La Procuraduría General de la Nación anunció una investigación disciplinaria contra los agentes de la Policía de Cartagena, Nelson Enrique Martínez Balceiro y Yuliana Jaramillo Mazo, por un presunto abuso de autoridad durante un procedimiento en un centro comercial de Cartagena.La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena los investiga porque, al parecer, se habrían extralimitado al momento de retirar de uno de los locales del lugar a una mujer que reclamaba su liquidación laboral. Los policías la esposaron a pesar de tener una bebé de dos meses en sus brazos y estar acompañada por otro menor. El órgano de control busca definir si los agentes cumplieron los protocolos establecidos en la ley.El Ministerio Público anunció que solicitará los protocolos de seguridad que maneja el establecimiento comercial donde ocurrieron los hechos.Cabe recordar que, la mujer aseguró que trabajó para la empresa Jon Sonen un año y seis meses y, que ya han pasado dos años desde que esta empresa la despidió sin justa causa, por lo que continúa reclamando su liquidaciónPor su parte, la Defensoría del Pueblo aseguró que sigue este caso desde febrero y, que pesar de un fallo de una acción de tutela a favor de la mujer, el 14 de mayo de este año, la empresa no ha cumplido con sus obligaciones.¿Qué pasó en el local de Jon Sonen en Catagena?Hay gran indignación en Cartagena luego de que se conociera un video en el que una mujer que se encontraba junto a sus dos pequeños hijos fue esposada y retirada por la Policía de una tienda del reconocido diseñador Jon Sonen en el centro histórico de la ciudad, mientras reclamaba el pago, de lo que asegura, le corresponde por concepto de liquidación.En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, se observa cómo la mujer, que lleva en brazos a su pequeña hija, es conducida por agentes de la Policía que le piden salir de la tienda.Le puede interesar:
En medio del escándalo que rodeó el caso de la señora Norelys Álvarez, quien fue sacada esposada del centro comercial Serrezuela de Cartagena cuando reclamaba su liquidación en una tienda de Jon Sonen, el diseñador barranquillero se pronunció en entrevista con Mañanas Blu y aseguró que cumplió con la ley. "Hay personas que no entran en razón, que no hacen sino reclamar lo que no está dictado por la ley laboral. A ella se le comenzaron a hacer pagos de esa liquidación y es allí donde comienza toda una disputa donde instaura una tutela. Ella dice que no fue atendida, pero la ley dice que debe hacerse antes de cinco días por un juez. Esa tutela fue respondida y fallada a favor de la compañía, eso reposa en la carpeta de los documentos. Ella ha instalado dos o tres tutelas. Nunca se ha dirigido al Ministerio de Trabajo, llegó a la Defensoría del Pueblo que es una entidad que no atiende ninguna disputa laboral", sostuvo Sonen. Según el diseñador, la disputa laboral surgió porque Álvarez se negó a firmar la hoja de recibo de la liquidación para tomar la decisión de entutelar y que esa fue la razón por la que el dinero tuvo que consignarse en un depósito judicial. "Ella siempre tuvo unas pretensiones de liquidación por las que nunca quiso firmar la hoja de recibo, porque a todo empleado cuando se le termina un contrato laboral, se le envía la carta de de liquidación y hay una firma de aceptación que debe firmar el empleado. Ella nunca entendió los valores. El valor de su liquidación era 4.467.000 pesos", sostuvo el empresario. Sonen aseguró que el proceso laboral tuvo lugar justo en medio de la pandemia y que durante 10 meses enfrentó una difícil situación económica debido a que los almacenes no pudieron operar. El diseñador sostuvo que debido a las dificultades, no pudo realizar entonces el pago total de la liquidación y se realizaron “abonos” antes de hacer el pago total del saldo pendiente el pasado mes de septiembre a través del depósito judicial.