Luego de varias alertas realizadas por la Contraloría, en la mañana de este martes, la Fiscalía informó la verificación de este proceso que dan cuenta de presuntas irregularidades en el manejo de recursos en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, (Cardique) detectando 220 contratos que habrían sido suscritos de manera irregular en 2016.
De acuerdo a la Fiscalía, en el material probatorio recopilado se pudo establecer que nunca se dio cumplimiento a los contratos que contemplaban obras de limpieza y mantenimiento de arroyos, caños y reservorios.
Según el ente acusador, parte de los 28 mil millones de pesos destinados para la ejecución de las obras,terminaron en manos del entonces director de la mencionada Corporación, Olaff Puello Castillo y varios de sus colaboradores y contratistas.
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A eso se le suma que, en las evidencias obtenidas en el proceso penal contra los implicados, permitió identificar 104 bienes que habrían sido adquirido por los investigados durante el tiempo en que ocurrió el ilícito.
Extinción de Dominio
Ante estos indicios, presentados por la Fiscalía, la Dirección Especializada de Extinción de Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 43 bienes inmuebles, 35 vehículos y 26 sociedades que figuraban a nombre de los exfuncionarios y contratistas involucrados en hechos de corrupción.
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Fue así como personal de la Policía, Fiscalía y la DIJIN realizaron las diligencias de ocupación en los barrios Crespo, Bocagrande, Torices, Manga, La Castellana, Tacarigua, Ciudad Jardín, Villa Grande, Ternera, La Plazuela y otros sectores de Cartagena y el municipio de Turbaco, Bolívar.
Los bienes afectados están avaluados en 20 mil millones de pesos, entre ellos, el inmueble donde Puello Castillo, exdirector de Cardique, cumple la medida de detención domiciliaria otorgada por un juez de control de garantías.
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Los investigados
Además de Olaff Puello Castillo, también fueron ocupados bienes de otros cinco funcionarios que fueron capturados y judicializados en mayo de 2018 por la presunta participación en la desviación de 28 mil millones de pesos a través de la celebración de 220 contratos.
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Los funcionarios investigados son: Katherine, Martelo Fernández, Subdirectora de Planeación de Cardique, Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, funcionarias y supervisoras de Contratos, Bernabé Maldonado Maldonado, contador y Fredy Javier Rodgers, topógrafo.
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