La OIT envió un duro mensaje a los empresarios del país, que se quejan de la falta de diálogo sobre la reforma laboral, y aseguró que esa falta de consenso no puede ser usada como una herramienta para frenar el progreso.En el mundo ideal se busca el consenso, pero "cuando ocurre que el consenso no funciona, a veces el Gobierno decide ir adelante y ser juzgado por los que lo han elegido. Así que, por un lado, nosotros en OIT estamos haciendo votos por el consenso, por el diálogo; pero al mismo tiempo no se puede usar la falta de consenso como una herramienta para detener el progreso, porque se toma a todo el país como rehén si puedo usar ese término", advirtió el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Gilbert Houngbo al ser consultado en una rueda de prensa.La OIT analiza una queja formal de la Andi y los empleadores del mundo sobre falta de diálogo con los empresarios del país en asuntos laborales. El trámite y estudio de esa queja se realizará de forma independiente de la dirección general.Houngbo ya se reunió con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pero también con voceros de la Andi y de Fenalco.Su conclusión es que hay visiones diferentes en materia laboral, pero ve a todas las partes siendo positivas y buscando diálogo, por lo que no está excesivamente preocupado por el asunto y cree que es un tema de "política local" que se resolverá. Para el funcionario, Colombia no será el primero ni el último país en el que existan desacuerdos sobre asuntos complejos como una reforma laboral o el salario mínimo."Muy francamente, yo no creo que la unión de comercio, yo no creo que los empleados esperen consenso o nada. Creo que todos sabemos la regla del juego cuando hablamos de diálogo social. Creo que lo que esperan es más importante es que el diálogo social sea un diálogo genuino", agregó.No es obligatorio lograr un consenso en la mesa tripartita: MintrabajoEl Gobierno nacional aprovechó para defender sus actuaciones en el trámite de la reforma laboral, a que calificó como una de las más discutidas y citó decenas de foros públicos y reuniones en donde se habló de su contenido. Incluyendo varias reuniones de la mesa tripartita donde están los empresarios y trabajadores."Lo que pasa es que una cosa es que la mesa se convoque, se hable y se dialogue, y otra cosa es que la mesa llegue a acuerdos. Los acuerdos no son obligatorios en la mesa", señaló la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.Para Ramírez la mesa con empresarios y trabajadores no puede reemplazar al Congreso.Esa mesa será citada nuevamente en las próximas dos semanas para definir la metodología de negociación del salario mínimo de 2025.Sin embargo, es muy posible que esas discusiones sean más complejas porque podrían darse al mismo tiempo que se discute en el Senado la reforma laboral.La reforma ya logró su aprobación en dos de los cuatro debates y deberá ser completamente aprobada antes del 20 de julio de 2025 o terminará archivada por tiempos.Colombia, anfitriona de la cumbre de ministros de trabajoEste miércoles 23 de octubre arranca la cumbre latinoamericana de ministras y ministros de trabajo, cuyo eje central será el futuro del trabajo en las Américas.
En una misiva enviada al director de la OIT, Gilbert Houngbo, la Organización Internacional de Empleadores solicitó a la organización intervenir de manera urgente en Colombia, teniendo en cuenta que, según ellos, hay preocupación por la actitud del Gobierno que ha llevado a romper totalmente el diálogo tripartito en el mundo laboral.Destaca el secretario de la OIE, Roberto Suárez, que el Gobierno de Petro incluso ha intentado aprobar la reforma al sistema de salud, que afecta a todos los trabajadores formales, además de impulsar una reforma al sistema pensional, sin que se hayan desarrollado los mecanismos constitucionales del diálogo tripartito, lo que desconoce a los trabajadores y empleadores.“La Comisión de Concertación Nacional de Políticas Laborales y Salariales no ha sido convocada para ser escuchada y para realizar una verdadera consulta, tal y como lo dispone el artículo 56 de la Constitución Nacional, en armonía con el Convenio 144 de la OIT ratificado por Colombia. En ese sentido, el Gobierno de Colombia está impulsando una reforma laboral que no atiende los problemas estructurales del mercado laboral”, indica el documento.Además, menciona que los espacios de diálogo no se han convocado en meses y que, incluso, la ANDI ha sido excluida de espacios como el Consejo Nacional de Riesgos Laborales. Por todo esto, destaca la OIE, en estos momentos se enfrenta el temor de que el Gobierno de Colombia apruebe reformas que no cuentan con las perspectivas de los empleadores y de los trabajadores, y que no están enfocadas en abordar las principales problemáticas del mercado laboral.“La OIE le solicita respetuosamente que realice una intervención urgente ante el Gobierno, exigiendo que con la máxima prontitud restablezca los procesos de diálogo social conforme a las obligaciones contraídas internacionalmente en el marco del Convenio 144”, destaca la misiva, argumentando que se debe corregir la situación para el ejercicio del diálogo en el mundo laboral.