“Quedó un saldo pendiente y ella aduce que ese no es el valor. Ante eso le tratamos de explicar que era el valor correcto, sin embargo, ella instauró una demanda y al tener la demanda, ya que hay contestar con un depósito judicial, el pago se hizo desde el 15 de septiembre. Hoy la señora no puede reclamar el dinero porque está en el depósito en espera que se resuelva la decisión del juez laboral”, indicó Sonen. Sobre la denuncia de Norelys Álvarez, quien aseguró que su salida se debió a su negativa a trasladarse a trabajar a una tienda en Yopal, Casanare, Sonen calificó el procedimiento como normal. "Todo esto se enreda porque la persona tiene que firmar la aceptación de la liquidación. No lo quiso aceptar. El contrato laboral se terminó porque cuando una persona firma un contrato con la compañía, hay varios puntos de venta en distintas ciudades y hay traslados que se generan. La dirección comercial determinó que había una vacante en otro punto, es muy frecuente que eso se dé", señaló.Según el diseñador, en varias ocasiones el departamento de recursos humanos de la empresa se ha puesto en contacto con la mujer para explicarle en qué etapa se encuentra el proceso y afirmó, además, que no fue desde su establecimiento que se hizo el llamado a la Policía.“No solicitamos el uso de la fuerza pública, entiendo que fue el centro comercial y creo que por el nivel de ruido, creo que fueron ellos que lo solicitaron, y la verdad lamentamos que eso haya sucedido”, sostuvo.Vea esta información en Noticias Caracol:
Norelys Álvarez, la mujer que fue retirada por la Policía en una reconocida tienda del diseñador Jon Sonen en Cartagena, denunció que le deben el pago de toda su liquidación luego de haber trabajado allí por más de un año y medio y de donde fue despedida por “justa causa” por no aceptar un traslado de sede.En diálogo con Mañanas Blu, dio su versión luego de que se difundiera un video, grabado por su propia hija, en el que se ve cómo la Policía la esposa y la saca de la tienda. Según contó, “no hubo ningún detonante” para que la situación llegara a tal punto de necesitar patrulleros.En ese sentido, aclaró que antes de su despido le dieron unas vacaciones porque estaba en embarazo, pero una vez volvió a reportarse empezaron los problemas, pues le decían que no debía trabajar aún y luego, finalmente, le comunicaron que se tenía que trasladar a otro punto de venta, a lo que ella se negó porque su hija era recién nacida.“Hay una carta que la empresa me envía de un traslado para Yopal, Casanare. Yo desconocía todo, fui a solicitar ayuda y un abogado me explica por qué no puedo aceptar ese traslado, cómo me iba a ir cuando tenía una niña de seis meses y un niño, además de mi mami, quien me cuidaba los niños; yo era el sustento de ese hogar”, aseguró Álvarez.Norelys, quien es ciudadana venezolana y vive en Colombia desde hace cinco años, añadió que fue en ese momento que le notificaron su despido “por justa causa” porque no se acopló a los cambios del empleador.“Por no aceptar el cambio, por eso ellos me despiden. En la empresa no me explicaron porqué me movían de punto, solo hablaba de un traslado (…) Yo no podía”, recalcó en entrevista con Blu Radio.Según dijo, la tienda Jon Sonen le debe una liquidación de más de cuatro millones de pesos y que aún no entiende por qué no se la han cancelado; detalló, finalmente, que trabajó allí como asesora, se encargaba del aseo, de surtir mercancía, entre otras tareas del reconocido local.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu:Vea el polémico video aquí:
Este martes, en medio del escándalo por la revelación de un video que muestra la forma en que un policía esposó a una mujer que reclamaba su liquidación en una tienda de Jon Sonen en Cartagena, el Ministerio de Trabajo tomó la decisión de cerrar el establecimiento tras verificar que los trabajadores no estaban afiliados a Administradora de Riegos laborales (ARL).Blu Radio conoció el documento de los inspectores de trabajo y seguridad social, en el cual consta la acción administrativa y su justificación. “Los funcionarios comisionados, el 29 de noviembre de 2022, se trasladaron a las instalaciones del establecimiento de comercio almacén ‘Jon Sonen Serrezuela’, donde se pudo verificar no afiliación y pagos a riesgos laborales a través de entrevista a trabajadores y consulta en la página de la administradora de riesgos laborales”, cita el documento.Este