Fueron citados a la Corte Suprema de Justicia como testigos en el escándalo de corrupción en la UNGRD la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y el ministro de Hacienda, Diego Guevara.Además, la sala instrucción también citó a dar testimonio como testigos dentro del caso de los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del interior; y a Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).Los ministros de Salud, Trabajo y Hacienda tendrán oportunidad de responder un cuestionario que les enviara la Sala Instrucción de la Corte, caso contrario al de Velasco, Carlos Ramón González y Bonilla, quienes sí deberán comparecer ante el alto tribunal para que den su versión de lo que conocen sobre el cónclave que Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), imputado y considerado como uno de los principales testigos ha mencionado en la Fiscalía General de la Nación y la misma Corte.Todo esto en el marco de las investigaciones que adelanta la Corte contra Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera.
Comenzamos el año con noticias sobre el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, relacionadas con decisiones de la Fiscalía que se conocen luego de que la Corte Suprema abriera la puerta para conceder beneficios legales a particulares que le entreguen información efectiva para esclarecer el caso.En las últimas horas, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, decidió llamar a interrogatorio en calidad de indiciados a dos personas que podrían tener información clave sobre el presunto ofrecimiento de tres contratos por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a seis congresistas, a cambio de emitir un concepto clave para obtener empréstitos internacionales para la Nación.Se trata de Andrea Ramírez, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y Jaime Ramírez Cobo, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y quien se desempeña como enlace entre el Gobierno del Presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República.En el caso de Ramírez Cobo, muy cercano a la directora del Dapre, Laura Sarabia, su eventual aporte a la justicia será determinante para judicializar a quienes según la investigación de la Fiscalía, dieron la orden desde el Ejecutivo, para ofrecer contratos a congresistas. Su nombre apareció en el escándalo luego de que Olmedo López y Sneyder Pinilla entregaran sus teléfonos celulares y en ellos aparecieran chats en los que Ramírez pregunta por los tres contratos del escándalo.En algunas de las conversaciones vía chat, Jaime Ramírez Cobo le advirtió en diciembre de 2023 a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, que si no salían adelante los tres contratos por 92 mil millones de pesos para los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, se caerían los créditos de la Nación.En otra conversación de Jaime Ramírez Cobo con la exasesora del ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, el asesor del Dapre le pregunta por los avances en los trámites del mismo contrato, que hoy tiene contra las cuerdas a seis congresistas y excongresistas, quienes ya rindieron indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.Ramírez Cobo también aparece en los videos de las cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda, revelados por Noticias Caracol, en los que se observa a ministros y congresistas, presuntamente hablando sobre los contratos en Saravena, Carmen de Bolívar y Cotorra.La defensa de Jaime Ramírez Cobo asegura que en sus actuaciones no hubo ninguna ilegalidad, en cualquier caso, su declaración ante la justicia será determinante para saber si eventualmente Laura Sarabia tuvo o no relación con el escándalo, como lo sugirió la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, también podrá contar detalles sobre el famoso cónclave en Casa de Nariño que se habría realizado para hablar sobre la entrega de contratos a congresistas y sobre todo, Ramírez Cobo será la clave para que la justicia esclarezca si el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, tuvo o no participación en el entramado criminal de la UNGRD.
