A propósito del acuerdo al que llegaron el Grupo Aval y Corficolombiana con la justicia estadounidense sobre un pago de más de 60 millones de dólares tras reconocer y aceptar su responsabilidad por las acciones del exdirectivo José Elías Melo en el pago de millonarios sobornos para la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II, en Sala De Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, habló Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de la SIC y quien también tuvo a su cargo algunas investigaciones relacionadas con el grupo brasileño Odebrecht.“Se esperaba que la justicia colombiana, sobre todo a nivel de la Fiscalía General de la Nación hubiera actuado con más prontitud y hubiese podido hacer una investigación más importante que sobrepasara los linderos de Jorge Elías Melo y de algunas personas involucradas en los hechos de Ocaña-Gamarra, que hubiese enfilado baterías desde hace seis años desde que inició este escándalo y que hubiera procesado, creo yo, a los verdaderos responsables que son los altos funcionarios de Odebrecht, algunos de los cuales hasta ahora los está vinculando la Fiscalía y también las cabezas visibles de la organización Luis Carlos Sarmiento del grupo Aval. Creo que históricamente la Fiscalía está en deuda con los colombianos”, señaló.Robledo habló sobre las alertas que se emitieron en su momento sobre la investigación del caso Odebrecht y si se ignoraron dichas informaciones. Además, habló de los temas de corrupción en la Ruta del Sol II y la terminación de los contratos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero resaltó que no se ha llegado al fondo del asunto.“Parece ser que, en el caso particular de Carlos Sarmiento Ángulo y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y de otros altos directivos del Grupo Aval hubiese como, además, de la condición de intocables por poderosos, algún nivel como de inmunidad judicial frente a ellos porque nadie quiere mirar el tema en detalle y lo desvían a Odebrecht, que, si bien está hasta el tuétano comprometido, pero también el Grupo Sarmiento. A nadie le pueden decir que los señores Sarmiento nunca vieron nada y que esto fue por iniciativa del presidente de una de sus compañías”, indicó.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEl exsuperintendente se refirió a la administración de los Sarmiento y al por qué el acuerdo se hizo en Estados Unidos y si con esta decisión se cierra el caso Odebrecht en Colombia.“No se puede cerrar el capítulo en Colombia, porque una cosa es confesar ante las autoridades de Estados Unidos, llegar a un acuerdo sobre las infracciones que implica violación de las normas de EE. UU. y otra cosa es la responsabilidad de esas mismas acciones en Colombia. Aquí estamos en mora de hacer un inventario de lo que no se ha investigado cómo la responsabilidad de altos funcionarios de Grupo Aval en los sobornos”, enfatizó.Finalmente, Robledo indicó que las autoridades deben enfilar las investigaciones que hacen falta y las responsabilidades a las que deben responder y si sirve de algo que los cerebros de este caso les imputen cargos.“Creo que nunca es tarde, hubiera preferido que fuera más temprano. Ahora lo que preocupas es que ya son 10 años y y existe la prescripción u es como muchas veces terminan los procesos penales. Lo que sí no puede ser es que la Fiscalía General de la Nación haga algo a medias y sea selectiva y entonces es implacable con Odebrecht, como debe ser, pero absolutamente ciega frente a lo del Grupo Aval y sus empresas y directivos; también implacable con los de la ANI, pero ciega con los altos directivos del Grupo Aval, cuando ya declaró toda la responsabilidad de actos ilegales”, puntualizó.Le puede interesar:
Sigue la correría política por la segunda vuelta presidencial y Rodolfo Hernández continúa recibiendo varios apoyos. Los dos más recientes son el de Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, y el de Rodolfo Palomino, general en retiro y exdirector de la Policía.“Hoy en reunión con el ingeniero Rodolfo Hernández le manifesté mi adhesión y apoyo a su candidatura presidencial. Nos une la certidumbre de que la corrupción es el problema más grave que aqueja a Colombia”, escribió Pablo Felipe Robledo en su cuenta de Twitter.Por su parte, el exdirector de la Policía también manifestó su apoyo.“Le estamos diciendo que estamos jugados por Rodolfo Hernández, que hoy incorpora no solamente un sello de transparencia, pulcritud, sino también un signo de esperanza”, dijo Rodolfo Palomino.