miércoles, también, la Procuraduría anunció la apertura de una indagación preliminar a los policías que esposaron a la mujer, identificada como Norelys Álvarez. De acuerdo con el Ministerio Público, al parecer, los uniformados pudieron incurrir extralimitación de sus funciones. "Al parecer, los agentes se habrían extralimitado al momento de retirar del local a una mujer que reclamaba su liquidación laboral, pues la esposaron a pesar de tener una bebé en sus brazos y estar acompañada por otro menor de edad", comunicó la entidad. La Procuraduría dijo que con la indagación preliminar se verificará si los uniformados incurrieron en falta disciplinaria y si en el procedimiento hubo alguna causal de exclusión de responsabilidad. Caso viralEl caso de la mujer, Norelys Álvarez, generó profunda repercusión e indignación nacional luego de que el video fuese compartido en redes sociales. En las imágenes, se observa cómo la mujer, que llevaba en sus brazos a una de sus hijas, es conducida por agentes de la Policía que le exigen salir de la tienda.“Me están sacando de la tienda que me debe más de dos millones de pesos hace dos años y no me quieren cancelar, llamaron a la Policía y se niegan a contestar”, dice visiblemente exaltada la madre, mientras su pequeña hija llora, y los uniformados le colocan las esposas."No estaba haciendo escándalo"En diálogo con Blu Radio, Norelis Álvarez, la mujer que aparece en el video, relató que este momento fue grabado por su hijo de 8 años, quien estaba con ella durante el incidente y que no llegó a la tienda a “armar ningún tipo de escándalo”, sino a reclamar lo que le corresponde por derecho.“Yo llegué a la tienda y pedí que llamaran a la persona de recursos humanos, que me dieran una respuesta, que yo soy madre soltera, tengo tres meses sin trabajo, yo estoy aquí sola y de repente ellos llamaron a la Policía. Yo no estaba haciendo ningún tipo de escándalo y la Policía insistía en que debía salir porque yo estaba alterando el orden público, que estaba espantando a los clientes, y entonces me dijeron que me iban a sacar esposada”, contó.De acuerdo a la madre, durante más un año y seis meses trabajó para la reconocida tienda y en octubre de 2020 decidieron terminar su contrato laboral, sin que hasta la fecha le hayan pagado liquidación.“Después de regresar de vacaciones en el correo me encontré una carta de un traslado a Yopal, Casanare. Yo no me podía ir a otra ciudad con dos niños menores de edad y sola busqué ayuda de un abogado y la empresa me envió a descargos. Yo no quise firmar los descargos y fue en ese momento que ellos decidieron despedirme por no ajustarme a los cambios de mi empleador y ya después de ahí no me han pagado la liquidación”, dijo.Desde entonces, según cuenta la mujer, inició todo un proceso legal para lograr el pago de lo que le corresponde por ley, sin embargo, no ha tenido efecto.“Yo decidí llegar hasta allá porque estoy desesperada, no tengo empleo hace tres meses, no tengo cómo sostener a mis hijos. Yo no pretendo ni lucrarme de nada, ni ponerlos a ellos mal, mi idea es solamente que me cancelen el dinero que me deben, que yo trabajé, no es algo ni siquiera regalado ni prestado, es algo que yo me gané”, aseguró la madre de 31 años, quien llegó desde Venezuela a Cartagena hace cinco años.Vea esta información en Noticias Caracol:
La Procuraduría anunció que indagará de forma preliminar a los policías que esposaron a una mujer que reclamaba el pago de su liquidación en una tienda del diseñador Jon Sonen en Cartagena . De acuerdo con el Ministerio Público, al parecer, los uniformados pudieron incurrir extralimitación de sus funciones. "Al parecer, los agentes se habrían extralimitado al momento de retirar del local a una mujer que reclamaba su liquidación laboral, pues la esposaron a pesar de tener una bebé en sus brazos y estar acompañada por otro menor de edad", comunicó la entidad. La Procuraduría dijo que con la indagación preliminar se verificará si los uniformados incurrieron en falta disciplinaria y si en el procedimiento hubo alguna causal de exclusión de responsabilidad. El caso de la mujer, Norelis Álvarez, generó profunda repercusión e indignación nacional luego de que el video fuese compartido en redes sociales. En las imágenes, se observa cómo la mujer, que llevaba en sus brazos a una de sus hijas, es conducida por agentes de la Policía que le exigen salir de la tienda.