En La Guajira no cayó nada bien el anuncio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) sobre la solicitud que hará la entidad para suspender el contrato por más de $ 42.000 millones firmado para instalar tres plantas desalinizadoras en el extremo norte del país.Este proyecto hace parte de los polémicos contratos de la UNGRD que hoy son investigados por sobrecostos y, si bien los indígenas wayuu no se oponen a las investigaciones, afirman que tales procesos no deben paralizar planes como estos, con los que se busca solucionar la escasez de agua potable que afecta a las comunidades.José Silva, presidente del Movimiento Indígena Nación Wayuu, advirtió que por estas decisiones de la UNGRD, esta población buscará ser reconocida como víctima del Estado en los procesos legales que están en curso."Lo consideramos como un ataque más al pueblo wayuu por parte del Estado colombiano, que en una evidente confrontación política decide suspender la instalación de una planta, sabiendo que tanto nos hace falta tomar agua potable", expresó Silva."Y es por eso que a través de este proceso penal nos declaramos y nos constituimos en víctimas, para que el Estado colombiano responda por todos los daños y perjuicios que le han ocasionado al pueblo wayuu históricamente", agregó.Los problemas de agua potable en La Guajira se reflejan en las 79 muertes de niños entre 0 y 5 años que han confirmado este año las autoridades y cuyas causas están asociadas a desnutrición, enfermedad diarreica aguda o infecciones respiratorias.Esto, sin obviar otros 31 fallecimientos que están en estudio y con los que serían más de 100 las muertes de niños registradas por el Instituto Nacional de Salud este año en La Guajira y, aún así, los wayuu afirman que existe un subregistro y que las cifras oficiales ni siquiera se acercan a lo que día a día afrontan las comunidades."Sería un escándalo tremendo si se llegara a llevar una estadística real de cuántos niños mueren a diario (...) sin exagerar, podría decirte que son cinco o diez niños que mueren por día, pero aquella estadística que se da a conocer es meramente institucional y no obedece a la realidad", dijo Silva.Precisamente en los últimos días murió una niña wayuu, de 3 años, que había sido trasladada de urgencia a Barranquilla con secuelas de desnutrición y síntomas de infección respiratoria, debido a las precarias condiciones en materia de agua potable y salubridad que afronta su comunidad en Punta La Vela, sector de La Guajira.
El próximo 23 de diciembre, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, solicitará en audiencia pública la suspensión de un contrato por más de 42.000 millones de pesos para la instalación de plantas desalinizadoras en La Guajira. Este acuerdo, firmado el 9 de febrero de 2023 por el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, que está en el centro de una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que examina presuntos sobrecostos y posibles intereses indebidos en su celebración.El contrato en cuestión tiene como propósito la construcción de tres plantas desalinizadoras para abastecer de agua potable a los corregimientos de Bahía Honda, Irraipa y Puerto López, además de un proyecto similar para Puerto Estrella, en La Guajira. Sin embargo, el proyecto ha sido objeto de cuestionamientos debido a la falta de transparencia en su adjudicación y las sospechas de corrupción vinculadas a la anterior administración de la UNGRD.A pesar de que aún no se ha realizado ningún desembolso, el contratista ha ejercido presiones para que se efectúen pagos, lo que ha motivado la solicitud de medida cautelar por parte de la actual dirección de la Unidad. Carrillo ha subrayado el compromiso de la UNGRD con la transparencia y la gestión eficiente de los recursos públicos, y ha dejado claro que no cederá a presiones provenientes de contratistas involucrados en escándalos de corrupción, como el de este contrato.La solicitud de suspensión del acuerdo se produce en medio de un proceso judicial en el que se imputaron cargos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, quienes están siendo investigados por su presunta responsabilidad en el manejo irregular de los recursos.
En videos de cámaras de seguridad, revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, quedaron registrados los movimientos de congresistas como Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y el hoy exrepresentante Juan Diego Muñoz en los pasillos del Ministerio de Hacienda. En esos mismos registros del mes de diciembre de 2023, también se evidencian los encuentros del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la exasesora de Bonilla, Alejandra Benavides.De acuerdo con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se investiga la presunta operación de compra de congresistas por parte del Gobierno a cambio de millonarios contratos públicos en departamentos como Córdoba, Arauca y Bolívar. Según esto, los congresistas que fueron a visitar a Bonilla integraban la entonces Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que dio el