas más graves es la pobreza, especialmente entre los más pobres, que tienen dificultades para acceder a una educación de calidad y se ven afectados por la falta de oportunidades laborales. Además, señaló que Colombia tiene un alto porcentaje de jóvenes que ni trabajan ni estudian, lo cual representa un desafío para el país.Otro problema mencionado por la senadora fue la informalidad laboral, que representa más del 50% de la economía colombiana. Valencia señaló que durante los dos años de Gobierno de Petro no se han logrado avances significativos en la solución de estos problemas estructurales, sino que, por el contrario, se han generado nuevos problemas. En cuanto a la economía, Valencia advirtió que la inversión en el país ha caído significativamente en los últimos años, lo que ha llevado a un crecimiento económico mediocre y a un aumento del desempleo. También destaca el aumento de los grupos ilegales y la falta de seguridad en el territorio. En cuanto al sistema de salud, la senadora señala que está en cuidados intensivos y que representa una crisis para el país. Además, menciona el problema del sistema pensional, que será un desafío para las futuras generaciones. A pesar de estas críticas, la congresista reconoció que el Gobierno de Petro generó ilusión en los colombianos y puso luz sobre ciertos problemas que parecían pasar desapercibidos. Destaca la propuesta de economía popular y la búsqueda de equidad en el país como aspectos positivos del Gobierno de Petro.Sin embargo, Valencia también señala que el Gobierno de Petro ha sido criticado por su falta de resultados y por la radicalización de algunos ministros. Advirtió que los próximos dos años serán difíciles, ya que el gobierno tratará de mostrar resultados en medio de la campaña política. Finalmente, la senadora Valencia considera que es necesario dejar a un lado la polarización política y buscar acuerdos básicos en torno a una visión de mediano plazo para el país, que permita avanzar en la solución de los problemas de los colombianos."Pienso que estos dos años van a ser muy difíciles porque el Gobierno va a tratar de ejecutar lo que no ha ejecutado en estos primeros dos y entonces van a tener toda la ansiedad de mostrar unos resultados que no han podido mostrar. Yo temo mucho que en medio de la campaña política tendamos todavía más a la radicalización, que es un poco lo que se ha visto con los cambios de ministros", sentenció.Escuche la entrevista completa:
Blu Radio conoció que ya se encuentra listo y firmado el documento con el que el partido Centro Democrático demandará la reforma pensional aprobada por la Cámara de Representantes hace más de un mes. Este será presentado por el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, se alegarán varios puntos claves.Incluso la senadora Paloma Valencia presentará su propia demanda contra esta reforma, estos serán los argumentos que se presentarán: Que la Cámara de Representantes haya eludido el debate al acoger el texto aprobado por el Senado de la República, esto sin que hubiese deliberación ni explicación de los ponentes sobre las diferencias existentes con la ponencia de segundo debate. Además, añaden que no se discutieron las 700 proposiciones que había radicadas.Que se estableciera un régimen pensional especial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos, a pesar de la prohibición expresa establecida en la Constitución. Señalan que esto implica que el Gobierno definirá las condiciones de jubilación del 41 % de la población.Se pide la constitucionalidad condicionada del impuesto a las pensiones en el entendido que solo estarán gravadas las pensiones en la parte que exceda de 1.000 uvt mensuales y no anuales. Afirman que esto lo habían corregido en Cámara, pero que al acoger el texto del Senado quedó en el aire.Por otro lado, también se conoció que desde el partido Cambio Radical también se presentará otra demanda contra esta reforma, así lo dio a conocer el senador Carlos Motoa."No corrige los problemas de acceso y cobertura; no soluciona la informalidad laboral; no tiene en cuenta la inversión de la pirámide demográfica, cada vez nacen menos colombianos. La tasa de natalidad en el año 1994 era de 25.5 %, en el 2021 pasó del 14.2 % ¿Quién va a cotizar las pensiones en el futuro? Pone en riesgo esa condición para los jóvenes de hoy", dijo Motoa.Además, la considera inconstitucional, ya que señaló que en el debate de las diferentes comisiones y plenarias, no se dio la oportunidad de sustentar las diversas proposiciones radicadas por los congresistas tanto en Senado como en Cámara."Se desconoció el principio de bicameralismo, no se tuvo en cuenta las reglas democráticas y se desconocieron las garantías que tiene la oposición. Por todo esto, el partido Cambio Radical procederá a demandar ante la Corte Constitucional, por considerarla contraria a la Carta Política", expresó.