Mediante un comunicado, el grupo Aval Acciones y Valores S.A., Corficolombiana S.A. y Episol S.A.S. se pronunciaron frente a las declaraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por pliego de cargos formulados por la entidad respecto al proyecto Ruta del Sol Sector 2.Al respecto, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, manifestó que, cuando Odebrecht confesó sus prácticas en varios países del mundo, dijo que la superintendencia basó la acusación con base al acuerdo de culpabilidad de la multinacional en Estados Unidos.Lea acá también: No hay pruebas de participación de Aval en sobornos Odebrecht: empresa se defiende“La superintendencia, después de esos 20 meses de investigación, le formula pliego de cargos. Investigando el soborno incluso se da cuenta de otras presuntas prácticas anticompetitivas y finalmente el viernes anterior dimos a conocer la medida”, expresó en Mañanas BLU.En las investigaciones, según Robledo, se pudo establecer que el pago de soborno por la Ruta del Sol 2 salió del consorcio de Odebrecht y Corficolombiana: “Todas las empresas que hacen parte del Grupo Aval están involucradas, salvo la que se llama Grupo Aval, en la que es presidente Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Es decir, la Superintendencia por el tema de soborno a Gabriel García Morales, en ese momento viceministro, le imputa responsabilidades derivadas del soborno a la concesionaria, a Episol y fundamentalmente a Corficolombiana, en donde era presidente José Elías Melo”.Añadió que hay evidencia de que Luis Antonio Bueno Junior se reunió con el viceministro García Morales en un apartamento del norte de Bogotá, donde frecuentemente se reunían con los emisarios de Odebrecht, y ahí se acordó el pago de 6.5 millones de dólares.“Dicen los brasileros que, inmediatamente aprobado el pago, se reunió Luis Antonio Bueno Junior con José Elías Melo, presidente de Corficolombiana. Ahí se habrían acordado dos cosas: la primera, que el soborno sería sufragado por Odebrecht y por Corficolombiana. (…), la segunda, no contarle nada a Carlos Solarte porque su participación, no lo digo yo, lo dicen ellos, del 5% es absolutamente irrelevante. Para ponerlo gráficamente, valía más que Carlos Solarte no supiera del soborno que lo que tendría que poner en la bolsa para pagarlo”, explicó.Escuche aquí la entrevista completa
En un informe entregado a la Superintendencia de Industria y Comercio por el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez Medina, se recomienda a la entidad que sancione a varias empresas que estarían implicadas en un presunto ‘cartel del cemento’. De acuerdo al informe, de cerca de 400 páginas, desde el año 2013 se habrían alterado los precios del concreto hasta en un 30 % más del valor real por parte de las compañías Cementos Argos, Cemex Colombia y Holcim Colombia S.A. El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, analizará este informe y tomará la última decisión de si sanciona o no, con multas que pueden llegar hasta los 70 mil millones de pesos, a estas tres empresas y a los representantes legales de las mismas. En diálogo con Mañanas BLU, Robledo aseguró que, de acuerdo a dicho informe, las compañías habrían incurrido en dos competencias anticompetitivas: fijación de precios y reparto geográfico del mercado del cemento en el país. Le puede interesar: Estas son las empresas investigadas por el presunto ‘cartel del cemento’. Agregó que estas cementeras ya conocen el informe motivado y tendrán un plazo de 20 días para manifestarse y, posteriormente, se convocará a un consejo asesor de competencia para tomar una decisión final. “No conozco muy bien el informe, por eso de hoy a los próximos dos meses nos encargaremos de entender muy bien esta investigación, mirar las pruebas y decidir lo que haya que decidir”, precisó. “Esta es una investigación que empezó en 2013 y ya se han escuchado a las partes, esto no es de ahora”, agregó Robledo. Dijo, además, que la sanción que puede darse a las empresas en mención es de 100 mil salarios mínimos por cada competencia anticompetitiva. Teniendo en cuenta que son dos sanciones, la multa para cada empresa, explicó, sería máximo de 150 mil