aval para que el gobierno se endeudara en créditos de alto monto de la banca internacional. Los investigadores sospechan que estos parlamentarios vendieron los votos a cambio de tres contratos que superan la cuantía de 92.000 millones de pesos, que se tramitarían por la UNGRD.En los videos se registra la entrada de la congresista Karen Manrique el 4 de diciembre de 2023, quien estaba vestida con un vestido negro y bolso color beige, y llega al despacho del exministro Ricardo Bonilla. A las 11:31 a.m., se encuentra con Alejandra Benavides y habla con ella hasta las 12:19 del mediodía.Un día después, el 5 de diciembre de 2023, llegaron al ministerio Wadith Manzur, Julián Peinado y Liliana Bitar a las 4:03 p.m. para cumplir con una cita con el entonces viceministro de Hacienda, Diego Guevara. La reunión duró 39 minutos. Ese mismo día, a otra dependencia, aparecieron Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz y Karen Manrique. Minutos después se encontraron con el resto de los parlamentarios y se encontraron en una oficina con Alejandra Benavides. Las reuniones coincidieron en que, para el día siguiente, estaba convocada la sesión del Comité Interparlamentario de Crédito, de la que hacían parte los seis congresistas, y en la que ese día se aprobaron tres créditos internacionales.Para el 12 de diciembre, las cámaras del Ministerio registraron el ingreso del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y una asesora de la oficina de Ricardo Bonilla. El mismo exministro de Hacienda, a las 2:58 p.m., los saluda y les da paso a su oficina. A las 3:01 p.m., en el video, se registra la entrada de Benavides a la reunión, y a las 3:12 p.m., llega al recinto para la reunión el asesor de presidencia, Jaime Ramírez Cobo.Esa reunión del 12 de diciembre coincide con la aprobación que hizo la Comisión Interparlamentaria de cinco créditos internacionales. Sin embargo, quedaría uno para lo que se convocó a sesión el 15 de diciembre.Entre tanto, para el caso de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, las cámaras registran una reunión de urgencia el 15 de diciembre. El día en que López llegó al Ministerio a las 8:28 a.m. con una agenda en la mano y su celular en la mano derecha. 10 minutos después, a las 8:38 a.m., Ricardo Bonilla recibe al exdirector de la UNGRD para una reunión que duraría 14 minutos. Sin embargo, María Alejandra Benavides, después de hablar con el viceministro Guevara, entra a la oficina donde estaban López y Bonilla. Finalmente, la reunión acaba a las 8:53 a.m. Por su parte, la justicia trata de confirmar el tema de la conversación, puesto que Olmedo López asegura que el exministro Bonilla dio la orden de direccionar los contratos a las tres regiones (Córdoba, Arauca y Bolívar).Tras la revelación de los videos de las cámaras de seguridad, el presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, afirma que las reuniones vistas en los videos pertenecen a encuentros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que se han hecho con todos los ministros de Hacienda.
En la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, su abogado cuestionó la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, señalando que estas buscan forzar una conexión con el presidente Gustavo Petro. Según la defensa, “esto lo hizo y lo está haciendo para tratar de vincular al presidente de la República a través de Sandra Ortiz con sus dichos y acumular señalamientos a personas para obtener más arreglos o rebajas por parte de la Fiscalía General de la Nación”.El abogado de Ortiz argumentó que los mensajes de WhatsApp utilizados por la Fiscalía han sido sacados de contexto. Afirmó que estos se limitaban a solicitudes de información que Ortiz requería como parte de sus funciones para preparar anuncios presidenciales durante el evento Gobierno escucha en el Atlántico, realizado el 20 de octubre. “Este es el verdadero sentido de los chats que ha mostrado la Fiscalía en su intervención y no como erradamente lo quiere hacer ver por una influencia indebida de Sandra Ortiz sobre el director de la Unidad de Gestión del Riesgo”, añadió.La defensa también acusó a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), de manipular los hechos para incriminar a Ortiz como parte de una estrategia para obtener beneficios judiciales. “Olmedo López construye sus dichos falaces con el único fin de realizar un señalamiento sobre Sandra Ortiz para cumplir con su matriz de colaboración”, indicó el abogado, desestimando las acusaciones de la Fiscalía.El caso se enmarca en el escándalo de corrupción en la UNGRD, donde se investiga el desvío de recursos públicos destinados a comunidades vulnerables, como la población Wayuu. La Procuraduría respalda la tesis de la Fiscalía y acusa a Ortiz de haber entregado 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado Iván Name, siguiendo instrucciones del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González. Estos fondos, según la acusación, habrían sido obtenidos mediante irregularidades cometidas por López y Sneyder Pinilla en 2023.
El escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo que ha salpicado al Gobierno del Presidente Gustavo Petro y al Congreso de la República, sigue teniendo consecuencias judiciales y políticas.El próximo miércoles, la justicia definirá si envía o no a la cárcel a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien según la Fiscalía, fue la “mensajera” que habría entregado tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, por orden del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González.Aunque Ortiz niega haber sido responsable de esa actuación y asegura que lo demostrará en juicio, la Fiscalía dice tener testimonios y peritazgos técnicos que demostrarían que la exconsejera presidencial habría cometido los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.En otra de las aristas del escándalo, esta semana seguirán acudiendo a la Corte Suprema de Justicia a responder en diligencia de indagatoria, los seis congresistas que de acuerdo con testimonios y otros elementos, habrían aceptado emitir su concepto sobre empréstitos de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de tres contratos en la UNGRD en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar por 92 mil millones de pesos, que según la hipótesis plasmada por la Fiscalía en los preacuerdos con Olmedo López y otros, habrían sido direccionados por orden del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, algo corroborado por su exasesora María Alejandra Benavides.Esta semana Ricardo Bonilla tendrá que comenzar su defensa ante la Fiscalía, ahora como exministro de Hacienda, cargo que asumió Diego Guevara, quien tendrá que afrontar la casi inminente derrota política que significará el hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria en el Congreso, en donde el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo tiene paralizados muchos debates.
Luis Carlos Barreto Gantiva, subdirector de Conocimiento, y César Augusto Manrique Soacha, director administrativo de la Función Pública, habrían jugado roles clave en el escándalo de corrupción en la UNGRD, según la Fiscalía. Ambos son señalados de manipular contratos y desviar recursos públicos con fines ilícitos.El esquema comenzó con la modificación del convenio 9677-CV020-021-2023, firmado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según las investigaciones, Barreto y Manrique facilitaron una reunión entre Olmedo López, director de la UNGRD, y Gerardo Vega, director de la ANT, donde lograron reducir 100.000 millones de pesos del convenio. Estos fondos, que originalmente estaban destinados a proyectos específicos, fueron liberados y redirigidos al FNGRD, bajo la promesa de direccionar los contratos resultantes hacia empresarios previamente seleccionados.La reducción de los recursos del convenio no fue gratuita. En contraprestación, Olmedo López permitió que Barreto y Manrique direccionaran contratos a favor de empresarios cercanos. Los proyectos involucrados incluían la instalación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos de jagueyes y pozos subterráneos, principalmente para atender necesidades en La Guajira.Desde julio de 2023, Barreto y Manrique comenzaron a coordinar la adjudicación de contratos. Según las pruebas, suministraron a Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de desastres de la UNGRD, una lista de empresas y contratistas que debían ser favorecidos. Estos contratos, tramitados con los recursos liberados del convenio, estaban condicionados al pago de coimas, que ascendían al 12% del valor de cada contrato. Las ganancias ilícitas se repartieron entre López, Pinilla y otros funcionarios involucrados.Manrique, jefe político de Barreto, jugó un papel central en la liberación de los recursos. Pactó con López una cuota de coimas sobre cada contrato firmado con los 100.000 millones de pesos desviados. Por su parte, Barreto, como subdirector de conocimiento, no solo coordinó las reuniones iniciales, sino que también fue pieza clave en la selección de contratistas y la asignación de los proyectos.El resultado de estas acciones fue un peculado a favor de terceros, según la Fiscalía. López, Barreto, Manrique y Pinilla diseñaron un esquema en el que utilizaron recursos oficiales para beneficiar a empresarios aliados a cambio de sobornos. Esto no solo implicó un uso indebido de los fondos públicos, sino que también compromete la transparencia y efectividad de los proyectos destinados a atender emergencias en regiones vulnerables como La Guajira.A la fecha la Fiscalía no ha citado a imputación de cargos a Manrique. Sin embargo, en varias audiencias ha sido mencionado como uno de los integrantes de la “organización criminal” que saqueó dineros del erario público de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Escuche el informe completo aquí:
El pasado 18 de noviembre, la Fiscalía anunció que había firmado un preacuerdo con seis personas, entre funcionarios y particulares, involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRD.Entre quienes firmaron este preacuerdo, aceptando delitos y devolviendo los dineros que le robaron al Estado, están Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad. En el caso de López, si este preacuerdo es avalado por un juez, pagará 7 años, un mes y 12 días de cárcel y devolverá $724 millones de pesos. Por su parte, Sneyder Pinilla pagará 6 años, seis meses y nueve días de prisión y reintegrará $618 millones de pesos.Hasta ahora, no se habían conocido los detalles de los términos de los preacuerdos con la Fiscalía, también suscritos por el exsubdirector de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, el exasesor de la dirección de UNGRD, Pedro Rodríguez Melo, el contratista Luis Eduardo López Rosero y el abogado Edgar Riveros.Blu Radio revela la teoría que tiene la Fiscalía sobre el entramado criminal que estuvo operando en la UNGRD desde mayo de 2023 hasta febrero de 2024, con sus protagonistas y las conductas delictivas que habría cometido cada uno de los participantes en este entramado. La empresa criminalSegún la Fiscalía, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo, Luis Carlos Barreto, César Augusto Manrique Soacha, a la fecha director del Departamento Administrativo de la Función Pública, otros servidores públicos y contratistas de la UNGRD así como particulares entre ellos Luis Eduardo López Rosero, “acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD, entre las cuales se destaca la modalidad de adquisición de asistencia humanitaria de emergencia, materiales, elementos, equipos, servicios, alquileres y suministros para la ejecución de la respuesta ante emergencias que hayan generado la declaratoria de desastre nacional y decretos de calamidad pública, logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros, haciendo prevalecer sus intereses económicos, sobre el general”.En los preacuerdos redactados por la Fiscalía se dividen los nombres en dos partes: los participantes en la empresa criminal creada en torno a la UNGRD y quienes eventualmente pudieron cometer delitos de manera colateral, relacionados con algunos de los integrantes de la empresa criminal.En el primer listado aparecen: Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo, Luis Carlos Barreto y el entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique.En el segundo listado están: la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Carlos Ramón González, el saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y su exasesora, María Alejandra Benavides.Qué hizo cada uno de los involucrados, según la Fiscalía:Olmedo López:- “Dirigió con Sneyder Pinilla la operación tendiente a conseguir dinero producto de la contratación ilícita de la Unidad con destino a congresistas”. -“Delegó en Sneyder Pinilla y Pedro Rodríguez, entre otros, la consecución de contratistas a quienes se les adjudicaría las órdenes de proveeduría y contratos a cambio de las coimas en beneficio propio y de terceros”“Coordinó con Sneyder Pinilla la entrega de 3 mil millones de pesos en efectivo, al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la Consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al Presidente de la Cámara Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Dapre”. “Acordó con Sneyder Pinilla dirigir los contratos u órdenes de proveeduría de alquiler de carrotanques y sus interventorías a contratistas amigos, a cambio de que estos pagaran coimas a favor de ambos”.“Gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político César Augusto Manrique Soacha, entonces director administrativo de la Función Pública, la modificación del convenio N 9677-CV020-021-2023 celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres FNGRD y la Agencia Nacional de Tierras – ANT con el propósito de reducir su valor en 100.000 millones de pesos, liberar y trasladar los recursos restantes a favor del FNGRD”.“En contraprestación, Olmedo López permitió que los funcionarios Barreto Gantiva y Manrique Soacha, direccionaran a empresarios cercanos, la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos de jagueyes, pozos subterráneos y los contratos de control y seguimiento a estos a cambio de coimas”.“Por la colaboración de Manrique Soacha, jefe político de Luis Carlos Barreto, realizó en la reducción y liberación de los 100 mil millones de pesos, que el FNGRD tenía en el convenio con la ANT, acordó con Manrique Soacha el pago de una coima, en todos los contratos y órdenes de proveeduría que se celebrarían con la cuantía objeto de reducción y liberación, esto es, los 100 mil millones de pesos”.