Lo mencionado surge a raíz de que los sindicatos del Ministerio del Trabajo presentaran una queja formal contra la entidad ante el comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo, porque precisamente este Ministerio estaría atentando contra el derecho a la huelga.Afuera de la comisión séptima de la Cámara de Representantes, donde se discutía la reforma laboral, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que ni ella ni el Gobierno tomarían represalias contra esto.“Esa es la queja que ellos hacen, pero yo jamás he tomado represalias (…) jamás tendremos masacres laborales”, señaló la ministra.Además, aseguró que precisamente el Gobierno nacional siempre ha respaldado las garantías de los sindicatos y también su derecho a la huelga.Cabe mencionar que, pese a las inconformidades, los trabajadores, estos dicen que no han sido escuchados por la organización y además señalan que hay actos de la entidad que atentan contra el derecho de huelga. Incluso mencionan que se habla de "represalias" contra los sindicalistas. Ya que, dicen a la OIT que desde la declaratoria de huelga la entidad aceleró el concurso para la contratación de funcionarios, lo que recalcan que podría terminar con la salida de varios de los sindicalistas.
Los sindicatos del Ministerio del Trabajo presentaron una queja formal contra la entidad ante el comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo porque la entidad estaría atentando contra el derecho a la huelga.La denuncia llegó en plena conferencia anual, de la OIT y se suma a las quejas que los empresarios también presentaron contra el Gobierno por no negociar la reforma laboral.Vale recordar que el Ministerio del Trabajo entró en huelga el pasado 31 de mayo en protesta por el incumplimiento de acuerdos que la entidad selló con sus trabajadores el año anterior en acuerdos colectivos.Pese a la huelga, los trabajadores dicen que no han sido escuchados por la organización y además hay actos de la entidad que atentan contra el derecho de huelga. Incluso hablan de "represalias" contra los sindicalistas.Los huelguistas dijeron a la OIT que desde la declaratoria de huelga la entidad aceleró el concurso para la contratación de funcionarios, algo que podría terminar con la salida de varios de los sindicalistas que están en cargos provisionales y no de carrera."Aún más intimidante para los huelguistas, el hecho que ya se tienen fechas de inscripción, sin embargo, al día de hoy se encuentran más de 400 solicitudes de certificaciones laborales, a las cuales no se les ha dado trámite, documento necesario para ser subido al aplicativo Simo, aun teniendo la administración la posibilidad de modificar dichas fechas, de conformidad con el numeral 10 del acuerdo suscrito con la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, hecho que genera temor y se siente como represaría, al ejercicio legítimo a la Huelga", señala el documento.En otras palabras, más de 400 funcionarios, incluidos los que votaron por la huelga, ni siquiera se van a poder inscribir al concurso porque no les están dando las certificaciones laborales que necesitan.El comité de huelga envió un resumen de los que considera son 'actos atentatorios' contra el derecho de huelga. Entre ellos la exigencia a los trabajadores de la dirección territorial de reportar trabajo en casa.https://www.bluradio.com/nacion/funcionarios-de-mintrabajo-intentan-romper-la-huelga-esta-es-la-denuncia-rg10La lista incluye además la realización de actividades en varias territoriales y subdirecciones, algo que va en contra de la declaratoria de huelga.Además, desde las oficinas en Bogotá se estaría autorizando la continuidad de las actividades de los contratistas.El Comité de huelga aseguró a la OIT que "se encuentran compañeros sin cumplimiento de recomendaciones ocupacionales, sin puestos y equipos de trabajo, así mismo la solicitud de entrega de calzado y vestido de labor o dotación, la cual hasta la fecha no ha sido entregada".También se quejaron de que los espacios de diálogo han sido más bien "pocos y sin diálogo franco" y que el Gobierno ha tratado de incluir en las negociaciones a asociaciones sindicales que no son parte del proceso.
