En primera instancia, la Procuraduría General de la Nación absolvió de responsabilidad disciplinaria al general de la Policía Óscar Atehortúa Duque, al comprobar que no hubo irregularidades relacionadas con el proyecto de viviendas fiscales CENOP, en hechos ocurridos en el municipio de San Luis, Tolima; y tampoco faltas en el trámite que dio a las acciones disciplinarias.El Ministerio Público aseguró, al igual que la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, que el exdirector de la Policía Nacional, cuando fue gerente del Fondo Rotatorio y responsable de adelantar la revisión de una obra de las unidades de vivienda y velar por la ejecución del contrato, recibió la obra y verificó su calidad, por lo que “el hecho materia del primer cargo no existió”.Óscar Atehortua, por su rol de director de la Policía Nacional, responsable de todo el personal de la institución, según la Procuraduría, tenía que estar informado en los términos legales de todos los proyectos que involucraran a otros uniformados; por esta razón, no se configuró ninguna extralimitación de sus funciones.La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento indicó que “Atehortúa Duque no utilizó su cargo y su grado para ejercer influencias ante el oficial, con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio con respecto a una posible actuación disciplinaria”.Puede ver: Reforma a la salud: ministra Carolina Corcho revela propuesta en Blu Radio, ¿se acaban las EPS?
La Procuraduría reveló que el próximo martes 18 de enero se dará a conocer el fallo del caso que involucra al exdirector de la Policía mayor general Óscar Atehortúa, por las supuestas irregularidades en la construcción y entrega de casas fiscales de la Policía en Tolima y en las cuales, según la queja, el uniformado habría intervenido de manera ilegal.De esta manera, se destraba el proceso que había quedado congelado desde el 28 de abril de 2021, cuando iba a ser leído el fallo, pero por las protestas que se presentaron en el país, fue aplazado.Atehortua fue llamado a juicio disciplinario por hechos ocurridos mientras ocupó la Dirección del Fondo Rotatorio de la Policía porque, al parecer, suscribió dos contratos para la realización de residencias en el complejo de San Luis (Tolima).La Procuraduría afirma que entre el 26 de septiembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, el general faltó a su deber de revisar las obras ejecutadas en la ejecución del contrato para construir más de 100 casas fiscales.Igualmente, en su momento la Procuraduría cuestionó que entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, Atehortúa como inspector de la Policía Nacional no se declaró impedido para conocer el expediente relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción de las viviendas fiscales, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación.Otro de los cargos que se tiene en su contra es por presunto tráfico de influencias al intervenir en el expediente que se adelantaba por ese caso.La Procuraduría también lo procesa porque, supuestamente, presionó al exinspector general de la Policía, el general William René Salamanca, para que no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto.Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy
Desde el 9 de abril, fue publicada en el portal de aspirantes de la página oficial de la Presidencia de la República, la hoja de vida del general Óscar Atehortúa, quien es, a su vez, el exdirector de la Policía Nacional.El cargo al que se postula es al de “embajador de Colombia ante el gobierno de la mancomunidad de Australia”, lo que deja abierta la posibilidad de que Atehortúa se convierta en el próximo en cabeza de representar al país frente al gobierno australiano.Cabe recordar que el pasado 22 de diciembre del 2020, el general Óscar Atehortúa se retiró de su puesto como director de la Policía Nacional, siendo reemplazado por el general Jorge Luis Vargas.Esto, en medio de una investigación que corría en su contra por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la construcción de casas fiscales para los oficiales de la Policía en Tolima.
En medio del juicio disciplinario que se adelanta en la Procuraduría contra el general en retiro Óscar Atehortúa, exdirector de la Policía, por presuntas irregularidades en la entrega de casas fiscales en el Tolima cuando se desempeñaba como director del Fondo Rotatorio de esa institución, el coronel Albeiro Ruiz declaró que el general William Salamanca amenazó a Atehortúa.Los señalamientos fueron hechos bajo la gravedad del juramento y explicó que el proceso contra el general Atehortúa es una retaliación del general Salamanca. Además, aseguró que tuvo conocimiento de un encuentro entre los dos altos oficiales en el que Salamanca amenazó al exdirector de la Policía.“Mi general Salamanca nuevamente se dirigió y le dijo: yo a usted jamás le voy a perdonar que haya acabado con mi excelente carrera institucional y, palabras textuales: yo a usted me lo voy a tirar y no descansaré hasta sacarlo por la puerta de atrás de la institución, y voy a acudir a la cercanía que tengo con el sector político y medios de comunicación”, indicó el coronel Ruiz, testigo del hecho.Durante la audiencia, explicó el oficial que el general Atehortúa había ordenado citar a Salamanca en cuatro ocasiones, pero no acudió cuando lo citó y sorpresivamente llegó al despacho para recriminarle que tenía información de inteligencia y un audio que supuestamente demostraba que lo quería sacar de la Policía, a lo que el director contestó que eso no era verdad.Igualmente, el testigo se preguntó por qué el general Salamanca, si obró como gerente delegado por la dirección de la Policía para el proyecto de construcción de casas fiscales en el Tolima, lo recibió a satisfacción en el 2015 y cinco años después en 2020 denuncia supuestas irregularidades, lo que considera que es una retaliación.