millones de pesos. Finalmente, precisó que el cartel de precios en el sector privado en Colombia no es delito, aunque se está estudiando su penalización. Por su parte, el representante a la Cámara, David Barguil, sostuvo que en el año 2013 se hizo el debate público y la denuncia ante la superintendencia frente al ‘Cartel del cemento’ porque se trata de “una situación que ha vivido el país en los últimos 20 años”. “La primera investigación se dio en el año 1997 y no terminó en nada porque hay una figura perversa en la ley de competencia que se llama el acuerdo de garantías, que permite que cuando se abre investigación a algún sector por estas prácticas anticompetitivas, los implicados tienen la posibilidad de ir a la superintendencia y asegurar que no va a seguir incurriendo en ello, firmar el acuerdo y se cierra la investigación”, explicó. Asimismo, puntualizó que lo peor es que esto no es propio de las cementeras, sino de varios sectores económicos del país, por lo que le hizo un llamado a Robledo para que no cesen sus esfuerzos en acabar con la fijación de precios y la cartelización del mercado.
Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, envió una carta al ministro Cárdenas y al ministro Arce para solicitar la eliminación del artículo 347 de la Reforma Tributaria, el cual contempla la obligatoriedad de que sea establecido un precio mínimo al ACPM y la gasolina tres meses después de que entre a regir dicha reforma. Para el funcionario, esta medida es anticonstitucional y perjudica la libre competitividad, porque limita la rivalidad natural que "debe existir entre competidores independientes y por supuesto la limitación o privación de todas las bondades que ello implica".
Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, señaló que la entidad está preparando un proyecto de ley que presentará en marzo al Senado de la República, para modificar el régimen de libre competencia económica en Colombia, con el propósito de que las sanciones que impongan sean calculadas sobre los ingresos y las ventas anuales de la compañías que incurran en cartelización. El funcionario explicó que con esto buscarán aumentar la capacidad sancionatoria para infracciones, pues actualmente la normatividad permite multas que no sobrepasen los $70 mil millones de pesos, lo que según él puede ser una suma muy baja para lo que "merecerían" algunas empresas que incurren en irregularidades. "La experiencia en Colombia nos ha mostrado que ese tope máximo es adeucado para sancionar buena partre de los casos que hemos investigado, pero, en toros casos, las sanciones no han podido ser más grandes como algunos de los sancionados lo merecerían", comentó Robledo. Detalló que por ejemplo en Europa un cartel empresarial se sanciona con el 30% del valor de las ventas anuales, por cada año de cartelización. "Eso hacen que en gran parte del mundo estén tranquilos los Gobierno", indicó el superintendente. Las declaraciones las dio en el marco de su participación en el Congreso Nacional de Libre Competencia, el cual es realizado por segundo año consecutivo en Barranquilla.
Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, explicó en BLU Radio cómo pueden los usuarios reclamar el dinero que debe devolver Movistar tras la sanción interpuesta por el organismo. (Vea acá también: Histórica sanción a Movistar por cobrar a usuarios que se pasaron a prepago). “En los próximos 20 días, Movistar debe confeccionar la lista con las 208 mil personas a las que hemos hecho referencia. (…) Esa lista debe ir firmada por el representante legal y el auditor de Movistar”, dijo. (Lea acá también: Así obligaba Movistar a los clientes a pagar por cambiarse de pospago a prepago). Agregó que esa lista será publicada por en la página web de la empresa y en la de la SuperIndustria y en un diario de amplia circulación. Además manifestó que la persona debe verificar que su nombre aparece en la lista y acercarse a un centro de atención de Movistar para reclamar el dinero. “Pide sus 30.000 pesos que los tienen que dar en efectivo o abonárselo a una cuenta”, expresó. El funcionario enfatizó en que esos 30 mil pesos no pueden pagarse ni con besitos ni con palmadidas en la espalda.