“Me están sacando de la tienda que me debe más de dos millones de pesos hace dos años y no me quieren cancelar, llamaron a la Policía y se niegan a contestar”, dice visiblemente exaltada la madre, mientras su pequeña hija llora, y los uniformados le colocan las esposas."No estaba haciendo escándalo"En diálogo con Blu Radio, Norelis Álvarez, la mujer que aparece en el video, relató que este momento fue grabado por su hijo de 8 años, quien estaba con ella durante el incidente y que no llegó a la tienda a “armar ningún tipo de escándalo”, sino a reclamar lo que le corresponde por derecho.“Yo llegué a la tienda y pedí que llamaran a la persona de recursos humanos, que me dieran una respuesta, que yo soy madre soltera, tengo tres meses sin trabajo, yo estoy aquí sola y de repente ellos llamaron a la Policía. Yo no estaba haciendo ningún tipo de escándalo y la Policía insistía en que debía salir porque yo estaba alterando el orden público, que estaba espantando a los clientes, y entonces me dijeron que me iban a sacar esposada”, contó.De acuerdo a la madre, durante más un año y seis meses trabajó para la reconocida tienda y en octubre de 2020 decidieron terminar su contrato laboral, sin que hasta la fecha le hayan pagado liquidación.“Después de regresar de vacaciones en el correo me encontré una carta de un traslado a Yopal, Casanare. Yo no me podía ir a otra ciudad con dos niños menores de edad y sola busqué ayuda de un abogado y la empresa me envió a descargos. Yo no quise firmar los descargos y fue en ese momento que ellos decidieron despedirme por no ajustarme a los cambios de mi empleador y ya después de ahí no me han pagado la liquidación”, dijo.Desde entonces, según cuenta la mujer, inició todo un proceso legal para lograr el pago de lo que le corresponde por ley, sin embargo, no ha tenido efecto.“Yo decidí llegar hasta allá porque estoy desesperada, no tengo empleo hace tres meses, no tengo cómo sostener a mis hijos. Yo no pretendo ni lucrarme de nada, ni ponerlos a ellos mal, mi idea es solamente que me cancelen el dinero que me deben, que yo trabajé, no es algo ni siquiera regalado ni prestado, es algo que yo me gané”, aseguró la madre de 31 años, quien llegó desde Venezuela a Cartagena hace cinco años.Vea esta información en Noticias Caracol:La versión de Jon SonenEl diseñador barranquillero Jon Sonen dio su versión de los hechos y aseguró que por cuenta de la crisis económica generada por la pandemia, la empresa no pudo realizar el pago total de la liquidación y que se realizaron “abonos” antes de hacer el pago total del saldo pendiente el pasado mes de septiembre a través de un depósito judicial.“Quedó un saldo pendiente y ella aduce que ese no es el valor. Ante eso le tratamos de explicar que era el valor correcto, sin embargo, ella instauró una demanda y al tener la demanda, ya que hay contestar con un depósito judicial, el pago se hizo desde el 15 de septiembre. Hoy la señora no puede reclamar el dinero porque está en el depósito en espera que se resuelva la decisión del juez laboral”, explicó en diálogo con BLU Radio.Según el diseñador, en varias ocasiones el departamento de recursos humanos de la empresa se ha puesto en contacto con la mujer para explicarle en qué etapa se encuentra el proceso y afirma, además, que tampoco hicieron llamado a la Policía.“No solicitamos el uso de la fuerza pública, entiendo que fue el centro comercial y creo que por el nivel de ruido, creo que fueron ellos que lo solicitaron, y la verdad lamentamos que eso haya sucedido”, sostuvo.Lo que dijo la Policía La Policía Metropolitana de Cartagena indicó, a su vez, que tras recibir el llamado y atender el caso intentaron hacer uso de la mediación, pero no fue posible.