Hace más de un año el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había anunciado a través de su cuenta en X que la agencia inmobiliaria Virgilio Barco, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia, iniciaría la construcción de dos proyectos arquitectónicos, el primero, un edificio para oficinas de justicia en el centro de Bogotá, y el segundo, después de más de una década, el nuevo Palacio de Justicia para Medellín, donde estaría ubicado el Tribunal Superior de Medellín, el Tribunal Superior de Antioquia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia y el Consejo Seccional de la Judicatura.Vale la pena recalcar que situaciones financieras y la compleja adquisición del lote habrían retrasado los procesos para la construcción del palacio, que ahora se vuelve una realidad y una oportunidad para reforzar y concretar de una manera organizada y adecuada los procesos de justicia en la capital antioqueña.El diseño de este edificio se enfoca en la sostenibilidad ambiental y la eficiencia y estará ubicado en la Alpujarra, entre el edificio Edatel y la sede del IDEA, además, será llevado a cabo por la firma Arquitectura y Concreto, en coordinación con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y el área construida para este palacio será de cerca de 34 mil metros cuadrados, en un lote de 4.339 metros y con una inversión en su primera fase de más de 161 mil millones de pesos.Adicionalmente, contará con 28 pisos y se espera que genere aproximadamente 2.000 empleos directos e indirectos. La obra que fue adjudicada para iniciar en 2025 y se espera que concrete en el 2027, y contará con un bloque para la atención ciudadana, otro para audiencias, oficinas de cada despacho, tres sótanos, dos terrazas y una plaza pública de 3 mil metros cuadrados.
El Tribunal Administrativo de Santander rechazó la recusación interpuesta supuestamente por la abogada Carolina Gallo contra la magistrada Luisa Fernanda Flórez quién lleva la demanda de nulidad electoral por doble militancia contra el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.El alto tribunal al tomar esa decisión compulso copias a la Fiscalía para que investigue el presunto delito de suplantación tras la denuncia de hizo la profesional del derecho (Carolina Gallo) porque su identidad fue utilizada fraudulentamente en el documento de recusación presentado contra la magistrada Flórez.El recurso llegó a nombre de Carolina Gallo Ariza, con cédula de ciudadanía de Neiva, pero la abogada le aseguró a Blu Radio que su cedula es de Bogotá.La recusación que fue negada por el Tribunal Administrativo de Santander dice lo siguiente: “Debe tenerse en cuenta que la magistrada asistió al evento de Derecho Procesal realizado en noviembre de 2024 por la Alcaldía, y allí interactuó con el alcalde del caso que lleva y con su directora jurídica, lo cual hace que no haya imparcialidad, ni transparencia”.La abogada Carolina Gallo tras conocer todas estas actuaciones donde comprometen su nombre manifestó que colocó una denuncia por fraude procesal contra el Tribunal Administrativo de Santander.“La suscrita considera que el hecho materializado el 6 de diciembre de ante el Tribunal Administrativo de Santander, en contra de la señora magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes, dentro del proceso de nulidad electoral con número de radicado 68001-23- 33-000-2023-00820-00, se adecúa a las conductas típicas de falsedad en documento privado y, en caso de presentarse un eventual pronunciamiento del despacho sustanciador, fraude procesal conforme al Código Penal. Bajo la gravedad de juramento manifiesta que, por estos mismos hechos no ha instaurado denuncia penal alguna con anterioridad”, dice la denuncia radicada por la abogada Carolina Gallo en la Fiscalía. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, sobre el proceso de nulidad electoral en su contra señaló que "será alcalde hasta que Dios lo permita".
El presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de Twitter el hallazgo de los restos de Guillermo Elvencio Ruiz, comandante del M-19, quien participó en la toma del Palacio de Justicia en 1985. “Han sido encontrados los restos del comandante Guillermo Elvencio Ruiz, muerto en combate en el Palacio de Justicia. Para quienes tienen aún la historia oficial mentirosa en la mente sobre la toma del Palacio, esos restos son una prueba total en contra”, afirmó el mandatario.El hallazgo se produjo en una fosa común del Cementerio del Sur en Bogotá, según el presidente. La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con Medicina Legal, confirmó la identidad mediante análisis de ADN. Este descubrimiento reabre debates sobre los hechos de la toma y retoma del Palacio, además de las implicaciones históricas y políticas que rodearon el evento.Contexto histórico: el M-19, Pablo Escobar y el Palacio de JusticiaEn su mensaje, el presidente Petro hizo un relato sobre las circunstancias que llevaron a la desaparición de Guillermo Elvencio Ruiz. Según el mandatario, Ruiz fue secuestrado por la mafia de Pablo Escobar tras el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los líderes del cartel de Medellín. Este hecho detonó la creación de “Muerte a Secuestradores”, considerado un antecedente del paramilitarismo.Petro también detalló que Escobar sometió a Ruiz a torturas antes de dejarlo amarrado e inconsciente cerca de Chía, donde posteriormente fue capturado por el Ejército. Polémica y reaccionesEl anuncio de Petro generó diversas reacciones. En el programa Mañanas Blu, periodistas destacaron que este hallazgo refuerza las acusaciones de crímenes cometidos durante la retoma del Palacio por parte de las fuerzas del Estado. Al mismo tiempo, cuestionaron la narrativa del presidente, quien sigue reivindicando la historia del M-19 sin reconocer los crímenes cometidos por el grupo insurgente.Uno de los puntos más debatidos es si Guillermo Elvencio Ruiz salió vivo del Palacio de Justicia, ya que las versiones oficiales indicaban que había muerto calcinado junto con otros miembros del M-19. El hallazgo de su cuerpo en un lugar diferente genera interrogantes sobre posibles encubrimientos y las verdaderas circunstancias de su muerte.