BLU Radio obtuvo los documentos en donde se muestran presuntas irregularidades que sucedieron en el año 2018, cuando el general Óscar Atehortúa estaba a cargo de la dirección de Sanidad.El denunciante es el mayor en retiro Julián González, quien explicó que, en su momento, tuvieron en cuenta antecedentes médicos, los cuales obtuvieron de manera ilegal, para impedir su ascenso y no sus méritos y tiempo en la institución.“Ellos tienen un procedimiento por el que rigen las juntas de evaluación de la trayectoria profesional de los oficiales, cuando de mayores van a tenientes coroneles”, dijo.“Ellos pueden solicitar antecedentes a los entes de control. El general de talento humano, que en su momento era el general Rodríguez, le pidió al general Atehortúa que haga una revisión de los que íbamos a aspirar”, agregó.Según el mayor, esta fue una consulta ilegal. El general a su vez le dio orden a una capitán para que hiciera esas búsquedas en las historias clínicas y le remitió el documento al director de talento humano informándole las fallas médico-laborales de cada solicitante.Una vez tenían los antecedentes, iniciaba un debate que no les competía y los usaban como un requisito para el ascenso cuando esto es ilegal o no tenía que ver con el proceso normal legal, de acuerdo con lo revelado por el mayor.De esta manera sacaron a los oficiales que aspiraban al cargo con alguna novedad médica y llamó la atención que a otros que tenían anotaciones penales, los llamaron para el proceso de ascenso.“Se le colaron 74 oficiales con problemas disciplinarios, inclusive unos oficiales que tenían investigaciones de faltas gravísimas, problemas por más de 2.000 millones de pesos, de derechos humanos, ellos sí pasan”.Por medio de derechos de petición, tutelas y soportes, el mayor (r) de la Policía Julián González llevó el caso ante la Procuraduría y la Fiscalía. En su caso particular, descubrió 6 ingresos ilegales a su historia clínica.Sin embargo, como él hay por lo menos 39 oficiales más que tuvieron el mismo inconveniente que les impidió su ascenso para el año 2018. Por el momento, el general Óscar Atehortúa no se ha pronunciado ante esta nueva denuncia.
La Policía tiene una nueva cara bajo el mando del general Jorge Luis Vargas, que la semana pasada fue nombrado por el presidente Iván Duque como el nuevo director de la Policía. De igual forma se modificaron los mandos dentro de la institución.Ya se conocía que el general Hoover Penilla sería el nuevo subdirector de la Policía, mientras que, en las metropolitanas hay cambios.Cali estará a cargo del general Juan Carlos Rodríguez, Bucaramanga con Javier Martín, Cúcuta con el BG Oscar Moreno y, en la Metropolitana del Valle de Aburrá estará a la cabeza en BG Ferney Ruiz Garzón.De igual forma, hubo movimientos en la dirección de antinarcóticos, antisecuestro y extorción, Interpol y en el Inpec, como en otras direcciones.Sin embargo, el general Jorge Luis Vargas hizo reconocimiento al general saliente Oscar Atehortúa. “Un reconocimiento grande, muy especial, a mi general Oscar Atehortúa Duque, por todos los logros y gestión alcanzada como director General de la Policía Nacional”.Además planteó la ruta que la Policía Nacional seguirá bajo su mandato. “Lanzaremos una ofensiva nacional contra el crimen organizado en todo el país, priorizando las acciones contra el Clan Golfo, la Nueva Marquetalia, los demás grupos armados organizados residuales y el ELN, autores de homicidios colectivos, homicidios contra líderes sociales y responsables del tráfico de estupefacientes en todo el país”.También se planea un nuevo modelo de vigilancia comunitaria en el país, en donde iniciarán sus planes pilotos en cinco ciudades del país para qué, según el general, contribuya a mejorar la acción de la Policía Nacional en todo el territorio.
