Un nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas fue perpetrado en la tarde-noche de este martes por parte del ELN, en la vereda la Cañaguata del departamento de Boyacá.Cabe recordar que, solo hace una semana, la misma guerrilla del ELN había atentado ya contra esta infraestructura, pero en el departamento de Arauca, puntualmente en el municipio de Saravena.Los anteriores ataques contra la infraestructura del mencionado oleoducto ya generaron, semanas atrás, alerta por posibles desabastecimiento de gas en departamentos como Santander y otros del oriente del país, como Boyacá y el mismo Arauca, de acuerdo con Ecopetrol.Por otra parte, una vez conocidos los hechos, la Fiscalía General de la Nación, a través de la fiscal Luz Adriana Camargo, anunció investigaciones contra el ELN por "terrorismo y daño ambiental", especialmente en Arauca, región que, desde el la finalización del cese al fuego entre el Gobierno y la mencionada guerrilla, ha sido víctima de diversos ataques.En esa misma línea, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, advirtió días atrás que estos ataques sistemáticos del ELN contra el oleoducto Caño Limón Coveñas hacen parte de una "campaña terrorista" contra esta infraestructura, y advirtió que la Fuerza Pública se mantiene tras los cabecillas, especialmente los del frente Domingo Laín.
Tras la oleada de atentados en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, la fiscal fue enfática al asegurar: “Independientemente de lo que esté sucediendo en los diálogos y negociaciones que lleva a cabo el Gobierno Nacional, entre otros actores armados y el ELN, las investigaciones no se suspenden. Claro que abrimos investigación; estos atentados no solo se están enfocando desde el punto de vista del terrorismo, sino que también implican algo muy grave: los delitos ambientales”.Dos atentados han ocurrido en la región de Arauca, Colombia, en un lapso de pocos días. El primero tuvo lugar el 26 de agosto en la vereda La Pava, en Saravena, mientras que el segundo se registró el 29 de agosto en la vía que conecta el municipio de El Carmen con el departamento de Cesar.Por otro lado, el coronel Leonardo Ferreira aseguró que la fuerza pública ya ha comenzado a movilizar tropas para garantizar la seguridad en la zona y controlar la amenaza tanto para la comunidad como para el medio ambiente.Finalmente, desde la finalización del cese al fuego entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la región de Arauca ha experimentado una serie de ataques contra la infraestructura petrolera, con un total de seis atentados contra oleoductos en el departamento, situación que ha generado inestabilidad y preocupación entre las autoridades y la población local.
El coronel Leonardo Ferreira, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, entregó detalles en Mañanas Blu sobre el ataque del ELN al oleoducto Caño Limón Coveñas y la situación de orden público en la región. El coronel aseguró que la fuerza pública ya ha empezado a movilizar tropas para garantizar la seguridad en el lugar y controlar la amenaza tanto para la comunidad como para el medio ambiente. También afirma que las estructuras del ELN en la región han intensificado los ataques contra la infraestructura petrolera y las comunidades, utilizando métodos violentos como la extorsión, el secuestro y la acumulación de armas y explosivos. A pesar de los esfuerzos por lograr una solución pacífica, el coronel Ferreira señala que no ha sido fácil contener los daños causados por el ELN. Lamentablemente, durante los últimos ataques, un soldado perdió la vida. En cuanto a los cabecillas del ELN responsables de esta arremetida violenta, mencionó que suelen buscar refugio en zonas fronterizas. Recientemente, lograron rescatar a un menor de edad que había sido reclutado por el ELN y utilizado en sus acciones violentas contra las comunidades. Escuche aquí la entrevista:
Familias campesinas de las veredas Campo Alegre y Las Pitas en Convención, Norte de Santander, así como del corregimiento de San Pablo en Teorama, paralizaron las obras que ejecutaba la compañía Ismocol en un tramo del oleoducto Caño-Limón-Coveñas afectado por la instalación de una válvula ilícita.Durante varias horas retuvieron la maquinaria y a unos 22 contratistas para exigir a la empresa Cenit, filial de Ecopetrol, la ejecución de obras de recuperación de varias vías terciarias que fueron prometidas en reuniones con la comunidad como parte de la inversión social en el territorio. Trabajos que con el pasar de los años no se han ejecutado y que llevaron a que tomaran las vías de hecho.La mediación de los organismos defensores en derechos humanos permitió que los contratistas pudieran retornar al campamento desde donde coordinan los trabajos para recuperar el tramo del oleoducto. Entre tanto, la maquinaria quedó en custodia de la comunidad a esperas de que se dé a conocer el cronograma de trabajo para recuperar las vías y cumplir con lo prometido.Sin embargo, los habitantes de ese territorio del Catatumbo han dicho que a la par de las obras viales permitirán la intervención en el oleoducto para evitar que se genere una emergencia ambiental en la región.