Se llevaron a cabo en el Palacio de Justicia los actos de conmemoración tras cumplirse 39 años de holocausto a la sede judicial más importante del país, donde murieron magistrados y servidores judiciales luego de la toma guerrillera del M19.Allí, como cada año desde aquel noviembre de 1985, los presidentes de las altas cortes dieron un discurso para rememorar los hechos. Fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, quien pidió que la verdad sobre lo sucedido no pueda ser romantizada y mucho menos contaminada de falacias.“Esa verdad no puede estar romantizada, ni puede estar contaminada con eufemismos y falacias que se derivan de los pretextos para acomodar una realidad que aunque desgarradora, debe ser contada con la verdad, no puede haber reconciliación si hay ocultamiento, no se trata de que escuchemos las versiones que nos agraden o sencillamente que no nos incomoden”, aseguró Chaverra.Además, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, también fue crítico en su discurso saliendo en defensa de la independencia judicial.“Aquí está la justicia de pie, con valentía diciendo a todos y a todas que no nos acallaran como no pudieron hacerlo en 1985 (…) Ciertamente sin jueces independientes, imparciales y libres de presiones suficientemente protegidos en sus vidas e integridad, la paz solo podrá ser vista como una aspiración que no llega, que se demora que no aparece y se convierte en espejismo”, dijo Reyes.A la ceremonia llevada a cabo en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandia asistieron también el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y el ministro de Cultura Juan David Correa.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena del general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, sentenciado por el delito de desaparición forzada agravada en el marco de los hechos del Palacio de Justicia. El alto tribunal inadmitió la revisión solicitada por el exoficial, cerrando definitivamente su intento de revertir la sentencia.A pesar de que el 23 de septiembre de 2019 la Corte Suprema había ratificado la condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, Arias Cabrales buscó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, en marzo de 2023, la JEP decidió excluirlo de sus procesos y trasladó el caso a la Corte Suprema el 7 de febrero de este año para resolver la solicitud de revisión.La Sala Penal de la Corte Suprema evaluó los argumentos presentados y determinó que no se cumplían los requisitos necesarios para admitir la revisión. En su decisión, la Corte explicó que existen diferencias clave en los requisitos de admisibilidad entre la justicia ordinaria y la JEP. Uno de los aspectos señalados es que en la jurisdicción ordinaria se exige un poder especial otorgado por un abogado para presentar la demanda de revisión, mientras que en la JEP basta con que el abogado haya sido reconocido previamente en el proceso. Asimismo, se destacaron las condiciones específicas que deben cumplirse para que una solicitud de revisión sea considerada en la JEP.La Corte Suprema concluyó que los argumentos presentados no eran suficientes para modificar la pena del general en retiro, dejando en firme la condena por su responsabilidad en las desapariciones forzadas ocurridas durante la toma y posterior retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
En la reunión donde estuvieron presentes los magistrados de la Corte Constitucional y el director de la Policía, general William René Salamanca, tuvo como propósito hablar de la seguridad de la sede judicial más importante del país luego de que se conociera un presunto plan para atentar en contra del Palacio de Justicia.En la tarde de este miércoles, 11 de septiembre, se conoció que el director de la Policía y los nueve magistrados que componen la Sala Plena de la Corte Constitucional, en una visita protocolaria, hablaron de la seguridad en el Palacio de Justicia y la protección de los togados y servidores judiciales.En días pasados, en ese mismo lugar, hubo una reunión en donde asistieron varios funcionarios de alto nivel como la fiscal general Luz Adriana Camargo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y el director de la Policía, William Salamanca.Luego de conocerse la operación en la que se incautó material para atentar contra el Palacio de Justicia de Bogotá, la Policía Nacional comenzó a reforzar la seguridad en el centro de la capital ante la alerta contra otros edificios que también se encuentran allí y de gran importancia a nivel nacional como la Corte Suprema de Justicia, el Palacio de Liévano, entre otros.Además, se pudo establecer que se adelantan los procesos para reforzar la seguridad de los alrededores del Palacio de Justicia con perros antiexplosivos, drones y agentes encubiertos.