El acuerdo sobre la violencia y el acoso de la OIT fue adoptado en junio de 2019 en la Conferencia del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo uno de los primeros instrumentos internacionales que reconocen específicamente el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, introduciendo aspectos garantistas y novedosos con un ámbito de aplicación amplio para los trabajadores.Con el convenio, los países integrantes de la OIT se comprometen a establecer mecanismos de prevención y protección, control de su aplicación, vías de recurso y reparación, así como orientación y difusión. Este instrumento impone la obligación de adoptar la legislación que garantice el derecho a la igualdad y no discriminación en el empleo.La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, radicó el proyecto de ley con el que se busca confirmar la adhesión de Colombia al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para prevenir y eliminar la violencia y el acoso laboral.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la representante a la Cámara por la coalición del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, entregó detalles sobre lo que esto significa en Colombia y los puntos más importantes en materia de medidas contra la violencia de género en los entornos laborales."Ha sido un largo camino por lo menos de cinco años de las trabajadoras, de las organizaciones, de los sindicatos, de las centrales obreras y que yo he acompañado desde hace año y medio en el comité impulsor del convenio. Esto ha sido todo un proceso que hemos llevado a cabo no solo con el Ministerio de Trabajo, sino también con la Cancillería", dijo. La representante destacó la importancia de la adhesión, bajo la premisa "que cuando los trabajadores viven bajo acoso, cuando viven bajo amenazas, cuando viven bajo violencia en sus lugares de trabajo, esto también redunda incluso en sus hogares, en sus familias, en su salud mental. Es decir, que ningún trabajador y trabajadora puede ser productivo de esta manera".En ese sentido, exaltó que se trata de un debate que incluye un cambio cultural y profundo para no no normalizar el abuso y las violencias en el mundo del trabajo. "Tenemos derecho a espacios seguros", finalizó.Escuche aquí la entrevista completa:
Los últimos ajustes en los salarios mínimos de México y Chile fueron destacados este martes por una experta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque, en el primer caso, significa una recuperación del poder adquisitivo del 110 % y, en el segundo, incluye la reducción de la jornada de trabajo.La coordinadora del informe Panorama Laboral 2023, Roxana Maurizio, explicó este martes en rueda de prensa virtual que "el último ajuste acordado para salarios mínimos (de México) es del 20 % para 2024" y que, con esa medida, "el poder adquisitivo se recupera en 110 %".Este ajuste del salario mínimo "es uno de los mayores crecimientos entre los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)" con relación a los salarios mínimos de la región que están cayendo, anotó Maurizio.La experta agregó que era de "destacar los avances en mejora de salario mínimo y reducción de la jornada de trabajo en 2024", anunciados por Chile.El Panorama Laboral 2023 reveló que en 6 de 17 países de la región, el valor del salario mínimo fue menor que en 2019, y que solo en ocho países el valor real es significativamente más elevado que en aquel año.Maurizio añadió que Chile es un "caso particular" porque no ha recuperado completamente la tasa de participación y de ocupación laboral prepandemia, "pero la tasa de informalidad es una de las más bajas de la región", pues Latinoamérica y el Caribe tienen un promedio de 48 % de informalidad.Además, en el caso de Chile se ha ralentizado el ingreso de jóvenes al mercado laboral porque ha incrementado el número de éstos en los centros de estudios a raíz de una "mayor implementación de la gratuidad de la educación técnica y universitaria", señaló Maurizio.En el caso de Argentina, la coordinadora del informe indicó que se proyecta una caída en el nivel de actividad económica de 2,5 % en este año y otra probable contracción para el 2024, lo cual provoca "un desafío importante en la generación de empleo formal"."Habrá que mirar con la dinámica del tipo de cambio real cómo derivan esos impactos (...) en la generación de empleo", expresó Maurizio.Durante la presentación del Panorama Laboral 2023, la directora regional de la oficina de OIT para América Latina y Caribe, Claudia Coenjaerts, alertó que hay persistencia de la informalidad laboral (48 % en promedio), que en algunos países supera el 70 %, y que "no se han visto reducciones en los años de mayor crecimiento" en esa tasa.En tanto, la tasa de participación de las mujeres es de 51 %, frente a la de los hombres que es 74 %, lo cual responde a que llevan una mayor carga de cuidado doméstico, que no siempre permite la participación de las mujeres en el mercado laboral, indicó.Por su parte, los jóvenes de la región regresaron más rápido al mercado laboral, pero sufren del 58 % de informalidad y un 14,4 % de ocupación laboral.Sobre los retos del sector, la directora regional resaltó la necesidad de aumentar la productividad y la cobertura de protección social, la creación de empleos formales, fortalecer el diálogo social y dar empleos a quienes más lo necesitan.