La comisión segunda de la Cámara de Representantes archivó el polémico proyecto de ley que buscaba regular el sector de vigilancia y seguridad privada en el país. El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, había advertido sobre “micos” en el articulado que buscaban favorecer a empresas investigadas por presunta cartelización y al conocido ‘zar de la vigilancia’, Jorge Arturo Moreno. “En el texto aprobado en Senado había un artículo, el 85, que tenía una disposición que ponía en alto riesgo las investigaciones que hoy tiene la Superintendencia de Industria y Comercio por la presunta cartelización, y que también las tiene la Fiscalía. Una investigación contra 8 empresas y contra el conocido ‘zar de la seguridad privada’ Jorge Arturo Moreno Ojeda. No sé si ese señor tenía interés o había hecho algo para introducir este artículo, pero lo que puedo decir es que lo favorecía”, explicó. Robledo aseguró que sí se necesita regular el sector de vigilancia con miras a proteger la inversión extranjera y la libre competencia, pero señaló que este proyecto no le servía al país pues buscaba restringirla y quitarle facultades al superintendente de Vigilancia. “El Gobierno Nacional celebra con total contundencia que la Comisión Segunda haya adoptado una decisión sensata que fue la de aprobar el archivo del proyecto de ley”, dijo. Escuche en este audio más información sobre: -El gobierno denunció que Eln estaría utilizando menores de edad en el bloqueo de vías en medio del paro agrario que ya completa más de ocho días. -El Parlamento Europeo (PE) pedirá la liberación de "todos los presos políticos" en Venezuela, en una resolución que votará mañana miércoles y que ya ha sido pactada por los cuatro partidos más importantes. La selección Colombia de fútbol se prepara para jugar su segundo partido de la Copa América Centenario esta noche frente al seleccionado de Paraguay. La gran duda es la aparición de James Rodríguez en el equipo titular. El jugador del Real Madrid entrenó ayer sin problemas con el resto del grupo, pero José Pékerman fue cauto y no lo confirmó en el once inicial.
Según el informe de a través de reuniones periódicas en varias ciudades y a través de correos electrónicos se realizaron los acuerdos de precios por parte de las empresas involucradas. (Lea también: Por cartel de pañales sancionarían a Kimberly, Productos Familia y Tecnoquímicas). A propósito, en entrevista con BLU Al Derecho, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, confirmó que en las próximas semanas tomará una decisión en torno a los presuntos carteles del papel higiénico, los cuadernos y los pañales. “La Superintendencia ha venido adelantando un trabajo muy importante en investigaciones de cartelización en cuadernos, papel higiénico y pañales, en donde en un mes o mes y medio vamos a tener una decisión definitiva”, enfatizó. *Escuche en el audio adjunto la declaración del superintendente Luis Felipe Robledo y el resto del programa completo de BLU Al Derecho.
Robledo lleva tres años y medio en ese cargo, desde octubre del 2012, y ha tenido una destacada labor. “El Gobierno se la ha jugado totalmente, una de las entidades que más ha fortalecido es la Superintendencia de Industria y Comercio, hoy tenemos tres veces más presupuesto, tres veces más gente, cincuenta veces más capacidad sancionatoria. Hoy tenemos como darle buenos resultados del país”, dijo. El superintendente confesó que su labor lo ha llevado a tener varios enemigos pero también le ha dejado muchos amigos. “Se dice que el superinentendente es el coco de los empresarios, que los persigue, pero el año pasado el diario económico La Republica publicó una encuesta hecha a 530 empresarios, que supuestamente podrían tener una animadversión por el trabajo de la Superintendencia, y califican al superintendente como el mejor funcionario del Gobierno”, expresó. “No lo digo con el ánimo de echarme flores sino de demostrar cómo esos hechos lo que revelan es que la clase empresarial colombiana entiende que esta lucha también es a favor de ellos y que es la correcta”, enfatizó. Escuche la entrevista completa aquí.