En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Óscar Sánchez, viceministro de Educación, se refirió a uno de los puntos más conflictivos de la reforma a la educación, que hoy tiene a Fecode protestando: el sistema de evaluación de los docentes.El funcionario atributó, en parte, debido a una "frase desafortunada" introducida por la senadora Paloma Valencia, la cual ha generado malestar entre los docentes.El viceministro explicó que la intención del Gobierno es implementar un sistema de evaluación integral para los maestros, diseñado para apoyar su desarrollo profesional sin fines punitivos.“Todos los docentes y directivos docentes participarán de procesos de evaluación sin fines punitivos, para el apoyo y seguimiento continuo a su crecimiento profesional y personal”, afirmó Sánchez. Estas evaluaciones, según dijo, incluirán autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, proporcionando una herramienta transparente para la toma de decisiones.Sánchez enfatizó que el propósito de estas evaluaciones es mejorar la calidad educativa en Colombia, abarcando diversos aspectos del desempeño docente, desde capacidades pedagógicas hasta el trabajo en equipo y el liderazgo comunitario. Sin embargo, la inclusión de una evaluación que considera las calificaciones de los estudiantes ha sido percibida como reduccionista por parte de algunos sectores, incluyendo el sindicato de docentes.“La frase desafortunada que metió Paloma Valencia en el último minuto no contempla todo lo que debería incluirse en la evaluación de un profesor”, declaró Sánchez.Tres puntos críticos en la reforma educativaSánchez identificó tres puntos problemáticos que deben ser superados para aprobar la ley: la evaluación docente, el destino de los recursos públicos y el alcance de la educación preescolar.Sobre el financiamiento, el viceministro destacó que la ley busca priorizar la educación pública, garantizando una distribución equitativa de los recursos. “Los recursos públicos deberían ser prioritariamente para lo público”, indicó.Educación prescolar en reforma a la educaciónEn cuanto a la educación preescolar, Sánchez reconoció la necesidad de ampliar la cobertura y mejorar la infraestructura. “La ley destina los recursos para que haya preescolar de tres grados en los colegios públicos”, aseguró, mencionando que se han contratado a 6000 nuevas profesoras para atender a las zonas rurales y dispersas.Incremento del presupuesto y educación de calidadEl viceministro también abordó la cuestión del presupuesto educativo, explicando que la ley obliga al Estado a destinar el máximo de los recursos disponibles de manera creciente y no regresiva para garantizar el derecho a la educación. Según los cálculos del Gobierno, para el año 2037, todos los niños y adolescentes en Colombia deberían tener acceso a una educación de calidad.“Ya logramos con la reforma tributaria que se hizo en este Gobierno, pasar de 55 a 70 billones de pesos hoy, y gracias a eso subió el Sistema General de Participaciones y tenemos suficientes recursos para la educación básica hasta 2029”, detalló Sánchez, añadiendo que se espera un aumento progresivo del presupuesto para alcanzar las metas establecidas.Sánchez destacó que el proyecto de ley es fruto de un largo proceso de diálogo y consenso entre diversos sectores políticos, sociales y territoriales. Aunque actualmente enfrenta un impasse, el viceministro confía en que se logrará superar los obstáculos y aprobar la ley en la próxima votación en el Senado.“El proyecto es muy bueno como salió de la Cámara y espero que la semana entrante se apruebe. No podemos sacrificar 55 disposiciones importantes en 44 artículos por tres asuntos problemáticos”, manifestó Sánchez.Por la reforma a la educación, Fecode inició este miércoles un paro con el fin de rechazar las propuestas introducidas a último momento.El Senado aprobó el miércoles pasado en tercer debate la Ley Estatutaria de Educación, con la que el Gobierno pretende reglamentar la educación como un derecho fundamental, y ahora está a un debate de convertirse en ley.