El trabajo de cuidar a otras personas “supone una explotación estructural que empobrece” a quien lo realiza, fundamentalmente mujeres y niñas, asegura la directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESI de Cali (Colombia), Lina Buchely.Organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe llaman la atención sobre el hecho de que, en su inmensa mayoría, las personas cuidadoras que no reciben remuneración alguna sean mujeres, porque ello agrava la inequidad de género y la injusta organización social.Las mujeres soportan la mayor carga del trabajo no remunerado como consecuencia de la rígida división de género que persiste en el mundo laboral en América Latina.De hecho, los cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estiman que en la región las mujeres dedican un 19,6 % de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en comparación con el 7,3 % de los hombres.Desigualdad estructuralLos datos evidencian una brecha estructural tanto social como económica entre hombres y mujeres.“¿Qué es lo que los hombres hacen en lugar de desarrollar trabajos como cuidadores? Pues trabajo productivo; están más en el mercado, generando riqueza y soberanía económica que les permite tener más autonomía para sus proyectos vitales”, reflexiona Buchely.Por el contrario, las mujeres pierden esa posibilidad por dedicarse a la tarea de cuidar a otras personas, señala la académica colombiana.La carga del trabajo de cuidados no sólo impacta en la economía de las mujeres, sino también en su salud.“Los hombres duermen más que nosotras, los hombres hacen más deporte que nosotras, los hombres tienen más tiempo para reflexionar sobre sí mismos y generar redes y capital social”, añade.Revertir la situaciónEl Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número cinco, “lograr la igualdad de género”, también incluye la meta de “reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país”.Por ello, los Estados tienen que responsabilizarse del tema, recalca la directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.“Lo que normalmente hacen los Estados como estrategia transformadora es medir el trabajo doméstico y calcularlo como un renglón de la economía”. Sin embargo, la base para revertir esta situación es “la transformación cultural”, subraya.“Es tremendamente importante que generemos masculinidades cuidadoras y que no haya esa diferencia que viene desde los juegos infantiles, en la que las mujeres somos las cuidadoras y los hombres, los proveedores”, concluye Lina Buchely.Le puede interesar:
El acuerdo sobre la violencia y el acoso de la OIT fue adoptado en junio de 2019 en la Conferencia del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo uno de los primeros instrumentos internacionales que reconocen específicamente el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, introduciendo aspectos garantistas y novedosos con un ámbito de aplicación amplio.Con el convenio, los países integrantes de la OIT se comprometen a establecer mecanismos de prevención y protección, control de su aplicación, vías de recurso y reparación, así como orientación y difusión. Este instrumento impone la obligación de adoptar la legislación que garantice el derecho a la igualdad y no discriminación en el empleo.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Italo Cardona, director de la OIT para los Países Andinos, entregó detalles sobre lo que esto significa en Colombia y cuáles son los puntos más importantes en materia de medidas contra la violencia de género en los entornos laborales."La aprobación de este convenio va a significar o hemos acordado establecer una mesa de trabajo que va a definir una hoja de ruta que va a permitir definir cuáles son las acciones que se tienen que tomar desde desde el Gobierno nacional", dijo. Sobre lo que significa el convenio, explicó "que "buscan construir o apoyar en la construcción de un mecanismo que identifique, que prevenga, que sancione cuando haya que sancionar y que también repare y contribuya a a que las personas que han sido vistas han sido afectadas por una situación de violencia y acoso, también puedan obtener una reparación por sus derechos". La relevancia de este convenio es que se generan entornos de trabajos seguros y libres de violencia de género para lograr equidad en el trabajo y se salda una deuda histórica con las mujeres trabajadoras en prevención del acoso laboral.Escuche aquí a entrevista:
El Gobierno nacional derogará el artículo 1174 de 2020 en medio de un acuerdo con las centrales obreras del país por una conciliación voluntaria con la OIT, anunció este lunes el Ministerio del Trabajo.Ese decreto permitía la cotización a seguridad social por debajo del salario mínimo, habilitando a que las compañías hicieran un aporte proporcional a los Beneficios Económicos Periódicos en lugar de hacer aporte formal al sistema de pensiones. En su momento los sindicatos calificaron como una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás y fue uno de sus caballitos de batalla de las centrales obreras en el paro de 2021.“Llegamos a un feliz acuerdo de conciliación gracias a la buena gestión del Gobierno del cambio y su Ministerio de Trabajo, quien ha hecho todas las veces para que esto sea posible”, dijo Jorge Peña, ejecutivo de la CTC y uno de los firmantes de la conciliación.El anuncio se da apenas una semana antes del inicio formal de las negociaciones sobre el salario mínimo de 2024 y en medio del estancamiento del trámite de la reforma laboral en el Congreso.“Hemos llegado a un acuerdo con presencia de la OIT, de una conciliación voluntaria por primera vez ocurrida en el continente americano, en torno a que se retira esta querella y el Gobierno Nacional se compromete expresamente a derogar el decreto 1174 del Piso de Protección Social, que ya estaba inactivo sobre la base de la sentencia 276 de la Corte Constitucional. Este Gobierno se compromete a seguir avanzando, continuaremos teniendo reuniones periódicas para la realización del monitoreo y hacer seguimiento del decreto derogatorio y sobre todo, de las medidas que favorezcan a las y los trabajadores de Colombia”, puntualizó la Ministra.Le puede interesar:
Tras casi cinco años de disputas, la Dian y sus sindicatos acordaron una ampliación gradual de las planta de personal en 10.000 cargos y poner fin a la disputa en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Un primer acuerdo en ese sentido se había logrado en 2018, sin embargo, no se había cumplido y el caso ya había sido denunciado ante la OIT.No obstante, se acordó "que los motivos por los cuales se presentó la queja a través del oficio del 19 de marzo de 2021, suscrito por Sintradian y la CUT a la OIT, se encuentran superados por cuanto el Gobierno nacional expidió el decreto 419 de 2023, en el cual tuvieron participación las organizaciones sindicales".Este domingo, 18 de septiembre, por ejemplo, arrancará una nueva fase dentro de los concursos para incorporar nuevo personal de forma definitiva a la Dian.“La firma de este documento permite que, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, todos los funcionarios que estaban como provisionales en este momento tengan sus trabajos garantizados gracias a la ampliación de la planta”, dijo Marco Tulio Ardilla, fiscal de Sintradian.Puede ver:
Fue recapturado en Portugal Diego Marín, alias ‘Pitufo’, el conocido “zar del contrabando”. Este hombre, según confirmaron fuentes de la Policía, pretendía escapar; sin embargo, fue capturado en las últimas horas. Ahora este hombre deberá ir a España, donde se reiniciará su proceso de extradición a Colombia.Alias ‘Pitufo’ hace parte, de acuerdo con las autoridades, de un sistema criminal trasnacional, dedicado al contrabando y es señalado, incluso, de sobornar a fiscales de en el Valle del Cauca. Además, es el líder de una organización dedicada al lavado de activos del narcotráfico, utilizando el contrabando de ropa. Por esto, el presidente Gustavo Petro lo catalogó como el “zar del contrabando”.La recaptura en Portugal de Marín se dio luego de un trabajo articulado entre las autoridades colombianas y españolas, quienes siguieron de cerca a alias ‘Pitufo’ para finalmente dar con su paradero. Según confirmaron fuentes de la Policía, ya hubo una comunicación entre Colombia y España para confirmar la captura de este hombre.El pasado mes de abril fue el mismo presidente Petro el que anunció la captura en España de alias ‘Pitufo’; sin embargo, en poco tiempo fue dejado en libertad por la justicia de ese país, algo que el primer mandatario calificó como “muy lamentable”, ya que existe un tratado de extradición entre los dos países.