“Coordinó con Ricardo Bonilla González, Ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del Ministro y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República: Julio Elías Chagui Florez, Wadith Alberto Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bittar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo Maya”.Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de manejo de desastres de la entidad“Tramitó y aprobó con su firma las órdenes de proveeduría dirigidas a los contratistas seleccionados por Luis Carlos Barreto y César Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública”. “Gestionó todo el proceso contractual, desde las invitaciones a cotizar hasta el desembolso del pago por la Fiduprevisora, para ello suscribió documentos públicos con información que no correspondía a la realidad, como el recibo a satisfacción de bienes o suministros, a fin de que la Fiduprevisora girara el dinero sin haberse cumplido el objeto contractual”.“Coordinó para el mes de octubre de 2023 con Olmedo López la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Leonidas Name Vásquez a través de Sandra Liliana Ortiz Nova en su apartamento ubicado en suite Tequendama de Bogotá, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Alta Consejera Presidencial para las Regiones y 1.000 millones de pesos en efectivo entregados personalmente por Pinilla Alvarez en Montería, Córdoba, al entonces presidente de la Cámara de Representantes Andrés David Calle Aguas, de acuerdo con las instrucciones impartidas por Carlos Ramón González Merchán, entonces director del DAPRE, a Olmedo López”.“Dinero que fue obtenido por préstamo realizado a una persona de su confianza de nombre Pedro Castro quien le facilitó los 4.000 millones de pesos en efectivo a cambio del 2,3% mensual y que fue entregado en tres cuotas, las dos primeras por 1.500 millones de pesos cada una y la tercera por 1.000 millones de pesos en la ciudad de Montería, Córdoba”.“Ese préstamo de 4.000 millones de pesos con sus intereses de 276 millones fue cancelado en los primeros días de enero de 2024 luego de que recibiera el pago de la coima pactada con Olmedo López y Luis Eduardo López Rosero”. “Coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público Julio Elías Chagui, Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla tanto a Olmedo López como a Pinilla Álvarez”. ¿Cómo se repartieron el dinero de la corrupción en la UNGRD?Olmedo y Sneyder le entregaron el contrato a cambio del pago de una coima equivalente al 14% del valor del contratoLuego de impuestos, quedó un total del contrato de $37.764.060.503Los sobrecostos fueron de $14.163.213.723 ¿Cómo se repartieron la torta? - 6.342.000.0001.000 millones a Pedro Rodriguez5.342 millones a Sneyder Pinilla5.342 millones distribuidos así4.276 millones al prestamista Pedro Castro (Name y Calle)724 millones a Olmedo López342 millones a Sneyder PinillaLuis Eduardo López Rosero se quedó con 7.821 millones de pesosPedro Rodríguez Melo, asesor jurídico del director general de la UNGRD“Para julio de 2023, previo al inicio del proceso contractual con la UNGRD, le suministró al empresario y contratista Luis Eduardo López Rosero, información de los bienes y servicios que la entidad requeriría para que de manera anticipada realizara las cotizaciones de vehículos tipo carrotanque”.“Organizó con Olmedo López y Sneyder Pinilla el direccionamiento de las órdenes de proveeduría a las empresas de Luis Eduardo López Rosero a cambio de coimas por cada contrato adquirido”. “Para finales de diciembre de 2023 y comienzos de enero de 2024, recibió de Luis Eduardo López Rosero 1.000 millones de pesos como contraprestación por el direccionamiento de la orden de proveeduría N 192-2023”. Luis Carlos Barreto Gantiva, subdirector de conocimiento de la UNGRD“Su rol en la organización consistió en conseguir, en acopio con César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, una reunión entre Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras y Olmedo López, con el propósito de conseguir la reducción de los recursos del convenio N 9677- celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras de los cuales lograron reducirse 100.000 millones de pesos, liberando y trasladando la diferencia a favor del FNGRD a cambo de que Barreto Gantiva y Manrique Soacha direccionaran la contratación que se realizaría con dichos recursos”.“Desde julio de 2023 pactó con Olmedo López, César Manrique y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos relacionados con adquisición de carrotanques, mantenimiento de molinos, mantenimiento de pozos subterráneos, construcción de plantas desalinizadoras, adquisición de tanques de almacenamiento de agua y similares, con destino al departamento de La Guajira, a cambio del pago de coimas a favor propio y de terceros”.