En las últimas semanas, la información sobre presuntos atentados contra el presidente Gustavo Petro y el Palacio de Justicia ha captado la atención nacional. La fuente detrás de estas alarmantes denuncias, Jhon Alexander Beltrán, se encuentra ahora bajo la lupa de las autoridades por entregar información falsa a las agencias de inteligencia y la Fiscalía, según una investigación de Noticias Caracol.A mediados de julio, se encendió una alarma en Colombia con dos graves anuncios: un plan para atentar contra el presidente Gustavo Petro durante el desfile del 20 de julio y otro para atacar el Palacio de Justicia, descubierto el 14 de agosto. Ambos eventos tenían un origen común: Jhon Alexander Beltrán, quien había entregado información sobre los atentados a diferentes agencias de seguridad y la Fiscalía.Recientemente, Beltrán confesó a los investigadores que la información que había proporcionado era falsa. Según el informe obtenido por Noticias Caracol, Beltrán admitió que un abogado, Javier Mejía, y un investigador privado, Luis Arturo Usaquén Calderón, le ofrecieron dinero y asilo en Estados Unidos para plantar información falsa en las entidades del Estado.Beltrán declaró que Mejía y Usaquén le ofrecieron 500 millones de pesos y asilo en EE.UU. a cambio de presentar denuncias falsas sobre atentados. La denuncia inicial, presentada el 8 de julio, relataba que un colombiano buscado por abuso sexual pretendía huir del país, pero también mencionaba un supuesto complot contra Petro y embajadas internacionales.Detalles de la información entregadaLa denuncia radicada ante la Fiscalía describía un plan para atentar contra el presidente Petro y las embajadas de EE.UU. y Francia. Mejía y Usaquén habían identificado a Beltrán como la fuente de esta información. Sin embargo, Beltrán posteriormente acusó a Mejía y Usaquén de ser responsables de la información falsa.La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) recibió en abril una alerta sobre un posible atentado, incluyendo fotos de un fusil que se decía sería utilizado por un francotirador. Sin embargo, los peritos descartaron la veracidad del arma, catalogándola como inapropiada para un atentado de tal magnitud.En mayo, la Policía incautó un fusil similar al de las fotografías, pero los expertos lo identificaron como un arma deportiva. En julio, la Fiscalía recibió una denuncia de Mejía y Usaquén con más detalles sobre el complot, pero esta fue calificada como poco veraz por la DNI y la Policía.El 13 de agosto, Beltrán entregó información a la Sijín sobre la ubicación de armas para el atentado. La Policía encontró una bodega con material relacionado, pero también descubrió que el custodio de las armas, alias ‘Alarcón’, había sido asesinado días antes. Este hallazgo generó preocupaciones en la Corte Suprema, pero el director de la Policía cuestionó la validez de la información.Beltrán, tras confesar la falsedad de su información, alegó haber sido manipulado para entregar datos erróneos. Además, el abogado Alexei Schacht, de Nueva York, también entró en la polémica, afirmando que no se pagó dinero a Beltrán por la información.La Embajada de Estados Unidos en Bogotá se abstuvo de comentar sobre la situación, mientras que Beltrán se ha negado a realizar pruebas de polígrafo y a asistir a citaciones de la Fiscalía. En los próximos días, será conducido a interrogatorio en calidad de indiciado.