La senadora Paloma Valencia, una vez más, dejó en firme que desde ya se prepara para ser una opción para las candidaturas presidenciales del 2026. Una de sus preocupaciones, según dijo, son las políticas educativas y la intromisión del Gobierno actual en, por ejemplo, la elección del rector de la Universidad Nacional, la cual ha generado polémica por las supuestas irregularidades en el proceso; sin embargo, hay que decir, un fallo a favor del recto José Ismael Peña lo ratificó en su cargo.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la senadora del Centro Democrático se refirió a la reforma a la educación y los reparos que, de acuerdo con ella, se tienen que hacer para mejorar en este aspecto. Recalcó que el “Estado tiene que invertir en todo lo que tenga calidad” y que el debate no debe centrarse entre pública y privada.Expresó su preocupación por la actitud del Gobierno respecto a la autonomía universitaria. Afirmó que está intentando imponer su voluntad en las universidades, lo cual va en contra del principio de autonomía.“La división en la educación es entre con calidad y sin calidad y el Estado tiene que invertir en todo lo que tenga calidad. Por supuesto, con una relación costo-beneficio; no tiene que comprar lo más caro, pero que con la plata que usted va a destinar compre lo mejor que puede. Comprar sin importar si es público o privado. Entonces, a la izquierda le duele mucho que la ley no diga que solo se puede financiar la educación pública; yo diría no, porque es que tiene que ser una ley donde quepa todo el mundo, donde si llega un Gobierno de otra afiliación política, no tenga que derogar la ley estatutaria para volver a empezar”, comentó.Cuando se le preguntó sobre las dos especies de discursos que se viven en Colombia, la senadora Valencia afirmó que al Gobierno “le gusta más hablar que hacer”. Añadió que, si bien se han aprobado varias leyes, estas no generan cambios significativos si no se implementan correctamente y si no se desarrollan políticas públicas efectivas, como en la educación. En ese sentido, comparó los avances y retrocesos con el baile mapalé.“Creo que la regla que yo me he impuesto como opositora es: trabajemos para construir sobre lo construido, construyamos piezas donde no importa quién llegue, se pueda parar y trabajar con lo que hay, porque lo que no le puede pasar a Colombia, que a veces siento que se la pasa en el mapalé, es dos pasos para adelante y dos para atrás”, subrayó.En cuanto a la reforma a la educación, Valencia destacó la importancia de la primera infancia y la educación primaria. Aseveró que es fundamental invertir en la primera infancia para cerrar la brecha de equidad en el país. Además, resaltó la inclusión de ciencia, arte, cultura y deportes en la educación básica, así como el enfoque en las habilidades fundamentales como la lectoescritura, las ciencias y las matemáticas.Por otro lado, sobre su posible candidatura presidencial, la senadora Valencia afirmó que su prioridad es trabajar por el bienestar de Colombia y mostrar resultados ahora.
En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, defendió al expresidente Álvaro Uribe frente a las acusaciones del presidente Gustavo Petro y afirmó categóricamente que Uribe no está incitando a las fuerzas armadas a desobedecer al presidente Petro, desmintiendo así las declaraciones de Petro sobre un posible golpe de estado.Esto luego de que el enfrentamiento político entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Uribe se intensificara cuando Petro acusó a Uribe de incitar a la desobediencia militar. Cabe recordar que estas acusaciones surgieron después de que Uribe, en un evento universitario, cuestionara las órdenes del Gobierno hacia las fuerzas armadas, declaraciones que fueron interpretadas por algunos, como el embajador Roy Barreras, como un llamado a la insubordinación.“En ningún caso el presidente Uribe está llamando a un alzamiento de las fuerzas armadas, está llamando a las fuerzas armadas a cumplir su deber. El expresidente Uribe viene hablando claro de la situación de orden público y dice que las fuerzas militares tienen las manos atadas”, dijo Valencia, quien argumentó que Uribe se limitó a citar la Constitución, la cual ordena a las fuerzas armadas garantizar la seguridad y el orden público.“Petro refleja su fracaso en un supuesto golpe de Estado”Valencia también sugirió que sus acusaciones de Petro podrían ser producto de una profunda frustración del presidente, que, según dijo, ha visto como su sueño de ser un gran mandatario se le escapa de las manos. Según la senadora, Petro estaría buscando una narrativa heroica similar a la de Salvador Allende para justificar su gestión y enfrentar la oposición."Yo creo que aquí estamos viviendo un fenómeno muy complejo, que es que el presidente Petro tiene una enorme frustración. Encontrarse con la mediocridad de su Gobierno, con la ineptitud de su Gobierno, tiene que ser muy difícil", dijo Valencia.Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue el debate sobre los ceses al fuego con los grupos ilegales. Valencia criticó duramente la gestión del presidente Petro en este aspecto, afirmando que los ceses al fuego no han sido bilaterales y han permitido que los grupos ilegales fortalezcan su control territorial."Los ceses al fuego no es que sean ilegales todos, pero el problema es la situación que está viviendo Colombia, donde usted tiene unas fuerzas armadas maniatadas por un lado por los ceses al fuego y por el otro lado unos grupos ilegales avanzando en el control territorial", explicó Valencia.La senadora también expresó su preocupación sobre las implicaciones de las políticas de seguridad del Gobierno Petro para la democracia en Colombia. Hizo referencia a informes que indican un aumento en el dominio territorial del ELN y las disidencias de las FARC, y cuestionó si la falta de acción del gobierno es intencional."La pregunta que nos hacemos los demócratas de este país es si esta negligencia en el manejo de la seguridad es negligencia o es un plan para imponer una constituyente", reflexionó Valencia.¿Qué dijo Uribe sobre las Fuerzas Militares?Durante un foro con estudiantes de derecho en la Universidad de la Sabana, el expresidente Álvaro Uribe abordó la situación en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.En su intervención, Uribe dirigió críticas hacia las Fuerzas Armadas, reprochando su falta de acciones ofensivas contra los grupos armados, que según él, se han fortalecido debido al cese al fuego impuesto por el Gobierno. Expresó su preocupación por la inactividad militar: “Lo peor para las Fuerzas Armadas es permanecer inactivas por órdenes del Gobierno, mientras este mismo estimula al ELN y al movimiento del ELNa a presionar por una constituyente armada. No es aceptable que, por un lado, el Gobierno fomente una lucha armada y, por otro, las Fuerzas Armadas estén restringidas de proteger a los ciudadanos”, afirmó Uribe.Escuche la entrevista completa en el siguiente enlace:
La senadora Paloma Valencia fue quien interpuso la demanda que finalmente falló la Corte Constitucional, que tumbó la ley con la que había sido creado el Ministerio de la Igualdad, liderado hoy por la vicepresidenta Francia Márquez. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la militante del Centro Democrático criticó la decisión de declarar inconstitucional al Ministerio, pero aun así mantenerlo vigente hasta el año 2026; dijo que eso no resuelve los problemas de fondo.La senadora aseguró que el Ministerio de la Igualdad contaba con un presupuesto astronómico de un billón trescientos mil millones de pesos, de los cuales una parte era destinada “a burocracia”. Además, mencionó que, para su funcionamiento, tenía más de 30 direcciones y 700 cargos, lo que lo convertía en uno de los más grandes de Colombia; sin embargo, su ejecución fiscal ha sido baja, con menos del 2 % en lo que va de su creación, según dijo.“Es una decisión, en mi opinión, muy extraña porque como uno puede decir que es inconstitucional y al mismo tiempo que puede subsistir, no un par de meses, sino dos años. Me parece que es una decisión muy extraña, sobre todo porque si hubiera analizado el desempeño del Ministerio de la Igualdad se habría concluido que eso no tenía problema, porque es que este es un ministerio que se creó, se le asignó un presupuesto de un billón trescientos mil millones de pesos, de los cuales, esto es lo que es increíble, novecientos mil eran para burocracia”, comentó Valencia.Añadió que, de ese presupuesto, se estaría dejando apenas cuatrocientos mil millones cuando lo que se pensaba era que, para superar los problemas de iniquidad que tiene el país, “se necesitaba era recursos para salir a construir las viviendas, acueductos o parques”. En general, recalcó, lo que se “necesita en las regiones apartadas de Colombia que han estado tan olvidadas”.En cuanto al trámite de la ley que creó el Ministerio de la Igualdad, la senadora Valencia aseveró que no hubo estudios de impacto fiscal ni de otros aspectos importantes, lo que demuestra la “irresponsabilidad” del Gobierno al aprobar leyes sin considerar las posibles consecuencias.Sobre la posibilidad de que se presente otra ley y que se tramite de forma correcta y sustentada la creación del Ministerio de Equidad y de Igualdad, la senadora respondió que esa sería una solución, pero primero el Gobierno tendría que presentar de nuevo y, “la pregunta inmediata es si el Congreso se los va a aprobar porque se siente que el ambiente ha ido cambiando con respecto al Gobierno”.“A mí me sorprendió, por ejemplo, que en Cámara ya no se estén votando los proyectos del Gobierno y pues el Senado también. La verdad, uno siente unos ritmos muy lentos; ahora, esto también lo hemos tenido y después terminan pasándose nuevamente todos hacia allá y votando eso de manera muy expedita cuando ya llegan los tiempos”, precisó.