“Desde julio de 2023 coordinó con César Manrique la selección de los contratistas a quienes se adjudicarían los contratos tramitados a través de la subdirección de manejo de desastres a cargo de Sneyder Pinilla”. “En compañía de César Augusto Manrique Soacha suministraron a Sneyder Pinilla el nombre de las empresas y contratistas que debían ser favorecidos en los trámites contractuales y órdenes de proveeduría celebradas con los recursos reducidos del convenio realizado con la Agencia Nacional de Tierras”.“Fue conocedor de que a cambio de permitir el direccionamiento de los contratos a través de la subdirección de manejo de la UNGRD, Olmedo López y César Manrique pactaron una coima del valor de cada contrato con destino a López Martínez, Pinilla Alvarez y demás funcionarios de la entidad que participaron en el trámite contractual”.Olmedo López y el peculado a favor de terceros“Dispuso de los recursos oficiales a través de la celebración de una orden de proveeduría para lo cual acordó con César Augusto Manrique Soacha, Luis Carlos Barreto y Sneyder Pinolla, direccionar el contrato al empresario designado por Manrique Soacha y Barreto Gantiva a cambio del pago de una coima del 12% del valor del contrato, el cual cubriría su porcentaje”.Sneyder Pinilla “fue el encargado de tramitar y adelantar el proceso contractual, (…) suscribiendo con su firma las actas de invitación y selección de las empresas previamente señaladas por Luis Carlos Barreto Gantiva y César Augusto Manrique Soacha”.“El valor del sobrecosto de la orden de proveeduría asciende a la suma de 12.065.829.434, dinero que fue apropiado por Luis Carlos Barreto Gantiva, Cesar Augusto Manrique Soacha, el particular Edgar Eduardo Riveros Rey, terceras personas y funcionarios”.¿Cuándo fueron posesionados los funcionarios mencionados en el escándalo de la UNGRD?Olmedo López fue posesionado por el presidente Petro el 1 de mayo de 2023 en reemplazo de Javier Pava. Petro hizo campaña con Olmedo en 2018, Petro a la Presidencia, Olmedo al SenadoCésar Manrique fue posesionado por el presidente Petro el 24 de agosto de 2022 y fue coordinador del equipo de empalme para la función pública.Sandra Ortiz fue posesionada por el presidente Gustavo Petro el 12 de mayo de 2023 como alta consejera presidencial para las regiones en reemplazo de Luis Fernando Velasco.Carlos Ramón González fue posesionado por el presidente Gustavo Petro fue anunciado el 26 de abril. Se posesionó el 1 de mayo de 2023 en reemplazo de Mauricio Lizcano.Ricardo Bonilla fue posesionado por el presidente Gustavo Petro el 1 de mayo de 2023 en reemplazo de José Antonio Ocampo.
La Corte Suprema de Justicia realizó una inspección en las oficinas del Congreso de la representante a la Cámara Karen Manrique. El objetivo principal era encontrar pruebas clave que podrían fortalecer la investigación que avanza contra varios congresistas involucrados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el interés de la Corte se centró en obtener muestras de la letra manuscrita de Manrique. Estas serán comparadas con los escritos encontrados en la libreta de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en la que aparecen nombres de congresistas presuntamente beneficiados con millonarios contratos de la entidad.El magistrado Misael Rodríguez, encargado de la investigación, busca determinar si la congresista Manrique es la autora de los listados que mencionan a Wadith Manzur, Liliana Bittar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. Según López, estos congresistas habrían recibido contratos a cambio de favorecer decisiones relacionadas con créditos públicos necesarios para la nación. Según las declaraciones que ha entregado bajo reserva al alto tribunal Olmedo López.Recientemente, Manrique compareció ante la Corte para rendir indagatoria. Sin embargo, optó por guardar silencio, aunque solicitó que Olmedo López sea citado nuevamente a declarar. La defensa de la congresista argumenta que es necesario acceder a las declaraciones del exfuncionario para confrontar su versión.La inspección ordenada por el magistrado incluyó una revisión detallada de documentos personales de Manrique, como su hoja de vida y una proposición en la que solicitaba retirarse de la Comisión de la Mujer. Todo esto forma parte de una prueba grafológica que busca confirmar o descartar la conexión entre Manrique y las anotaciones incriminatorias en la página 20 y 21; como lo expresó el exdirector Olmedo López en un interrogatorio en la Fiscalía.Cabe recordar que los contratos en cuestión, valorados en más de 92.000 millones de pesos en Bolívar, Córdoba y Arauca, habrían sido utilizados como herramienta para influir en las decisiones de al menos seis congresistas de la Comisión de Crédito Público.