“Tras hacer uso de los recursos de mediación y con el propósito de garantizar la protección los derechos de los niños, de la misma mujer y de las personas que se encontraban en el establecimiento y que pudieran afectar su integridad, los uniformados procedieron a esposarla y a realizar expulsión de domicilio de conformidad con el artículo 177 de la Ley 1801 de 2016”, detallaron través de un comunicado.Explicaron, además, que fuera del establecimiento les retiraron las esposas a la mujer y le impusieron una orden de comparendo.Mintrabajo selló la tiendaEl presidente Gustavo Petro se sumó a las voces de rechazo en redes sociales por este caso. A través de Twitter el mandatario colombiano aseguró que “el respeto a las reglas laborales debían ser pan de todos los días."Deplorable este tratamiento a una trabajadora que es portadora de derechos”, indicó el mandatario.Por otro lado se conoció que el Ministerio de Trabajo selló temporalmente la lujosa tienda del diseñador Jon Sonen en Cartagena, donde la mujer fue expulsada.La tienda fue sellada tras una inspección al lugar, en el que se encontró que uno de los empleados del lugar no contaba con afiliación a ARL.
Hay gran indignación en Cartagena luego de que se conociera un video en el que una mujer que se encontraba junto a sus dos pequeños hijos fue esposada y retirada por la Policía de una tienda del reconocido diseñador Jon Sonen en el centro histórico de la ciudad, mientras reclamaba el pago, de lo que asegura, le corresponde por concepto de liquidación.En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, se observa cómo la mujer, que lleva en brazos a su pequeña hija, es conducida por agentes de la Policía que le piden salir de la tienda.“Me están sacando de la tienda que me debe más de dos millones de pesos hace dos años y no me quieren cancelar, llamaron a la Policía y se niegan a contestar”, dice visiblemente exaltada la madre, mientras su pequeña hija llora, y los uniformados le colocan las esposas.En diálogo con BLU Radio, Norelis Álvarez, la mujer que aparece en el video, relató que este momento fue grabado por su hijo de 8 años, quien estaba con ella durante el incidente y que no llegó a la tienda a “armar ningún tipo de escándalo”, sino a reclamar lo que le corresponde por derecho.“Yo llegué a la tienda y pedí que llamaran a la persona de recursos humanos, que me dieran una respuesta, que yo soy madre soltera, tengo tres meses sin trabajo, yo estoy aquí sola y de repente ellos llamaron a la Policía. Yo no estaba haciendo ningún tipo de escándalo y la Policía insistía en que debía salir porque yo estaba alterando el orden público, que estaba espantando a los clientes, y entonces me dijeron que me iban a sacar esposada”, contó.De acuerdo a la madre, durante más un año y seis meses trabajó para la reconocida tienda y en octubre de 2020 decidieron terminar su contrato laboral, sin que hasta la fecha le hayan pagado liquidación.“Después de regresar de vacaciones en el correo me encontré una carta de un traslado a Yopal, Casanare. Yo no me podía ir a otra ciudad con dos niños menores de edad y sola busqué ayuda de un abogado y la empresa me envió a descargos. Yo no quise firmar los descargos y fue en ese momento que ellos decidieron despedirme por no ajustarme a los cambios de mi empleador y ya después de ahí no me han pagado la liquidación”, dijo.Desde entonces, según cuenta la mujer, inició todo un proceso legal para lograr el pago de lo que le corresponde por ley, sin embargo, no ha tenido efecto.“Yo decidí llegar hasta allá porque estoy desesperada, no tengo empleo hace tres meses, no tengo cómo sostener a mis hijos. Yo no pretendo ni lucrame de nada, ni ponerlos a ellos mal, mi idea es solamente que me cancelen el dinero que me deben, que yo trabajé, no es algo ni siquiera regalado ni prestado, es algo que yo me gané”, aseguró la madre de 31 años, quien llegó desde Venezuela a Cartagena hace cinco años.”El saldo pendiente se pagó a través de depósito judicial”: Jon SonenPor su parte, el diseñador barranquillero Jon Sonen señaló que por cuenta de la crisis económica generada por la pandemia, la empresa no pudo realizar el pago total de la liquidación y que realizaron “abonos” antes de hacer el pago total del saldo pendiente el pasado mes de septiembre a través de un depósito judicial.