Este martes, el presidente Iván Duque anunció cambios en la cúpula de la Policía Nacional.Según lo informado por el primer mandatario, el general Óscar Atehortúa deja el cargo y en su reemplazo llega el general Jorge Luis Vargas, quien se venía desempeñando como director de Seguridad Ciudadana de la Policía.“El general Vargas es un hombre que tiene una gran experiencia, que aparte de ser director de Seguridad Ciudadana ha sido también inspector de la Policía. A lo largo de su trayectoria ha merecido importantes reconocimientos por su participación activa en operaciones como las que dieron de baja a alias ‘Raúl Reyes’”, dijo.El presidente, además, dio instrucciones al general Vargas para que se reduzcan las cifras de criminalidad en el país.“Su compromiso con la institución es total y asume la dirección con la premisa y la instrucción de que el año 2021 siga siendo un año de reducción en el índice de criminalidad y que sigamos brindándoles a los colombianos un sentimiento de protección y acompañamiento de su Policía Nacional”, afirmó Duque.También hizo un reconocimiento al general Atehortúa. Aseguró que este año se realizó la mayor incautación de droga y la más alta erradicación, además, aseveró que se redujeron los índices de criminalidad a la par que se adelantan labores humanitarias.“Me voy con una gran alegría y regocijo en mi corazón”, dijo el general Óscar Atehortúa luego del anuncio del presidente Duque.De otro lado, el presidente Duque anunció que el general Hoover Penilla fue nombrado como subdirector de la Policía Nacional.
El Tribunal Superior Judicial de Manizales, en su sala de Decisión Civil de Familia, revocó el fallo de tutela que pedía cárcel para el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa.Hace unos días se había dado a conocer que un juez de Chinchiná, Caldas, había emitido una orden de arresto contra ambos funcionarios por el incumplimiento de un fallo de tutela que ordenó promover el curso de ascenso al mayor Faiber Moreno Salazar.En el acta, firmada por la magistrada Sofy Mosquera, se lee: “el auto proferido el 9 de diciembre de 2020 por el juzgado promiscuo de familia de Chinchiná, Caldas, dentro incidente de desacato promovido por el señor Faiber Jahir Moreno Salazar, por el incumplimiento de la sentencia proferida el 26 de agosto de 2019, y, en su lugar, declara que por el momento no hay lugar a señalar ningún tipo de sanción por cumplimiento de la sentencia proferida el 26 de agosto de 2019”.En diálogo con BLU Radio, el mayor aseguró que la tutela la instauró en 2019 por salir retirado de la Policía en 2008, según su versión, sin razón alguna.
A pesar de que el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, dijo que Cespo era un centro de estudios y que no podía recibir al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno porque no era un lugar de reclusión, BLU Radio investigó sobre quiénes están actualmente pagando su pena en ese establecimiento y el listado no es menor. Ante la negativa, la defensa de Moreno estudia interponer tutela.Hay desde exuniformados privados de la libertad, como el caso del general Miguel Maza Márquez, hasta civiles como Roberto Prieto. ¿Por qué la negativa de recibir a Moreno?Sin embargo, aunque el listado es mayor, BLU Radio pudo confirmar los nombres de personas que se encuentran recluidas en Cespo.Dentro del listado aparecen el general (r) de la Policía Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado en 18 de agosto de 1989.También está el general (r) Mauricio Santoyo, a quien la Fiscalía acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por constituir un supuesto patrimonio ilícito de $6.193’415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009.Aunque podría pensarse que en Cespo solo están exuniformados, pudimos confirmar que también están recluidos el exconcejal Orlando Parada, condenado por el denominado carrusel de contratos de Bogotá, y Roberto Prieto, exgerente de campaña del expresidente Juan Manuel Santos, acusado de recibir dineros por debajo de la mesa, por parte del empresario Eduardo Zambrano, para tapar supuestos huecos de la campaña.Pero el listado de quienes han pasado por Cespo es aún mayor: el general (r) Flavio Buitrago, Carlos Albornoz, Piedad Zucardi, Dilyan Francisco Toro, Andrés Camacho Casado, Joselito Guerra, entre otros.Así las cosas, ante la negativa de recibir a Moreno, a pesar de la orden de una juez de garantías, la defensa estudia interponer una tutela en los próximos días.
Desde la dirección de la institución, se negó el préstamo de las instalaciones del Centro de Estudios de la Policia Nacional, Cespo, para recluir al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien después de llegar a Colombia, espera que un juez de ejecución de penas reconozca lo que pagó en Estados Unidos como parte de su pena.El director de la Policía nacional, general Óscar Atehortúa, se pronunció sobre el requerimiento del Inpec para el traslado de Moreno a este lugar, a lo que se dio respuesta de manera inmediata. "Cespo es un instituto educativo de la Policía Nacional, no es un lugar de reclusión", comunicó el oficial. El general Atehortúa pidió al Inpec contemplar alguno de sus más de 130 establecimientos carcelarios para recluir a Gustavo Moreno, ya que en su centro de estudios, sólo hay capacidad para la educación y tareas en este ámbito.El exfiscal Anticorrupción, llegó deportado de Estados Unidos el pasado viernes 4 de diciembre, luego de cumplir una pena de 48 meses de prisión en Estados Unidos, por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de BogotáLa Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente.El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