A principios de noviembre de 2023 la rotura de un tubo de gas de la empresa TGI en la vereda Otro Mundo del municipio de Florián, Santander, y que también afectó a los habitantes de las veredas Los Naranjos y Cachipayal de La Belleza, reafirmó la necesidad de los campesinos de esa zona de Santander de la construcción de un puente vehicular que los comunique con el departamento de Boyacá.En ese entonces, se registró la emergencia y literalmente los habitantes de Otro Mundo quedaron encerrados por falta de un puente y por el mal estado de las vías.Ante la falta de soluciones y como venía ocurriendo años atrás, las comunidades bloquearon el paso de obreros de la empresa que acudieron a hacer las reparaciones, exigiendo soluciones a la problemática a la que no le había puesto atención hasta hace unos días que el Gobierno nacional, los gobernadores de Santander y Boyacá y representantes de la empresa TGI y Ocensa, que transporta crudo por oleoductos que pasan por todo el pueblo, se reunieron con las comunidades y lograron dialogar y llegar a acuerdos, como lo confirmó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a Noticias Caracol.“Estamos dando seguridad a la vida de las personas y yo me comprometí, como gobernador, a ser el garante de que los acuerdos de la reunión pasada y de esta se cumplan a cabalidad”, dijo el gobernador de Santander Juvenal Díaz.Entre otros compromisos están la construcción de dos puentes peatonales por parte de las empresas Ocensa y TGI ,dueñas de ductos de petróleo y gas, y la inversión en recuperación de vías.“Para la construcción del puente quedamos las gobernaciones de Santander y Boyacá aporte del 30%, las dos empresas privadas el 30%y el $40% restante el Gobierno nacional con lo que se podrán hacer los estudios y diseños del proyecto”, confirmó el gobernador Díaz.En la zona la empresa Ocensa realiza las reparaciones a la tubería afectada por el movimiento de una montaña, como lo explicó en Noticias Caracol el ingeniero John Fredy Hernández, de mantenimiento especializado de Ocensa.“En el sitio se generan unos sobresfuerzos a la tubería inducidos por el movimiento de la ladera, lo que nos lleva a realizar el proceso de excavación “, señaló Hernández.A su vez, la empresa TGI hace mantenimiento de vías; ya ha intervenido 20 kilómetros.Las comunidades ven los acuerdos y compromisos en una oportunidad para el desarrollo del municipio de Florián que tiene por explotar su turismo.“Pudimos avanzar con base en unos estudios iniciales para la construcción del puente vehicular sobre el río Minero, Carare. Es de vital importancia como forma de mitigar el riesgo y es una oportunidad para el tema turístico”, manifestó Ludwin Murcia, representante de la comunidad.
Varios habitantes que dormían y otros que pasaban por la vía nacional, vivieron momentos de pánico por la explosión, que de inmediato provocó una inmensa llama por el crudo derramado.Personal que labora en el complejo de la empresa Gran Tierra, acudió para cerrar las llaves del oleoducto entre los pozos 13 y 18.El Ejército hizo presencia en el lugar con personal especializado para determinar las causas de la ruptura del tubo, no descartan que se haya tratado de un atentado parte de alguna de las disidencias de las Farc que, se disputan el control entre el centro y el oriente del departamento.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEste tipo de hechos, no se presentaban desde 2016, cuando las desaparecidas FARC, firmaron La Paz, grupo que mantenían la zozobra en la industria petrolera.En las primeras horas de este viernes, las autoridades y la empresa evaluarán los daños para reparar el tuvo.Le puede interesar:
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de BogotáLa Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente.El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