“Quedó un saldo pendiente y ella aduce que ese no es el valor. Ante eso le tratamos de explicar que era el valor correcto, sin embargo, ella instauró una demanda y al tener la demanda, ya que hay contestar con un depósito judicial, el pago se hizo desde el 15 de septiembre. Hoy la señora no puede reclamar el dinero porque está en el depósito en espera que se resuelva la decisión del juez laboral”, explicó en diálogo con BLU Radio.Según el diseñador, en varias ocasiones el departamento de recursos humanos de la empresa se ha puesto en contacto con la mujer para explicarle en qué etapa se encuentra el proceso y afirma, además, que tampoco hicieron llamado a la Policía.“No solicitamos el uso de la fuerza pública, entiendo que fue el centro comercial y creo que por el nivel de ruido, creo que fueron ellos que lo solicitaron, y la verdad lamentamos que eso haya sucedido”, sostuvo.La Policía Metropolitana de Cartagena indicó, a su vez, que tras recibir el llamado y atender el caso intentaron hacer uso de la mediación, pero no fue posible.“Tras hacer uso de los recursos de mediación y con el propósito de garantizar la protección los derechos de los niños, de la misma mujer y de las personas que se encontraban en el establecimiento y que pudieran afectar su integridad, los uniformados procedieron a esposarla y a realizar expulsión de domicilio de conformidad con el artículo 177 de la Ley 1801 de 2016”, detallaron través de un comunicado.Explicaron, además, que fuera del establecimiento les retiraron las esposas a la mujer y le impusieron una orden de comparendo.Presidente Petro se pronuncióEl presidente Gustavo Petro se sumó a las voces de rechazo en redes sociales por este caso. A través de Twitter el mandatario colombiano aseguró que “el respeto a las reglas laborales debían ser pan de todos los días."Deplorable este tratamiento a una trabajadora que es portadora de derechos”, indicó el mandatario.Por otro lado se conoció que el Ministerio de Trabajo selló temporalmente la lujosa tienda del diseñador Jon Sonen en Cartagena, donde la mujer fue expulsada.La tienda fue sellada tras una inspección al lugar, en el que se encontró que uno de los empleados del lugar no contaba con afiliación a ARL.Le puede interesar:
Las fuertes y más recientes lluvias han dejado graves emergencias en el Cesar, donde más de un kilómetro de la vía que comunica a los municipios de La Gloria y La Mata se encuentra totalmente inundado producto del desbordamiento del río San Alberto.En videos aficionados compartidos a través de redes sociales, quedó registrado el momento en el que la fuerza del agua rompió una especie de muralla que, tiempo atrás, había sido instalada para evitar emergencias por desbordamientos.“Nos encontramos en el río San Alberto y Caño Oscuro, mire como rompió la muralla, toda esa agua se nos metió”, se escucha en el video.Por otra parte, un fuerte aguacero que se extendió por más de cuatro horas generó graves inundaciones en diferentes zonas de Valledupar, entre las que se encuentran la Terminal de Transportes, la carrera cuarta con el barrio Los Mayales y el sector conocido como Cola de Caballo.Y es que, dada la crisis invernal que se registra desde hace varias semanas en en este departamento, las autoridades mantienen las alertas encendidas por riesgo de avalanchas en por lo menos 11 municipios, seis de ellos bajo alerta roja. Petrona Romero, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cesar, confirmó que en el departamento sigue activa la Sala de Crisis (PMU) y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo por emergencias.“Desde el pasado viernes se activó la Sala de Crisis, que es como un PMU, contando con la participación de las autoridades locales, departamentales y militares. Desde ese día mantenemos también los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo activos bajo coordinación permanente por las emergencias”, manifestó Romero.Además, en el río Cesar tuvo que ser declarada la alerta roja ante el riesgo por posibles desbordamientos, lo que también mantiene bajo especial atención al río Guatapurí que, a su vez, ha generado alertas en los asentamientos Nueve de Marzo, San Juan, Pescaito, Zapato en Mano, entre otros.