Los hechos que fueron noticia en Colombia y el mundo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 3 de diciembre de 2024:Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, habló sobre la aprobación al Sistema General de Participaciones. Hoy con este modelo centralista no hemos logrado cerrar las brechas en educación o agua potableLa representante Katherine Miranda, explicó por qué votó No a la reforma al Sistema General de Participaciones.Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirió al explosivo lanzado en centro comercial de la ciudad y las medidas que debió tomar la Policía para mitigar la situación. Se debatió sobre la propuesta de Germán Vargas Lleras para postular un candidato único para las elecciones del 2026. Se habló de la renuncia de la secretaria de Educación de Santander, María Paola Suárez, para participar en el empalme de Gregorio Eljach en la Procuraduría General de la Nación. Escuche el programa completo aquí:
Tradicionalmente, el salario mínimo se fija con inflación más productividad. Si esa ecuación se respeta para el 2025, el salario tendría que subir cerca de 7 % como mínimo porque la inflación estará por encima del 5 % al finalizar el año y, aunque no hay acuerdo sobre la cifra de productividad, el Dane presentó cuatro mediciones por encima del 1.7 %.En pesos, un incremento del 6.8 % equivale a unos 99.400 pesos (incluyendo el subsidio de transporte)."Estamos convocados para estudiarlas de 8 a 10 a.m con una profundización de las variables que nos entregará el Dane y ya allí cada una de las partes, tanto la empresarial como la parte de centrales, entregarán su propuesta y nosotros miraremos si se puede llevar concertada, recomendamos o simplemente presentamos todo el panorama", explicó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.Este miércoles 4 de diciembre se reúnen de nuevo empresarios y trabajadores buscando un acuerdo sobre ese punto de la negociación. Un momento en el que las centrales obreras estána la espera con optimismo."Yo creo que aquí los primeros derrotados son Ricardo Bonilla, que no sé de dónde sacó esos datos, y Bedoya, de la SAC, que dijo que ese era el techo de la negociación. El que decía Bonilla, nos satisface y estamos claramente sorprendidos con el desarrollo, con el que empieza la subcomisión de productividad en la Comisión Nacional de Concertación", dijo el presidente de la CUT, Fabio Arias.Arias insiste que las centrales reclamarán una deuda histórica de los trabajadores a raíz de las mediciones de productividadPor su parte, el presidente de Acopi, Rodolfo Correa, lamentó que al inicio de las negociaciones se esté usando un lenguaje de "los derrotados". Horas antes, Correa había propuesto un aumento salarial del 2.5 % (la mitad de la inflación).En Colombia, 10.1 millones de personas, el 45.2 % de los trabajadores del país, se están ganando menos de un salario mínimo y apenas 3.3 millones de personas se ganan exactamente el mínimo.El Gobierno debe firmar el decreto de incremento como máximo el 30 de diciembre.
El presidente Gustavo Petro volvió a defender al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegurando que las acusaciones en su contra por presuntamente direccionar contratos son injustas. El mandatario escribió en su cuenta de X:“Conozco al profesor Ricardo Bonilla y lo respeto muchísimo, por su profundidad intelectual como economista de verdad, comprometido con las necesidades de su pueblo. A veces lo intelectual se separa del pueblo, te hace veleidoso, te genera una especie de aristocracia falsa que te lleva a servir con ideas, también falsas, a los enemigos brutales de la gente”.Petro también se refirió a los cupos indicativos, argumentando que no son un invento reciente, sino parte del sistema político de Colombia.“No hay congresistas si no compra votos en las regiones, excepto los que apelan a la opinión libre de la ciudadanía; y sin congresistas no hay leyes”, señaló.Finalmente, el presidente afirmó que fue él mismo quien denunció esta práctica, que reconoce como corrupta.El ministro Ricardo Bonilla está siendo cuestionado tras la revelación de Noticias Caracol de la declaración de la exasesora del ministerio, Alejandra Benavides, quien aseguró que el jefe de la cartera estaba enterado de todos los movimientos que se hicieron para presuntamente direcciones contratos a cambio de votos en la comisión interparlamentaria de crédito público.
En medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, el exdirector de la entidad, Olmedo López, reveló un nuevo detalle durante su interrogatorio. Según López, los 3.000 millones de pesos que se habrían gestionado como parte de un esquema ilícito no eran directamente para el expresidente del Senado, Iván Name, sino para financiar la campaña de su hija, María Clara Name, al Concejo de Bogotá.La declaración de López se suma a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que Ortiz utilizó su cargo para favorecer a Name mediante gestiones indebidas, que incluyeron la entrega de los 3.000 millones de pesos y la adición de 11.000 millones de pesos a un contrato de la UNGRD en el Atlántico.Entre las evidencias se destacan videos y registros de una reunión en la Casa de Nariño, realizada el 21 de septiembre de 2021, donde Ortiz y López habrían discutido cómo canalizar los recursos hacia el senador Name. Según López, estas gestiones tenían como objetivo fortalecer la campaña política de María Clara Name.Además, chats obtenidos por la Fiscalía muestran que López y Sneyder Pinilla, también acusados, coordinaron el traslado del dinero hacia el norte de Bogotá los días 12 y 13 de octubre de ese año. Estas acciones, según la Fiscalía, se habrían llevado a cabo bajo las órdenes del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, implicado como presunto articulador de las operaciones.Las investigaciones avanzan mientras, López y Pinilla enfrentan cargos por concierto para delinquir y desvío de recursos públicos; ambos llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía.