En toda una controversia en redes sociales se convirtió la publicación del borrador del decreto que establece un manual tarifario por parte del Ministerio de Salud. Y todo por los valores que, de acuerdo con el Ejecutivo, se pretenden implementar para cada uno de los procedimientos médicos que se les hacen a los usuarios.Entre las perlas que llamaron la atención del texto de 297 páginas se destaca que una cita de control sería pagada en apenas $10.370, mientras que una con especialista en $42.161. Esto luego de hacer la conversión de los valores que aparecen en UVB, Unidad de Valor Básico.Por su parte, una punción lumbar se tendría que hacer por solo $18.000, mientras que una mastectomía reconstructiva, que es un procedimiento costoso y complejo, solo sería reconocida al profesional de la salud en $387.000 por parte del Estado.“El borrador del manual tarifario es absolutamente precarizante y va a generar una migración de médicos hacia afuera de Colombia puede aprender de Reino Unido, lo que pasa cuando se precariza el trabajo en salud: todos se van y cualquier sistema, por bueno que sea, colapsa”, comentó una usuaria en X, Camila Pantoja, especialista en Salud Pública, que incluso se atrevió a comparar el manual con los precios de un spa de uñas, al indicar que saldría más caro ir al salón de belleza que al médico.A su vez, la senadora Paloma Valencia entregó su opinión de este asunto y señaló medidas a su juicio ridículas, como si paciente operado necesita recuperación en cuidados intensivos menos de 24 horas pagan la mitad de la tarifa. “Como si el valor de ocupar una cama variara por el origen de la necesidad”, afirmó.Fue tal la inconformidad que generó este borrador de decreto, que la exministra de Salud, Carolina Corcho, reconoció que el documento tiene errores, una de las razones por las que fue retirado de la plataforma en la que había sido habilitado para comentarios de los colombianos.“Apreciados colegas, he leído partes del documento borrador que ha rotado como manual tarifario, tiene evidentes errores y desfases. No obstante, fue retirado ayer mismo por el Ministerio de Salud, que a mi juicio debe explicar al país por qué se publicó dicho documento y por qué se retira”, indicó la extitular de la cartera.En su pronunciamiento, Corcho hizo una invitación a los colombianos a la calma, y a evitar -según ella- la “desinformación y el pánico” que generó la divulgación del manual tarifario que estaría en mente del Gobierno.“No está vigente legalmente en este momento ni el documento borrador, ni un nuevo manual tarifario que vulnere el ejercicio profesional de la salud y la sostenibilidad de los prestadores”, destacó la exfuncionaria, que recalcó en la importancia del documento, pero que debe expedirse en su concepto “con el más amplio consenso posible y el soporte técnico y de evidencia”.Por su parte, Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, mencionó en Mañanas Blu sobre la posición de este gremio frente al nuevo manual tarifario de servicios médicos en el país y dijo que las “IPS no podrán prestar los servicios porque no pueden prestar los servicios a pérdida y los profesionales de salud no podrán prestar los servicios que deben prestar”.“Nadie puede trabajar en condiciones de pérdida o en condiciones injustas para su trabajo, de tal manera que los que van a sufrir con eso son los pacientes que van a ver desmejorada sus condiciones de atención de salud. Los que van a pagar son los pacientes”. mencionó.