Un juzgado especializado condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, tras comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora, sur de Bogotá, durante el estallido social, la noche del 4 de mayo de 2021. En el lugar se encontraban refugiados 15 policías y los agresores emplearon piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el ataque.La sentencia se basó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio. Los videos de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y los testimonios de las víctimas señalaron a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los responsables del ataque. Además, se encontró que los artefactos explosivos incautados en la vivienda de Murcia Rodríguez coincidían con las sustancias empleadas contra las instalaciones policiales.El juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa y las calificó de inconsistentes y, contradictorias. En su fallo, afirmó que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con dolo y que las conductas punibles fueron ejecutadas con premeditación y violencia.El Ministerio Público también respaldó la condena. El procurador enfatizó que no se trató de una protesta social, como argumentaba la defensa, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor. “Se comprobó la materialidad de las conductas y la responsabilidad penal de los procesados”, afirmó, añadiendo que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales.
La Superintendencia Nacional de Salud encabezada por Giovanni Rubiano, ha decidido adelantar la toma de posesión de la EPS Coosalud en Cartagena tras ordenar su intervención forzosa para la administración. Esta medida se fundamenta en una serie de hallazgos que según la entidad evidencian serias falencias, esta EPS tiene a más de 3.3 millones de afiliados.La intervención llega en el momento en el que Coosalud se encuentra dentro de las cuatro EPS que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, a raíz de las denuncias presentadas por Luis Carlos Leal, el anterior superintendente por presunta corrupción.En un contexto de grandes reformas al sistema de salud, el presidente Gustavo Petro había declarado con firmeza durante la posesión de Giovanni Rubiano como nuevo superintendente, que la vigilancia de las EPS es una de las tareas cruciales en el marco de la reforma al sector. "Antes de la aprobación del proyecto de reforma a la salud, la Superintendencia debe vigilar las EPS" había dicho el mandatarioY es que recordemos que durante esta posesión el mandatario solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo nuevas denuncias sobre corrupción en EPS. Al respecto, se refirió a la EPS Coosalud "Esta EPS no responde a las intervenidas, hoy por hoy es privada, aunque en mi opinión debería ser intervenida", señaló PetroLa intervención de Coosalud es la octava de este tipo y es la primera intervención ordenada por Rubiano desde su nombramiento. Durante la intervención el superintendente posiciono como agente interventor a Mauricio Camaro Fuentes. Coosalud es una de las EPS más grandes del país, ocupando la quinta posición en número de afiliados, con un total de 3.369.583 personas cubiertas bajo su servicio.
Un accidente de tránsito dejó tres personas lesionadas, dos de ellas de consideración grave, en un choque múltiple que involucró tres motocicletas y un bus. El incidente ocurrió en el kilómetro 14+180 de la vía Medellín-Bogotá, en el sector conocido como Peñolsito.De acuerdo con las primeras versiones y un video difundido en redes sociales, el accidente se presentó en condiciones de baja visibilidad debido a la niebla. En el siguiente video se observa cómo un bus se detiene en la vía, momento en el que uno de los motociclistas no logra frenar a tiempo y choca contra la parte trasera del vehículo. Tras el impacto, el motociclista cae sobre la calzada, provocando que las otras dos motocicletas que venían detrás también se estrellaran y terminaran en el suelo.Las autoridades de tránsito acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia y coordinar el traslado de los heridos a centros asistenciales cercanos. Se informó que dos de los lesionados presentan heridas de consideración y están bajo observación médica, mientras que el tercero sufrió lesiones menores.El tráfico en el sector se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las labores de atención y limpieza de la vía. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar las precauciones, especialmente en condiciones de baja visibilidad, y recordaron la importancia de mantener distancias seguras y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de accidentes.