La sección de ausencia de reconocimiento de la JEP ordenó la protección de los cuerpos de personas no identificadas (CNI) y de personas identificadas no reclamadas (CINR) que reposan en los cementerios Parque Serafín y el del Sur de Bogotá, allí se presume que puede haber víctimas de desaparición de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en 1985. "Adoptar las medidas cautelares de protección, cuidado y preservación de los cementerios Parque Serafín y Sur de Bogotá D.C., tendientes a garantizar los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia, la reparación y el derecho fundamental a la búsqueda. Enfatizan en la necesidad de salvaguardar de manera urgente la información relacionada con las áreas de interés forense asociada a CNI y CINR, tales como los libros de registro y las actas de exhumación expedidas para dichos cuerpos", se lee en el auto de la JEP. En el mismo sentido señalan los magistrados que los cuerpos de algunas personas asociadas al caso del Palacio de Justica habrían sido inhumados y en los cementerios Parque Serafín y en el del Sur, de Bogotá, sin que hayan sido recuperados, identificados, ni entregados a sus familias en su totalidad. Por su parte, las víctimas denunciaron casos de posible profanación de tumbas en estos lugares y por eso solicitaron la protección. "Para esta sección, la situación descrita de los cuerpos no identificados y cuerpos de personas identificadas no reclamadas inhumados en los cementerios Parque Serafín y el del Sur de Bogotá D.C., es grave y requiere una respuesta urgente. Las problemáticas relacionadas con la inhumación mezclada, la conservación y custodia de dichos cuerpos, podrían, por sí mismas, obstaculizar las labores de recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos de personas dadas por desaparecidas y el recaudo de evidencias probatorias. Adicionalmente, las respuestas recibidas dejan dudas sobre la rigurosidad de los archivos", señala la sección de ausencia de reconocimiento. Las medidas buscan prohibir toda exhumación y reubicación de los cuerpos sin previa autorización de la JEP, también se prohíbe la manipulación de estructuras óseas, para el cumplimiento de las medidas se vinculó a la alcaldía de Bogotá, a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), y al Consorcio Jardines de Luz y Paz S.A.S., en calidad de directos responsables. "Primero: avocar el conocimiento de la petición de medidas cautelares solicitadas por integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Movice Capítulo Bogotá, para la protección de cuerpos de personas no identificadas (CNI) y de personas identificadas no reclamadas (CINR) que reposan en los cementerios Parque Serafín y el del Sur de Bogotá D.C. Segundo: decretar medidas cautelares por el término de un año a partir de la notificación de la presente providencia, dirigidas a la protección de cuerpos de personas no identificadas (CNI) y de personas identificadas no reclamadas (CINR) o de sus estructuras óseas que pudieren reposar en dichos cementerios" ,señala la decisión de la JEP.
Cerca de dos horas duró la reunión en el Palacio de Justicia en donde los magistrados de las altas cortes en compañía de la fiscal general, luz Adriana Camargo, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando galán, y en general de la policía William Salamanca sostuvieron un diálogo sobre el reforzamiento de la seguridad en esa sede judicial, tras la amenaza de un posible ataque con explosivos.En un comunicado conjunto firmado por los presidentes de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Comisión de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, esta última en cabeza de Diana Remolina, quien se pronunció tras la reunión de los presidentes de las altas cortes sobre la seguridad del Palacio de Justicia. Remolina aseguró que la justicia "no puede ser avasallada por mensajes, declaraciones o comunicados que representen intereses particulares, o de grupos que busquen presionar decisiones en ningún sentido, o que desconozcan la obligatoriedad de los fallos judiciales”.Además, desde la rama judicial se hizo un llamado para que las autoridades garanticen la seguridad, no solo la del Palacio de Justicia de Bogotá, sino la de los demás servidores y servidoras que laboran en esta y en todas las sedes judiciales del país.Las cortes han reforzado la seguridad alrededor del Palacio de Justicia, pues según el magistrado Gerson Chaverra en una reunión previa, ya hay 45 agentes de Policía que están asignados para la seguridad del palacio. Además de que implementarán tecnología para garantizar la seguridad de los magistrados y funcionarios.
Pese a que la seguridad del Palacio de Justicia fue reforzada tras conocerse de manera pública sobre un supuesto plan criminal para atentar contra sus instalaciones, algunos congresistas del Caribe han ‘salido al paso’ para pedir medidas “urgentes” a través de un Consejo de Seguridad Extraordinario que permita garantizar la seguridad de los magistrados de las altas cortes.Y es que, como se recordará, dos allanamientos fueron adelantados entre la calle 80 sur, en el sector conocido como ‘El Mochuelo’ y en el ‘Cortijo’, en los que fueron hallados 68 cartuchos, chalecos, planos, armas de alto calibre y una maqueta de la sede del Palacio de Justicia en Bogotá.El senador por el partido Cambio Radical, Antonio Zabaraín, precisó a través de su cuenta de X: “Ante esta situación el Gobierno Nacional debe convocar un Consejo Extraordinario de Seguridad y tomar las medidas pertinentes para garantizar la vida de los miembros de las altas cortes”.Por su parte, el senador por el partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, indicó que “¡Esto es ALARMANTE! ¿Qué están planeando? No podemos permitir que volvamos a revivir capítulos oscuros de nuestra historia. Le pedimos a las autoridades competentes respuestas inmediatas para así garantizar la protección de nuestras instituciones”.Según las autoridades, también fueron hallados elementos como pólvora negra, arnés de uso exclusivo del Ejército, dos proveedores 5.56, aluminio y nitrato de potasio.La información indica, hasta el momento, que al parecer un grupo delincuencial pretendía atentar en la zona del Palacio de Justicia donde funcionan las altas cortes, especialmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