La Sección de Apelación de la JEP decidió declarar improcedente la solicitud de nulidad que presentó el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, quien fue imputado por su responsabilidad en casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia mientras él comandó la Brigada Cuarta.“La Subsala consideró que tenía bases suficientes para señalar, entre otros, al compareciente MONTOYA URIBE como máximo responsable en calidad de autor por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, en su calidad de comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, dada su posición de garante por competencia institucional y en atención al ejercicio de tal calidad en la configuración de los patrones macrocriminales analizados por la SRVR en el ADHC”, explicó la JEP.Montoya pidió anular dicha imputación y en una primera medida esa solicitud fue negada, por lo que su abogado volvió a apelar.“Mediante escritos del 17 y 24 de mayo de 2024, el representante judicial del compareciente interpuso de forma oportuna el recurso de apelación contra el auto 024 del 6 de mayo de 202445. Fundamentó su inconformidad en cuatro ejes temáticos: (i) Sobre la imputación como autor por instigación a título de dolo, cuestionó la decisión de la SRVR pues en su criterio los títulos de “autor” e “Instigador” usados por la Sala de justicia implican una mixtura de figuras legales, en tanto el primer vocablo alude al dominio del hecho y el segundo no. Situación que resulta confusa, incoherente e incomprensible para el compareciente y deviene en un vicio del consentimiento de cara a una posible aceptación46. (ii) La falta de enunciación de los hechos” explica la JEP.La defensa aseguraba que algunos hechos imputados se encuentran fuera del rango temporal en el que Montoya ejerció la comandancia en dicha Brigada y que habría violaciones a los derechos en el proceso.“Ninguno de los disensos que elevó el representante judicial del señor MONTOYA URIBE configura una violación a sus garantías y derechos fundamentales, pues de lo conocido por la SA en el trámite, no es posible acreditar los principios, reglas y subreglas que regulan las nulidades ante la JEP. Por un lado, esta Sección referirá que lo alegado respecto al ADHC son aspectos sustanciales que no pueden ser objeto de nulidad, pues hacen parte de la esfera valorativa de la SRVR, lo que deviene inevitablemente en una improcedencia de la solicitud de nulidad respecto a la controversia tanto en la imputación realizada por la Sala de Justicia como por la forma en que relacionó los hechos jurídicamente relevantes en el ADHC. Luego de analizar los argumentos de disenso, él a que consideró que el procedimiento dialógico adelantado cumplió con las garantías procesales que le asisten al compareciente y que, contrario a lo sostenido por el recurrente, no hubo afectación de los derechos fundamentales al debido proceso. Como quedó reseñado, en la solicitud de nulidad se realizó una amplia serie de reproches, por lo que cabe aclarar que la SA solo se ocupará de verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedibilidad de los cargos de nulidad, en los que se insiste en la vulneración de garantías procesales por la indebida valoración de ciertos elementos materiales probatorios y, por otra parte, debido a la ausencia de traslado de algunas versiones voluntarias que lo incriminan”, resolvió la JEP.Ante esta situación, la Sección de Apelación declaró desierta la solicitud de Montoya.“REVOCAR el numeral CUARTO del auto SUB-D SUBCASO ANTIOQUIA- 024 del 6 de mayo de 2024 y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por el representante judicial del compareciente señor Mario MONTOYA URIBE, frente a los cargos de formulación de imputación, determinación de los hechos y conductas y valoración probatoria, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.Segundo.- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el abogado del compareciente MONTOYA URIBE en relación con la vulneración del debido proceso por la ausencia de traslado probatorio deprecado, al no cumplirse por parte del apelante la carga argumentativa conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.Tercero.- En firme esta providencia, DEVOLVER las diligencias a la Subsala D de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, para lo de su competencia”, dice el auto.De esta manera, el general en retiro Mario Montoya deberá enfrentar un juicio adversarial, de ser vencido podría pagar 20 años de prisión.
